En distintos textos y conferencias, la Dra. Rosa María Rubalcava ha sostenido, con entera razón, que el desarrollo social debe pensarse siempre tomando en cuenta dos dimensiones: una, la expresión y distribución territorial de la dinámica demográfica, y la otra, la composición y dinámica de los distintos grupos de población.En ese sentido, vale la pena insistir en lo que se ha venido diciendo desde hace más de 10 años: México está viviendo una acelerada transición demográfica y en este proceso, el envejecimiento de la población es sumamente acelerado y en pocas décadas tendremos igual número de población de adultos mayores que de niños y jóvenes.En esta dimensión se ha avanzado mucho y el CONAPO ha logrado construir proyecciones de altísima confiabilidad en torno a la forma en cómo se articularán y cómo estarán compuestos los distintos grupos de población en el país, de continuar presentándose las tendencias que se han podido constatar con base en la información estadística disponible.Pese a lo anterior, no hemos logrado avanzar en la construcción de información suficiente, ni en términos estadísticos ni en términos comprensivos de lo que implican los movimientos y flujos migratorios que se están dando, no sólo hacia el exterior del país, sino los movimientos de migrantes que se dan dentro del país y que están modificando muchas de las estructuras sociales con alcances que aún desconocemos.Cada año emigran del país más de 550 mil personas. Las tendencias indican que esta suma se mantendrá al menos hasta cerca del 2015. Esta migración es multicausal y responde tanto a factores de expulsión como a factores de atracción en los países receptores de migrantes; aún con ello, debe sostenerse que de acuerdo con el Informe Sobre el Desarrollo Humano 2006-2007, hay evidencia que muestra que el factor económico tiene un peso enorme en la decisión de quienes emigran del país, tanto de manera documentada como indocumentada.A este fenómeno, ya de suyo complejo, debe agregarse la ya mencionada migración interna, y que a ésta poco se ha prestado atención al momento de diseñar políticas para el desarrollo y para la garantía de los derechos humanos, en particular de los grupos más vulnerables de la población que son siempre las niñas, los niños y los adultos mayores.En el año 2000, el porcentaje de población nacional que radicaba en una entidad distinta a la que nació llegó a poco más de 20%; esto es, en nuestro país más de 20 millones de personas se habían movido de su entidad de origen para radicar de manera permanente en otro estado de la República. Debe destacarse que este cambio de residencia se dio en menos de tres décadas; para dimensionar el asunto, es como si en menos de 30 años se hubiese movido toda la población de El Salvador, Guatemala y Costa Rica juntos a otra región, o bien, que poco más de la población de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México se mudara de residencia en 30 años. Frente a ello, las dimensiones de política pública; la dotación de servicios y la generación de infraestructura social básica frente a estos cambios de la dinámica poblacional, imponen retos mayores a los gobiernos de todos los órdenes y de todo signo político.A esta migración habría que agregar el drama de la migración temporal; la migración que puede sostenerse, está ahí sí determinada en la inmensa mayoría de los casos por la pobreza y la desigualdad. Poco se han dimensionado públicamente las repercusiones que tiene en la vida, en la salud y en la estabilidad mental de las personas el tener que moverse de manera estacional siguiendo las rutas de las cosechas de las regiones agrícolas más prósperas o bien las rutas de la construcción, a fin de tener un ingreso mínimo, en medio de la explotación y la injusticia laboral para poder subsistir.La parte más oscura y siniestra de estas rutas se encuentra quizá en la generación de condiciones propicias para la explotación de los trabajadores migrantes; para la generación de trabajo infantil; y sobre todo, en el peor de los escenarios, espacios de vulnerabilidad para la comisión de crímenes infames como la trata de personas o la explotación sexual infantil. De acuerdo con estimaciones de UNICEF, cerca de 1.3 millones de niñas y niños en México no pueden ver realizado su derecho a la educación; de acuerdo con otras estimaciones, alrededor de 1.7 millones de jóvenes entre los 14 y los 17 años no estudian ni trabajan. Y de acuerdo con el Informe del Relator Especial de la ONU contra la venta de niños, la prostitución infantil y la trata de personas, elaborado como resultado de su visita a México en 2007, nuestro país es un “campo fértil” para la comisión de delitos de toda índole en contra de la niñez mexicana.Por otra parte, debe considerarse que la migración interestatal implica una intensa dinámica que debe obligar a una evaluación nacional de la infraestructura social básica. CONAPO estima que el número de hogares de México prácticamente se duplicará de aquí al 2025, para pasar de poco más de 25.4 millones en la actualidad, a poco más de 42 millones entre 2020 y 2030.¿En dónde van a vivir esta personas? ¿En dónde podrán construirse nuevas viviendas o adecuarse las existentes para garantizar lo que la Constitución reconoce como derecho de todos, y que es una vivienda digna y decorosa? ¿Con qué recursos y con cuánto dinero contamos para atender la dotación de servicios que este crecimiento acelerado en el número de hogares nos exigirá en esto que bien puede calificarse como el muy próximo corto plazo?Llama la atención, por ejemplo, que el Programa Nacional de Infraestructura que se anunció recientemente por el gobierno federal, no haya considerado, de inicio, la generación de un diagnóstico nacional sobre la situación de la infraestructura social; porque una cosa es lo que INEGI contabiliza como “infraestructura disponible o existente”; y la otra muy distinta es la calidad, el mantenimiento y las condiciones en que esa infraestructura se encuentra.Es de esperarse que en su nueva estructura, INEGI pueda ofrecernos más y mejores datos, con mayor calidad, a fin de poder construir los diagnósticos, pero sobre todo mejores alternativas de solución a los problemas que nos plantea día a día nuestra realidad social.A todo lo anterior debe agregarse finalmente el tema del cambio climático y las afectaciones de los desastres naturales a las estructuras de población del país: los casos de Veracruz, Tabasco y Chiapas el año pasado son emblemáticos en términos de cómo de una semana a otra la infraestructura productiva y social puede ser devastada, con los retos y dilemas que implica para las personas y familias que de un día a otro pierden todo, y se ven obligados a cambiar su lugar de residencia. Este tema no es menor y al parecer, en tanto que no hemos conocido procesos de sistematización de la experiencia en torno a lo que ahí ocurrió, no hemos aprendido suficientemente la lección.La movilidad de las personas parece que es inevitable; si esto es así, ¿por qué no, por las dimensiones territoriales y de población que tenemos, exigimos al Congreso y las autoridades ejecutivas, la construcción de un programa o al menos una estrategia nacional para estudiar y analizar las implicaciones económicas, sociales y culturales de la migración interna? A final de cuentas somos un país pluricultural y lograr la solidaridad, la comprensión y la convivencia entre distintas visiones de la realidad no es un asunto menor, menos aún en un país dividido y fracturado por la desigualdad y la exclusión social que hoy vivimos.Las migraciones internas constituyen esa migración que no vemos y que hoy, en pleno siglo XXI, debemos comenzar a explicar y comprender, en aras de fortalecer nuestra unidad y nuestra identidad nacional.
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