El Encino de Calderón. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Domingo 8 de Marzo, 2009
Hora de creación: 00:43
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=419098

El Presidente Calderón está metido en un espinosísimo asunto jurídico que si no se resuelve pronto puede tener, sin temor a exagerar, consecuencias de alcance de Estado. He documentado en artículos anteriores, aquí en Crónica (domingos 15 y 22 de febrero), la red de complicidades que parecen haberse tejido en torno a una expropiación de terrenos ejidales en el estado de Guanajuato. Al respecto, el pasado 02 de marzo, el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Guanajuato emitió un Acuerdo que a mi juicio tiene implicaciones de alcance mayúsculo para la presente administración. Y para evitar que se me acuse de que estoy exagerando, lo cito textual en su última parte: “ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ARRIBA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EN EL JUSTICIABLE, CON LA ACTITUD DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUEDA DE MANIFIESTO LA INEJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN PROTECTORA PRONUNCIADA EN ESTE ENJUICIAMIENTO, POR TANTO, EN ARAS DE PODER ESTABLECER ALGUNA SANCIÓN AL RESPECTO, SE DISPONE LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, PARA LO CUAL UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE INTEGRADO EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, QUE POR RAZÓN DE TURNO LE CORRESPONDA.”

Para poner en contexto el tema vale la pena recapitular los puntos más relevantes del caso.El 21 de diciembre de 2005, Vicente Fox emitió un Decreto expropiatorio de terrenos ejidales que, entre otros, afectaba a los Ejidos Nápoles y El Mezquite, localizados en el municipio de Silao, Guanajuato. Lo anterior, a fin de completar las poco más de 430 hectáreas requeridas para construir el llamado “Mega Proyecto Puerto Interior”.Como ocurre en casi todos estos casos, los afectados no fueron consultados. Se puede comprender el argumento de la afectación de la propiedad por razones de “utilidad pública”; pero lo que no puede entenderse es por qué el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, no respetó la tesis de la Corte en el sentido de que toda expropiación que se haga por cuestiones de utilidad pública debe indemnizar a los afectados a precio comercial de los bienes expropiados. Para comprender lo anterior hay que seguir a detalle el proceso. Una vez que fueron expropiados los terrenos en 2005, éstos les fueron cedidos al gobierno del estado de Guanajuato, el que a su vez, sorprendentemente, los obsequió a una Empresa que, aunque es de participación estatal mayoritaria, fue constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada “Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Guanajuato, Puerto Interior, S.A. de C.V.”, de cuyos socios no se ha revelado aún su identidad. Lo más sospechoso del asunto es que el decreto por el que le son cedidos los terrenos a esta empresa, le autorizan a enajenarlos a terceros, con el ridículo argumento de que con ello “se impulsará y promoverá la inversión para el desarrollo de Guanajuato”.Y aquí es donde se complica aún más la maraña de intereses u omisiones, porque el decreto por el que el gobierno del estado de Guanajuato cedió los terrenos a la empresa citada, fue emitido en agosto de 2006, es decir, cuando ya había sido otorgado el Amparo a algunos de los ejidatarios afectados. Lo más interesante del asunto sería saber por qué la “oposición” en el Congreso local no hizo nada al respecto y por qué si el presidente del Congreso local era un priísta, la fracción del PRI en el Congreso estatal se prestó a la violación de una sentencia de amparo. En ello todos los diputados del Congreso de Guanajuato resultan responsables al menos por omisión. Y como a la fecha ninguno han dicho “esta boca es mía”, la actitud mueve a sospecha.En medio de todo este enredo, la única instancia que ha tenido claridad es la de la autoridad judicial. No sólo se ha sostenido en la sentencia de amparo, sino que ha “apercibido” en reiteradas ocasiones al Presidente de la República para que deje sin efectos el multicitado Decreto expropiatorio.Dado que el Presidente de la República ha hecho caso omiso de los apercibimientos del Tercer Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, éste emitió con fecha del 14 de enero de 2009, un acuerdo mediante el que le advierte al Presidente de la República que, en caso de no dejar sin efectos el decreto citado, se procederá conforme con lo que dice el Artículo 105 de la Ley de Amparo, el cual establece, en resumen, que de no cumplirse una sentencia de amparo, el funcionario que así lo hiciere será separado de su encargo. Argumento jurídico que sirvió de base para el desafuero del señor que hoy se autonombra “presidente legítimo”Aquí entra en escena el actual Secretario de la Reforma Agraria, quien ha actuado una y otra vez con base en una enorme irresponsabilidad puesto que pareciera que no ha informado a su jefe del problema judicial en que se encuentra; por el contrario, ha enviado una y otra vez a su director general jurídico a quien en todo momento la autoridad judicial le ha hecho saber que no cuenta con facultades para resolver el asunto. Si así ha ocurrido en al menos cuatro veces, ¿por qué la necedad de seguir por la misma ruta? ¿Tiene algún interés este secretario en que el Presidente sea enjuiciado? ¿Tiene algún interés de proteger a quien, hasta hace unos meses, era su subsecretario, y que hoy busca afanosamente la presidencia municipal de León? ¿Tiene algún compromiso específico con el gobernador de Guanajuato para que el tema no se resuelva? ¿O simplemente será que, como dicen, el Presidente no le toma ni la llamada? Que conste que son preguntas.Lo más peligroso de todo este caso para el Presidente de la República es que el Acuerdo citado al principio de este texto no sólo invoca de manera indirecta al Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su Fracción XVI establece que si una autoridad se niega a dar cumplimiento a una sentencia de amparo, será removida de su cargo; esto sin contar que además la propia Ley de Amparo establece en sus artículos 206, 208, 209 y 210 que tal autoridad será sancionada en los términos que establezca el Código Penal Federal para los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia. Y como si la cosa no estuviera ya que arde, el pasado 23 de febrero de 2009, en el caso con el número de Expediente Único Nacional 6963906, radicado igualmente en el Tercer Juzgado de Distrito del estado de Guanajuato, se emitió un Acuerdo por el que se “reingresa” una demanda de Amparo, en contra del mismo Decreto de 2005, lo que sin duda viene a complicarle aún más el asunto a todas las partes involucradas. Como reza la sabiduría popular “la cuerda siempre se rompe por la parte más delgada”. Hoy, el Presidente de la República ya no sólo está apercibido por desacato, sino que se ha solicitado una “Declaratoria de Inejecución de Sentencia”, que como ya se vio, puede generar una crisis política de proporciones mayores.Con base en la información disponible, puede decirse es que si este caso no se resuelve, y pronto, como lo establece el mandato judicial, lo que puede ocurrir es que no sólo la Corte atraiga el caso, sino que además se abran juicios políticos, que de acuerdo con distintos constitucionalistas consultados, serían procedentes en contra de al menos el ya mencionado secretario de la Reforma Agraria, quien se sumaría a la lista de funcionarios depuestos en el sexenio; contra el gobernador de Guanajuato; y por supuesto contra los diputados del Congreso local que avalaron la violación de una sentencia de amparo.El tema está ahí; y por cierto, debo decir que el juicio que ha dado tema a este artículo ha sido promovido por una mujer; a ella y a todas las mujeres que han sido víctimas de alguna injusticia, un enorme reconocimiento hoy en el Día Internacional de la Mujer.

!Ya basta de la trata de seres humanos! Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 1 de Marzo, 2009

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=417769

Benedita Da Silva nació en una de las favelas de Brasil; nos resume su historia: “yo fui abusada sexualmente cuando era niña; me callé durante más de 40 años, pero hoy puedo decir ¡basta!, y ayudar desde los espacios en que estoy para que menos niñas niños y mujeres puedan vivir con dignidad y libertad”. Benedita da Silva fue una de las principales expositoras en el Segundo Seminario Internacional sobre mejores Prácticas para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual se llevó a cabo los pasados días 26 y 27 de febrero en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Benedita es la actual Secretaria de Asuntos Sociales y Derechos Humanos de Río de Janeiro, y una de las principales activistas sociales de su país. Su mensaje es clave: defender a las niñas y los niños es uno de los deberes éticos más grandes que las sociedades debemos asumir.

Este Seminario Internacional, organizado por CEIDAS, A.C. con el respaldo del gobierno del estado de Tabasco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, la Fundación Manpower y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, logró concitar a varios de los mejores expertos en materia de prevención de la trata de personas y el combate al trabajo forzoso.

Es de llamar la atención que como producto de este evento, por primera vez, un estado del Sur-sureste de nuestro país asume un compromiso público para diseñar estrategias integrales para la prevención y el combate a este crimen, que es considerado como la forma contemporánea de la esclavitud.Mario Luis Fuentes, director general del CEIDAS hace un llamado público: “es tiempo de que todos sumemos esfuerzos para construir un México apropiado para los niños; es tiempo de que logremos garantizar los derechos humanos de todos y es tiempo de que hagamos de las agendas sociales una prioridad nacional para lograr justicia y dignidad”.

Para asumir este compromiso, planteó la firma de la Declaración de Tabasco, documento en el que se convoca a todos los sectores sociales a establecer una gran movilización nacional para acabar con este flagelo. Como respuesta, Andrés Granier, gobernador de Tabasco tomó nota y se convirtió en la primera persona en firmar el documento, asumiendo el compromiso de encabezar este llamado nacional para que desde el Sur se inicie un esfuerzo coordinado para prevenir y combatir la trata de seres humanos.

La Organización Internacional del Trabajo, en voz de Roger Plant, nos advierte: en el mundo hay millones de seres humanos víctimas de la trata de personas: más de 12 millones viven en estas terribles condiciones en todo el orbe, y en México se estima que al menos 20 mil personas cada año son esclavizadas a través del trabajo en servidumbre o la explotación sexual.David Arkless, Vicepresidente Global de Asuntos Corporativos y de Gobierno de la Fundación Manpower, ilustra cómo el mundo del trabajo es de fundamental importancia para evitar y prevenir la trata de seres humanos: si no hay un compromiso serio de los empleadores para evitar que sus trabajadores sean objeto de vejaciones, será muy difícil transformar la realidad social en que vivimos. Poderoso mensaje, sobre todo cuando proviene de un representante de una de las empresas empleadoras más relevantes a escala planetaria.

Lo más preocupante sobre este tema es que en México estamos actuando a pasos sumamente lentos en la prevención y combate del crimen: el diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, nos advierte: en nuestro país sólo se consignaron 24 averiguaciones previas en el ámbito federal por el delito de la trata de personas, y sólo en una se ha llegado a sancionar a alguien por este crimen. Ante las estimaciones de la magnitud del problema, es evidente que es urgente hacer mucho más y con mayor responsabilidad.

El doctor Miguel Székely, subsecretario de Educación Media Superior, explica que, dentro de la Estrategia Constrúye-T, se ha diseñado, en alianza con CEIDAS, un modelo de formación participativa a fin de alertar a las y los jóvenes sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata de personas, iniciativa que se ampliará en 2008 para llegar a un amplio número de planteles del bachillerato.Se anunció igualmente que el estado de México, en alianza con la Fundación Ricky Martin y CEIDAS, pondrá en operación una línea telefónica especializada en la atención de víctimas de este crimen, con base en una exitosa campaña de la Ricky Martin Foundation, titulada Llama y Vive, la cual cuenta con el respaldo del BID y que ha mostrado suma eficacia en otros países de nuestro continente.

ECPAT Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones de Perú y Nicaragua, el Sanctuary for Families de la ciudad de Nueva York, Casa Alianza de México, la Fundación Quimera de Ecuador y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron diversos modelos de atención y estrategias de comunicación para combatir y prevenir este crimen, mostrando que se ha avanzado mucho en la materia, pero que hace falta hacer mucho más, sobre todo de parte de los gobiernos, para lograr construir un mundo sin esclavitud.El Segundo Seminario Internacional sobre Mejores Prácticas para Prevenir la Trata de Personas, fue el escenario para el anuncio que hizo la maestra María Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en el sentido de que el día 27 de febrero fue publicado el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México.

A pesar de la relevancia del anuncio, este Reglamento llegó un año tarde; sólo después de cuatro apercibimientos del Congreso al Ejecutivo Federal; y sólo después de múltiples solicitudes y reclamos de las organizaciones de la sociedad civil que exigían su publicación en los tiempos que marcaba la Ley. Habrá que revisar el contenido del Reglamento y verificar que efectivamente fortalece y le da sentido al mandato de la Ley, y sobre todo, que permita una efectiva coordinación de las autoridades públicas, así como el establecimiento de las políticas y programas de los que hasta ahora el gobierno federal y los de las entidades, todavía carecen.

Sin duda, uno de los vacíos que más se notó en este seminario es la carencia de información sobre la trata de personas en México. Al respecto, vale la pena destacar que en unas semanas más la CNDH, en alianza con CEIDAS, presentarán el Primer Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México, un documento que busca contribuir a la generación de datos de calidad sobre esta materia.

La mesa está puesta y han sido las organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con algunos gobiernos estatales, las que han marcado la pauta para estudiar, analizar y combatir el crimen de la trata de personas. A ello abonará seguramente en una medida muy importante nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ya se está planteando la creación de la Cátedra Universitaria sobre Trata de Personas.Falta mucho por hacer y es tiempo de que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades den pasos mucho más firmes en la materia: se trata de la vida de nuestras niñas y niños y del respeto irrenunciable a la dignidad de todos los seres humanos. Categorías mayores que no estoy seguro de que en el Gobierno Federal entiendan a cabalidad.

Si usted desea más información sobre este seminario visite: www.seminariotratadepersonas.org

Impunidades agrarias y negocios nada catastrofistas. Periódico La Crónica de hoy

Saúl Arellano
Opinión. Domingo 22 de Febrero, 2009 Hora de modificación: 02:41
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=416286

El caso del Ejido Nápoles en el estado de Guanajuato sigue su curso en los tribunales, y la Justicia no se asoma para los agraviados. El pasado domingo 15 de febrero documenté cómo la Secretaría de la Reforma Agraria impulsó una serie de medidas administrativas a fin de darle cumplimiento a un Decreto emitido por Vicente Fox en diciembre del 2005, por el que se expropiaron parcelas del Ejido Nápoles y El Mezquite, en el municipio de Silao, Guanajuato.Desde 2006 se concedió un Amparo Indirecto a algunos de los afectados, el cual ha sido desatendido por la incompetencia (¿o cinismo?) de la Reforma Agraria y que ha llevado al Juzgado Tercero de Distrito a “apercibir” de manera directa al Presidente de la República, para que deje sin efectos el decreto signado por Fox, y que de acuerdo con expertos en derecho constitucional, puede llevar incluso a la destitución o graves sanciones al titular de la dependencia citada, o bien a un “fuerte” llamado de la Corte al titular del Ejecutivo, por encontrase en franco desacato de una sentencia de protección de garantías.En efecto, el último apercibimiento al titular del Ejecutivo fue realizado el día 14 de enero de 2009, en el que el Juzgado Tercero de Distrito le advierte al Ejecutivo que procederá de acuerdo con lo que establece la Primera Parte del artículo 105 de la Ley de Amparo, y que utilizará todos los medios a su alcance para hacer cumplir la sentencia que ampara a una de las ejidatarias afectadas por la mencionada expropiación de 2005.Véase lo que dice tal artículo: “Cuando no se obedeciere la Ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, o Autoridad que haya conocido del Juicio o el Tribunal Colegiado de Distrito, en su caso, remitirán el Expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del Artículo 107, Fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.Lo que dice por su parte el Artículo 107 de la Constitución en su Fracción XVI es lo siguiente: “Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable de su cumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados”.Aún cuando ese artículo contiene más disposiciones y supuestos, ya se habrá dado cuenta usted del brete en que está metido el Presidente; porque a más de de un mes de habérsele apercibido al Presidente de su responsabilidad de dejar sin efectos el decreto expropiatorio del Ejido Nápoles, el caso ya debió haber sido turnado a la Suprema Corte de Justicia a fin de determinar lo que constitucionalmente procede.Y aquí es donde inicia una larga lista de detalles y coincidencias que llaman poderosamente la atención. La primera es que en el caso del desafuero del señor López, la justicia actuó con una celeridad sorprendente. Si lo merecía o no es cosa aparte; pero lo que se ve aquí es que no hay mucha prisa por que el caso llegue a la Corte, ni creo que a la Corte le interese mucho recibir una “papa caliente” del tamaño que probablemente vaya a recibir en unos días.En segundo lugar, el caso de expropiación del que aquí se está hablando tiene que ver con un proyecto denominado Puerto Interior, en el estado de Guanajuato, el cual, a primera vista, pareciera un proyecto de amplios beneficios para la población. Sin embargo, como reza el refrán popular, “el diablo está en los detalles”. Veamos.La operación de este Puerto Interior la lleva a cabo la “Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V.” Como puede verse, es una empresa parcialmente gubernamental con participación de socios privados de quienes, no es de sorprender, su identidad se mantiene hasta ahora oculta a la opinión pública.Así, con fecha del 01 de agosto de 2006, el Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el Decreto 281, “desafectó del dominio público del Estado” un terreno de 431 hectáreas, incluidas las 68 hectáreas del Ejido Nápoles, que para la fecha de emisión de este Decreto, ya contaba con el Amparo de la Justicia Federal, lo cual, otra vez atendiendo a la opinión de expertos constitucionalistas, podría ser motivo de fincamiento de responsabilidades a las y los diputados que lo aprobaron, así como al actual Gobernador, que lo promulgó a sabiendas de que se trataba de parcelas amparadas.Para ponerlo en claro, el proceso que se siguió fue el siguiente: Vicente Fox expropió en 2005 varios ejidos, para cederlos al gobierno del estado de Guanajuato, el que a su vez, en 2006, los enajenó para cederlos a la Empresa denominada Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V. A estos terrenos enajenados por el gobierno del estado, se agregaron otros más de propiedad de esa entidad, equivalentes a 233 hectáreas adicionales que fueron enajenados a fin de incorporarlos a la citada empresa.La cuestión que surge de inmediato es: si el gobierno le quitó sus tierras a ejidatarios violando una sentencia de amparo; si el gobierno cedió más terrenos para la construcción del proyecto; y si el gobierno consiguió deuda para construir el proyecto; ¿por qué incorporar a privados en la empresa que se estaba creando? ¿Qué fue lo que estos privados aportaron? Y sobre todo ¿cómo se reparten las utilidades y quiénes son los socios privados beneficiados?Pero la cosa no para ahí; el negocio no sólo fue para los ocultos socios del proyecto, sino para los amigos del gobierno estatal que han logrado la compra de los terrenos. Así como lo lee usted: el gobierno le expropió a los campesinos parcelas que no les pagó por arriba de los 450 mil pesos la hectárea; revendió dichos terrenos a precios no dados a conocer al público, a privados de quienes tampoco se conocen sus nombres; y quienes, a su vez, están re-vendiendo” a empresas interesadas en el proyecto, a precios, según testimonios de ejidatarios y vecinos del proyecto, de hasta 18 millones de pesos la hectárea.El proceso se “legitimó” mediante un Decreto del Congreso, cuyos diputados, de manera vergonzosa, dejaron pasar el siguiente párrafo de la Exposición de Motivos, a todas luces marrullero y tramposo: “A fin de fortalecer el patrimonio de la empresa… es necesario que el gobierno del estado aporte a dicho patrimonio varios bienes inmuebles y a su vez se autorice para que en su momento se enajenen los mismos, y con ello incentivar en el estado la inversión”Como diría el clásico: ¡Chanfle! Ahora resulta que para atraer la inversión a cualquier parte del país se tienen que violar las garantías individuales; y luego vender terrenos del gobierno a precios que seguramente fueron de risa, para que los privados hicieran su agosto revendiéndolos a costos exorbitantes.Quedan con todo lo anterior varias preguntas. ¿Procederá la Corte contra el Presidente por la violación a una sentencia de amparo? ¿Hasta cuándo les serán restituidas sus tierras o les pagarán un precio justo a los ejidatarios afectados? ¿Hasta cuándo dará a conocer el gobierno de Guanajuato los nombres de los socios de la empresa Puerto Interior? ¿Hasta cuándo tendremos claridad de cuánto dinero recibió el estado de Guanajuato por la enajenación de los bienes inmuebles que se mencionan en los decretos citados y quiénes fueron los compradores? Todas estas cuestiones están sin resolverse; y aún hay más …

Reforma Agraria pone en riesgo al Presidente. Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 15 de Febrero, 2009 Hora de modificación: 23:01
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=414899

¿Puede un presidente de la República incurrir en “desacato”? ¿Puede un presidente ser “apercibido” por una autoridad judicial? ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias de algo así? En tanto que no soy abogado no me atrevería a dar una opinión al respecto. Empero, sí puedo imaginarme las consecuencias políticas de un reclamo de una magnitud como la que señalo. Ya ocurrió en nuestro país que el señor López Obrador fue desaforado por desacato a una sentencia judicial. Dicen los que saben que no hay más de 15 casos de personajes que hayan sido depuestos de su cargo desde que está en vigor la Ley de Amparo y que han sido procesados por entrar en desacato e incumplimiento de la que es considerada la máxima garantía constitucional en contra de actos de autoridad.Comento estos puntos porque hoy la irresponsabilidad de la Secretaría de la Reforma Agraria ha colocado al presidente de la República en una incómoda situación en la que ya un Juzgado de Distrito le ha apercibido a que cumpla con una Sentencia de Amparo, dictada desde 2006, y que a la fecha no ha cumplido.En efecto es incomprensible por qué el gobernador de Guanajuato y el secretario de la Reforma Agraria, dejaron llegar el caso a una situación límite, en la que un Acuerdo del Tercer Juzgado de Distrito está apercibiendo a que el Presidente cumpla con una sentencia de amparo, en los términos de la Primera Parte del Artículo 105 de la Ley de Amparo.
Pero vayamos por partesLa historia comenzó el 21 de diciembre de 2005 fecha en que se emitió un Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2005. A través de este decreto, firmado por el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quezada, se afectó la propiedad de parcelarios del Ejido Nápoles, ubicado en el municipio de Silao, Guanajuato. El motivo de la expropiación, se argumentó, era la “utilidad pública” que se perseguía para el desarrollo del “mega proyecto Puerto Interior”, ubicado a dos kilómetros del Aeropuerto Internacional del Bajío. De hecho, en la misma fecha se emitió un segundo decreto afectando la propiedad del Ejido El Mezquite, ubicado en el mismo municipio de Silao, y con la misma finalidad.Posteriormente, con fecha del 14 de noviembre de 2006, se publica un nuevo Decreto en el diario Oficial de la Federación, ratificando y extendiendo la afectación a la propiedad de este Ejido, pagando a 440,147 pesos la hectárea clasificada como de “riego”; y a 346 mil pesos las de agostadero. En total, la superficie afectada fue de 72 hectáreas, por las que los parcelarios no obtuvieron más de $2,800,000.00.En reacción al Decreto, los afectados acudieron a la autoridad judicial a fin de interponer un Recurso de Protección de Garantías a través de un amparo indirecto, el cual fue recibido con el Número de Expediente Único Nacional 4172121 por el Juzgado Tercero de Distrito.Como ocurre en la mayoría de estos casos, las autoridades responsables se negaron a escuchar los argumentos de los afectados, y dieron una importancia menor al amparo promovido por los parcelarios. De hecho, hay rumores en la región de que es el propio gobernador del Estado quien se ha encargado de darle largas al asunto a fin de abrirle, como una estrategia del Yunque, un nuevo frente de batalla al presidente de la República.Pero la cosa no para ahí, se trata de un caso en donde, citando al entonces diputado Juan de Dios Castro, en el caso del desafuero de López Obrador, se trata única y exclusivamente de dinero; pues lo que está ocurriendo es que de algún modo hubo privados beneficiados con una venta acelerada de los terrenos, y posteriormente una “reventa” en la que el precio de las parcelas es ahora de hasta 18 millones de pesos por hectárea. La cuestión del dinero habría qué seguirla, y consultarle al Registro Público de la Propiedad datos sobre quiénes han comprado esos terrenos que, desde información no confirmada, apuntan nuevamente, ¿adivina usted a quiénes?: sí, a los hermanos Bibriesca en asociación con altos ex funcionarios del sexenio de Fox.Así pues, una vez interpuesto el recurso de Amparo, el Juez de la causa, con fecha del 03 de marzo del 2006, decidió admitir en términos amplios el recurso de amparo, del cual se dictó sentencia con fecha del 15 de noviembre de 2006, a favor de los agraviados.Con la misma fecha, el Juzgado Tercero de Distrito apercibió a las partes, es decir, a los parcelarios y a la Secretaría de la Reforma Agraria, lo siguiente: “HAGASE SABER A LAS PARTES QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO PARA SU CONSULTA”.
Dado que es información pública, me permito reproducir textualmente, los Acuerdos más relevantes asociados al caso para que el lector pueda juzgar por sí mismo la dimensión del problema en que el Secretario de la Reforma Agraria y el Gobernador de Guanajuato han metido al Presidente de la República:
Acuerdo del 10 de Octubre de 2007: CUARTO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.- REQUIÉRASE A DICHA AUTORIDAD QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS INFORME A ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL CUMPLIMIENTO QUE HAYA DADO A LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EN ESTE ASUNTO.
Acuerdo del 11 de diciembre de 2007: VISTO, DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE ADVIERTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AÚN NO HA INFORMADO EL CUMPLIMINTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO.- REQUIÉRASE UNA VEZ MÁS A DICHA AUTORIDAD PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS REMITA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN TAL CUMPLIMIENTO.
Acuerdo del 28 de julio de 2008: VISTO EL ESTADO DE LOS AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AUN HA INFORMADO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, REQUIÉRASE A DICHA AUTORIDAD PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS REMITA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN TAL CUMPLIMIENTO (Nótese que por primera vez se requiere directamente al Presidente de la República).Dado que el Presidente de la República, luego de múltiples apercibimientos, uno más realizado el 01 de diciembre de 2008, así como otro del día 09 de enero de 2009, el Juzgado Tercero de Distrito ha decidido subirle el tono a su resoluciones que, en el último Acuerdo dictado el 14 de enero de 2009, dice en su parte final: POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO HACER DEL CONOCIMIENTO DE “LA RESPONSABLE” PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE EN EL PRESENTE CASO NO HA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, ESTE JUZGADO DE DISTRITO VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, HARÁ USO DE LOS MEDIOS DE APREMIO ESTABLECIDOS EN LA LEY HASTA OBTENER DICHO FIN, PROCEDIENDO CONFORME LO ESTABLECE LA ÚLTIMA PARTE DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO Y NO CONFORME LO ESTABLECE LA ÚLTIMA PARTE DEL CITADO ARTÍCULO.Como puede verse, los gobiernos del PAN, a final de cuentas no son tan recelosos del estado de Derecho, y son los propios panistas los que están abriéndole un nuevo y riesgoso frente al Presidente de la República. Habría qué preguntarse de nuevo de qué tamaño deben ser los intereses involucrados en este caso, que se han decidido a correr el riesgo.¿Qué va a pasar si el caso, dado el incumplimiento de la Sentencia llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hasta aquí va esta historia, así que, como dirían los clásicos, esta historia continuará …

De catastrofistas y un monumento a lo mediocre. Periodico La Crónica

Saúl Arellano
Domingo 8 de Febrero, 2009
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=413646

“Aplicada al espíritu, al lenguaje, al arte, la palabra peligrosa, acusa inmediatamente todo pensamiento regresivo” Roland Barthes

La democracia es en sentido estricto un Discurso que apela a la legitimidad de todos los discursos posibles, excepto aquel que atenta en contra de la propia democracia. En ese sentido resulta poco más que interesante la declaración del Presidente de la República en el evento conmemorativo del Aniversario número 92 de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con la nota de Cecilia Téllez, publicada el día 6 de febrero en Crónica, el Presidente de México: “Llamó a rechazar el catastrofismo, pues aseguró que esto se ha llevado a extremos absurdos y, consecuentemente, ha afectado la imagen internacional de nuestro país. En el Teatro de la República, el jefe del Ejecutivo aseveró que se debe hacer a un lado el “alarmismo que ignora los esfuerzos que todos hacemos por superar nuestros desafíos”.Vicente Fox se quejó reiteradamente durante su sexenio de que la prensa “no lo comprendía” y llegó a acusar a los medios de comunicación de sólo transmitir noticias “alarmantes y negativas”; e incluso llegó a responsabilizar a la prensa de ser la culpable de la “mala imagen” de algunos aspectos de su gobierno.

No hay nada peor para un país que un gobierno sin capacidad de autocrítica. Y en esta lógica las comparaciones se hacen inevitables. El presidente Obama llamó a todos los norteamericanos a reconocer que pasan por un momento que puede poner en riesgo no sólo su bienestar sino el proyecto del “sueño americano” en su conjunto.

Angela Merkel en Alemania llamó a su país a redoblar esfuerzos para lograr que la crisis no erosione su liderazgo en Europa, y sobre todo para evitar que las estructuras de bienestar social con las que cuentan se “derrumben” debido a la crisis financiera mundial.

Gordon Brown en Inglaterra tomó decisiones inusitadas en el Reino Unido: decretó una reducción al impuesto al consumo para estimular a la economía local e hizo un llamado a los ingleses para enfrentar a esta crisis con el mismo coraje con el que pudieron reconstruir a su país después de los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial.

¿Podría alguien sensatamente acusar a estos gobernantes de catastrofistas? Son declaraciones que vienen de la jefatura de los gobiernos de las principales potencias económicas y políticas del mundo y al parecer las oposiciones en sus países no han tenido más remedio que asumir la magnitud de los problemas que la crisis global impone a todos, y en función de ello, aún con reservas, respaldar las posiciones de sus gobiernos.México, por el contrario, parece estar viviendo la “historia al revés”.

¿Quiénes son los catastrofistas? El crimen organizado no puede serlo, porque su operación se da desde la clandestinidad y no tiene voz pública; al menos no una voz legítima en el marco del Estado democrático que se asume que somos. ¿Entonces lo son las oposiciones? ¿Los intelectuales? ¿Los medios de comunicación? ¿Cómo puede pretender el gobierno que no haya preocupación y manifestaciones públicas de éstas, cuando las cifras duras de la crisis se nos estrellan todos los días en el rostro?

Las cifras no tienen cualidades morales, pero su magnitud sí puede ser calificada de escalofriante: México decrecerá más de 1% del PIB en 2009, lo cual representa una pérdida de al menos 150 mil empleos directos. Se estima que el número de pobres alimentarios se incrementará en un millón, y que el de pobres de patrimonio en 3 millones. 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, y se estima que al menos 300 mil más se incorporarán a actividades productivas este año. 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes no acuden a la escuela, y se estima que los efectos de la crisis arrojarán fuera de las aulas probablemente a otros 200 mil.Por otro lado, la criminalidad aumenta sin cesar y el número de ejecutados y muertos en la guerra contra el narcotráfico y como efecto de las acciones de otros delincuentes sube día con día: más de 5 mil el año pasado y ya varios cientos en lo que va del 2009.

La pregunta obligada es ¿cómo ser optimista en un escenario así? ¿Cómo no llamar a la responsabilidad de los gobiernos, de todos los niveles, para que redoblen esfuerzos y evitar que el tejido social se siga deteriorando al ritmo que vamos? ¿Cómo no exigir el cese del cinismo, la frivolidad y la irresponsabilidad cuando los partidos políticos se despachan con 3 mil 600 millones de pesos para su gasto de este año? ¿Cómo no preocuparse cuando el IFE es incapaz de ejercer sus funciones a cabalidad?

El Presidente de la República tiene razón cuando dice que hoy más que nunca debemos estar unidos y abonar todos para resolver y hacer frente a nuestros problemas comunes. El problema es que el acuerdo no implica renunciar a la independencia del pensamiento ni mucho menos a la responsabilidad pública de alertar, desde la prensa libre, de los riesgos que nos amenazan como país.Nada le conviene más al gobierno que una prensa libre y crítica.

Nada le conviene más a una democracia que medios de comunicación que no estén sujetos a las cortapisas del poder. Ya suficiente es que diversos organismos internacionales estén advirtiendo, que el nuestro, es el país de mayor riesgo en el mundo para ejercer el periodismo como para que desde la Presidencia se pronuncie un discurso en el que no queda claro a quién acusa ni a quién está dirigiendo el término de “catastrofistas”.

El presidente Calderón parece estar realmente preocupado por consolidar un Gobierno que responda con eficacia al mandato que la Constitución le ordena. Empero, parece ser que cada vez su capacidad de decisión está más acotada y que cada vez más los círculos de su partido lo restringen en la toma de decisiones; y eso sí es peligroso para el país.

Pareciera que la apuesta de este año es ganar la mayoría en el Congreso y desde ahí recomponer el rumbo de la administración. ¿Pero qué va a pasar si, como muestran las encuestas de enero, el PRI logra aventajar a Acción Nacional como primera minoría? ¿Con quién va a gobernar el Presidente?Barack Obama ha cedido 4 Secretarías de Estado al Partido Republicano, incluido el Departamento de la Defensa. En México no hay ninguna de las dependencias federales dirigida por un opositor real al gobierno, que le permita a éste tender puentes de diálogo y negociación con fuerzas que desde distintas visiones buscan construir también un país para todos.

En medio de todo esto, lo que sí tenemos es la propuesta de una obra conjunta entre el Gobierno Federal y el del Distrito Federal para construir un monumento para celebrar el Bicentenario. ¿Un arco para celebrar nuestra Independencia? ¿Con motivo de qué? ¿De que en México los “súper ricos” tienen, como ha señalado el Banco Mundial, ingresos 14 mil veces superiores al promedio nacional? ¿De que en México más de 15 millones de personas no tienen ingresos suficientes para comer? ¿De que en México en los 100 municipios más pobres la esperanza de vida promedio para las mujeres es de apenas 52 años?

Los catastrofistas pensamos que éste, va a ser un monumento a lo mediocre de una visión que no atina a comprender que el modelo de organización política y económica de Occidente, tal y como lo conocimos en el siglo XX, ya no existe, y que más nos vale emprender un proceso de reformas que nos permitan construir una nación para la equidad. De otro modo, estaremos abonando a fincar en el futuro nuestra derrota.