Saúl Arellano
Domingo 18 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=501099
Es sorprendente la hipersensibilidad de este gobierno ante la crítica, lo que ha llevado no sólo a los más altos funcionarios públicos a cometer errores graves en sus declaraciones, sino a que sea el mismo Presidente de la república quien caiga en excesos verbales, como en su reciente declaración relativa a que los muertos civiles en la guerra contra el narco “son los menos”.
Es cierto que el derecho a la información y la libertad de expresión tienen como contrapartida el derecho de réplica, y en el caso específico de los gobiernos la legítima defensa de las decisiones que se toman, empero, la administración del presidente Calderón se ha caracterizado por momentos de intolerancia que no corresponden a una democracia.
En un país de corta memoria como el nuestro, vale la pena recordar que en 2008, cuando el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, advirtió de la magnitud de la crisis económica que se avecinaba, se le descalificó desde el gobierno llamándole “catastrofista”.
A 18 meses del estallido de la crisis en 2008, somos testigos de un verdadero desastre social. Según los datos más recientes del Coneval, el índice de pobreza asociada al empleo creció de 1.0 a poco más de 1.7, lo que implica que en términos absolutos, con las mediciones que se llevarán a cabo en este 2010, se confirmará la existencia de más de 50 millones de pobres y más del 80 por ciento de la población en vulnerabilidad por carencia.
Ahora, dice el Presidente de la república, “algunos malintencionados” han querido hacer ver que el gobierno niega la muerte de “algunos civiles” en la lucha contra el narco; reconoce que es cierto, pero insiste en que se trata de un problema de percepción, y sostiene además, que en el 90 por ciento las muertes relacionadas con la guerra contra el crimen se trata de delincuentes.
Ante lo anterior el azoro es mayúsculo: parece que para el Presidente es “malintencionado” señalar que más de dos mil muertes, de policías, militares y civiles, aun cuando “son los menos”, resultan inaceptables.
El Presidente confunde los términos de la crítica. Señalar la violación de los derechos humanos no implica un llamado a “retirada” en la lucha contra el narcotráfico. Lo que no puede aceptarse, bajo ningún argumento, es que en esta lucha se le exija a la ciudadanía la renuncia a sus libertades.
La propuesta de “bienestar a cambio de libertad” ha terminado siempre en autoritarismo, por lo que es un gesto autoritario del Presidente señalar de “malintencionado” a quien con base en argumentos exige al gobierno que vigile el irrestricto cumplimiento de nuestra Carta Magna; así juró hacerlo y así debería estar haciéndolo.
Felipe Calderón es un abogado y en función de ello debería saber que nada puede estar por encima de la ley, aun cuando sólo represente el 10, el cinco o incluso el uno por ciento de cualquier cifra o fenómeno.
La actitud del Presidente provoca desconcierto porque se sitúa en la lógica de la defensa de un país “en donde no pasa nada”. Hace unos días se dio a conocer un video en el que se muestra que soldados estadunidenses asesinaron a periodistas y civiles en Irak; el caso desató un escándalo internacional y provocó el cese de altos mandos militares y funcionarios gubernamentales.
Por el contrario, en México el asesinato de niñas y niños, periodistas y población civil en general a manos de militares genera una reacción furibunda del Presidente y de algunos de sus secretarios, acusando a la crítica de actuar de mala fe, y de ser apátrida por no hablar de lo bien que está México con sus millones de miserables, con sus miles de víctimas del delito y con una autoridad marcada por la ineficiencia y la corrupción.
El gobierno debería saber que en un régimen democrático la crítica cumple una función social insustituible; que un gobierno que señala y descalifica, antes que argumentar y dar resultados, le vuelve la espalda a la democracia y a la posibilidad de construir una sociedad tolerante y respetuosa de la diversidad y la pluralidad de las ideas.
En todo lo que va de la administración no ha habido un solo acto de humildad en el que el Presidente haya asumido que se equivocó; la pésima gestión de Agustín Carstens fue premiada con su postulación como gobernador del Banco de México, el paso de Ernesto Cordero por la Sedesol desde la que fue testigo pasivo del crecimiento del número de pobres alimentarios en más de cinco millones de personas en sólo dos años fue premiado con su nombramiento como secretario de Hacienda; Heriberto Félix, ex subsecretario de Comercio en cuya gestión el número de Pymes apoyadas con créditos fue ínfima, recibió como reconocimiento el nombramiento como secretario de Desarrollo Social.
El Presidente se ha equivocado en muchas de sus decisiones y ahora también en sus declaraciones respecto a la crítica; ante ello, sería muy sano para la república que tuviera el gesto de decir “me equivoqué” y de convocar a un diálogo respetuoso con quienes no piensan ni como él ni como sus colaboradores. Alguien debería hacerle ver que así funcionan las democracias.
sarellano@ceidas.org
domingo, 18 de abril de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
Los pendientes del sexenio de la educación en Guanajuato. Periódico Correo
Por: Saúl Arellano
Lunes, 12 de Abril de 2010
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=156102
Lunes, 12 de Abril de 2010
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=156102
La propaganda oficial no deja lugar a dudas. Se habla, a poco más de la mitad del sexenio, de que éste será el sexenio de la educación. Las cifras oficiales parecieran de inicio impactantes: ampliación de centros educativos, generación de nueva infraestructura, apuesta por nuevas modalidades educativas, como la educación en línea, y un largo etcétera.
Aunque hay muchas formas de evaluar la gestión gubernamental, puede asumirse que la actividad evaluadora podría dividirse en dos grandes tipos: la evaluación de desempeño; y la evaluación por resultados.
En la primera, se destacan indicadores como los que señalo en el primer párrafo; es decir, relativos al número de acciones realizadas, a los montos de inversión, al número de aulas o espacios educativos construidos, al equipamiento o modernización de instalaciones e incluso al número de plazas creadas para mejorar los servicios educativos.
Este tipo de evaluaciones presenta varias limitantes: no nos dice nada acerca de la calidad de los servicios que se prestan; tampoco nos informa sobre la pertinencia de las acciones realizadas, por ejemplo, si han sido adecuadamente focalizadas, si responden a prioridades determinadas con criterios de racionalidad administrativa pero sobre todo, a fin de dar pleno cumplimiento a las garantías sociales; y lo más importante, no nos dan información sobre el impacto final del esfuerzo público realizado.
Si se consideran estos temas, puede explicarse por qué, por ejemplo, un programa tan bien evaluado como el Programa Oportunidades, a pesar de tener más de 10 años de operación, y de tener una cobertura de más de 5 millones de familias, no ha logrado cumplir con el objetivo de romper los ciclos inter-generacionales de la pobreza.
Desde esta perspectiva, el análisis de los indicadores educativos se hace necesario, más aún cuando hay todo un despliegue propagandístico a través del cual se pretende hacer creer a la población que el estado de Guanajuato ha avanzado a pasos agigantados en materia de educación.
Lo primero que debe destacarse es que el derecho a la educación implica la posibilidad de un aprendizaje de calidad, de lo cual puede tenerse una medida aproximada a través de dos indicadores elementales: el rendimiento escolar, es decir, cuánto aprenden efectivamente los educandos; y el rezago educativo global, es decir, cuántas personas no han concluido el ciclo de educación básica que la Constitución Política de los E.U.M. establece como obligatorios.
Al respecto del rendimiento escolar vale la pena destacar que, de acuerdo con el último Informe de la Prueba Excale, relativo al aprendizaje de estudiantes de tercero de secundaria, en Guanajuato casi 8 de cada 10 escuelas secundarias públicas son telesecundarias; para mala fortuna de los estudiantes, éstas son las que obtienen los menores puntajes de rendimiento.
Así, mientras que en las escuelas secundarias privadas un 89% de sus estudiantes obtuvieron al menos el nivel básico de aprendizaje en Español, y que en las secundarias técnicas el porcentaje es de 74%, en las telesecundarias el indicador llega apenas al 54%.
Esto implica que si la gran mayoría de las secundarias del estado operan en la modalidad de Telesecundarias, y en éstas el 46% de sus estudiantes no alcanzan el puntaje para situarse en el nivel básico de aprendizaje, entonces hay graves problemas en la entidad.
Se puede argumentar que Guanajuato está menos peor que la mayoría del país en la modalidad de las telesecundarias; empero, afirmar que se está bien, cuando lo que hay alrededor es un desastre educativo, constituye un despropósito mayor.
Al respecto, resulta paradójico que si se sabe que las escuelas secundarias técnicas del estado sí marcan una diferencia significativa con respecto al resto del país, sea una de las modalidades en las que menos se ha invertido en términos de ampliación de cobertura.
Pueden darse más datos sobre el rendimiento escolar, pero baste decir que si bien Guanajuato se ha situado por arriba de la media nacional en algunas asignaturas en las modalidades de telesecundaria y secundarias técnicas, estamos aún muy lejos de los puntajes obtenidos en entidades como Nuevo León, Sonora o el Distrito Federal.
Por otro lado, respecto al rezago educativo vale la pena señalar que de acuerdo con los datos de INEA, a diciembre de 2009, Guanajuato ocupa el 10º lugar nacional en el porcentaje de población de 15 años y más analfabeta.
Otro dato nada honroso es que Guanajuato ocupa el 5º lugar con mayor porcentaje de personas que en ese mismo grupo de edad, no han concluido sus estudios de educación primaria.
Finalmente, se encuentra la "joya de la corona" en el dato de que Guanajuato ocupa el flamante primer lugar en el porcentaje de personas mayores de 15 años que no han logrado terminar sus estudios de educación secundaria.
Lo peor del caso en lo que respecta a este indicador, es que según los datos del INEA, desde 2003 se ha mantenido constante un porcentaje por arriba del 28% de los mayores de 15 años sin secundaria terminada, lo cual, por lo inaudito del dato, debiera ser revisado con urgencia y con mucha atención por las autoridades educativas.
En promedio, considerando las tres dimensiones del rezago educativo, Guanajuato es la cuarta entidad con mayor porcentaje de población en esas condiciones, pues en total, el 54.8% de los mayores de 15 años en la entidad, se encuentra en al menos una de las modalidades de rezago educativo señaladas.
sábado, 10 de abril de 2010
Una Ley contra el robo de niños. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Domingo 11 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=499598
El caso de la niña Paulette Gebara ha abierto muchos frentes de discusión, pero en ninguno de ellos se ha abordado una de las cuestiones de fondo vinculadas no sólo a este caso, sino a las miles de desapariciones de niñas y niños que se registran año con año.
Es inaceptable que en nuestro país sea más fácil denunciar penalmente el robo de un automóvil que el de un menor de edad; esto es así porque en primer lugar no hay una ley que considere que el robo de menores de 18 años sea un delito federal perseguido de oficio por todas las autoridades.
También lo es porque los puristas del derecho han asumido que las niñas y niños, en tanto que no son mercancías, no pueden “ser robados”. Bendita definición cuando al no penalizarlo se les abren las puertas a redes delincuenciales que hacen de la vida, tanto del niño robado como de sus familiares, un verdadero infierno.
Se ha argumentado también que no es necesario tipificar un nuevo delito federal, porque en las entidades ya existen disposiciones que sancionan la “sustracción de menores” o la “desaparición de personas”, tipos penales que, debe decirse, no son considerados como graves.
Para colmo, cuando un menor de 18 años, pero mayor de 16, y en algunas entidades incluso de 14 años, las disposiciones de procedimiento indican que deben pasar entre 48 y 72 horas para iniciar una averiguación previa, norma que constituye en realidad una invitación al robo de los niños, porque en ese lapso, dada la sofisticación de las redes criminales internacionales, esa niña, niño o adolescente podría ya estar literalmente del otro lado del planeta.
Pareciera que en México lo importante para el gobierno y los legisladores en general son las cosas antes que las personas. Por ello dedican horas de discusión política en la rebatinga por los pesos y los centavos; en ver quién administra y se queda con la mayor parte de los despojos de Pemex, pero no para atender problemas sociales que han rebasado ya los contenidos de los marcos jurídicos.
Por todo esto es de celebrarse que en este periodo legislativo la diputada Yolanda de la Torre haya presentado una Iniciativa con el propósito de tipificar el delito del robo de niños, para diferenciarlo del tipo penal del secuestro o la sustracción de menores, y para darle una penalización similar a quien comete el delito de trata de personas.
Además de lo anterior, lo más importante que encuentro en esa iniciativa es que busca la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Robo de Niños, la cual obliga a las autoridades a actuar en un lapso máximo de dos horas a partir de la denuncia de la desaparición de una niña o niño y, lo más interesante, busca obligar a que los medios de comunicación le den difusión a todos los casos y no sólo a los que les permiten elevar el rating.
La iniciativa tiene otras bondades, como la de permitir que el afectado, cuando crea que el Ministerio Público no está atendiendo debidamente el caso, acuda a una Dirección Ejecutiva adscrita a la PGR, con facultad de actuar a nivel nacional, a fin de solicitarle que emita una declaratoria de alerta del robo de las niñas o los niños.
Este tipo de leyes ya existen en otros países. Son conocidas con el nombre de “leyes Amber”, pues retoman el nombre de la niña Amber Hagerman, quien después de haber sido robada fue posteriormente víctima de violación sexual y, al final, brutalmente asesinada en el estado de Texas, en los Estados Unidos.
La racionalidad de lo que establece la iniciativa en México es clara; aun cuando carecemos de información precisa con respecto a nuestro país, pues las instancias encargadas de generar datos sociales a veces están más ocupadas de construir cifras alegres para el lucimiento del Ejecutivo, sí sabemos lo que ocurre en otras latitudes.
Así, en los Estados Unidos de América se tiene un registro de casi 115 mil tentativas de secuestro o robo de niños cada año. De las niñas y niños que son robados y que llegan a ser asesinados, lo son en el 75 por ciento de los casos dentro de las primeras tres horas después de haber ocurrido el robo, con la circunstancia de que en lo general hay una tardanza de dos horas en reportar su desaparición.
En México, las cifras más conservadoras hablan de más de 100 desapariciones diarias, lo cual implica una cifra de más de 36 mil casos anuales, dato verdaderamente alarmante, pues la vida, seguridad y posibilidad de desarrollo futuro, tanto de los niños como de sus familias, se queda truncado.
Habrá que esperar la reacción de los medios de comunicación, en particular de los electrónicos, los cuales siempre son reacios a aceptar obligaciones que significan reducción de sus ganancias, pues, como ya se dijo, la ley considera su participación obligatoria en la emisión de alertas sobre el robo de los niños.
Quizá sea ingenuo, pero es dable pensar todavía que en nuestras sociedades no todo se trata exclusivamente de dinero.
Domingo 11 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=499598
El caso de la niña Paulette Gebara ha abierto muchos frentes de discusión, pero en ninguno de ellos se ha abordado una de las cuestiones de fondo vinculadas no sólo a este caso, sino a las miles de desapariciones de niñas y niños que se registran año con año.
Es inaceptable que en nuestro país sea más fácil denunciar penalmente el robo de un automóvil que el de un menor de edad; esto es así porque en primer lugar no hay una ley que considere que el robo de menores de 18 años sea un delito federal perseguido de oficio por todas las autoridades.
También lo es porque los puristas del derecho han asumido que las niñas y niños, en tanto que no son mercancías, no pueden “ser robados”. Bendita definición cuando al no penalizarlo se les abren las puertas a redes delincuenciales que hacen de la vida, tanto del niño robado como de sus familiares, un verdadero infierno.
Se ha argumentado también que no es necesario tipificar un nuevo delito federal, porque en las entidades ya existen disposiciones que sancionan la “sustracción de menores” o la “desaparición de personas”, tipos penales que, debe decirse, no son considerados como graves.
Para colmo, cuando un menor de 18 años, pero mayor de 16, y en algunas entidades incluso de 14 años, las disposiciones de procedimiento indican que deben pasar entre 48 y 72 horas para iniciar una averiguación previa, norma que constituye en realidad una invitación al robo de los niños, porque en ese lapso, dada la sofisticación de las redes criminales internacionales, esa niña, niño o adolescente podría ya estar literalmente del otro lado del planeta.
Pareciera que en México lo importante para el gobierno y los legisladores en general son las cosas antes que las personas. Por ello dedican horas de discusión política en la rebatinga por los pesos y los centavos; en ver quién administra y se queda con la mayor parte de los despojos de Pemex, pero no para atender problemas sociales que han rebasado ya los contenidos de los marcos jurídicos.
Por todo esto es de celebrarse que en este periodo legislativo la diputada Yolanda de la Torre haya presentado una Iniciativa con el propósito de tipificar el delito del robo de niños, para diferenciarlo del tipo penal del secuestro o la sustracción de menores, y para darle una penalización similar a quien comete el delito de trata de personas.
Además de lo anterior, lo más importante que encuentro en esa iniciativa es que busca la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Robo de Niños, la cual obliga a las autoridades a actuar en un lapso máximo de dos horas a partir de la denuncia de la desaparición de una niña o niño y, lo más interesante, busca obligar a que los medios de comunicación le den difusión a todos los casos y no sólo a los que les permiten elevar el rating.
La iniciativa tiene otras bondades, como la de permitir que el afectado, cuando crea que el Ministerio Público no está atendiendo debidamente el caso, acuda a una Dirección Ejecutiva adscrita a la PGR, con facultad de actuar a nivel nacional, a fin de solicitarle que emita una declaratoria de alerta del robo de las niñas o los niños.
Este tipo de leyes ya existen en otros países. Son conocidas con el nombre de “leyes Amber”, pues retoman el nombre de la niña Amber Hagerman, quien después de haber sido robada fue posteriormente víctima de violación sexual y, al final, brutalmente asesinada en el estado de Texas, en los Estados Unidos.
La racionalidad de lo que establece la iniciativa en México es clara; aun cuando carecemos de información precisa con respecto a nuestro país, pues las instancias encargadas de generar datos sociales a veces están más ocupadas de construir cifras alegres para el lucimiento del Ejecutivo, sí sabemos lo que ocurre en otras latitudes.
Así, en los Estados Unidos de América se tiene un registro de casi 115 mil tentativas de secuestro o robo de niños cada año. De las niñas y niños que son robados y que llegan a ser asesinados, lo son en el 75 por ciento de los casos dentro de las primeras tres horas después de haber ocurrido el robo, con la circunstancia de que en lo general hay una tardanza de dos horas en reportar su desaparición.
En México, las cifras más conservadoras hablan de más de 100 desapariciones diarias, lo cual implica una cifra de más de 36 mil casos anuales, dato verdaderamente alarmante, pues la vida, seguridad y posibilidad de desarrollo futuro, tanto de los niños como de sus familias, se queda truncado.
Habrá que esperar la reacción de los medios de comunicación, en particular de los electrónicos, los cuales siempre son reacios a aceptar obligaciones que significan reducción de sus ganancias, pues, como ya se dijo, la ley considera su participación obligatoria en la emisión de alertas sobre el robo de los niños.
Quizá sea ingenuo, pero es dable pensar todavía que en nuestras sociedades no todo se trata exclusivamente de dinero.
miércoles, 7 de abril de 2010
Lo nacional de la UNAM y el presupuesto de los políticos. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Opinión Miércoles 7 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=499008
En el marco del Diálogo Bicentenario por un México Social, Rolando Cordera sostuvo: “lo nacional de la UNAM debe tener una expresión territorial”. Con esto, explicaba el Maestro emérito, lo que se quiere decir es que la Universidad tiene en las ideas la mayor fuente de legitimidad para recorrer el país y promover un nuevo diálogo político y social.
No son pocos los logros que ha obtenido la Universidad en la última década. De hecho, si se compara su rendimiento frente al de los partidos políticos, en función del presupuesto público que reciben, las diferencias serían abismales.
Para el año 2010, el Congreso aprobó a regañadientes un presupuesto de poco más de 23 mil millones de pesos para la UNAM. Por su parte, el IFE solicitó un presupuesto de seis mil 200 millones de pesos para sus gastos de operación, más tres mil millones para financiamiento de los partidos políticos.
De acuerdo con el estudio sobre el poder adquisitivo de los profesores de la UNAM, editado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, un “Profesor Asociado A” tenía en 2005 un sueldo nominal mensual de $7,606.00. Un diputado federal en ese mismo año recibía al menos $120,000.00 mensuales, es decir, 15.77 veces más que un profesor universitario.
Por la Universidad Nacional han pasado los dos mexicanos galardonados con el Premio Nobel en los últimos 30 años; la UNAM ha recibido además distinciones como el Premio Príncipe de Asturias; y en los últimos diez años ha avanzado gradualmente en los “ranking” internacionales más relevantes, situándose entre los primeros 100 centros de educación superior a escala mundial.
Por el contrario, lo que vimos en la semana anterior a la de Pascua en el Congreso, nos hace pensar que nuestros representantes populares se encuentran al nivel de los políticos de países bananeros, en los que la diatriba y la carencia de inteligencia asoman por todos lados.
La UNAM también se encuentra en su Centenario y es motivo de celebración. Su campus ha sido integrado al catálogo del Patrimonio Cultural de la Humanidad, y cada vez más estudiantes, profesores, artistas, literatos, filósofos y científicos, obtienen distinciones que no sólo son una muestra fehaciente de su talento, sino que además contribuyen a poner en alto el nombre del país.
Si el Presidente de la República quiere realmente que se hable bien de México en el exterior, debería considerar mayores inversiones, no sólo para la UNAM sino para todo el sistema de universidades públicas, ya que es en las ciencias y las humanidades en donde podremos encontrar nuevas rutas y salidas a nuestros problemas.
Hoy que el país vive una ola de violencia atroz; que hay discordia política por todos lados; que dirigentes de los partidos actúan con una mezquindad inusitada, llama poderosamente la atención el intenso activismo del rector Narro, quien se ha dedicado a promover la discusión de propuestas que, en sus propias palabras, hacen énfasis en el rescate social del país a fin de evitar seguir creciendo sólo para una minoría.
Hacer realidad la propuesta de Rolando Cordera, en el sentido de devolverle a la UNAM su carácter nacional, implica la voluntad de destinar más recursos y presupuesto para la investigación, la publicación de textos, la creación científica y tecnológica; así como el desarrollo del arte y la filosofía.
Pensar en “lo nacional” de la UNAM no sólo implica ampliar la cobertura y la oferta de la universidad superior; se trata de sembrar por todo el país el espíritu crítico; la vocación solidaria con los demás; la sensibilidad social en el análisis de nuestros problemas más graves, y sobre todo, la construcción de propuestas de inclusión y combate a la desigualdad y la pobreza, que caracterizan a nuestra máxima casa de estudios.
Sin embargo, un proyecto así requiere de una acelerada transformación de nuestro sistema educativo, lo que nos trae de nuevo al tema de los presupuestos. Mientras el Gobierno y las y los legisladores no comprendan que seguir invirtiendo menos del uno por ciento del PIB en investigación científica y tecnológica vulnera nuestra soberanía y nos condena al atraso, un proyecto de inclusión social como el que representa la UNAM no podrá llevarse a cabo.
Mientras los políticos no generen las condiciones para revertir el hecho de que sólo seis de cada 10 jóvenes en edad de asistir al bachillerato y que sólo tres de cada 10 en edad de asistir a la Universidad puedan hacerlo, México seguirá condenado al fracaso.
El Presidente quiere que se hable bien de México en el extranjero: pues bien, aquí va una propuesta: que en el siguiente paquete fiscal incluya un incremento de recursos para llegar al 1.5% del PIB en la inversión pública en ciencia y tecnología; así como en dos puntos adicionales del PIB en educación en todos los niveles, y que mantenga estos criterios de gasto hasta finalizar su sexenio. De hacerlo, le puedo garantizar que habrá una mucho mejor imagen, de México y de su gobierno, pero sobre todo, habrá contribuido a revertir una buena parte de la desigualdad que sus propias políticas han fomentado.
Opinión Miércoles 7 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=499008
En el marco del Diálogo Bicentenario por un México Social, Rolando Cordera sostuvo: “lo nacional de la UNAM debe tener una expresión territorial”. Con esto, explicaba el Maestro emérito, lo que se quiere decir es que la Universidad tiene en las ideas la mayor fuente de legitimidad para recorrer el país y promover un nuevo diálogo político y social.
No son pocos los logros que ha obtenido la Universidad en la última década. De hecho, si se compara su rendimiento frente al de los partidos políticos, en función del presupuesto público que reciben, las diferencias serían abismales.
Para el año 2010, el Congreso aprobó a regañadientes un presupuesto de poco más de 23 mil millones de pesos para la UNAM. Por su parte, el IFE solicitó un presupuesto de seis mil 200 millones de pesos para sus gastos de operación, más tres mil millones para financiamiento de los partidos políticos.
De acuerdo con el estudio sobre el poder adquisitivo de los profesores de la UNAM, editado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, un “Profesor Asociado A” tenía en 2005 un sueldo nominal mensual de $7,606.00. Un diputado federal en ese mismo año recibía al menos $120,000.00 mensuales, es decir, 15.77 veces más que un profesor universitario.
Por la Universidad Nacional han pasado los dos mexicanos galardonados con el Premio Nobel en los últimos 30 años; la UNAM ha recibido además distinciones como el Premio Príncipe de Asturias; y en los últimos diez años ha avanzado gradualmente en los “ranking” internacionales más relevantes, situándose entre los primeros 100 centros de educación superior a escala mundial.
Por el contrario, lo que vimos en la semana anterior a la de Pascua en el Congreso, nos hace pensar que nuestros representantes populares se encuentran al nivel de los políticos de países bananeros, en los que la diatriba y la carencia de inteligencia asoman por todos lados.
La UNAM también se encuentra en su Centenario y es motivo de celebración. Su campus ha sido integrado al catálogo del Patrimonio Cultural de la Humanidad, y cada vez más estudiantes, profesores, artistas, literatos, filósofos y científicos, obtienen distinciones que no sólo son una muestra fehaciente de su talento, sino que además contribuyen a poner en alto el nombre del país.
Si el Presidente de la República quiere realmente que se hable bien de México en el exterior, debería considerar mayores inversiones, no sólo para la UNAM sino para todo el sistema de universidades públicas, ya que es en las ciencias y las humanidades en donde podremos encontrar nuevas rutas y salidas a nuestros problemas.
Hoy que el país vive una ola de violencia atroz; que hay discordia política por todos lados; que dirigentes de los partidos actúan con una mezquindad inusitada, llama poderosamente la atención el intenso activismo del rector Narro, quien se ha dedicado a promover la discusión de propuestas que, en sus propias palabras, hacen énfasis en el rescate social del país a fin de evitar seguir creciendo sólo para una minoría.
Hacer realidad la propuesta de Rolando Cordera, en el sentido de devolverle a la UNAM su carácter nacional, implica la voluntad de destinar más recursos y presupuesto para la investigación, la publicación de textos, la creación científica y tecnológica; así como el desarrollo del arte y la filosofía.
Pensar en “lo nacional” de la UNAM no sólo implica ampliar la cobertura y la oferta de la universidad superior; se trata de sembrar por todo el país el espíritu crítico; la vocación solidaria con los demás; la sensibilidad social en el análisis de nuestros problemas más graves, y sobre todo, la construcción de propuestas de inclusión y combate a la desigualdad y la pobreza, que caracterizan a nuestra máxima casa de estudios.
Sin embargo, un proyecto así requiere de una acelerada transformación de nuestro sistema educativo, lo que nos trae de nuevo al tema de los presupuestos. Mientras el Gobierno y las y los legisladores no comprendan que seguir invirtiendo menos del uno por ciento del PIB en investigación científica y tecnológica vulnera nuestra soberanía y nos condena al atraso, un proyecto de inclusión social como el que representa la UNAM no podrá llevarse a cabo.
Mientras los políticos no generen las condiciones para revertir el hecho de que sólo seis de cada 10 jóvenes en edad de asistir al bachillerato y que sólo tres de cada 10 en edad de asistir a la Universidad puedan hacerlo, México seguirá condenado al fracaso.
El Presidente quiere que se hable bien de México en el extranjero: pues bien, aquí va una propuesta: que en el siguiente paquete fiscal incluya un incremento de recursos para llegar al 1.5% del PIB en la inversión pública en ciencia y tecnología; así como en dos puntos adicionales del PIB en educación en todos los niveles, y que mantenga estos criterios de gasto hasta finalizar su sexenio. De hacerlo, le puedo garantizar que habrá una mucho mejor imagen, de México y de su gobierno, pero sobre todo, habrá contribuido a revertir una buena parte de la desigualdad que sus propias políticas han fomentado.
domingo, 4 de abril de 2010
Pederastia, élites confundidas y Mefistófeles ante el abismo. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Opinión Domingo 4 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=498613
El escándalo suscitado por la completa confirmación y exposición pública de los crímenes cometidos por el señor Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ha puesto sobre la mesa una serie de temas que van de lo filosófico a lo jurídico, pero sobre todo que han contribuido a agudizar la sensación de incertidumbre social generalizada.
Pensar, por ejemplo, en el inmenso número de bodas, bautizos y demás ceremonias religiosas que celebró este tétrico personaje, lleva a la idea de la crisis de identidad y liderazgo en que deben de estar quienes creían en la cuasi santidad que le fue atribuida durante mucho tiempo, aun cuando ya se habían hecho severas acusaciones en su contra.
Promover la fe desde las élites no es una novedad en el interior de la Iglesia católica, ante lo cual han habido fuertes movimientos en su interior para tratar de repensar y de replantear sus principios generales de actuación.
Unos de los más importantes se dio, por ejemplo, en el siglo XIII; fue iniciado por Francisco de Asís y secundado por la Hermana Clara. Es de llamar la atención que el nombre elegido por Francisco de Asís para su congregación, obligado por la presión de Roma para formalizarla como una más en el interior de la iglesia, fue el de “la Orden de los hermanos menores”, destacando con ello la regla de humildad y la opción preferencial por los pobres que desde la perspectiva franciscana debía tener el ministerio cristiano.
No está demás señalar que Francisco de Asís estuvo a punto de ser excomulgado por predicar que Dios se manifiesta en todas las criaturas (recuérdese que el principal cántico franciscano lleva precisamente por título “El cántico de las criaturas”), y que no hay mayor bien que el de prodigar amor y compasión ante la totalidad de la creación.
En los siglos XIII y XIV Marcilio de Padua y Guillermo de Ockham, dos de los primeros y más grandes filósofos adscritos a la orden de Francisco, escribieron sendos libros en los que mostraban cómo el poder de Roma estaba corrompido, y por qué el Papa había desarrollado un poder tiránico en función de que pretendía tener plena vigencia en la Tierra, alejándose de su misión mayor de buscar el reino de Dios en los cielos. Guillermo de Ockham llegó a declarar, no sin razón, que el Papa era un herético y simoniaco.
Aquí es donde entra en escena Mefistófeles. En algunas tradiciones es considerado como “el maligno” en grado absoluto, pero también es caracterizado como “el engañador”. Y este término tiene aquí el sentido de ser el gran instigador para cometer el mal.
Desde una perspectiva franciscana, no habría duda de que Maciel podría bien ser una de las mejores encarnaciones de Mefisto: engañó a multitudes, sedujo a muchos de los dueños del dinero, pero sobre todo torció la fe llevando a sus seguidores a adorar más al dinero y al poder que a la prédica del Evangelio.
Lo monstruoso de Maciel no está exclusivamente en su reiterada propensión a abusar sexualmente de seminaristas menores de edad, de llevar una doble vida y de abusar sexual y físicamente de sus propios hijos, sino en la construcción de una megaestructura política y financiera que hizo de la creencia un gran negocio.
Lo monstruoso de lo que hay en torno a Maciel es que hay quienes pretenden continuar con “su obra”, pues argumentan que aún con lo pecaminoso de su actitud no puede negarse la “bondad” de la labor educativa y social emprendida desde su “liderazgo”, y hasta han llamado a que sus benefactores no dejen de hacer donativos, pues son dignos de toda confianza.
En estos momentos de crisis generalizada en lo social, lo económico y lo político la crisis ética de las religiones, de la que he hablado reiteradamente, debería llevar a un ejercicio radical como el que realizó Francisco hace ya más de 800 años: despojarse de sus ropas y sus bienes no le haría nada mal a una Iglesia que hoy vive un profundo dilema ético.
En el Evangelio aparece la historia de los demonios de Gadara: una legión de demonios arrojados de un poseso y depositados en una piara de cerdos que se despeña. La comunidad no se alegra y le pide al nazareno que se retire del lugar. Se trata de Satán perpetuando al propio Satán, argumenta Girard.
Mefisto triunfa cuando la mentira se perpetúa, y esto va a ocurrir si no hay un acto profundo de autorreflexión que lleve a la Iglesia y a sus financiadores a asumir hasta sus últimas consecuencias que el escándalo promovido por Jesús de Nazaret consiste en la revelación de una ética del perdón, sustentada en la humildad y la toma de partido a favor de los proscritos de siempre: los pobres y los desheredados.
Al contrario de lo anterior, se percibe una parálisis ética en la que Mefistófeles se ha situado a sí mismo una vez más al borde del abismo, como en el caso de Gadara, con tal de no ser aniquilado, sino sólo expulsado de la comunidad.
sarellano@ceidas.org
Opinión Domingo 4 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=498613
El escándalo suscitado por la completa confirmación y exposición pública de los crímenes cometidos por el señor Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ha puesto sobre la mesa una serie de temas que van de lo filosófico a lo jurídico, pero sobre todo que han contribuido a agudizar la sensación de incertidumbre social generalizada.
Pensar, por ejemplo, en el inmenso número de bodas, bautizos y demás ceremonias religiosas que celebró este tétrico personaje, lleva a la idea de la crisis de identidad y liderazgo en que deben de estar quienes creían en la cuasi santidad que le fue atribuida durante mucho tiempo, aun cuando ya se habían hecho severas acusaciones en su contra.
Promover la fe desde las élites no es una novedad en el interior de la Iglesia católica, ante lo cual han habido fuertes movimientos en su interior para tratar de repensar y de replantear sus principios generales de actuación.
Unos de los más importantes se dio, por ejemplo, en el siglo XIII; fue iniciado por Francisco de Asís y secundado por la Hermana Clara. Es de llamar la atención que el nombre elegido por Francisco de Asís para su congregación, obligado por la presión de Roma para formalizarla como una más en el interior de la iglesia, fue el de “la Orden de los hermanos menores”, destacando con ello la regla de humildad y la opción preferencial por los pobres que desde la perspectiva franciscana debía tener el ministerio cristiano.
No está demás señalar que Francisco de Asís estuvo a punto de ser excomulgado por predicar que Dios se manifiesta en todas las criaturas (recuérdese que el principal cántico franciscano lleva precisamente por título “El cántico de las criaturas”), y que no hay mayor bien que el de prodigar amor y compasión ante la totalidad de la creación.
En los siglos XIII y XIV Marcilio de Padua y Guillermo de Ockham, dos de los primeros y más grandes filósofos adscritos a la orden de Francisco, escribieron sendos libros en los que mostraban cómo el poder de Roma estaba corrompido, y por qué el Papa había desarrollado un poder tiránico en función de que pretendía tener plena vigencia en la Tierra, alejándose de su misión mayor de buscar el reino de Dios en los cielos. Guillermo de Ockham llegó a declarar, no sin razón, que el Papa era un herético y simoniaco.
Aquí es donde entra en escena Mefistófeles. En algunas tradiciones es considerado como “el maligno” en grado absoluto, pero también es caracterizado como “el engañador”. Y este término tiene aquí el sentido de ser el gran instigador para cometer el mal.
Desde una perspectiva franciscana, no habría duda de que Maciel podría bien ser una de las mejores encarnaciones de Mefisto: engañó a multitudes, sedujo a muchos de los dueños del dinero, pero sobre todo torció la fe llevando a sus seguidores a adorar más al dinero y al poder que a la prédica del Evangelio.
Lo monstruoso de Maciel no está exclusivamente en su reiterada propensión a abusar sexualmente de seminaristas menores de edad, de llevar una doble vida y de abusar sexual y físicamente de sus propios hijos, sino en la construcción de una megaestructura política y financiera que hizo de la creencia un gran negocio.
Lo monstruoso de lo que hay en torno a Maciel es que hay quienes pretenden continuar con “su obra”, pues argumentan que aún con lo pecaminoso de su actitud no puede negarse la “bondad” de la labor educativa y social emprendida desde su “liderazgo”, y hasta han llamado a que sus benefactores no dejen de hacer donativos, pues son dignos de toda confianza.
En estos momentos de crisis generalizada en lo social, lo económico y lo político la crisis ética de las religiones, de la que he hablado reiteradamente, debería llevar a un ejercicio radical como el que realizó Francisco hace ya más de 800 años: despojarse de sus ropas y sus bienes no le haría nada mal a una Iglesia que hoy vive un profundo dilema ético.
En el Evangelio aparece la historia de los demonios de Gadara: una legión de demonios arrojados de un poseso y depositados en una piara de cerdos que se despeña. La comunidad no se alegra y le pide al nazareno que se retire del lugar. Se trata de Satán perpetuando al propio Satán, argumenta Girard.
Mefisto triunfa cuando la mentira se perpetúa, y esto va a ocurrir si no hay un acto profundo de autorreflexión que lleve a la Iglesia y a sus financiadores a asumir hasta sus últimas consecuencias que el escándalo promovido por Jesús de Nazaret consiste en la revelación de una ética del perdón, sustentada en la humildad y la toma de partido a favor de los proscritos de siempre: los pobres y los desheredados.
Al contrario de lo anterior, se percibe una parálisis ética en la que Mefistófeles se ha situado a sí mismo una vez más al borde del abismo, como en el caso de Gadara, con tal de no ser aniquilado, sino sólo expulsado de la comunidad.
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