Saúl Arellano
Opinión, Domingo 9 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=505116
Si es cierto que el secretario Lujambio tiene aspiraciones presidenciales, debería saber que las probabilidades de éxito de llegar a la candidatura de su partido, pasan necesariamente por una gestión exitosa al frente de la SEP. Si no hubiera tales aspiraciones —que honestamente lo dudo—, su responsabilidad constitucional basta y sobra para exigirle cuentas sobre la educación en nuestro país.
Al respecto vale la pena traer a cuento la reciente publicación de los resultados de la Encuesta de Salud en Estudiantes de Escuelas Públicas en México, 2008, coordinada por la talentosa Tere Shamah y el actuario Oswaldo Palma.
La Encuesta incluyó 15 temas relacionados con la salud de los estudiantes de la educación básica, y los resultados que arroja son más que preocupantes, más aún si se considera que ante los resultados, el secretario Lujambio no ha dado a conocer ningún plan especial para una transformación de las condiciones en las que estudian nuestras niñas, niños y adolescentes.
Será lamentable que, una vez más, contemos con indicadores y estudios de calidad, y la reacción institucional simplemente sea la de pronunciar un discurso, casi siempre malhecho, en torno a que la realización de tal o cual estudio “demuestra” la preocupación del gobierno, y … bla, bla, bla.
Lo que es evidente es que la palabrería no alcanza para resolver los problemas nacionales, y que no basta pronunciarlos o mostrarlos para erradicarlos. Decir que algo se va a hacer no es equivalente a decir qué es precisamente lo que habrá de llevarse a cabo, ni mucho menos implica tiempos y posibilidades de evaluar con base en resultados.
La encuesta revela, en primer lugar, que a pesar de que desde 2001 hay un Programa Intersectorial de Educación Saludable (PIES), a la fecha no se conoce ningún resultado de sus avances, cosa que debería ser preocupación también del Dr. Córdova Villalobos, si es que también aspira a ser Gobernador de Guanajuato.
Debe destacarse pues, que la Encuesta revela que en el ciclo escolar 2006-2007, el 2.8% de los escolares reprobaron en la educación primaria. El dato es realmente de terror, pues si se considera que según los datos de la SEP, en ese año habría 13,401,193 niñas y niños inscritos en la primaria, entonces el número de reprobados ascendería a 375 mil 323 niñas y niños.
Asimismo, es de considerarse que el 1.4% de los escolares declaró no haber asistido al ciclo escolar anterior, debido fundamentalmente a problemas familiares económicos o de salud; esto significa que casi 192 mil niñas y niños de primaria no pudieron asistir a la escuela, cuando se supone que este país cuenta con la capacidad económica y de infraestructura para garantizar que ninguna niña o niño esté privado de su derecho a la educación.
Otro dato a destacar es que el 5.4% y el 4.9% de estudiantes de primaria y secundaria tienen extra-edad grave, es decir, están sumamente rezagados con respecto al grado que deberían estar cursando. En números absolutos se trata de casi 725 mil niñas y niños de primaria y 275 mil de secundaria; o sea, prácticamente un millón que enfrenta esta problemática.
Casi el 10% de las viviendas en que habitan los estudiantes de primaria y secundaria, tenía en el año de su levantamiento, piso de tierra. Otro 10% carecía de agua entubada, con un promedio de 20 litros por persona (cuando el estándar internacional es de casi el doble); prácticamente el 15% en los dos niveles educativos presenta problemas visuales; 50% tiene caries; casi el 85% no tiene esquema completo de vacunación en primaria, mientras que, segmentando por grupo de edad, casi el 25% de los menores de 10 años no ha completado el esquema de vacunación.
En materia de enfermedades respiratorias agudas, prácticamente el 40% de todos los estudiantes de primaria y secundaria presentan prevalencia; y aquí lo más grave: sólo el 67% de los estudiantes menores de 10 años y el 44.9% de los mayores de 10, recibieron atención médica.
Para colmo, las niñas y niños escolarizados viven problemáticas en los extremos: mientras que poco más del 8% de todos los estudiantes presentó bajo peso y talla para su edad, uno de cada tres presenta sobrepeso más obesidad. Igual de grave resulta el hecho de que uno de cada cinco niñas y niños presentaron anemia en la primaria, mientras que prácticamente uno de cada siete en secundaria se encontraba en la misma condición.
Lo que nos revelan estos datos es que el gobierno mexicano carece de una agenda adecuada para la protección de los derechos de los niños; que las ambiciones políticas siguen anteponiéndose al interés superior de la niñez, y que por si fuera poco, las y los diputados se la pasan en la vagancia y la irresponsabilidad, antes que atender este tipo de cuestiones.
México vive una profunda tragedia debido al incumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, y muy en particular, los relativos a una vida saludable y a una educación oportuna y de calidad. El diagnóstico ahí está; la pregunta al secretario Lujambio es ¿qué sigue y cómo piensa resolverlo?
domingo, 9 de mayo de 2010
miércoles, 5 de mayo de 2010
Entre el apocalipsis y un Congreso mediocre. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Jueves 6 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=504541
Lo esperable de cualquier jefe de Estado es que al momento de pronunciar sus mensajes públicos, las palabras que utiliza sean elegidas cuidadosamente; la mesura, la sobriedad y la prudencia debieran ser los ejes rectores de su discurso, y la inteligencia y una profunda vocación pedagógica, sus virtudes.
Por ello, sorprende el mensaje emitido por el licenciado Calderón, quien más que como jefe del Estado mexicano se presentó a sí mismo en su visita oficial a Alemania como la versión posmoderna, nada menos que de Juan el Evangelista, y más aún, como el mesías contemporáneo que es capaz de derrotar, no a cuatro, sino a cinco jinetes del Apocalipsis.
Un tono de discurso así hace pensar que el titular del Ejecutivo está viendo películas de contenido muy extraño o realizando lecturas relacionadas más con las supuestas profecías mayas sobre fin del mundo en 2012, que con una comprensión clara de lo que está ocurriendo en el país.
No hay duda de que el licenciado Calderón se quiso mostrar como el verdadero promotor de las buenas y maravillosas cosas que ocurren en México, que todos deberíamos ser —si es que algún día tenemos dinero para viajar al extranjero—, con la salvedad de que resultó un poco exagerada su auto-presentación como el Avatar de los males nacionales, e incluso planetarios, por aquello de que “salvamos” al mundo al combatir sin tregua, cual “cazadores de microbios” a la tenebrosa influenza que nos atacó el año pasado.
Mientras tanto, las iniciativas en el Congreso se mantienen en “la congeladora”, pues los principales funcionarios y empleados del Presidente, o están ocupados ofreciendo disculpas por las tropelías cometidas por las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, o bien, se mueven en la frivolidad absoluta, como el señor César Nava, a quien se le ve sumamente ocupado en las sesudas sesiones que deben significar las entrevistas que le hacen los medios de espectáculos, y que en sus ratos libres trabaja como presidente nacional del PAN.
Esta ineficacia del aparato gubernamental no exculpa, desde luego, al Club de Becarios de San Lázaro, quienes aprobaron la sorprendente cifra de 81 iniciativas, de 992 presentadas a lo largo del primer año legislativo, lo que significa la impresionante productividad de 8.1 por ciento.
Ante estos resultados, una propuesta que los ciudadanos deberíamos promover es que a las y los legisladores, ya que están tan preocupados por impulsar la flexibilización del mercado laboral, se les aplique un sistema de pago basado en resultados. Así, en este caso, podríamos reducir su salario a un 8 por ciento del monto total, y en función del incremento en su capacidad de analizar y dictaminar leyes, que para eso fueron votados, realizar los incrementos respectivos en sus percepciones salariales.
Al respecto, vale la pena pensar en la actual estructura orgánica y funcional del Congreso de la Unión, pues un tema que no ha sido analizado seriamente es que cuando fue promulgada la Constitución, se asumió que la creación de leyes y probables reformas al texto constitucional, requerían de tiempo para probar su eficacia o sus deficiencias. Por ello, se planteó que, en un país con 13 millones de habitantes en 1917, era suficiente que el Congreso sesionara dos veces por año.
En evidencia, de hace 100 años a la fecha las condiciones en que vive México se han modificado radicalmente; hoy que somos un país con casi 110 millones de habitantes, con urgencias tan graves como la pobreza en que viven más de 50 millones de mexicanos, resulta inaudita la mezquindad del Congreso al continuar sesionando sólo seis meses repartidos en dos periodos por año: de febrero a abril en el primer semestre y de septiembre a noviembre en el segundo.
Un acto ya no de grandeza, sino de congruencia elemental, sería que el Congreso, ante las severas crisis que vive el país tanto en lo económico como en lo relativo a la seguridad pública y, desde luego en lo social, se declarase en estado de emergencia nacional, y por acuerdo unánime de todos los partidos, sesionara de manera permanente de aquí al 2012 a fin de saldar los rezagos y la enorme deuda moral que tiene con el país.
Empero, para tomar una medida de esta naturaleza se requeriría, en primer lugar, de altura de miras y compromiso con la nación, y no como ahora, que la mayoría de los y las legisladoras responden a los intereses de sus gobernadores o partidos políticos. Y por si hubiese duda sobre esto, simplemente habrá que seguir las campañas políticas que se están desarrollando para atestiguar que andarán en la grilla local tratando de afianzar sus “liderazgos” y presencia locales y con ello incrementar las prebendas y privilegios de los que hoy son beneficiarios
Una buena manera de celebrar el Bicentenario sería trabajando por México, y no viviendo del presupuesto y sangrando al país, cual sanguijuelas en la piel de los desarrapados. Lamentablemente, esto no va a ocurrir y tendremos que seguir desarrollando estrategias de sobrevivencia, atrapados entre la megalomanía de un Presidente que cree poder con todo y contra todos, y un Congreso en el que pulula la mediocridad.
Jueves 6 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=504541
Lo esperable de cualquier jefe de Estado es que al momento de pronunciar sus mensajes públicos, las palabras que utiliza sean elegidas cuidadosamente; la mesura, la sobriedad y la prudencia debieran ser los ejes rectores de su discurso, y la inteligencia y una profunda vocación pedagógica, sus virtudes.
Por ello, sorprende el mensaje emitido por el licenciado Calderón, quien más que como jefe del Estado mexicano se presentó a sí mismo en su visita oficial a Alemania como la versión posmoderna, nada menos que de Juan el Evangelista, y más aún, como el mesías contemporáneo que es capaz de derrotar, no a cuatro, sino a cinco jinetes del Apocalipsis.
Un tono de discurso así hace pensar que el titular del Ejecutivo está viendo películas de contenido muy extraño o realizando lecturas relacionadas más con las supuestas profecías mayas sobre fin del mundo en 2012, que con una comprensión clara de lo que está ocurriendo en el país.
No hay duda de que el licenciado Calderón se quiso mostrar como el verdadero promotor de las buenas y maravillosas cosas que ocurren en México, que todos deberíamos ser —si es que algún día tenemos dinero para viajar al extranjero—, con la salvedad de que resultó un poco exagerada su auto-presentación como el Avatar de los males nacionales, e incluso planetarios, por aquello de que “salvamos” al mundo al combatir sin tregua, cual “cazadores de microbios” a la tenebrosa influenza que nos atacó el año pasado.
Mientras tanto, las iniciativas en el Congreso se mantienen en “la congeladora”, pues los principales funcionarios y empleados del Presidente, o están ocupados ofreciendo disculpas por las tropelías cometidas por las autoridades en la lucha contra el narcotráfico, o bien, se mueven en la frivolidad absoluta, como el señor César Nava, a quien se le ve sumamente ocupado en las sesudas sesiones que deben significar las entrevistas que le hacen los medios de espectáculos, y que en sus ratos libres trabaja como presidente nacional del PAN.
Esta ineficacia del aparato gubernamental no exculpa, desde luego, al Club de Becarios de San Lázaro, quienes aprobaron la sorprendente cifra de 81 iniciativas, de 992 presentadas a lo largo del primer año legislativo, lo que significa la impresionante productividad de 8.1 por ciento.
Ante estos resultados, una propuesta que los ciudadanos deberíamos promover es que a las y los legisladores, ya que están tan preocupados por impulsar la flexibilización del mercado laboral, se les aplique un sistema de pago basado en resultados. Así, en este caso, podríamos reducir su salario a un 8 por ciento del monto total, y en función del incremento en su capacidad de analizar y dictaminar leyes, que para eso fueron votados, realizar los incrementos respectivos en sus percepciones salariales.
Al respecto, vale la pena pensar en la actual estructura orgánica y funcional del Congreso de la Unión, pues un tema que no ha sido analizado seriamente es que cuando fue promulgada la Constitución, se asumió que la creación de leyes y probables reformas al texto constitucional, requerían de tiempo para probar su eficacia o sus deficiencias. Por ello, se planteó que, en un país con 13 millones de habitantes en 1917, era suficiente que el Congreso sesionara dos veces por año.
En evidencia, de hace 100 años a la fecha las condiciones en que vive México se han modificado radicalmente; hoy que somos un país con casi 110 millones de habitantes, con urgencias tan graves como la pobreza en que viven más de 50 millones de mexicanos, resulta inaudita la mezquindad del Congreso al continuar sesionando sólo seis meses repartidos en dos periodos por año: de febrero a abril en el primer semestre y de septiembre a noviembre en el segundo.
Un acto ya no de grandeza, sino de congruencia elemental, sería que el Congreso, ante las severas crisis que vive el país tanto en lo económico como en lo relativo a la seguridad pública y, desde luego en lo social, se declarase en estado de emergencia nacional, y por acuerdo unánime de todos los partidos, sesionara de manera permanente de aquí al 2012 a fin de saldar los rezagos y la enorme deuda moral que tiene con el país.
Empero, para tomar una medida de esta naturaleza se requeriría, en primer lugar, de altura de miras y compromiso con la nación, y no como ahora, que la mayoría de los y las legisladoras responden a los intereses de sus gobernadores o partidos políticos. Y por si hubiese duda sobre esto, simplemente habrá que seguir las campañas políticas que se están desarrollando para atestiguar que andarán en la grilla local tratando de afianzar sus “liderazgos” y presencia locales y con ello incrementar las prebendas y privilegios de los que hoy son beneficiarios
Una buena manera de celebrar el Bicentenario sería trabajando por México, y no viviendo del presupuesto y sangrando al país, cual sanguijuelas en la piel de los desarrapados. Lamentablemente, esto no va a ocurrir y tendremos que seguir desarrollando estrategias de sobrevivencia, atrapados entre la megalomanía de un Presidente que cree poder con todo y contra todos, y un Congreso en el que pulula la mediocridad.
sábado, 1 de mayo de 2010
Las profundas fisuras de la globalización. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Domingo 2 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=503837
Domingo 2 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=503837
De Oaxaca a Grecia, de Arizona al Vaticano, a donde se mire, hay evidencia de profundas fisuras en el modelo de globalización vigente. Sin duda, hoy como nunca confluyen factores de crisis y saturación ética por doquier: la pobreza, cuya condición afecta a casi tres mil millones de personas en todo el planeta, de los cuales aproximadamente una tercera parte vive en lo que se denomina pobreza atroz, es decir, la hambruna y la miseria absolutas como condición de existencia.
El filósofo Peter Sloterdijk habla de tres modelos de globalización. A la primera la denomina como globalización cósmico-urania, la cual da inicio con el pensamiento griego y la universalización del pensamiento racional.
A la segunda la caracteriza como una globalización terrestre, la cual inicia con los viajes de Colón y culmina con la expansión de las capacidades de movilización planetaria a través de la mecanización de las naves trasatlánticas, el ferrocarril y la aparición de los aviones; a ello habría que agregar como corolario, desde mi perspectiva, la carnicería y el espanto producido por la Segunda Guerra Mundial.
La tercera forma de globalización, en la propuesta de Sloterdijk, es la globalización electrónica, la cual aún no alcanza su cúspide y, podríamos decir, todavía no termina de configurarse, pues la globalización terrestre aún no ha terminado de irse, aun cuando sus andamiajes teóricos y ontológicos persisten y conviven con nuevas formas de construir identidades y procesos de integración a escala planetaria.
Una de las cuestiones que deben considerarse en este tipo de análisis es que los procesos que se describen tienen a su vez distintas formas de construcción, según la región del mundo en que se vive. No es lo mismo la vida en la globalización en Europa que en América Latina, el Asia pobre o el África subsahariana.
A pesar de ello, hay nuevas formas de confluencia y simultaneidad de acciones que sorprenden: un activista finlandés muere asesinado en Oaxaca: la paradoja no sólo estriba en el hecho de que un ciudadano del país más equitativo del mundo caiga abatido por las balas asesinas en uno de los enclaves mundiales de pobreza y desigualdad, como es Oaxaca, sino en la afortunada confluencia del compromiso con los derechos humanos en uno y otro polo del planeta.
La crisis de la migración en España, Alemania o Francia no es tan distinta a la que se vive hoy en Arizona; en todos los casos se da la contradicción de una defensa brutal por la apertura de las aduanas y como contrapartida el cierre de las fronteras. Es decir, por un lado libre paso al capital y las mercancías y por el otro la criminalización y el hostigamiento a los pobres y excluidos que huyen de la pobreza y desigualdad que privan en sus países.
Las crisis financieras se han convertido en las plagas del siglo XXI: un día hunden a países en una región y al siguiente se aparecen cual Mefistófeles en el otro lado del mundo, haciéndonos prisioneros de una angustia permanente ante la cual los únicos a salvo son quienes ya tienen casi todo, liderados por un grupo cínico de especuladores que han retomado a la usura –hoy sofisticada mediante la utilización de las más avanzadas herramientas tecnológicas– como credo incuestionable del funcionamiento económico planetario.
Frente a todos estos dilemas y muchos más, las iglesias, principalmente la católica, han perdido una buena parte de sus capacidades de liderazgo y, peor aún, han dejado de ser referentes éticos para muchos de sus fieles.
Las versiones contemporáneas del mercado total, ni siquiera soñado por los más férreos mercantilistas de los siglos XVI y XVII, han mostrado la brutalidad y la ausencia de toda posibilidad de justicia, que supuestamente sería autogenerada y regulada por la “mano invisible” planteada por el padre del liberalismo moderno.
El Estado, el último de los constructos de la modernidad con la capacidad de conducir la vida social, se ha retraído ante los embates de la avaricia privada, y hoy lucha de manera desesperada para construir nuevas reglas. Así se percibe en el caso estadunidense, o de las instituciones europeas, las cuales no aciertan aún a exorcizar el inaudito hundimiento de la economía griega, así como la fragilidad de las deudas de España y Portugal.
De esta forma, nuestra incapacidad nacional para generar suficientes empleos dignos para todos no es sino el otro lado del oscuro rostro de una globalización fragmentada y fracturada en sus capacidades para la inclusión económica, política y social de todos, en un mundo caracterizado por la complejidad y la diversidad.
Enfrentamos modelos de racismo creciente, sin parecer entender que históricamente, en momentos de crisis generalizadas, los violentos toman la palestra y frecuentemente tienen éxito en sus ambiciones.
El racismo, los nacionalismos extremos y otras formas de intolerancia hoy asumen nuevos rostros que se esconden tras las máscaras hipócritas de la defensa del Estado de derecho, dando la espalda a la defensa de los derechos humanos y con ello a la esencia misma de la democracia. La Ley SB1070 es un claro ejemplo de estas graves fisuras de la globalización.
domingo, 25 de abril de 2010
Otra vez, medias verdades sobre el empleo. Periódico La Crónica
Saúl Arellano, Opinión
Domingo 25 de Abril, 2010
Sin la creación de suficientes empleos dignos en el país, ninguna política de combate a la pobreza será suficiente para revertir las condiciones de precariedad en que viven más de 50 millones de mexicanos.
Por ello es preocupante la chabacanería con que el gobierno maneja las cifras en torno a la creación de puestos de trabajo, en una estrategia de propaganda diseñada desde la mentira, la mirada convenenciera y la “construcción” de una realidad que los mexicanos no estamos dispuestos a aceptar.
En las últimas semanas se ha desplegado una intensa campaña para decirnos que en lo que va del año se han creado cientos de miles de empleos, y que eso es una muestra evidente de que “vamos por el camino correcto”. Nada más falso, pues las cifras oficiales desmienten las versiones de la propaganda gubernamental.
Los datos publicados en el Comunicado 039/10 de INEGI, en el cual se sintetizan los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, evidencian que el gobierno está utilizando sólo los datos que le conviene destacar, y que está buscando ocultar que en marzo de 2010 tenemos prácticamente la misma tasa de desocupación que en marzo de 2009, cuando estábamos en plena recesión.
En efecto, la información torcida que nos da el gobierno reporta la tasa desestacionalizada de desempleo registrada en 2009, que es de 4.85 por ciento con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA). Sin embargo, cuando se observa la tendencia de desocupación y sus variaciones mensuales, lo que se encuentra es que la tasa de desocupación en marzo de este año es de 5.15 por ciento de la PEA.
Asimismo, vale la pena destacar que la tendencia de reducción de este indicador es sumamente lenta, y no va a pasos agigantados como el gobierno nos quiere hacer creer: en enero de este año la tasa de desocupación fue de 5.33 por ciento, apenas 0.13 por ciento menor a la registrada en diciembre de 2009. En febrero de 2010 la tasa fue de 5.22 por ciento, es decir, apenas 0.11 por ciento menor a la del mes anterior, y finalmente, en este marzo pasado, se registró la ya mencionada tasa de 5.15 por ciento, equivalente a un 0.07 por ciento menor a la registrada en el mes de febrero.
En distintos medios de comunicación se ha planteado la pregunta de por qué si se han creado “tantos empleos” los ciudadanos comunes y corrientes seguimos percibiendo una situación económica sumamente adversa. La respuesta es simple: porque éste es un gobierno que nos está mintiendo en torno a la situación del desempleo y está, como se dice comúnmente, “maquillando cifras”.
Lo que he mencionado en este mismo espacio en meses anteriores es que la dinámica poblacional es muy intensa y que el tamaño de la Población Económicamente Activa crece mes con mes. Así, sólo entre 2008 y 2009 la PEA pasó de 45.17 millones a 47.04 millones; por ello, aun cuando se hayan creado 300 mil empleos, la cifra es ridícula si se compara con las necesidades de puestos de trabajo que tiene un país con las dimensiones del nuestro.
De este modo, aunque haya una ligera reducción en el porcentaje de las personas desocupadas, el número absoluto crece aceleradamente. Así, entre 2008 y 2009 el número de personas en esa condición pasó de 1.92 millones a 2.5 millones, es decir, un crecimiento de más de 583 mil personas sin empleo. Por ello resulta no sólo falso sino ofensivo que nos digan que ya recuperamos lo perdido en la crisis, cuando, apelando a un ejercicio simple de aritmética, con sus 300 mil trabajos creados queda un déficit de 283 mil puestos de trabajo, que, de crearse, apenas servirían para regresar a la cifra absoluta registrada en 2008.
México es un país de extremos y en materia de empleo no es una excepción. Del total de las personas ocupadas, más del 28 por ciento trabaja más de 48 horas a la semana, dato que constituye el umbral de lo que se llama “jornada de trabajo deseable”, es decir, una jornada que no pone en riesgo la salud de los trabajadores. Así, debido a la precariedad del trabajo en el país, el promedio de la jornada laboral de un mexicano es de 42 horas semanales, lo cual constituye un verdadero indicador de injusticia social.
Por si fuera poco, a estas cifras debe agregarse la relativa a la población subocupada, la cual, aun cuando tiene empleo, requiere laborar más horas para completar sus necesidades de ingreso. En estas “filas” se encontraban entre octubre y diciembre del año pasado nada menos que 3.9 millones de personas, es decir, 816 mil más que en el mismo periodo de 2008.
Así pues, el comunicado de INEGI es contundente. Dice en sus párrafos iniciales: “La comparación anual muestra un incremento tanto en la tasa de desocupación como en la de subocupación durante marzo de este año con relación al mismo mes de un año antes (4.81 por ciento contra 4.76 por ciento y 8.6 por ciento contra 8.4 por ciento, respectivamente)”.
Estos datos permiten asegurar, una vez más, que vamos en ruta de una colisión social y que lamentablemente éste será el sexenio del desempleo.
jueves, 22 de abril de 2010
Anemia Legislativa. Periódico La Crónica
Saúl Arellano
Jueves 22 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=501923
Es ofensiva la forma en que el Congreso se gasta nuestros recursos en anuncios de radio y televisión diciéndonos que trabajan para nosotros. Lo es más si se considera su ínfima productividad aunada a su incapacidad de construir, ante la inopia del gobierno federal, un diálogo inteligente y dirigido a cohesionar a la nación.
El día lunes, José Sosa escribía aquí en La Crónica acerca de la importancia del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, y de cómo el sistema que se había planteado originalmente está condenado al fracaso y va en ruta de colisión.
Lo mismo puede decirse del sistema que intentó implementarse en el Congreso. La mayoría de los funcionarios que trabajan en las áreas de asesoría parlamentaria siguen siendo “personal de confianza”, mientras que son muy pocos quienes realmente han entrado a procesos de formación y profesionalización de sus actividades, amén de que cuando lo han hecho las “grillas” y la propia incapacidad de los legisladores les cierran el paso en las tareas de dictamen y generación de propuestas.
Como el descrédito del Congreso frente a los ciudadanos es mayúsculo, a partir del año 2000 se puso de moda una especie de “feria de las iniciativas”, en la que se tomó como verdad incontrovertible que el mejor legislador sería aquel que más veces “subiera a tribuna”, desde luego con el único fin de evitar el escarnio de haberla usado sólo para tomarse alguna vez la foto del recuerdo con la Bandera Nacional a sus espaldas.
Así las cosas, de manera sintomática comenzó a crecer el número de “reformitas” que muchos legisladores, lenta pero inexorablemente, presentaron una tras otra, con el insano objetivo de no pasar desapercibidos, presentándose además a sí mismos como expertos en temas de los que literalmente jamás habían escuchado o de los que están enterados a través de artículos de periódicos y, en el mejor de los casos, de revistas especializadas.
Se ha llegado al absurdo, por sólo citar un ejemplo, de que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hay más de mil iniciativas en espera de ser dictaminadas y que, a juicio de los especialistas, de ser aprobadas al menos en la mitad tendríamos una catástrofe constitucional, pues es tal la cantidad de modificaciones que se han planteado que literalmente tendríamos una nueva constitución armada con base en la lógica del remiendo y el pegote.
La pregunta es: ¿qué va a hacer el Congreso para resolver este rezago? Porque en sí en la Cámara de Diputados hay 44 comisiones ordinarias, obviamente todas con facultades y responsabilidades de dictamen, y en el Senado hay otras 59 y se asume que en cada una de ellas hay al menos 50 dictámenes pendientes de ser atendidos (una cifra que realmente es conservadora), tendríamos más de cinco mil iniciativas estancadas en el Congreso.
Si nuestros órganos legislativos tuviesen cuerpos especializados de asesores, integrados de manera transparente y con base en el prestigio académico y profesional, podría plantearse una serie de medidas que evitaran esto que he denominado como “feria de las iniciativas”.
Una comisión, por ejemplo, que tuviera la responsabilidad de filtrar la calidad técnica, teórica y de pertinencia social de las iniciativas, podría evitar que las comisiones con responsabilidad de dictamen perdieran el tiempo y estuviesen ahogadas, como lo están ahora, en la revisión de muchas iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos, que son verdaderos monumentos a la estulticia.
Por todo esto, el Congreso sigue dando prioridad sólo a las iniciativas que cuentan con el respaldo de los medios de comunicación, que son de interés evidente de los grupos económicos, que han sido dictaminados por sus propios promotores y que son entregados a las presidencias o secretarías de comisiones dictaminadoras para que se las aprueben, y un largo etcétera de aberraciones que en un Congreso apegado a la legalidad y sobre todo a la ética no podrían ocurrir.
Cuando se piensa en el desarrollo institucional se alude generalmente a las estructuras del gobierno; empero, hay una insuficiente discusión en torno a cómo modernizar, profesionalizar y darle una nueva estructura orgánica, funcional y operativa a nuestro Congreso.
Un servicio profesional de carrera que permita construir equipos con sólidas formaciones tanto técnicas como conceptuales podría contribuir a que las ocurrencias de los legisladores tengan al menos algún sentido y sirvan para armonizar, mejorar y potenciar la capacidad del marco jurídico para proteger plenamente los derechos humanos en nuestro país.
Mientras tanto, las reformas relativas a la protección del interés superior de la niñez, el derecho a la alimentación y otras de un fuerte contenido social, que han estado en debate en el Congreso desde al menos hace cinco años, tendrán que seguir durmiendo el sueño de los justos, porque simplemente no hay quién elabore los dictámenes respectivos.
Desde mi humilde opinión, esta parálisis bien puede recibir el nombre de anemia legislativa y creo que es válido seguir insistiendo en que mientras el desempeño de los legisladores no mejore, seguirá siendo sumamente injusto que perciban 150 mil pesos mensuales, pagados, claro está, con el dinero de nuestros impuestos.
Jueves 22 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=501923
Es ofensiva la forma en que el Congreso se gasta nuestros recursos en anuncios de radio y televisión diciéndonos que trabajan para nosotros. Lo es más si se considera su ínfima productividad aunada a su incapacidad de construir, ante la inopia del gobierno federal, un diálogo inteligente y dirigido a cohesionar a la nación.
El día lunes, José Sosa escribía aquí en La Crónica acerca de la importancia del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, y de cómo el sistema que se había planteado originalmente está condenado al fracaso y va en ruta de colisión.
Lo mismo puede decirse del sistema que intentó implementarse en el Congreso. La mayoría de los funcionarios que trabajan en las áreas de asesoría parlamentaria siguen siendo “personal de confianza”, mientras que son muy pocos quienes realmente han entrado a procesos de formación y profesionalización de sus actividades, amén de que cuando lo han hecho las “grillas” y la propia incapacidad de los legisladores les cierran el paso en las tareas de dictamen y generación de propuestas.
Como el descrédito del Congreso frente a los ciudadanos es mayúsculo, a partir del año 2000 se puso de moda una especie de “feria de las iniciativas”, en la que se tomó como verdad incontrovertible que el mejor legislador sería aquel que más veces “subiera a tribuna”, desde luego con el único fin de evitar el escarnio de haberla usado sólo para tomarse alguna vez la foto del recuerdo con la Bandera Nacional a sus espaldas.
Así las cosas, de manera sintomática comenzó a crecer el número de “reformitas” que muchos legisladores, lenta pero inexorablemente, presentaron una tras otra, con el insano objetivo de no pasar desapercibidos, presentándose además a sí mismos como expertos en temas de los que literalmente jamás habían escuchado o de los que están enterados a través de artículos de periódicos y, en el mejor de los casos, de revistas especializadas.
Se ha llegado al absurdo, por sólo citar un ejemplo, de que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hay más de mil iniciativas en espera de ser dictaminadas y que, a juicio de los especialistas, de ser aprobadas al menos en la mitad tendríamos una catástrofe constitucional, pues es tal la cantidad de modificaciones que se han planteado que literalmente tendríamos una nueva constitución armada con base en la lógica del remiendo y el pegote.
La pregunta es: ¿qué va a hacer el Congreso para resolver este rezago? Porque en sí en la Cámara de Diputados hay 44 comisiones ordinarias, obviamente todas con facultades y responsabilidades de dictamen, y en el Senado hay otras 59 y se asume que en cada una de ellas hay al menos 50 dictámenes pendientes de ser atendidos (una cifra que realmente es conservadora), tendríamos más de cinco mil iniciativas estancadas en el Congreso.
Si nuestros órganos legislativos tuviesen cuerpos especializados de asesores, integrados de manera transparente y con base en el prestigio académico y profesional, podría plantearse una serie de medidas que evitaran esto que he denominado como “feria de las iniciativas”.
Una comisión, por ejemplo, que tuviera la responsabilidad de filtrar la calidad técnica, teórica y de pertinencia social de las iniciativas, podría evitar que las comisiones con responsabilidad de dictamen perdieran el tiempo y estuviesen ahogadas, como lo están ahora, en la revisión de muchas iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos, que son verdaderos monumentos a la estulticia.
Por todo esto, el Congreso sigue dando prioridad sólo a las iniciativas que cuentan con el respaldo de los medios de comunicación, que son de interés evidente de los grupos económicos, que han sido dictaminados por sus propios promotores y que son entregados a las presidencias o secretarías de comisiones dictaminadoras para que se las aprueben, y un largo etcétera de aberraciones que en un Congreso apegado a la legalidad y sobre todo a la ética no podrían ocurrir.
Cuando se piensa en el desarrollo institucional se alude generalmente a las estructuras del gobierno; empero, hay una insuficiente discusión en torno a cómo modernizar, profesionalizar y darle una nueva estructura orgánica, funcional y operativa a nuestro Congreso.
Un servicio profesional de carrera que permita construir equipos con sólidas formaciones tanto técnicas como conceptuales podría contribuir a que las ocurrencias de los legisladores tengan al menos algún sentido y sirvan para armonizar, mejorar y potenciar la capacidad del marco jurídico para proteger plenamente los derechos humanos en nuestro país.
Mientras tanto, las reformas relativas a la protección del interés superior de la niñez, el derecho a la alimentación y otras de un fuerte contenido social, que han estado en debate en el Congreso desde al menos hace cinco años, tendrán que seguir durmiendo el sueño de los justos, porque simplemente no hay quién elabore los dictámenes respectivos.
Desde mi humilde opinión, esta parálisis bien puede recibir el nombre de anemia legislativa y creo que es válido seguir insistiendo en que mientras el desempeño de los legisladores no mejore, seguirá siendo sumamente injusto que perciban 150 mil pesos mensuales, pagados, claro está, con el dinero de nuestros impuestos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
