El patrimonio cultural, el Bicentenario y la Pobreza. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Opinión, Martes 20 de Julio, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=519985

México es uno de los países con mayor patrimonio cultural en el planeta. En efecto, tanto en su vertiente tangible como intangible, la cantidad de recursos de los que somos depositarios resultan envidiables para cualquier nación.

Por ello, es de llamar la atención el hecho de que en las últimas administraciones, los titulares de Conaculta oscilan entre malos y muy malos en su desempeño como promotores y custodios del desarrollo y conservación de nuestro patrimonio.

No es aceptable, por citar un ejemplo, que tengamos una Encuesta Nacional de Lectura y que sus resultados no hayan sido tomados como referencia para rediseñar las políticas de fomento a la lectura y a la producción editorial.

Tanto los anteriores responsables como la actual presidenta, Consuelo Sáizar, han llevado a cabo pobres acciones para implementar una verdadera reforma, que lleve a reconstruir a la industria editorial mexicana y que promueva la edificación de una nueva dinámica en el sector.

La encuesta de referencia es lapidaria: en promedio, los mexicanos leemos 2.9 libros por año, cifra irrisoria sobre todo si se consideran las diferencias que existen entre las personas, dependiendo de su nivel educativo y sociocultural.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales también muestra cómo hay una enorme concentración de acceso a los recursos con que contamos; una vez más, este consumo está relacionado con el nivel de escolaridad, los niveles de ingreso y con la disponibilidad y posibilidades de acceso.

Para decirlo de manera resumida, las actuales políticas culturales del Estado mexicano contribuyen a incrementar la desigualdad social, porque benefician a quienes más tienen y marginan, como siempre ha ocurrido, a los más pobres, por ejemplo, las poblaciones indígenas.

Sobre este tema es fundamental comprender que el acceso a bienes y servicios culturales es uno de los principales determinantes del desempeño y rendimiento escolar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Tener la capacidad de comprender una fórmula matemática depende en buena medida de una comprensión previa de la lectura; es decir, enseñar a las niñas y a los niños a leer y comprender un poema, es tan importante como dotarlos de capacidades técnicas para la resolución de ecuaciones.

Hacer una invitación en serio a toda nuestra población, a la apreciación musical, puede contribuir profundamente a incrementar las capacidades de abstracción y resolución de problemas, desde matemáticos, hasta los más simples relacionados con la vida cotidiana.

El reto consiste en lograr que la señora Sáizar comprenda que el ser poseedores de 19 sitios catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad implica hacer mucho más de lo que ya se ha hecho. Que su trabajo consiste en lograr convencer al Congreso (difícil por la cantidad de iletrados que ahí despachan) de dedicar más recursos para la cultura en el país; que su labor consiste en tener el arrojo de impulsar la reforma que le urge al país en materia de promoción y producción editorial, y sobre todo, que una política cultural para la inclusión no puede limitarse a la organización de eventos en los que participa, en el mejor de los casos, una pequeña elite privilegiada.

Son emblemáticos los estudios presentados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en los cuales se muestra que la “gradiente cultural” es determinante en los puntajes obtenidos en las pruebas PISA y EXCALE.

Lo que se evidencia es simple: los estudiantes cuyas familias tienen mayor “patrimonio cultural familiar” son los mejores evaluados en tales pruebas; lo que repercute en que sean precisamente las entidades que dan mayor acceso a bienes y servicios culturales las que presentan mayor número de escuelas con los mejores resultados.

Ir al cine, tener acceso a libros, contar con buenas bibliotecas públicas, visitar teatros y museos, escuchar música de calidad son algunos de los elementos que componen el capital cultural familiar, y son todos éstos ámbitos de responsabilidad del Consejo que preside la señora Sáizar.

Tal vez nadie en el equipo de asesores de la presidenta de Conaculta le ha señalado que el bajo acceso a la cultura y el bajo nivel de rendimiento escolar son condicionantes directos de la pobreza. Un año adicional de educación, señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, equivale a más de 358 pesos mensuales per capita; y por cierto, hay estimaciones que indican que un promedio de 6 libros leídos al año por persona reduciría en más de la mitad el nivel de reprobación de nuestras niñas y niños.

Como puede observarse, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que a mayor educación, menos pobreza; y que el año del Bicentenario debió estar dedicado a incrementar los indicadores estructurales del rezago educativo y ,con él, impactar en la reducción de miseria y el rezago educativo que aquejan a millones de mexicanos.

Lamentablemente, el Conaculta hoy no es la entidad que el Estado requiere para diseñar una política nacional integral en la materia, y más tristemente aún, se le ha limitado a ser la “instancia de compañía” en la organización de la gran kermés a la que ha sido reducida el Bicentenario.

El siniestro caso del trabajo infantil. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Opinión. Domingo 18 de Julio, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=519595

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, se ufana de que han disminuido las cifras respecto a las dimensiones del trabajo infantil en México. Al respecto, vale la pena señalar que el funcionario tiene razón al destacar que, según el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2009, el número de niñas y niños entre 5 y 17 años en condición de ocupación disminuyó entre los años 2007 y 2009, de 3.64 millones a 3.014 millones. Lo anterior implica una reducción en la tasa de ocupación de la población infantil, de un 12.48 a un 10.67 por ciento.

En este punto es en el que comienzan los asegunes y en donde puede comenzar a debatirse, si es que se quiere hablar en serio sobre el tema, con respecto a la aberrante realidad del trabajo infantil.

En primer término, vale la pena destacar que hubo una importante reducción en el número de niñas, niños y adolescentes que tienen entre 5 y 9 años en México: en 2007 había un total de 29.20 millones, mientras que en 2009 se contabilizaron 28.24 millones.

Como consecuencia, esta reducción ayuda a matizar la cifra grandilocuente presentada por el gobierno, relativa a la disminución de más de 600 mil niñas y niños que trabajan, pues en términos reales la población total en ese grupo de edad, como ya se vio, se redujo también en casi un millón.

En segundo lugar, vale la pena hacer notar que la ENOE divide en tres segmentos a las niñas y niños que trabajan; en primer lugar niñas y niños de 5 a 9 años; en segundo lugar los que están entre los 10 y los 13 años; y en tercer término los que tienen entre 14 y 17 años.

Pues bien, en 2007, de quienes tenían entre 5 y 9 años y que estaban “ocupados” representaban el 6.31% del total de niñas y niños trabajadores; en 2009, este mismo grupo de edad representó el 6.02%, es decir, se mantuvo prácticamente sin variaciones significativas.

El grupo de 10 a 13 años fue el que presentó mayor variación, aunque no puede considerarse como un cambio significativo. Así, en 2007 este grupo representó el 24.21% del total; mientras que en 2009 se situó en un 22.36%.

Finalmente, el grupo de 14 a 17 años representó en 2007 un 69.46% del total de niños trabajadores, mientras que en 2009 su porcentaje creció para situarse en un 71.60%; es decir, la disminución de las niñas y niños de 10 a 13 años, se “trasladó” al grupo de mayor edad.

Otro tema importante que debe ponerse en perspectiva es que a pesar de la solidez metodológica de la ENOE, queda la duda en torno a las razones que podrían explicar cómo fue que, en medio de la mayor crisis económica de la que se tenga memoria, el trabajo infantil pudo reducirse.

El gobierno argumenta al respecto que fue gracias a las becas que otorga y a “otras políticas públicas”, aunque no aclara cuáles. Pese a ello, la duda persiste porque el crecimiento en el número de niñas y niños que reciben becas en el país fue de sólo 5.3% en el periodo señalado, porcentaje que a todas luces no alcanza para explicar la magnitud de la supuesta disminución del trabajo infantil.

Por otro lado, el porcentaje de niñas y niños que no reciben ningún apoyo del gobierno se redujo, igualmente en el mismo periodo, en un porcentaje que no resulta significativo, es decir, pasó del 72.90% al 68.14%.

Es indicativo igualmente que el número de niñas y niños que reciben ayuda de algún familiar que no vive en su hogar presentó un crecimiento de más del 30% en el periodo de referencia.

Éstas y otras consideraciones deberían realizarse antes que festinar la supuesta disminución en las magnitudes del trabajo infantil. Por ello, es lamentable que el gobierno federal sólo destaque dos compromisos internacionales que tienen plazos de cumplimiento específico, y que no señale cuáles son las medidas específicas que tomará para avanzar rápidamente para su cumplimiento: eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016, lo cual implicaría erradicar la trata de personas, sólo por citar un caso; y eliminar el trabajo infantil en todas sus formas en 2020, meta que con las políticas existentes realmente será imposible de alcanzar.

Una sugerencia para el secretario Lozano consiste en impulsar, en lugar de su regresiva propuesta de reforma laboral, la ratificación del Convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión en el empleo. Reconstruir el Programa IPEC y dotarlo de recursos para dar cumplimiento al Convenio 182, también de la OIT, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil; así como impulsar las reformas necesarias para evitar trabajos riesgosos para los niños, comenzando con la adecuada implementación del Convenio número 90 sobre el Trabajo Nocturno de los Menores en la Industria.

Avanzar sobre esa ruta sería una buena señal de que por fin se estaría abordando una agenda basada en el interés superior de la niñez. Todo lo demás son maromas de circo para la foto.

Adiós a Gómez Mont: ¿adiós a la trata de personas?

Saúl Arellano

Opinión
Jueves 15 de Julio, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=518905

No hay peor crimen social que el de la trata de personas. Aunque se ha dicho en numerosos foros, nunca estará de más recalcar que es una forma moderna de esclavitud, en la que los victimarios reducen a sus víctimas a “cosas”; les dan trato literalmente de objetos y medios para satisfacer las más oscuras perversiones y propósitos.

Un dato preocupante sobre el tema es el crimen con mayor participación femenina en su organización y ejecución. De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta circunstancia no sólo se ha mantenido constante, sino que hay signos de que pudiera estar creciendo en los últimos años.

De manera lamentable, cifras van y cifras vienen, y en México no hemos sido capaces de construir un dato confiable sobre la magnitud de este crimen; lo que es más, el Gobierno no ha podido concluir en casi tres años, la elaboración de un sistema de información al que está obligado por mandato de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por ello es también desalentador pensar en el Programa Nacional que debe elaborar la Comisión Intersecretarial de la materia, pues la misma era presidida por el licenciado Fernando Gómez Mont. Ante esta situación, la pregunta es ¿cuánto tiempo le tomará al nuevo secretario José Francisco Blake enterarse que tiene esta responsabilidad, y sobre todo, cuánto tiempo habrá de pasar antes de que convoque a una nueva sesión de trabajo de dicha comisión y retome los trabajos, que por cierto, no han sido muchos.

La cuestión es preocupante: si el gobierno federal no tiene un buen diagnóstico (y si lo tiene no lo ha hecho público); y si no ha generado un sistema adecuado de información, ¿con base en qué datos, elementos o criterios va a construir un Programa Nacional en esta materia?

A lo anterior, debe añadirse el señalamiento de los criterios sectarios con los que el Gobierno ha decidido otorgar apoyos a las OSC que trabajan en la materia. Por un lado, INDESOL ha excluido a las asociaciones que no comparten, ya no digamos la visión general del gobierno, sino la ideología panista, llegando a contradicciones absurdas: por un lado excluyen de INDESOL a la Coalition Against Traficking of Woman (CATWLA), y por el otro la incluyen en la Comisión Intersecretarial como una de las OSC permanentes.

Debe destacarse pues que si hay un delito ante el cual las autoridades están desbordadas en su capacidad de análisis e investigación, pero sobre todo, de protección de sus víctimas, es el de la trata de personas; por lo que también es válido sostener que si hay un delito en el que se requiere la acción coordinada entre la sociedad civil, el sector privado, el sector turístico y de transportes, y desde luego, el gobierno, es precisamente de éste del que se habla.

Así, ante la ausencia de las autoridades federales en el tema, se han puesto en marcha distintas iniciativas que buscan llenar el vacío, y que pueden servir como ejercicios emblemáticos para ampliar redes sociales y alianzas contra la trata.

Un ejercicio reciente que vale la pena destacar es el Seminario Universitario para la Prevención de la Trata de Personas (UNAM), el cual se desarrolló entre los meses de mayo y julio de este año.

Este seminario tiene como peculiaridad el haber reunido en un espacio compartido de reflexión, con el patrocinio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a organizaciones de la sociedad civil, a estudiantes de carreras impartidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como a reporteros de distintos medios de comunicación, con el propósito de compartir conocimientos y experiencias, desde distintos ámbitos, en materia de prevención y lucha contra la trata de seres humanos.

Uno de los resultados a destacar es, sólo por citar un ejemplo, el Manual para Reporteros en la cobertura mediática de la trata de Personas, que está preparando Daniel Blancas, compañero de páginas aquí en La Crónica. Este manual se basa en un conjunto de entrevistas realizadas a otros compañeros reporteros de las fuentes sociales, identificando retos, limitaciones y oportunidades en la cobertura del tema.

Si la sociedad civil, de la mano con la universidad pública, es capaz de generar, más con la buena voluntad y compromisos personales que con recursos materiales y financieros, este tipo de instrumentos, la cuestión que surge es nuevamente ¿de verdad es tan difícil que el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, cumpla con su responsabilidad constitucional y legal en el combate a este delito? ¿De verdad es tan difícil hacer a un lado la mezquindad, la envidia y el afán de protagonismo, a fin de construir alianzas sociales ampliadas para la protección de los derechos humanos?

Con todo la pregunta que va a quedar en el aire, es si el adiós al ex secretario Gómez-Mont va a significar también un adiós definitivo a la ya de por sí frágil agenda de derechos humanos y combate a la trata de personas.

Monterrey: espejo del caos nacional. La Crónica

Saúl Arellano,

Opinión
Domingo 11 de Julio, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=518041

Si algo ha caracterizado a la presente administración es su enorme incapacidad de reaccionar de manera oportuna ante problemas de gran magnitud. En el caso de la emergencia sanitaria generada por la aparición del virus A-H1N1, fue la presión de los medios, que alteraron el crecimiento del número de casos de enfermos y muertos, la que provocó finalmente una reacción de las autoridades.

En el caso de la guardería ABC, el gobierno actuó mezquinamente asignando y evadiendo culpas con base en criterios estrictamente electoreros y nunca para defender los derechos de las víctimas y hacerle justicia a los deudos.

Cuando la comunidad de Ciudad Juárez clamaba por ayuda ante la creciente ola de violencia, el Gobierno hizo oídos sordos durante meses, dejando que la situación se agravara, llegando finalmente al límite de reclamos directos al presidente Calderón por la ineficacia de su gobierno en el combate al crimen organizado, pero sobre todo, para proteger a las víctimas inocentes.

Ante la muerte de civiles, el Gobierno ha reaccionado en todos los casos de manera errónea. O se les acusa de maleantes (como en el asesinato de jóvenes en una fiesta en Juárez), o se pretende “fabricar” delincuentes (como en el caso de los jóvenes asesinados en el tecnológico de Monterrey), o se presentan pruebas sumamente dudosas (como en el caso de los niños Almanza en Tamaulipas).

Ahora que la tragedia ha golpeado a Monterrey, el Gobierno reacciona una vez más mal y tardíamente. Pareciera que tenemos un presidente al que le importan más los resultados del Futbol, que desarrollar una gestión eficiente y desde la cual se garanticen adecuadamente los derechos sociales de los mexicanos.

Como en otras agendas, el gobierno federal carece de una estrategia adecuada de prevención y de atención en casos de desastres. Quizá los evaluadores de Los Pinos no consideraron que atender a Monterrey fortalecería la imagen presidencial y durante una larga semana, crítica en casos como éste, la ausencia del licenciado Calderón ha sido no sólo palpable sino condenable.

Ese es el problema de una administración que toma decisiones con base en sistemas de información dirigidos a apuntalar la “buena imagen” presidencial y no a construir procesos de reacción basados en criterios sociales y dirigidos a la protección de los ciudadanos.

Por ello es urgente que el presidente Calderón asuma que no puede seguir actuando como el jefe de su partido político y comience a tomar decisiones, de una vez por todas, como jefe del Estado mexicano. El Ejecutivo debe comprender que su papel no puede reducirse a prohijar maquinarias electorales, olvidando por otra parte que no es sólo a través del pragmatismo político como puede buscarse la ratificación de su opción de gobierno.

Un país hundido en la pobreza y el desempleo no puede darse el lujo de estar atrapado en la mezquindad de la disputa electoral y mucho menos, entrar a una lógica del “quítate tú para ponerme yo”, sin mayor proyecto que llegar al poder para beneficiarse de los privilegios y recursos que ahí pueden obtenerse.

Resulta patético el hecho de que hoy el PAN y el PRD hayan retrocedido 10 años en sus argumentos y propuestas políticas. Es ridículo que César Nava y Jesús Ortega sostengan que la democracia es sinónimo de derrota del PRI. ¿Y la propuesta social? ¿Y la defensa de las libertades? ¿Y el acceso al bienestar de los excluidos?

Se equivocan los defensores del pragmatismo político cuando sostienen que las elecciones de la semana pasada han contribuido a fortalecer el equilibrio en el juego político-electoral.

No es aceptable para una democracia que la discusión poselectoral se haya centrado en el “análisis” sobre la eficacia de las alianzas y no en las raíces profundas de una violencia política que persiste de la mano de una violencia social, que amenaza todos los días a una población inerme y gobernada por políticos en su mayoría mediocres.

Es en este contexto en el que, desde mi punto de vista, debe situarse una tragedia como la ocurrida en Monterrey, pues el país ha sido y sigue siendo golpeado una y otra vez por la incompetencia de funcionarios poco preparados y cuyo nombramiento responde en la mayoría de casos, al compadrazgo, los favores políticos y los arreglos y distribución rapaz del poder; ya es hora de que esto cambie radicalmente.

A Monterrey lo devastó un fenómeno meteorológico, sí, pero también lo ha golpeado severamente la irresponsabilidad de las autoridades federales: no es posible que la Secretaría de Gobernación haya decidido, al parecer una vez más con criterios políticos, retrasar la declaratoria de desastre y la inmediata aplicación de recursos del FONDEN en los 28 municipios más afectados en Nuevo León. Si fue esa la razón, o si fue por incompetencia, resulta en todo caso igual de grave.

Monterrey es hoy un espejo del caos en el que la administración de Felipe Calderón tiene sumergido al país. La ayuda fluye a cuentagotas, la incapacidad aflora, no hay una adecuada atención a la población afectada y, como siempre, ante el desastre, no habrá ningún responsable, al fin y al cabo, en nuestro país “nunca pasa nada”.

Elecciones, miedo y pobreza. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano,

Opinión
Domingo 4 de Julio, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=516554

El día de hoy se renovarán 12 gubernaturas y más de mil gobiernos municipales. Lo deseable siempre es que la jornada electoral concluya en un ambiente de civilidad y plena legalidad; empero los antecedentes que tenemos hacen prever todo lo contrario.

Este proceso electoral ha estado marcado por un lodazal lanzado a diestra y siniestra por todos los actores involucrados, y peor aún, ensuciado con la sangre de los candidatos asesinados, y de los cuales, el de mayor impacto político ha sido sin duda el del candidato priista al Gobierno de Tamaulipas.

La andanada de descalificaciones, mentiras, filtraciones, actos de espionaje, amenazas y sangre derramada, hacen temer, antes que celebrar, la realización de las elecciones; realidad sumamente delicada pues implica que nuestra democracia es mucho más que frágil, producto de la existencia de un IFE anodino y de organismos estatales electorales constituidos casi siempre con mayorías afines al gobierno en turno, los cuales no garantizan a cabalidad la legalidad e imparcialidad de las elecciones.

Para colmo, el Gobierno Federal decidió remover de su cargo a la titular de la Fepade, órgano de la PGR responsable de la investigación y persecución de delitos electorales, acto que, dicen los que saben de estos temas, tuvo como finalidad garantizar procesos que favorezcan a los candidatos de las alianzas en las que participa el PAN, antes que velar a toda costa por el Estado de Derecho.

La violencia que acecha a todos los mexicanos tiene como corolario el miedo socialmente esparcido, en un contexto que, todavía estando muy lejos de ser similar al de 1994, no deja de tener un tufo de estrategia deliberada para generar temor entre la opinión pública, a fin de promover o inducir un voto conservador y a favor de quienes ya detentan el poder.

Por otro lado, como siempre, en las campañas electorales estuvo presente todo, menos propuestas viables para modificar el estado de cosas imperante. No hubo en todo el país un solo candidato que haya presentado propuestas sensatas para revertir la pobreza y la desigualdad, que están presentes, en diferentes grados y con distintas intensidades, en todas las entidades de la República.

Así, de acuerdo con la evaluación de las propuestas de Gobierno presentados por todos los candidatos y candidatas, elaborada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), no hubo una sola plataforma registrada oficialmente que en lo social obtuviera “calificaciones aprobatorias”.

Puede decirse pues, que la miseria no sólo es la característica principal de las condiciones de vida de millones de personas, sino también de las ideas de quienes pretenden gobernar los 12 estados de la República que hoy se disputan y que lamentablemente, alguna de esas plataformas mediocres será la que llegue al poder en estas entidades.

Sin propuestas serias o viables; pero también sin propuestas innovadoras o al menos distintas en el fondo a las imperantes desde hace 30 años en el resto de las entidades, la pobreza seguirá siendo la enorme deuda que tendrán los políticos con la sociedad, lo cual adquiere proporciones mayores si consideramos que en este año estamos celebrando tanto el Bicentenario de la Independencia como el Centenario de la Revolución Mexicana.

El miedo se ha apoderado de las calles; la pobreza y la desigualdad campean por todas partes, y su manto amenaza con cubrir adicionalmente a otros tres millones de personas pobres, adicionales a las que se habían contabilizado hasta 2008, y que debido a los efectos de la crisis en 2009, han perdido empleo, prestaciones y otros esquemas de cobertura social que los sitúa ya, o en algún nivel de pobreza, o en vulnerabilidad por carencias, ya sea de ingresos o sociales.
En este contexto, el tema central de las elecciones debió ser el de la pobreza; el de cómo abatirla y el de cómo generar nuevas oportunidades de vida digna para todos; en su lugar, tuvimos una vez más la diatriba, las payasadas, el discurso fácil y, hay que insistir, tristemente también el asesinato político como medio para amedrentar a una ciudadanía agobiada en distintos frentes.

¿Cómo se van a resolver las disputas que vendrán de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, entidades en donde se prevén resultados sumamente cerrados, con un Gobierno Federal que no cuenta con la legitimidad suficiente para dirimir los conflictos políticos?

¿Cómo apelar a la mediación de la Segob, cuando su titular ha actuado más como secretario de Acción Electoral del PAN (aun cuando diga no tener partido político) que como verdadero responsable de mantener los equilibrios y la salud política de la República.

Y lo más grave de todo esto ¿por quién votará la ciudadanía si las plataformas y propuestas de gobierno presentados por todos los candidatos y candidatas no pasan de ser colecciones de lugares comunes y propuestas sin sustento?

Ojalá que hoy triunfara la democracia; empero, la información de que disponemos sólo permite suponer que entre los grandes ganadores de esta jornada estarán, por un lado, los instigadores del miedo; y por el otro, los privilegiados de siempre. La solución a la pobreza y la consolidación de la democracia, lamentablemente tendrán que esperar una vez más.