domingo, 19 de diciembre de 2010

CONACULTA y su encuesta de 7 millones. Periódico La Crónica

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Saúl Arellano. Opinión. Domingo 19 de Dic., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=550889

Que los mexicanos leemos poco ya lo sabíamos. Que tenemos una cultura raquítica, también. Que el capital cultural escolar familiar es ínfimo no es noticia, pues desde que en 2007 el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) presentó su estudio sobre rendimiento escolar sabíamos que los mexicanos tenemos muy poco acceso a actividades culturales de calidad.

México es el país de la OECD que tiene menos museos per capita; menos bibliotecas públicas per capita; la menor cantidad de escuelas de educación media superior y superior per capita; los más bajos niveles de rendimiento escolar y los más bajos niveles de comprensión de la cultura.

Una nueva encuesta sobre este tema será siempre bienvenida, porque permite verificar y generar evidencia en torno a la insuficiencia de las políticas públicas que existen en materia de promoción cultural, acceso a bienes y servicios culturales, así como programas y acciones específicas para fomentar la lectura, el conocimiento de la música, la apreciación y el disfrute del arte, entre otras actividades de formación y crecimiento personal.

Conaculta pagó más de 7 millones de pesos –de acuerdo con la información pública disponible- a fin de levantar la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, 2010, cifra ya cuestionable porque la comunicación que ha hecho la institución sobre el tema hace que se dude de la calidad y alcances de la información recabada a través de la citada encuesta.

Dice el sitio oficial de Conaculta: “Se llevaron a cabo 32 mil entrevistas, mil por estado, superando el número de entrevistas y el rango de edad de la población entrevistada en la encuesta del año 2003”.(www.conaculta.gob.mx, consultado el 17-12-210)

Esta información llama de inmediato a duda, porque toda persona que tenga conocimientos mínimos de estadística sabe perfectamente que una muestra representativa no puede tener una dimensión similar para tamaños de población diferentes; es decir, si una entidad tiene 15 millones de habitantes y otra llega apenas al millón, no es posible aplicar el mismo número de cuestionarios en un ejercicio estadístico.

Así, no tendría sentido construir una muestra de 32 mil cuestionarios, a fin de aplicar mil cuestionarios en cada entidad federativa, pues no es lo mismo el Estado de México que Nayarit, Tlaxcala, Campeche o Baja California Sur, las cuales, sumando su población, no llegan ni al 50% de la que tiene el primero.

El segundo tema que llama a duda es por qué se tomó como unidad de análisis (denominado como “marco-muestral”) a las secciones electorales del IFE. ¿Por qué si el criterio de integración de las secciones electorales es la presencia de 50 a 1,500 electores (personas mayores de 18 años), y la unidad de respuesta de la encuesta de Conaculta es toda persona mayor de 13 años, no se eligió mejor como unidad de análisis a las Áreas Geo-estadísticas Básicas (AGEB)? Es pregunta.

Así pues, la nota metodológica de la Encuesta sostiene que se consideraron 3,200 secciones electorales, y se aplicaron 10 cuestionarios en cada sección. Pero si se aplicaron, como dice la información oficial del Conaculta, mil cuestionarios por entidad, ¿cómo es que se sostiene que se aplicaron encuestas por sección de acuerdo con la probabilidad proporcional a su tamaño? Es decir, si esto fuese cierto, no podrían haberse aplicado mil cuestionarios por entidad, sino una cantidad proporcional a su dimensión poblacional.

Por ejemplo, Campeche tiene dos Distritos Electorales Federales. En el primero, hay 255 secciones electorales; en el segundo hay 238 secciones. En contraste, el Estado de México tiene 40 Distritos electorales (20 veces más que Campeche), que en conjunto integran a 6,364 secciones electorales; ¿cómo pues justificar el levantamiento de mil cuestionarios en cada una de las entidades, con estas magnitudes en las diferencias? Nuevamente, es pregunta.

Si el comunicado de Conaculta es erróneo y no se levantaron mil cuestionarios por entidad, entonces lo inaceptable es el enorme descuido en el manejo de la información institucional, en un tema que es tan importante y serio para el país; es decir, si ni un comunicado se puede redactar bien en la tendencia responsable de la cultura en México, definitivamente estamos en problemas.

Si por otra parte efectivamente el levantamiento de la encuesta está basado en una distribución de mil cuestionarios por entidad, alguien debería avisarle a Consuelo Sáizar que los 7 millones de pesos que se pagaron por la multicitada encuesta puede ser una suma muy mal gastada, pues metodológicamente resulta muy difícil aceptar que una muestra se diseñe sin tomar en cuenta un criterio elemental de distribución proporcional de los cuestionarios que se aplican.

Tal vez lo que ocurre es que en la dependencia encargada de la cultura en México su personal se ubica entre el 57% de los mexicanos que nunca han acudido a una librería, o bien, entre el 79% que nunca ha comprado un libro en su vida.

Empero, no hay que hacer mucho caso de lo anterior; a final de cuentas, mientras no nos aclaren si los 7 millones de pesos invertidos en la encuesta de donde provienen estos datos valieron la pena, cualquier especulación carece de todo sentido.

domingo, 12 de diciembre de 2010

La violencia es el fracaso de todos. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano. Opinión
Domingo 12 de Dic., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=549598

Lo ocurrido esta semana en Apatzingán y Morelia, en el estado de Michoacán, constituye no ya un punto de inflexión, sino de quiebre en la estrategia de seguridad pública en el país.

En los últimos años se ha dado un intenso debate en torno a si la estrategia de combate al crimen organizado es la adecuada, y justamente en esa forma de plantear el problema se encuentra el fracaso anticipado del desarrollo de las estrategias.

El gobierno de Calderón se equivocó desde el inicio de su mandato al haber asumido que la estrategia nacional de seguridad pública debía reducirse al combate al narcotráfico; así, sin diagnóstico adecuado, sin una estructura de inteligencia y peor aún, sin consenso con todas las fuerzas políticas, el Ejecutivo nos sumió en una absurda espiral de violencia sin precedentes.

Hacer de la lucha contra el crimen organizado una bandera política es el mayor error que haya cometido Calderón en su administración. Intentar construir con las armas la legitimidad que no obtuvo en las urnas le va a costar el fracaso de su sexenio, como ya comienza a percibirse no sólo en los círculos críticos, sino en el ánimo generalizado de desesperanza de la ciudadanía.

La estrategia de seguridad pública debió plantearse como un problema de cohesión social, y no exclusivamente delincuencial. Al crimen del orden común y al organizado se le combate también con educación, solidaridad, empleos dignos, proyecto de desarrollo, y no sólo con balas que terminan asesinando a criminales, pero también a niñas y niños inocentes como ha ocurrido a lo largo y ancho del país.

Se ha llegado al absurdo de medir la eficacia de la guerra que estamos viviendo en términos del número de “bajas” de uno u otro bando, e insistiendo en los comunicados oficiales que los muertos, en su inmensa mayoría, son delincuentes; como si eso redujera la barbarie que implica asumir que es positivo matar, aun cuando se trate del peor de los líderes de las bandas delincuenciales.

El debate nacional que debiera asumirse no es si la estrategia de guerra que se sigue es la adecuada; es que nunca debimos llegar a tal situación. La guerra, decía Tzun Tzu, es en todo caso un grave error; pero es peor no estar preparado para cuando ésta acecha; y eso es precisamente lo que ocurrió en México.

Calderón y sus asesores se han equivocado en casi todo en este aspecto. Por ejemplo, más allá del debate de la legalización de las drogas, lo que debió generarse era una intensa estrategia de prevención y reducción de las adicciones. Abatir el consumo significa abatir la oferta y con ello disminuir las capacidades de los criminales.

Al contrario de esto, la última Encuesta Nacional de Adicciones revela que en los últimos cinco años el consumo de mariguana y cocaína creció exponencialmente; que el abuso del alcohol también se disparó y que se redujo significativamente la edad de inicio en el consumo de todas las drogas.

La Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo muestra que más del 60% de las jóvenes en México han sufrido violencia durante el noviazgo. La Encuesta Nacional de Discriminación, Intolerancia y Violencia en Educación Media Superior indica que más del 70% de los jóvenes mexicanos vive con altos niveles de estrés; y el más reciente estudio de Unicef sobre violencia en la educación básica nos muestra un panorama desolador de agresión y violencia desde la niñez.

Calderón ha intentado explicar su estrategia de combate a la impunidad y la corrupción —el otro cáncer asociado a la delincuencia—, sosteniendo que “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. El problema es asumir que hay que barrer cuando la casa está en llamas y en camino de derrumbarse.

Delitos como el de la trata de personas presentan un índice de impunidad de prácticamente el 100%; del total de los delincuentes detenidos, por cualquier delito, en menos del 15% de los casos los procesos judiciales llegan a las últimas instancias; mientras que casi uno de cada nueve delitos no son denunciados debido a la percepción generalizada en torno a que la autoridad es corrupta o ineficaz.

El Presidente está profundamente equivocado; ha abierto numerosos frentes que antes de beneficiarle, le han ganado animadversiones incluso en grupos que hace seis meses mostraban lealtad hasta la ignominia.

Cada vez más solo, Calderón comenzará sentir el agotamiento del poder, y dado su carácter explosivo, puede tomar decisiones extremas, erróneas y contrarias a toda vocación democrática y decidida a proteger los derechos humanos a costa de lo que sea.

El peor error que puede cometer el Presidente es seguir con su estrategia de polarización social, sobre todo porque la violencia criminal que se vive por todas partes está derivando muy rápidamente en violencia política.

Si el asesinato del candidato a gobernador en Tamaulipas y del ex gobernador de Colima en este 2010 no son alarmas suficientes, entonces quiere decir que, peligrosamente, al Presidente no le importa conducirnos a una violencia extrema, escenario que resulta a veces impensable, pero cuyas dimensiones deben exigirnos asumir que la violencia significa llanamente el fracaso de todos.

domingo, 5 de diciembre de 2010

La Presidencia autista y su fábrica de pobres. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano. Opinión. Domingo 5 de Dic., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=548199
El autismo es definido como un síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su alrededor. Después de haber escuchado las dos partes de la entrevista que el licenciado Felipe Calderón otorgó esta semana al noticiario que conduce Joaquín López Dóriga, queda una profunda duda en torno a si el titular del Ejecutivo está afectado por este síntoma.

El repliegue del discurso presidencial sobre sí mismo denota no sólo una peligrosa incapacidad de crítica, sino la ruta hacia un autoritarismo riesgoso que debe alertarnos sobre posibles tentaciones marcadas por el odio, en este caso equivocadamente asumido como exclusivamente contra el PRI, pues en realidad el Presidente enfurece y arremete en contra de todo aquel que no le acepta con sumisión.

Cuando un Presidente está rodeado mayoritariamente de incapaces, como es el caso, el cerco ante la crítica se hace cada vez mayor, generando un círculo vicioso en el que la institución presidencial se ve incapacitada para tomar decisiones sustentadas en información proveniente de múltiples voces, incluidas sobre todo las del disenso.

La cantaleta de la creación de empleos que el Presidente recita una y otra vez como si se tratase de un mantra, no es sino la manifestación más grave —ofensiva para la ciudadanía— de la incapacidad de reconocer que las cosas están muy mal. Es cierto que se han creado casi un millón de empleos, pero éstos apenas van a alcanzar para reponer los que se perdieron durante la crisis; es decir, en el mejor de los casos, estamos en condiciones similares a las que había en 2008, año en el que las cosas ya estaban en medio de un “incendio económico” caracterizado por una lógica de “no crecimiento”.

Ante la cerrazón de la Presidencia, esta semana la Cepal dejó de manifiesto el nivel de la catástrofe generado por el calderonato: a diferencia de lo que ocurrió en América Latina en los últimos dos años en México la pobreza creció; amén de que nuestro gasto social, como porcentaje del PIB, apenas se sitúa en el mismo nivel que el de Nicaragua.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) estimó en 2008 que en México había un 44.2% de pobres. El problema es que el cálculo se hizo con base en la consideración de que éramos 107 millones de habitantes. Hoy que conocemos los datos preliminares del Censo 2010, las cifras son de verdad terroríficas. Si tenemos 112.32 millones de habitantes, y la pobreza alcanza (como indican estimaciones independientes) a un 47.2% de la población, el número de pobres sería de 53 millones.

Lo sorprendente se encuentra no sólo en la magnitud del dato, sino ante todo en la magnitud del silencio de la Secretaría de Desarrollo Social, desde donde su titular, Heriberto Félix Guerra, no ha tenido al menos el “detalle”, de explicarnos qué va a hacer la dependencia a su cargo para revertir estas condiciones.

Lo inaceptable del caso es que la respuesta provenga de la Subsecretaría de Prospectiva y Planeación de la Sedesol, la cual, en voz de su titular, nos regala una joya discursiva que no tiene desperdicio. Dice Marco Antonio Paz Pellat: en el Comunicado número 180 de la Sedesol, fechado el 2 de diciembre: “Yo tengo una gran confianza en que vamos a revertir los números y, sobre todo, que ya nos pusimos como fecha el 2015; en cinco años queremos abolir la pobreza alimentaria y a partir de enero del 2011 vamos a lanzar un gran paquete, junto con los bancos de alimentos, sociedad civil y fundaciones altruistas, para abolir la pobreza alimentaria”.

Al respecto, vale la pena señalar que como en toda noticia, hay tres aspectos: el bueno es que al menos “ya se pusieron como fecha el 2015” para acabar con la pobreza. El malo es que esa fecha debió asumirse con seriedad desde que se firmaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, porque ahí se establece que en 2015 México debía haber abatido el hambre y reducido a la mitad el número de pobres; y el peor, el hecho de que es altamente improbable que el Subsecretario siga en su cargo en el 2015 para que pueda darnos cuentas sobre los resultados de su nuevo “gran paquete”.

Para colmo, es de llamar la atención que en el Congreso, la Comisión de Desarrollo Social no haya tenido la iniciativa de llamar a cuentas al titular de la Sedesol para que explique por qué no hay un replanteamiento de la política social en su conjunto.

El autismo social de la Presidencia y su fábrica de pobres, consiste en seguir viendo sólo “hacia adentro”, y con base en tal visión, asumir que con “un gran paquete” se va a “abolir” la pobreza. Abolir significa: “Derogar, dejar sin vigencia una ley o precepto”. Ergo, el Gobierno piensa que la pobreza se puede erradicar por Decreto.

Si Calderón sigue escuchando sólo a los suyos, va a seguir polarizando al país y lo más grave: va a seguir conduciéndonos a la ruina, lo cual además de injusto, resulta infinitamente irresponsable.