CONACULTA y su encuesta de 7 millones. Periódico La Crónica

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Saúl Arellano. Opinión. Domingo 19 de Dic., 2010 http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=550889

Que los mexicanos leemos poco ya lo sabíamos. Que tenemos una cultura raquítica, también. Que el capital cultural escolar familiar es ínfimo no es noticia, pues desde que en 2007 el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) presentó su estudio sobre rendimiento escolar sabíamos que los mexicanos tenemos muy poco acceso a actividades culturales de calidad.

México es el país de la OECD que tiene menos museos per capita; menos bibliotecas públicas per capita; la menor cantidad de escuelas de educación media superior y superior per capita; los más bajos niveles de rendimiento escolar y los más bajos niveles de comprensión de la cultura.

Una nueva encuesta sobre este tema será siempre bienvenida, porque permite verificar y generar evidencia en torno a la insuficiencia de las políticas públicas que existen en materia de promoción cultural, acceso a bienes y servicios culturales, así como programas y acciones específicas para fomentar la lectura, el conocimiento de la música, la apreciación y el disfrute del arte, entre otras actividades de formación y crecimiento personal.

Conaculta pagó más de 7 millones de pesos –de acuerdo con la información pública disponible- a fin de levantar la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, 2010, cifra ya cuestionable porque la comunicación que ha hecho la institución sobre el tema hace que se dude de la calidad y alcances de la información recabada a través de la citada encuesta.

Dice el sitio oficial de Conaculta: “Se llevaron a cabo 32 mil entrevistas, mil por estado, superando el número de entrevistas y el rango de edad de la población entrevistada en la encuesta del año 2003”.(www.conaculta.gob.mx, consultado el 17-12-210)

Esta información llama de inmediato a duda, porque toda persona que tenga conocimientos mínimos de estadística sabe perfectamente que una muestra representativa no puede tener una dimensión similar para tamaños de población diferentes; es decir, si una entidad tiene 15 millones de habitantes y otra llega apenas al millón, no es posible aplicar el mismo número de cuestionarios en un ejercicio estadístico.

Así, no tendría sentido construir una muestra de 32 mil cuestionarios, a fin de aplicar mil cuestionarios en cada entidad federativa, pues no es lo mismo el Estado de México que Nayarit, Tlaxcala, Campeche o Baja California Sur, las cuales, sumando su población, no llegan ni al 50% de la que tiene el primero.

El segundo tema que llama a duda es por qué se tomó como unidad de análisis (denominado como “marco-muestral”) a las secciones electorales del IFE. ¿Por qué si el criterio de integración de las secciones electorales es la presencia de 50 a 1,500 electores (personas mayores de 18 años), y la unidad de respuesta de la encuesta de Conaculta es toda persona mayor de 13 años, no se eligió mejor como unidad de análisis a las Áreas Geo-estadísticas Básicas (AGEB)? Es pregunta.

Así pues, la nota metodológica de la Encuesta sostiene que se consideraron 3,200 secciones electorales, y se aplicaron 10 cuestionarios en cada sección. Pero si se aplicaron, como dice la información oficial del Conaculta, mil cuestionarios por entidad, ¿cómo es que se sostiene que se aplicaron encuestas por sección de acuerdo con la probabilidad proporcional a su tamaño? Es decir, si esto fuese cierto, no podrían haberse aplicado mil cuestionarios por entidad, sino una cantidad proporcional a su dimensión poblacional.

Por ejemplo, Campeche tiene dos Distritos Electorales Federales. En el primero, hay 255 secciones electorales; en el segundo hay 238 secciones. En contraste, el Estado de México tiene 40 Distritos electorales (20 veces más que Campeche), que en conjunto integran a 6,364 secciones electorales; ¿cómo pues justificar el levantamiento de mil cuestionarios en cada una de las entidades, con estas magnitudes en las diferencias? Nuevamente, es pregunta.

Si el comunicado de Conaculta es erróneo y no se levantaron mil cuestionarios por entidad, entonces lo inaceptable es el enorme descuido en el manejo de la información institucional, en un tema que es tan importante y serio para el país; es decir, si ni un comunicado se puede redactar bien en la tendencia responsable de la cultura en México, definitivamente estamos en problemas.

Si por otra parte efectivamente el levantamiento de la encuesta está basado en una distribución de mil cuestionarios por entidad, alguien debería avisarle a Consuelo Sáizar que los 7 millones de pesos que se pagaron por la multicitada encuesta puede ser una suma muy mal gastada, pues metodológicamente resulta muy difícil aceptar que una muestra se diseñe sin tomar en cuenta un criterio elemental de distribución proporcional de los cuestionarios que se aplican.

Tal vez lo que ocurre es que en la dependencia encargada de la cultura en México su personal se ubica entre el 57% de los mexicanos que nunca han acudido a una librería, o bien, entre el 79% que nunca ha comprado un libro en su vida.

Empero, no hay que hacer mucho caso de lo anterior; a final de cuentas, mientras no nos aclaren si los 7 millones de pesos invertidos en la encuesta de donde provienen estos datos valieron la pena, cualquier especulación carece de todo sentido.