domingo, 28 de noviembre de 2010

Los costos de un gobierno mojigato. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano, Opinión
Domingo 28 de Nov., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=546782

Los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010 deben encender las luces de alarma para los gobiernos en todos sus niveles y órdenes. En primer lugar, deberían llevar a un inmediato replanteamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, y plantear las reasignaciones requeridas para garantizar el adecuado cumplimiento de los derechos sociales de toda la población.

La cuestión es tan grave que debería provocar, desde una posición de responsabilidad pública, la revisión integral de los principales programas sociales, así como la reconfiguración de la planeación del desarrollo nacional y del sistema de políticas públicas, que además de encontrarse atrapadas en una
indeseable inercia, han resultado a todas luces ineficaces en lo que a generación de bienestar y equidad se refiere.

El hecho de que el Censo nos dé información respecto a que en México somos ya 112.32 millones de habitantes, es la mayor muestra de la infinita irresponsabilidad en la que el Gobierno de Felipe Calderón ha incurrido en los últimos años al debilitar y fracturar las políticas de cumplimiento de los
derechos sexuales y reproductivos de la población.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2009), había alertado del inmenso grado de insuficiencia de los servicios de atención a la salud reproductiva, principalmente de mujeres entre los 15 y los 49 años, y de los adolescentes y jóvenes en general.

Aunado a ello, la complicidad de los gobiernos priistas haciendo el juego a los grupos conservadores de poder que han presionado a lo largo de país para impulsar una nueva oleada de políticas regresivas, en lo que a salud reproductiva se refiere, nos sitúa hoy en una circunstancia límite en la que tendrán que replantearse todas las metas y objetivos que se habían considerado en los últimos años.

Todos los promedios nacionales en las áreas clave del desarrollo que se habían considerado tendrán que someterse a revisión. Por ejemplo, si el porcentaje de analfabetismo en mayores de 15 años se consideraba en 7.6% en 2009, y este indicador implicaba una suma de 5.85 millones de personas, con los nuevos datos del Censo tendría que considerarse que el número absoluto de analfabetas es superior a los 6.5 millones de personas.

Asimismo, si se consideraba que el número de personas en rezago educativo era de 33.4 millones de personas, en el 2010 la cifra, manteniendo el porcentaje estimado del INEA, podría llegar a 35 millones o más.

Otro ejemplo: en 2009 se consideraba que el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que habían tenido al menos un hijo nacido vivo era de 12.7%; este porcentaje implicaba que en ese año había al menos 5.26 millones de madres adolescentes. Considerando las nuevas cifras, el nuevo número podría situarse en 5.8 o quizá seis millones de madres menores de 19 años.

Pensemos ahora en el número de pobres. Coneval estimó que en el 2008 habría un 44.2% de la población en condiciones de pobreza, lo que implicaba un total de 47.2 millones de personas, tomando como base el dato de poco más de 107 millones de habitantes; ahora, considerando el necesario ajuste de población que debería hacerse, manteniendo el mismo porcentaje, la cantidad de pobres sería cercana a los 50 millones.

Sin embargo, los expertos señalan que debido a los efectos de la crisis y al desempleo prolongado (la tasa de desempleo para octubre se estimó en 5.7% de la PEA, superior al del mes anterior), el porcentaje de pobres podría haber aumentado a 46 ó 47% de la población, con lo que en 2010 tendríamos al menos 52.7 millones de pobres y alrededor del 85% de la población vulnerable por carencia social, es decir 95.47 millones de habitantes vulnerables.

México no puede ni debe seguir atrapado en ideologías propias del Medioevo ni en una lógica de diseño de políticas públicas sustentada en visiones anquilosadas de la sexualidad y sobre todo, contrarias a una noción respetuosa de los derechos humanos.

El hecho de que las principales instituciones responsables de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población estén en manos de los más fieles herederos de Torquemada, representa un salto al vacío que pone en riesgo nuestras posibilidades y capacidades de desarrollo presente y futuro.

Alcanzar el bienestar para todos implica que nuestra política de población siga garantizando el derecho de toda persona a tener los hijos que considere pertinente, pero que al mismo tiempo pueda hacerlo con base en la responsabilidad.

La ENADID 2009 revela que sólo el 91.4% de las mujeres en edad reproductiva conocen algún método anticonceptivo; mientras que sólo el 49.9% era usuaria de alguno de ellos. Estos indicadores, a la luz de las nuevas cifras, nos hablan de la magnitud de los retos que tenemos que solventar, pero ya, si queremos tener mejores perspectivas de bienestar en el siglo XXI.

112 millones de habitantes representan un reto gigantesco —dato que por lo demás nos sitúa muy cerca de ser el 10º país más poblado del planeta. Si no actuamos con responsabilidad con respecto a lo que esto implica, el futuro cercano comenzará a cobrarnos facturas, que está en duda si podremos saldar.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Urge que ya nos pongamos de acuerdo. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano. Opinión
Domingo 21 de Nov., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=545363

La polarización social se percibe en todos los espacios y ámbitos de la vida política, social y cultural de nuestro país. El desánimo cunde y el pesimismo se convierte en la actitud dominante de los principales actores y tomadores de decisiones en todos los niveles y órdenes.

El vacío de poder, que cada vez más parece no sólo ensancharse sino prohijarse desde Los Pinos, nos ha llevado a una profunda ausencia de liderazgo y de capacidad de conducción de un proyecto nacional capaz de cohesionar y de articular una serie de procesos virtuosos de mejoría constante y progresiva.

En todo el mundo, la crisis ha dejado una estela de confusión y desolación que, mientras que para nosotros se ha convertido en parálisis, en otras latitudes ha sido tomada con seriedad, madurez y con una enorme capacidad de diálogo y debate para la construcción de soluciones de corto y largo plazo.

Uno de estos ejemplos se encuentra en la llamada “Propuesta Transforma España”, impulsada por la Fundación Everis, una organización de la sociedad civil en aquél país, que tuvo la capacidad de convocar a cien destacadas personalidades, no sólo para debatir, sino para construir un documento de
propuesta de solución a los problemas más graves que enfrenta aquella nación.

Uno de los elementos que más llama la atención en el documento de 120 páginas, es el subtítulo: “Una visión optimista pero contundente de la sociedad civil de España”.

SI bien es cierto que no se puede copiar al calce lo que se está haciendo en otras regiones para enfrentar la crisis, lo es también el hecho de que podemos aprender lecciones sobre el método para dialogar en civilidad y construir propuestas viables para crecer y generar una economía dinámica, competitiva y diseñada para el bienestar.

El documento de la Fundación Everis se estructura desde una lógica de simplicidad que constituye precisamente su enorme fortaleza: ofrece una introducción; desarrolla con precisión un diagnóstico; y ofrece finalmente una propuesta de solución.

Al respecto vale la pena señalar que el diagnóstico que debe construirse para México debe tener el arrojo —la contundencia como lo señala la Fundación Everis—, de abordar temas que hasta ahora son tabú en nuestro país. Por ejemplo, la urgencia de defender a las organizaciones sindicales, pero simultáneamente garantizar que éstas sean democráticas y transparentes en el manejo de los
recursos.

Otro tema que debe abordarse es la urgencia de abrir el monopolio que ejercen los partidos políticos en el juego democrático, y abrir mecanismos y procedimientos de consulta y participación ciudadana, a fin no sólo de establecer en la Constitución figuras como el plebiscito, el referéndum y la Iniciativa Popular, que ya funcionan en distintas entidades de la República.

Al contrario de lo anterior, la falta de diálogo y la capacidad de consenso nos ha frenado en múltiples espacios y proyectos; uno de los casos más recientes y visibles, fue el de Atenco, en donde por un lado los machetes, y por el otro la necedad y la estulticia gubernamental, dislocaron el proyecto del nuevo
aeropuerto que urgía tanto no sólo para el Distrito Federal sino para el país.

Otro caso es el de la llamada Refinería del Bicentenario, proyecto en el que se provocó una insana competencia entre gobiernos estatales, y que derivó en una falta de acuerdo y consenso que aún hoy mantiene estancado, por la incapacidad del gobierno, el inicio de la construcción de esta mega obra.

En el estado de Guanajuato, el próximo 5 de diciembre, se llevará a cabo un plebiscito para determinar si la población aprueba o desaprueba un acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad, por el que se autorizó el cambio de uso de suelo de un predio, y en el que se tiene proyectado un desarrollo de cerca de cuatro mil empleos.

Una vez más, en este último caso, ha sido la falta de capacidad para acercar a las partes involucradas, y con base en el diálogo inteligente, generar soluciones colectivas compartidas, a fin de garantizar por un lado, que la viabilidad ecológica no se comprometa, pero que por otro puedan generarse alternativas de desarrollo económico que generen los empleos que tanto nos urgen para elevar el bienestar de la población.

La lección que podemos retomar del ejercicio realizado por la Fundación Everis es el reconocimiento de que España no es un líder en la sociedad del conocimiento; que es un país globalmente poco atractivo; y que carece de la identidad requerida para impulsar un proyecto nacional de largo alcance.

Si esto se percibe en un país como España, que ocupa el lugar 19 en el Índice del Desarrollo Humano, hace falta que en nuestro país se deje de lado la arrogancia de la Presidencia de la República y se convoque a un Gobierno de Transición que permita consensuar un nuevo pacto-país, y que nos lleve al
reconocimiento de que no somos competitivos, que no tenemos una economía atractiva basada en el conocimiento, que nuestra identidad está fracturada y que el liderazgo de los políticos está agotado.

domingo, 14 de noviembre de 2010

La economía-ficción del Presidente. Periódico La Crónica de Hoy

Saúl Arellano. Opinión
Domingo 14 de Nov., 2010

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=544036

El de Felipe Calderón está condenado a ser un sexenio perdido en materia de empleo. A casi cuatro años del inicio de su mandato, la economía no ha logrado detonar un proceso de crecimiento con equidad y con la capacidad de generar empleos dignos.

El manejo tramposo de las cifras que ha hecho el Ejecutivo federal es tanto irresponsable como contrario a los principios que deben mover a un jefe de Estado: hablar con la verdad a la población y asumir, al costo que sea, las decisiones requeridas para garantizar el bienestar de los gobernados.

En ese sentido, declarar una y otra vez a los medios de comunicación que ya estamos en franca recuperación económica y laboral es tan falso, que resulta verdaderamente ofensivo, sobre todo ante la realidad de un país que vive la zozobra de la inseguridad pública, así como el oprobio del hambre y la
enfermedad.

Esta tendencia mentirosa del Ejecutivo comienza también a ser frustrante, porque cada mes que el INEGI informa sobre las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de inmediato Felipe Calderón nos receta la misma cantaleta: “vamos por el camino correcto”; “hemos creado cifras récord de empleo”; y una larga lista de verdades a medias que antes de generar confianza entre los ciudadanos, confunden y llevan a la pregunta de ¿por qué si hay tan “buenos” datos, la gente sigue empobreciéndose más y más?

Lo primero que el Presidente omite en sus discursos es que la población mayor de 14 años ha crecido de 75, 164, 132 de personas a 79, 855, 163, entre el mes de diciembre de 2006 -en el que tomó posesión de su mandato- y el mes de septiembre de este 2010, lo que significa nada menos que un incremento de 4.69 millones de personas.
Lo anterior implica también un crecimiento de 2.68 millones de personas en el segmento que integra a la Población Económicamente Activa (PEA), la cual se sitúa ya en 47.13 millones.
Durante su campaña en 2006, Felipe Calderón prometió ser el “presidente del empleo”. Hoy las cifras le dan la espalda: en ese año, había en México 1.6 millones de personas desocupadas, es decir, una tasa de 3.6% del total de la PEA. Ahora, casi después de cuatro años completos de su mandato, la tasa de desocupación registrada por INEGI es de 5.6% de la PEA, lo que significa en términos absolutos 2.65 millones de desocupados a lo largo y ancho del país.

¿Dónde está la tan “cacareada” recuperación? En términos estrictos, el sexenio de Calderón ha provocado el desempleo de un millón de personas adicionales a las que había cuando asumió el poder, mientras que la tasa de desocupación se encuentra dos puntos porcentuales por arriba.
Si el Presidente se empecina en decirnos mentiras sobre el empleo cada mes, es importante mostrarlas también cada mes. En ese sentido, es importante mostrar más cifras para que quienes hacen los discursos del Ejecutivo puedan tomarlas en cuenta y nos digan toda la verdad y no sólo aquello que pretende hacer parecer que todo va bien.

Por ejemplo, al momento en que Calderón tomó posesión, el 13.04% de la población ocupada percibía ingresos por debajo de un salario mínimo. A finales de septiembre, el porcentaje es de 12.98%. Así, no sólo no se crean más empleos, sino que los creados siguen siendo de pésima calidad.

En la misma tendencia, ha ocurrido que tanto el número absoluto como el porcentaje de personas que perciben más de 5 salarios mínimos se han reducido severamente. Mientras que en diciembre de 2006 había un 11.94% de la población ocupada en ese nivel salarial, en septiembre de 2010 el porcentaje es de 8.92%.
Asimismo, ahora que está de moda hablar de la crisis del IMSS, vale la pena destacar que mientras que en 2006 el porcentaje de personas ocupadas que tenían acceso a servicios de salud por el trabajo que desempeñan era de 36.7%, en septiembre de 2010 se redujo aún más a sólo el 35.41%.

La precarización del empleo ha llevado a que un mayor número de personas tenga que trabajar más de 48 horas a la semana a fin de completar los ingresos necesarios para satisfacer a medias las necesidades de sus familias. Así, mientras que en diciembre de 2006 había 7, 982, 716 de personas que trabajaban más de 48 horas a la semana, es decir, el 28.4% de la población ocupada, en septiembre de 2010 la cifra es de 8, 158, 064, o sea un 27.9% del total de ocupados.
Por si lo anterior fuera poco, el costo de la línea del bienestar mínimo en el ámbito urbano ha crecido, de diciembre de 2006 al mes de agosto de 2010, en un 17.4%; mientras que en el ámbito rural el crecimiento ha sido del 16.2%.

Las políticas del gobierno federal han provocado una verdadera catástrofe social en todo el país, por lo que el licenciado Calderón ya no puede simplemente seguir mintiendo y pretender que nada pasa.
Con todo lo anterior no es aceptable pues, que el Presidente siga tratando de engañarnos a través de su “economía-ficción”.

domingo, 7 de noviembre de 2010

La verdadera crisis del IMSS. Periódico La Crónica

Saúl Arellano. Opinión. Domingo 7 de Nov., 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=542656

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en 1943. La idea de construirlo tuvo como sustento las tesis del Estado de bienestar, pero sobre todo, la convicción de generar instrumentos del Estado capaces de moderar la opulencia.

En efecto, la exposición de motivos de la Ley del IMSS de 1943 establece que el instituto fue concebido como el principal instrumento del Estado mexicano para garantizar la redistribución del ingreso y generar las bases elementales del bienestar y la equidad nacional.

Como puede verse, los constructores del IMSS estaban pensando en una arquitectura institucional con las capacidades necesarias para lograr la justicia social en aras de dar sentido al mandato constitucional relativo a la obligación de cumplir con los derechos sociales.

Ahora que el director del Instituto, Daniel Karam, nos dice que el IMSS vive la peor crisis de su historia nos está diciendo la verdad; pero no porque en efecto hay un boquete financiero de dimensiones mayores, sino porque este boquete tiene una causa previa: el olvido histórico y la renuncia a un Estado social, argumentos que el flamante director no incluye en sus explicaciones.

En ese sentido, el IMSS vive una profunda (crisis) que ha sido generada porque las tesis de bienestar han caído en desuso y peor aún, porque se les embate desde la iniciativa privada y la tecnocracia dominantes, con la perversa intención de desmantelar lo poco que nos queda de las instituciones de un modelo de desarrollo que apostaba, al menos en la retórica, por la justicia y la equidad.

Para los tecnócratas como Santiago Levy y compañía, el IMSS es visto como una carga fiscal monstruosa para la sociedad. Para demostrarlo, construyen gráficas de todos colores, para mostrarnos que las pensiones que se pagan a los ex trabajadores de la institución, así como las prestaciones que se cubren a su sindicato constituyen una sangría impagable.

No puede negarse que el sindicato del IMSS sí tiene secciones y liderazgos que poco tienen de democráticos y que en no pocas ocasiones incurren en prácticas que llaman a la sospecha en torno a la posibilidad de actos de corrupción.

Pese a lo anterior, la verdadera crisis del IMSS tiene su origen en la fractura del modelo de desarrollo, pues no es aceptable bajo ninguna premisa, que el acceso a la seguridad social universal gratuita sea una amenaza fiscal ni un impedimento del crecimiento económico.

En la semana que concluye, se presentaron los resultados del Índice de Desarrollo Humano a nivel global; resulta ser que las naciones con mejores indicadores son aquellas en las que existen esquemas de cobertura gratuita y universal tanto de la seguridad social como de la educación, desde el preescolar
hasta la universidad.

También coincide que las naciones mejor ubicadas en el índice son las que tienen mejores esquemas de recaudación fiscal a la par de los mejores instrumentos de redistribución de la riqueza. Por citar un ejemplo, hay países europeos en donde existen disposiciones legales para evitar que al interior de las instituciones públicas, quien más ingresos percibe no puede ganar más allá de 10 veces el monto de quien menos gana.

Al contrario de ello, en México, el director general del IMSS percibe como sueldo alrededor de 220 mil pesos mensuales, mientras que una secretaria de base no percibe más allá de 7 mil pesos al mes, es decir, una escandalosa diferencia de 31.5 veces más ingresos entre quien dirige la institución y quien le toma las llamadas.

La crisis del IMSS no es financiera. Es parte de la crisis moral en la que ha caído el Estado, al permitir las inmensas brechas de desigualdad que existen a lo largo y ancho del país.

No es cierto que no haya recursos financieros para sanear a la institución. Se dice que su déficit equivale a casi 5.6% el PIB nacional. Pero no se dice que lo que manejan las AFORES equivale a eso y más, negocio que fue prácticamente regalado a los banqueros y a las aseguradoras; sectores que dieron origen por su codicia, corrupción y cinismo, al mayor terremoto económico conocido desde 1929.

La crisis del IMSS se encuentra sobre todo en el cambio de visión en el modelo de desarrollo del país. Si los ingresos del Instituto están determinados por la cantidad de trabajadores y patrones registrados, resulta ridículo pretender que haya solvencia financiera cuando más del 28% de la población ocupada se encuentra en la informalidad y cuando en números absolutos representa una masa de casi 13 millones de personas, cifra casi similar al número de afiliados al IMSS que no ha logrado llegar a 15 millones.

Mienten quienes afirman que la crisis del IMSS se debe a sus trabajadores. La crisis del instituto es la crisis de la inmoralidad de los políticos y los privados que han hecho del hambre y la enfermedad un negocio, y del aparato público un nido de corrupción y fuente de una aterradora desigualdad, que a
todos debería llenarnos de coraje e indignación, pero sobre todo, convocarnos a la movilización para exigir justicia y seguridad social para todos.