Saúl Arellano
Domingo 25 de Enero, 2009, Hora de modificación: 01:03
El pasado 5 de octubre publiqué en Crónica el artículo titulado “¿Y la Secretaría de la Reforma Agraria?”, en el que entre otras cosas denunciaba el uso político de esa Secretaría para beneficiar principalmente a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.Los datos que han salido a la luz pública en distintos medios confirman no sólo que lo que argumentaba en ese artículo era cierto, sino que además revelan una fuerte disputa en el interior de Acción Nacional, pues a decir de los que saben –y es un dato a confirmar–, la información que se ha filtrado a los medios proviene de la propia oficina de Mariana Gómez del Campo debido a que los panistas que se han beneficiado de los recursos públicos de la Secretaría de la Reforma Agraria no son precisamente los más leales a la Presidencia del PAN-DF.Frente al escándalo suscitado por el uso del dinero del erario para beneficiar a grupos vinculados al PAN, la Secretaría de la Reforma Agraria emitió un comunicado el pasado 15 de enero en el que avisa que se prohíbe la asignación de proyectos a “técnicos” asesores de proyectos, que tengan algún cargo partidista y que perciban un salario en ese cargo. La pregunta es por qué hasta ahora se toma esa medida y por qué la Secretaría no actuó en función de lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, la cual indica que todos los programas dirigidos al desarrollo social, incluidos obviamente los del campo, no pueden ser utilizados con fines ajenos a los del desarrollo social.El problema, sin embargo, es mucho mayor que lo que se ha logrado documentar con respecto al Distrito Federal. En los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro las delegaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria han actuado a lo largo de los últimos dos años en la misma lógica de lo que ha ocurrido en el Distrito Federal.En efecto, en los municipios de Irapuato, León, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Valles y otros más muchos de los beneficiarios de los programas, así como los técnicos que asesoran los proyectos, están vinculados a Acción Nacional, por lo que sería deseable que la investigación que se ha iniciado en el DF se ampliara a toda la estructura de la Secretaría de la Reforma Agraria para verificar que efectivamente se está cumpliendo con lo que establecen las leyes.A pesar de que esta dependencia modificó las Reglas de Operación de sus programas, el problema que enfrenta es un déficit estructural de organización, claridad de su información, eficacia de sus programas y transparencia en el manejo de los padrones de beneficiarios.Este diagnóstico lo hizo el propio gobierno federal a través del Coneval, el cual en 2008 llevó a cabo una evaluación de los programas federales que están sujetos a Reglas de Operación. Para el caso de la Reforma Agraria, en un documento fechado en julio de 2008, Coneval señala que “no se tienen diagnósticos actualizados que detecten los sesgos en el acceso y control de los recursos”. Si este era el diagnóstico desde hace siete meses, la pregunta es por qué tuvo que esperar la Secretaría a que literalmente le estallara un escándalo público precisamente por el “sesgo” que se está dando en el acceso del dinero que debería beneficiar a los más pobres y que lamentablemente en su gran mayoría se está quedando en manos de productores que ya cuentan con capacidades y recursos.Coneval señala además que en la Reforma Agraria, “Los programas no cuentan con indicadores a largo plazo que les permitan definir estrategias y programas de trabajo que les permitan alcanzar la consecución de sus metas”. Dicho en otros términos, en esa secretaría, como en muchas otras, no tienen idea de adónde van; esto porque a la fecha la dependencia no ha hecho público ningún proceso de evaluación, reingeniería, revisión profunda o transformaciones estructurales que permitan solventar estas observaciones del Coneval.Para colmo de males, la evaluación del citado organismo dice con respecto a los criterios de cobertura y focalización: “Los programas no tienen bien definida a su población objetivo y potencial”, y recomienda además que “los sistemas de administración de los programas deben ser actualizados”, proceso que de llevarse a cabo implicaría mucho más que los cambios que se le hicieron a las reglas de operación de los programas denominados como Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y FAPPA.Para muchas personas, el debate sobre la Secretaría de la Reforma Agraria es superfluo, pues consideran que es una de esas “secretarías chiquitas” que incluso deberían desaparecer. Sin embargo, debe señalarse que esta dependencia contará en 2009 con más de cinco mil 500 millones de pesos para apoyos de proyectos productivos, lo cual la convierte en un foco rojo, dada la evaluación del Coneval, en materia de posible corrupción, malos manejos o simplemente ineficacia gubernamental.Así, con respecto al Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos, Coneval sostiene en su informe que el Fondo no “presentaba aún mecanismos para documentar resultados finales”, lo cual, ante el escándalo en que está metida esa secretaría, más valdría que se presentara a la brevedad para poder eliminar toda sombra de sospecha sobre cómo se están manejando los recursos que son de todos.Las soluciones ante estos problemas no son muy complicadas; Coneval las sintetiza en dos: 1) “Reforzar las evaluaciones externas de impacto para poder saber si se mejoran los ingresos y el empleo de los grupos apoyados a partir del programa” y, 2) “es importante fortalecer la planeación estratégica del programa contando con planes de mediano y largo plazo”.Lo anterior, porque Coneval considera con respecto a este Fondo que: 1) no hay seguimiento puntual para la correcta aplicación de los recursos, no se contempla un seguimiento técnico especializado, no está considerado un proceso de capacitación y acompañamiento técnico en el desarrollo de habilidades empresariales durante el periodo de maduración de los proyectos. Y por si fuera poco, agrega el Coneval, el programa no cuenta con mecanismos para establecer metas e indicadores. Por otra parte, con respecto al Promusag, la evaluación del Coneval sostiene: “El programa orienta deficientemente los recursos hacia mujeres que viven en pobreza en el medio rural, no se tiene un diagnóstico que detecte sesgos en el acceso y el control de los recursos y no se contempla la capacitación en materia de género para planificadores y operadores del programa”. Lo más interesante es que Coneval señala que “el programa no ha dado seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones”.Es decir, desde hace más de medio año en la Secretaría de la Reforma Agraria ya sabían que no sabían lo que estaba pasando con sus principales programas. Si no cuentan con indicadores, con metas y objetivos claros de mediano y largo plazo, si no hay control para evitar sesgos en el uso de los recursos y si no hacen caso de las recomendaciones, la pregunta es qué están haciendo con los más de cinco mil millones de pesos que cada año pasan por ahí.Todo lo anterior evidencia que lo que estamos viendo en el Distrito Federal con respecto al uso de los recursos en esta dependencia bien podría ser sólo la punta del iceberg, por lo que el Congreso debería exigir una investigación de fondo para evitar que en medio del proceso electoral esta dependencia sea usada como uno de los “caballos de batalla” en la lucha por los votos. Al tiempo.
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