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Domingo 4 de Enero, 2009 Hora de creación: 00:39 Ultima modificación: 00:39
Uno de los mayores problemas financieros que enfrentó México en las décadas de los 70 y los 80 fue el de la deuda externa. Ésta llegó a niveles prácticamente inmanejables y después de la renegociación que se logró a inicios de los años 90, parecía que todo iría mejor. No fue así, la crisis provocada por el llamado “error de diciembre” nos situó una vez más en la necesidad de solicitar ayuda financiera internacional, y se logró un crédito otorgado por el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica por casi 50 mil millones de dólares.A partir de este crédito se diseñaron nuevos mecanismos de control del gasto público, y se desarrollaron nuevas estrategias para garantizar la capacidad de pago del gobierno mexicano, a fin de reducir el llamado “riesgo-país”, pero también para lograr intereses mucho más bajos y fortalecer nuestras capacidades para el crecimiento y la inversión.Entre 1995 y el año 2000 se lograron condiciones económicas inusuales. En el 2000 se creció a un ritmo cercano al 7% del PIB y los pagos de la deuda externa estaban adelantados a sus fechas de vencimiento, con lo que la posibilidad de una crisis económica debido al proceso electoral de ese año, logró convertirse en una enorme ventana de oportunidad para detonar el despegue económico y social de México.Sin embargo, la estulticia de Vicente Fox y su equipo de gobierno llevó a México a la parálisis y a un entorno cada vez más oscuro en todos los ámbitos: los índices de criminalidad se incrementaron rápidamente; la posibilidad de hacer política se estancó, con lo que las reformas se supeditaron a la nota del día siguiente y a las frivolidades de la “pareja presidencial”; y la economía inició un proceso de peligroso “calentamiento”, en el que el problema de la deuda comenzó a ser una vez más parte de la agenda de los círculos financieros.De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Hacienda, la deuda extranjera neta de nuestro país ascendía a noviembre de 2008, a 37 mil 084 millones de dólares, cifra manejable aún en medio de la crisis, a decir del Banco de México y de la propia SHCP.Sin embargo, el problema no se encuentra como en épocas pasadas predominantemente en los montos de la deuda externa, sino en los de la deuda interna la cual era, igualmente a noviembre de 2008, equivalente a poco más de 2.14 billones de pesos, cifra que representó en esa fecha más del 17% del Producto Interno Bruto del país, lo que sumado a la deuda externa, implica que México debía, a noviembre del 2008, más del 20% del PIB.Estos datos, aunque sean “manejables” como reza el catecismo económico oficial, comienzan a ser preocupantes, y lo son aún más los que se reportan para la deuda privada del país, la cual ha crecido de manera acelerada entre los años 2004 y 2008.De cuerdo con el análisis que Banco IXE presenta mes tras mes con el título de “Deuda privada: lo último”, sobre las expectativas de la deuda privada en México, ésta creció, en su modalidad de “largo plazo”, de 282 mil 949 millones de pesos en noviembre de 2004 a 516 mil 954 millones de pesos en octubre de 2008. Por su parte, los montos de la deuda privada de corto plazo también han crecido sustantivamente desde 2004, pasando de 46 mil 754 millones de pesos en noviembre de ese año a 66 mil 275 millones de pesos en octubre de 2008.En el contexto de la crisis actual, los problemas a enfrentar en torno a la deuda de nuestro país, sobre todo la privada, es no sólo los montos a los que está llegando, sino sobre todo a la volatilidad financiera, la incertidumbre sobre el “comportamiento” de las tasas de interés, así como sobre el desempeño y la confiabilidad de los mercados de inversión.Debe señalarse que en este mercado de deuda privada están consideradas las deudas que han contraído las entidades y los municipios del país, lo cual se puede convertir en una bomba de tiempo pues el manejo financiero y presupuestal en estos niveles de gobierno (salvo honrosas excepciones), no es precisamente ni el más avanzado ni el más confiable debido a los inmensos niveles de corrupción e ineficacia gubernamental que persisten a lo largo y ancho de México.Hace sólo unas semanas, el Banco Mundial anunció que otorgaría un nuevo crédito a México por arriba de los 2 mil millones de dólares, a fin de mejorar los sistemas de gestión gubernamental. Este crédito puede parecer positivo, aunque la pregunta que surge es si valía la pena acceder a él, cuando los niveles de incumplimiento de metas del sector gubernamental, sobre todo en los sectores que atienden a los más pobres, es decir, al sector rural del país, son de los más ineficientes.Para mostrarlo basta citar la información de avances de metas por programa que presenta de manera trimestral la SHCP, y cuyo reporte más reciente disponible en su sitio de internet corresponde a noviembre de 2007. En éste se observa, por ejemplo, que Sagarpa tenía un avance porcentual de cumplimiento de sus metas, del 52% en el índice de atención a los comités de sistema-producto; del 8.3% en el índice de cobertura de programas que fomentan la competitividad de las cadenas agroalimentarias; de 56% en el índice de cobertura en servicios financieros accesibles para crear nuevas actividades productivas; de 59% en el otorgamiento de créditos PAPPIR; y un largo etcétera de un limitado avance de metas en 2007.En general, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentaba un subejercicio de más de dos mil millones de pesos, lo cual es sumamente grave si se considera que los recursos para el campo no sólo son urgentes sino que si son entregados con retraso, afectan directamente las capacidades y las oportunidades productivas de las y los campesinos.Lo mismo ocurre en la Secretaría de la Reforma Agraria, en donde de acuerdo con la información de la SHCP, hay programas que a octubre de 2007 habían reportado un cumplimiento de metas del 8, 16 o 33% y cuyo subejercicio reportado por Hacienda, en la fecha citada ascendía a poco más de 700 millones de pesos.Estos datos, sumados al bajo crecimiento económico, a la creciente inflación en los productos del sector alimentario, al ya comprobado crecimiento de la pobreza en todas sus dimensiones, a la creciente desigualdad y a la inseguridad y la incertidumbre que se vive en todo el país, debe llevar a una profunda revisión del proyecto inicial de gobierno de la actual administración, y replantear, ya el Plan Nacional de Desarrollo para adecuarlo a la nueva realidad que vivimos.
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