Saúl Arellano
Miércoles, 15 de Abril de 2009
El día de ayer, martes 14 de abril, 6 de las personas que sufrieron abusos y explotación en el Viñedo Las Mercedes, localizado en el estado de Sonora, acudieron -con el apoyo de la diputada Yulma Rocha- a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar testimonio de las condiciones de maltrato y violación de sus derechos humanos y laborales a que fueron sometidos.
Debe destacarse que la CNDH ya había iniciado sobre este tema una investigación con base en la información publicada por el periódico Correo , y por el seguimiento que del caso hizo el periódico Excélsior a nivel nacional; frente a lo cual el valiente testimonio que dieron estas seis personas permitirá fortalecer las rutas y capaci-dades de investigación.
A diferencia de la indolencia y desinterés del Gobierno de Guanajuato por intervenir para proteger los derechos humanos de los afectados, la CNDH dispuso que estas personas fueran atendidas directamente por el Mtro. Sadot Sánchez Carreño, quien es el director del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH, y cuya intervención, por su trayectoria profesional y capacidades, seguramente va a generar una inquietud real en el Gobierno del Estado.Se destaca todo esto, porque si algo ha dejado claro el caso de los jornaleros explotados en Sonora es que el Gobierno de Guanajuato tiene como política pública la no protección de los derechos humanos; asunto de una gravedad mayor pues la defensa de la dignidad y libertad de las personas es uno de los mayores mandatos que la Constitución le asigna a todo gobierno.
No es la primera vez que nuestro estado es escenario de un escándalo nacional por la flagrante violación de los derechos de las personas. Ya hubo un caso de trata de personas en Valle de Santiago, que provocó una recomendación de la propia CNDH por el crimen que se cometió en contra de mujeres de nacionalidad china, quienes eran explotadas inmisericordemente en una maquiladora, a los ojos e incompetencia en la supervisión y capacidad de intervención de las autoridades locales.
La lista de actitudes violatorias de los derechos humanos es larga: las clases de tortura del "Presidente Wilson"; el caso de la muerte a golpes de un campesino a manos de policías ministeriales; ahora el caso de estos jornaleros explotados en Sonora y muchos otros más que han sido documentados oportunamente por la prensa tanto local como nacional.
Al respecto hay que hacerle un reto al gobernador: que se someta él mismo, y desde luego a sus funcionarios a un examen tanto psicológico como de conocimientos teóricos para conocer si realmente la agenda de los derechos humanos forma parte de sus prioridades; y que en los casos en que tales exámenes no se aprueben, el resultado sea muy simple: que se deje el cargo.
Esta es la gran agenda pendiente en Guanajuato, y es un saldo que hay que cubrir muy pronto, porque de ello depende nuestra posibilidad de construir un estado para la prosperidad y el desarrollo.
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