INEGI y los riesgos de la imparcialidad

Saúl Arellano

Opinión Domingo 21 de Febrero, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=489485

¿Qué pasaría si un censo, un conteo o una encuesta nacional son construidos con estándares no óptimos? ¿Quién nos garantiza que los instrumentos de generación de estadísticas y de datos geográficos están diseñados desde posiciones neutrales y rigurosamente científicas?

Haber dotado de autonomía al INEGI es una medida de singular relevancia para el país, lo cual fue incorporado en años recientes en el apartado B del artículo 26 de nuestra Constitución Política. En él se establece la obligatoriedad de contar con un sistema nacional de información estadística y geográfica, y cuyos contenidos son considerados como oficiales y de uso obligatorio para la Federación, los estados y los municipios.

Al respecto, sin embargo, hay dos temas que vale la pena considerar, incorporados en el artículo primero transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008.

El primer tema es relativo a que lo contenido en el párrafo segundo del artículo 23 de la citada ley, entrará en vigor el día 1º de agosto de 2010. Lo que dice íntegramente este artículo es lo siguiente: “El Subsistema Nacional de Información Económica, contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un Directorio Nacional de Unidades Económicas.

El Directorio a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como las clasificaciones económicas que forman parte del mismo, son de uso obligatorio para la organización de los registros administrativos de los que se pueda obtener información de interés nacional”.

De acuerdo con fuentes confiables, esta disposición se encuentra en riesgo de no ser cumplida pues hasta la fecha el INEGI está rezagado de manera importante en su elaboración. Hay miembros de sectores económicos como la industria automotriz, la manufacturera y la de la vivienda, todos sectores clave para el crecimiento económico en el país, que ya se encuentran preocupados por la falta de información oportuna en cada uno de sus campos y por el posible retraso en la elaboración del mencionado Directorio.

El segundo tema a destacar es la disposición de la ley respecto a que la fracción III de su artículo 59, entrará en vigor el 11 de julio de 2011, la cual establece lo siguiente:

Artículo 59: “El Instituto (INEGI) tendrá las siguientes facultades exclusivas:
III. Elaborar los Índices Nacionales de Precios siguientes:

Índice Nacional de Precios al Consumidor, e
Índice Nacional de Precios Productor (sic)”

Este es un asunto mayor. Hasta ahora, estas dos mediciones las ha realizado el Banco de México con bastante eficacia y oportunidad. ¿Estará de verdad listo el INEGI para llevar a cabo estas tareas?

Ciro Murayama ha escrito recientemente sobre cuestiones fundamentales en este tema, en particular, en lo relativo a la estructura y contenidos del Censo 2010, haciendo énfasis en la necesidad de construir información que sea realmente útil para el diseño de políticas públicas y toma de decisiones racionales en la administración pública.

A ello, yo le sumaría que hace falta revisar de inmediato la estructura y funcionamiento del INEGI, pues en la autonomía que le fue otorgada en la Constitución, no se previó la necesidad de generar un cuerpo colegiado de expertos, a la usanza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que nos den certidumbre en torno a la calidad de las metodologías que se utilizan en la construcción de los datos.

Si bien es cierto que el INEGI cuenta con un Consejo Consultivo Nacional, nada nos garantiza que éste se integrará con expertos en estadística y geografía; es decir, el hecho de que se incluya a diputados, senadores y funcionarios públicos, no implica que a quienes les corresponda participar en tal Consejo serán personalidades de reconocida trayectoria en materia de diseño y construcción de información de calidad.

Si al Coneval —que no es autónomo— se le dotó de un Consejo de expertos, y su tarea está restringida a la medición multidimensional de la pobreza, la pregunta que queda en el aire es por qué no se le dotó de una plataforma similar al INEGI, más aún considerando en general la magnitud de la información que debe generar, y en particular, en temas tan sensibles como la estimación de precios tanto al consumidor como al productor, los cuales serán insumos para mediciones clave como las relativas a la pobreza y a los efectos de la inflación en el ingreso de las personas.

Este es un hueco muy riesgoso en la ley, que de no llenarse, puede llevar a la tentación de manipular los datos, sobre todo cuando se trate de mostrar el éxito o fracaso de los gobiernos en el combate a la pobreza.

El uso político de la información oficial es una característica de regímenes autoritarios, por lo que sin duda alguna, un paso más en la consolidación de nuestra democracia depende de la garantía de que la información con base en la cual los gobiernos de todos los órdenes tomarán decisiones, estará construida con criterios de cientificidad e imparcialidad para diseñar políticas e intervenciones inteligentes que beneficien al país.

sarellano@ceidas.org