El PRD o de cómo una elección bien vale una misa. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Opinión Domingo 28 de Febrero, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=491110

Es mala noticia la incongruencia político-ideológica mostrada por el PRD en los últimos meses. Bastó con que la Iglesia católica los señalara como sus enemigos, para que en menos de un mes ese partido haya enviado a una de sus figuras más emblemáticas a congraciarse con la jerarquía eclesial.

El senador Pablo Gómez presentó el pasado jueves una iniciativa de reforma constitucional para permitir que todo ministro de culto participe y opine abiertamente en actividades políticas.

Los argumentos del senador Gómez son a todas luces equívocos. Sostiene que la prohibición constitucional respecto a que los ministros de culto no puedan participar en política es además de arcaica, injusta; pues a nadie, por el sólo hecho de practicar una profesión, pueden limitársele sus derechos.

Tiene razón el senador Gómez cuando señala que la libertad de expresión, así como los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Sin embargo, de ello no se sigue que sea injusto prohibir a los sacerdotes o ministros de cualquier religión, participar en política.

La iniciativa del senador Gómez pretende modificar el inciso “e” del artículo 130 constitucional, el cual dice a la letra: “e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

El legislador argumenta que este inciso viola los derechos de los curas y otros ministros, porque hay operadores de programas sociales, líderes sindicales y otro tipo de personajes, que tienen mayor capacidad de coaccionar el voto, y que no por ello se ha pretendido limitar sus derechos políticos.

Empero, la entelequia que constituye la propuesta de reforma al 130 obvia un hecho: el Cofipe establece sanciones para que aquellas personas que aprovechándose de su cargo en el servicio público, o bien utilizando programas o recursos públicos, hagan proselitismo electoral a favor de cualquier partido o candidato. Hay disposiciones similares en la Ley General de Desarrollo Social.

Si un funcionario viola la ley, debe ser acusado por delitos electorales y hacerse acreedor de una sanción. Si un presidente municipal, un director general, un diputado o senador, argumentara que se le están conculcando sus derechos humanos o políticos por tener prohibido hacer proselitismo desde su investidura, estaría simplemente en un error.

Dice en el texto de su iniciativa el senador Gómez: “Una República democrática no puede establecer limitaciones de derechos por motivos profesionales y el sacerdocio es una profesión. En realidad, el Estado laico concede algo de lo que le es inherente cuando crea estados de excepción y concede aún más cuando establece leyes discriminatorias inaplicables en lo cotidiano”.

Una vez más se equivoca el Senador. El sacerdocio no es una profesión. Si así lo fuera, exigiría el pago de impuestos, y que yo sepa ningún ministro de culto hace declaraciones a Hacienda por las misas que oficia o los servicios religiosos que presta. Esto está relacionado además con el hecho de que tener derechos plenos de ciudadanía implica tener también responsabilidades plenas de ciudadanía.

Si las iglesias demandan derechos políticos, deberían entonces declarar anualmente sus ingresos por colectas, limosnas y los demás recursos financieros que manejan, y en consecuencia, pagar el 30% de ISR, IETU y las demás responsabilidades fiscales que tenemos todos los ciudadanos.

Dice además el senador Gómez: “Está claro que el alto clero no admite que las leyes del Estado puedan desobedecer los mandatos clericales, pero no es con la supresión de derechos de los sacerdotes como tal asunto podría resolverse sino con el ejercicio más completo de la democracia, con decisiones mayoritarias luego de debates abiertos sin exclusiones”.

Una vez más se equivoca. El inciso “e” del artículo 130 no suprime derecho alguno. Si se lee con cuidado, lo que hace es establecer reglas precisas para proteger la democracia. Al senador Gómez se le olvida que la democracia es el discurso de todos los discursos posibles, excepto aquel que atenta contra la propia democracia; y a todas luces, el discurso que sostiene que “las leyes de Dios” están por encima de las de los hombres es simplemente un discurso que niega la posibilidad de un régimen democrático de libertades.

Así como a los funcionarios públicos no se les niega su derecho a opinar y a hacer proselitismo fuera de sus funciones, a los ministros de culto tampoco.

Lo que queda claro es que el PRD está buscando congraciarse con la Iglesia católica; quitarse el mote de “enemigos de la Iglesia”; y tratar de “rescatar” el mayor número de adeptos católicos rumbo a la elección del 2012, al presentarse ya no sólo como respetuosos, sino ahora también como los “correveydile” del clero.

No es comprensible que alguien como Pablo Gómez haya escenificado una de las escenas más lamentables de Metamorfosis ideológica, pasando de ser un distinguido miembro del Partido Comunista, a un vocero de los intereses eclesiales.