El derecho a la información, Televisa y la democracia

Por: Saúl Arellano Opinión
Domingo 22 de Junio de 2008 Hora de publicación: 07:52

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La democracia no puede entenderse sino en referencia a un sistema de libertades garantizado por un texto constitucional y un sistema de leyes coherentemente organizadas que le den sentido y operatividad a los principios que se encuentran en la Constitución; por otro lado, en referencia también a un sistema de instituciones que permiten el cumplimiento a los mandatos constitucionales y le den vigencia al sistema jurídico establecido.Nuestra Constitución es, de acuerdo con los especialistas en derecho, una poderosa construcción que incluye derechos individuales, derechos colectivos reconocidos (por ejemplo a los pueblos y comunidades indígenas o en temas específicos como la propiedad ejidal o comunal) y derechos políticos que están reservados exclusivamente a los ciudadanos.Los derechos o las garantías individuales constituyen el pilar más importante de la Constitución, pues en su vigencia y garantía se sostiene la legitimidad del Estado y sobre todo, el sentido y la orientación de nuestro país en tanto Nación soberana.En esa lógica, es preciso señalar que nuestra Constitución establece que las garantías individuales son irrenunciables e intransferibles y que para gozarlas no hace falta sino ser parte de la nación mexicana o en algunos casos, como la prohibición de la esclavitud, simplemente pisar el suelo nacional para obtener automáticamente el estatus jurídico de persona libre.Lo anterior quiere decir que nuestras garantías individuales son bienes que el Estado reconoce como indisponibles; esto es, ni siquiera su portador puede renunciar a ellas de tal forma que la vida, la libertad, la igualdad, el libre pensamiento, la libertad de creencias y la libre expresión de las ideas no pueden en ningún momento ser socavadas, prohibidas o limitadas, pues hacerlo constituiría un atentado en contra de todo el sistema de organización política e institucional nacional.Esta larga introducción a este artículo es necesaria para contextualizar el reciente debate que se ha suscitado a raíz de decisiones de Instituto Federal Electoral, en el marco de sus nuevas atribuciones como regulador de la propaganda política y de la posibilidad de utilizar los recursos públicos para publicitar las plataformas y los programas de los partidos políticos.En síntesis, el argumento que han sostenido los partidos políticos es que el Instituto Federal Electoral se ha extralimitado en sus funciones al multarlos por la emisión de publicidad que atenta en contra de las instituciones o que resultan infamantes o al menos, difamatorias de los militantes, dirigentes o la imagen de otros partidos políticos.El otro caso que se ha denunciado como grave, es la propuesta del PRD de multar a la empresa Televisa, por la emisión “deliberada” —dice la propuesta de dictamen— de un spot elaborado por Acción Nacional, en el que se supone se ofende al PRD, sus militantes y sus dirigentes.En el primer caso, lo que estaría a debate es hasta dónde el IFE puede regular o no la publicidad de los partidos políticos. En efecto, la democracia constituye el discurso de todos los discursos políticos posibles, excepto aquel que atentaría en contra del propio orden democrático y sus valores. En esa lógica, es obvio que si surgiera un partido nazi o fascista, el IFE debería estar en la posibilidad de limitar sus discursos así como modelos de propaganda política excluyente, xenófoba o racista, por citar sólo algunas posibilidades. En ese sentido, a mi juicio, establecer límites a la propaganda política es necesaria para establecer garantías mínimas de pluralidad, diversidad y respeto a todos los que participan políticamente en cualquier Estado democrático.En el segundo caso, que sería cómico de no ser tan patético, el IFE y los partidos políticos parecen no haber comprendido aún ellos mismos la esencia de la democracia y la importancia de sistemas políticos competitivos, abiertos y equitativos.Sin duda, la pretensión del PRD de multar a Televisa y “al conductor del Noticiero” por la transmisión de un spot propagandístico, que de manera autónoma la empresa decidió que era un evento noticioso, resulta excesiva y debe llevarnos a una reflexión sobre la importancia social de la libertad de expresión y su correlato, el derecho a la información.El pasado miércoles, en el programa Tercer Grado, Joaquín López Dóriga argumentaba que la propuesta de dictamen del PRD constituía un atentado en contra de la libertad de expresión. Creo firmemente que aún cuando tiene razón, el enfoque desde el que planteaba la crítica al PRD resultaba limitado. En efecto, el señor López Dóriga, que es un extraordinario periodista, ponía énfasis en el hecho de que nadie podía decirle a una televisora qué puede o no decir. Que a final de cuentas, los medios pueden y deben presentar los eventos que consideren como noticiosos. Frente a ello no pude estarse sino de acuerdo, excepto en los casos en los que, al igual que con los partidos políticos, se tratase de mensajes xenófobos, excluyentes, racistas o promotores de regímenes fascistas. Alguien podría argumentar: si las garantías individuales son irrenunciables, intransferibles e indisponibles, cómo entonces limitar la libertad de un medio de comunicación. La respuesta es muy simple: porque un medio de comunicación es una persona moral, que persigue intereses políticos o económicos y que se rige por criterios distintos a las consideraciones que deben hacerse en democracia para las personas. Así, los medios de comunicación, en tanto entidades de interés público, están obligados a cumplir con una función social que claramente está establecida en la ley, y cuando se salen de ella, deberían, en un orden institucional justo, recibir sanciones o vivir en marcos precisos de legalidad y legitimidad.El enfoque entonces que no abordó el maestro López Dóriga ni ninguno otro de los periodistas que participaron en el citado programa, es el del artículo 7º de la Constitución, que nos garantiza a todos el derecho a la información. Este derecho ha sido reglamentado, por una de sus aristas, a través de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y queda aún pendiente la parte más amplia que cabe interpretar de este artículo y que es el derecho que tenemos todas y todos los mexicanos a recibir información de calidad, oportuna o simplemente para el sano esparcimiento, de parte de las instituciones públicas, las que incluyen, como ya se dijo, a los medios de comunicación.El dictamen del PRD pretende multar a una empresa y a un empleado de esa empresa, no a un individuo que expresó libremente una opinión; diferencia sutil, pero importante. Y aún cuando de suyo tal postura del PRD resulta a todas luces excesiva, lo más importante es que el PRD intente coartar el derecho que tenemos todos de enterarnos, de acuerdo con nuestras preferencias y criterios, de lo que ocurre en nuestra sociedad.Si en lo personal considerase que Televisa es el mejor medio de comunicación para enterarme de lo que ocurre en México y el mundo (lo cual aclaro, no creo), nadie, ni el IFE ni el PRD ni ninguna otra institución, podría intentar coartar mi derecho a decidir si la información que esta empresa produce es veraz, objetiva y apegada a la realidad. Pretender lo contrario es asumir que los ciudadanos requerimos de la tutela del Estado, a través de sus instituciones, para decidir qué es deseable e indeseable de ver en las pantallas, escuchar a través del cuadrante de la radio o leer en las planas de los periódicos.Esta parte es la que a mi me parece patética, ofensiva y desde luego, violatoria de la Constitución Política y sus leyes. En una democracia, nadie puede pretender decirnos qué debemos ver, escuchar o leer. Hacerlo es un atentado contra la esencia de la libertad y tratar a los ciudadanos, y a la población en general, como deficientes mentales incapaces de ejercer su libre albedrío y capacidad de decisión. Coartar este derecho es un acto propio de gobiernos autoritarios y es ello a lo que nunca más debemos volver ni permitir dirigirnos.