http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=369897
México es, de acuerdo con el Secretario General de la ONU, un país que maltrata a sus niños, y es inaceptable. México es un país en el que hay altos porcentajes de violencia contra las mujeres, y es inaceptable. México es un país que discrimina y niega el pleno cumplimiento de sus derechos a los adolescentes, y es igualmente inaceptable. Pero lo que es inaudito, es escuchar a un procurador de Justicia sostener que un mando policial asesinó (así lo dijo) con dolo, a 12 personas, entre ellas, ocho menores de edad.Este lamentable e indignante caso de la discoteca News Divine nos debe dejar lecciones que lleven, no sólo al castigo de los responsables, y en la medida de lo posible a la reparación del daño y la prestación de servicios de asistencia y apoyo a las familias de las víctimas, sino a la revisión completa de las políticas con que contamos en México para la protección de los derechos de los niños.La primera lección que deberíamos obtener al respecto, es que ninguna de las autoridades, que han opinado sobre la materia, haya planteado una posición de acuerdo con una noción que tuviera como base una plena comprensión y compromiso con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En la inmensa mayoría de los casos, se habla desde visiones policiacas, que limitan y que ocultan un conjunto de violaciones graves a los principios elementales establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley que tenemos en nuestro país para protegerlos.En primer término, se violó la Constitución en su artículo 18, en el que se establece que ningún menor de edad puede ser tratado por las autoridades judiciales como si se tratase de un adulto; en segundo lugar, se establece que ningún menor de 18 años puede ser procesado por faltas administrativas por ninguna autoridad judicial; y en tercero; se violó el principio que establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a estar asistidos, en todo momento, durante una detención de autoridades judiciales o policiacas. Nada de esto se cumplió en este operativo.En segundo término, la Convención de los Derechos del Niño establece que todas las niñas y niños tienen el derecho a vivir alejados de toda forma de maltrato, abuso y violencia. Principio por demás quebrantado, que no fue ni siquiera considerado, en el momento en que se diseñó el operativo a realizarse en la discoteca News Divine.La segunda lección que deberíamos aprender es, en congruencia con lo dicho, que ni la policía del Distrito Federal y, me atrevo a decir, que ningún cuerpo policial del país, está suficientemente capacitado y entrenado para comprender los alcances y la complejidad de la agenda de la niñez y en consecuencia, actuar siempre protegiéndolos y poniéndolos siempre primero, como manda la Convención. Al contrario, pudimos ver en los videos presentados en la página electrónica del periódico El Universal, cómo los policías auxiliaron primero a sus compañeros, y después muy tarde, a las y los jóvenes que resultaron heridos y lastimados en la multicitada discoteca.La tercera lección que debemos extraer de este caso es que mientras que no se sitúe la agenda de los derechos de los niños en el centro de todas las políticas públicas, continuaremos viendo cómo las y los jóvenes seguirán optando por este tipo de diversiones, ante la ausencia de una oferta pública y privada que genere alternativas dignas y dirigidas a las inquietudes y necesidades de las y los adolescentes.Mientras la educación secundaria siga teniendo una tasa de asistencia de menos del 100% en secundaria; mientras que la cobertura en bachillerato siga sin pasar del 60%; y mientras que sólo 30 de cada 100 jóvenes tienen alguna oportunidad de aspirar a la educación superior, México continuará con condiciones de extrema vulnerabilidad, para sus niñas, niños y jóvenes.Finalmente, la cuarta lección que debemos aprender es que aún nos falta mucho por conocer, estudiar y construir en materia de derechos de los niños. Y sobre todo, reconocer que México carece de una política para la infancia y la adolescencia que genere acciones integrales y que abran la posibilidad de la plena inclusión de todas las niñas y niños en el bienestar y el desarrollo.Por ello resulta sumamente alentadora la iniciativa que presentaron esta semana la Oficina de Representación de UNICEF en México, cuya representante es la doctora Susana Sottoli, en coordinación con el Consejo Consultivo de este organismo, que es presidido por el maestro Mario Luis Fuentes.La Iniciativa consiste en convocar a la entrega del Primer Premio UNICEF-México 2008, en dos vertientes: uno, para reconocer a las mejores investigaciones en materia de derechos de los niños; y la otra, para reconocer las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.El premio otorgará 100 mil pesos al primer lugar; 75 mil pesos al segundo lugar y 50 mil pesos al tercero en ambas categorías. Al respecto habría que destacar que más allá de la relevancia de los montos, se trata de la primera iniciativa de este tipo para estimular la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías y modelos de atención en la protección de los derechos de los niños, así como reconocer a quienes desde la iniciativa individual y desde las organizaciones sociales, han construido nuevas propuestas para proteger los derechos de las niñas y niños.No hay duda de que esta Iniciativa debe situarnos en la ingente necesidad de transformar nuestros patrones, nuestros valores y nuestras prioridades. No hay nada más importante que podamos hacer en nuestra sociedad sino lograr construir ambientes apropiados para los niños, las niñas y los adolescentes.Preguntas tan básicas como cuánto podría costarle a los gobiernos estatales mantener todos los espacios deportivos abiertos hasta las 11 ó 12 de la noche, iluminados, adecuadamente equipados y con seguridad suficiente, para que los jóvenes tengan espacios, al menos en el nivel de la infraestructura que ya existe, frente al costo de las 12 vidas que tuvo la desastrosa intervención de la policía del DF en este doloroso caso. ¿Cuánto podría costar equipar centros culturales, espacios recreativos, bibliotecas y otros espacios para la convivencia, el esparcimiento y la formación de nuestros niños y jóvenes, frente al costo de tener que enfrentar a la delincuencia, el pandillerismo, la prevención y rehabilitación de las adicciones, entre otros fenómenos de suma gravedad?El problema es que los gobiernos tienen puestas sus prioridades en otra parte. Porque para construir puentes viales sí hay presupuesto; para pagar consultas ciudadanas pueden destinarse recursos extraordinarios; para pagar plantones pueden realizarse jornadas de financiamiento y recolección de recursos; y no se diga para pagar campañas políticas, que para ello sobra el dinero.El problema, debe insistirse, está en las prioridades. Está en los valores y en las convicciones que se tienen. Por ello, el Gobierno Federal carece de autoridad moral para decirnos que no debe criminalizarse a los jóvenes, cuando no se ha actualizado siquiera el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia, y cuando el Plan Nacional de Desarrollo no fue capaz siquiera de citar correctamente a la Convención de los Derechos del Niño, en el apartado correspondiente. Por ello el Gobierno del Distrito Federal no puede llamarse “legítimamente” de izquierda, cuando sus políticas policiacas responden a tácticas y prácticas más bien propias de regímenes fascistas y totalitarios.En medio de todo este ruido político, lo que menos ha importado son los derechos de los niños, y por ello resulta patético el oportunismo político del dirigente nacional del PAN, quien arremete en contra de Marcelo Ebrard, pero cuyo partido no ha sido capaz en el Congreso de destinar los recursos para lograr que el 1.3 millones de niñas y niños que están fuera de la escuela puedan ver cumplido ese derecho, o que los 3.3 millones de niños trabajadores que hay en nuestro país dejen de ser explotados.Por todo esto es de aplaudirse doblemente la tarea de UNICEF y de su Consejo Consultivo; porque nos traen de vuelta a la discusión de fondo; y nos plantean, a través de una iniciativa realmente innovadora en este campo, la necesidad de que todas y todos nos fijemos como prioridad social número uno, la construcción de un México apropiado para los niños.sarellano@ceidas.org
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México es, de acuerdo con el Secretario General de la ONU, un país que maltrata a sus niños, y es inaceptable. México es un país en el que hay altos porcentajes de violencia contra las mujeres, y es inaceptable. México es un país que discrimina y niega el pleno cumplimiento de sus derechos a los adolescentes, y es igualmente inaceptable. Pero lo que es inaudito, es escuchar a un procurador de Justicia sostener que un mando policial asesinó (así lo dijo) con dolo, a 12 personas, entre ellas, ocho menores de edad.Este lamentable e indignante caso de la discoteca News Divine nos debe dejar lecciones que lleven, no sólo al castigo de los responsables, y en la medida de lo posible a la reparación del daño y la prestación de servicios de asistencia y apoyo a las familias de las víctimas, sino a la revisión completa de las políticas con que contamos en México para la protección de los derechos de los niños.La primera lección que deberíamos obtener al respecto, es que ninguna de las autoridades, que han opinado sobre la materia, haya planteado una posición de acuerdo con una noción que tuviera como base una plena comprensión y compromiso con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En la inmensa mayoría de los casos, se habla desde visiones policiacas, que limitan y que ocultan un conjunto de violaciones graves a los principios elementales establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley que tenemos en nuestro país para protegerlos.En primer término, se violó la Constitución en su artículo 18, en el que se establece que ningún menor de edad puede ser tratado por las autoridades judiciales como si se tratase de un adulto; en segundo lugar, se establece que ningún menor de 18 años puede ser procesado por faltas administrativas por ninguna autoridad judicial; y en tercero; se violó el principio que establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a estar asistidos, en todo momento, durante una detención de autoridades judiciales o policiacas. Nada de esto se cumplió en este operativo.En segundo término, la Convención de los Derechos del Niño establece que todas las niñas y niños tienen el derecho a vivir alejados de toda forma de maltrato, abuso y violencia. Principio por demás quebrantado, que no fue ni siquiera considerado, en el momento en que se diseñó el operativo a realizarse en la discoteca News Divine.La segunda lección que deberíamos aprender es, en congruencia con lo dicho, que ni la policía del Distrito Federal y, me atrevo a decir, que ningún cuerpo policial del país, está suficientemente capacitado y entrenado para comprender los alcances y la complejidad de la agenda de la niñez y en consecuencia, actuar siempre protegiéndolos y poniéndolos siempre primero, como manda la Convención. Al contrario, pudimos ver en los videos presentados en la página electrónica del periódico El Universal, cómo los policías auxiliaron primero a sus compañeros, y después muy tarde, a las y los jóvenes que resultaron heridos y lastimados en la multicitada discoteca.La tercera lección que debemos extraer de este caso es que mientras que no se sitúe la agenda de los derechos de los niños en el centro de todas las políticas públicas, continuaremos viendo cómo las y los jóvenes seguirán optando por este tipo de diversiones, ante la ausencia de una oferta pública y privada que genere alternativas dignas y dirigidas a las inquietudes y necesidades de las y los adolescentes.Mientras la educación secundaria siga teniendo una tasa de asistencia de menos del 100% en secundaria; mientras que la cobertura en bachillerato siga sin pasar del 60%; y mientras que sólo 30 de cada 100 jóvenes tienen alguna oportunidad de aspirar a la educación superior, México continuará con condiciones de extrema vulnerabilidad, para sus niñas, niños y jóvenes.Finalmente, la cuarta lección que debemos aprender es que aún nos falta mucho por conocer, estudiar y construir en materia de derechos de los niños. Y sobre todo, reconocer que México carece de una política para la infancia y la adolescencia que genere acciones integrales y que abran la posibilidad de la plena inclusión de todas las niñas y niños en el bienestar y el desarrollo.Por ello resulta sumamente alentadora la iniciativa que presentaron esta semana la Oficina de Representación de UNICEF en México, cuya representante es la doctora Susana Sottoli, en coordinación con el Consejo Consultivo de este organismo, que es presidido por el maestro Mario Luis Fuentes.La Iniciativa consiste en convocar a la entrega del Primer Premio UNICEF-México 2008, en dos vertientes: uno, para reconocer a las mejores investigaciones en materia de derechos de los niños; y la otra, para reconocer las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.El premio otorgará 100 mil pesos al primer lugar; 75 mil pesos al segundo lugar y 50 mil pesos al tercero en ambas categorías. Al respecto habría que destacar que más allá de la relevancia de los montos, se trata de la primera iniciativa de este tipo para estimular la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías y modelos de atención en la protección de los derechos de los niños, así como reconocer a quienes desde la iniciativa individual y desde las organizaciones sociales, han construido nuevas propuestas para proteger los derechos de las niñas y niños.No hay duda de que esta Iniciativa debe situarnos en la ingente necesidad de transformar nuestros patrones, nuestros valores y nuestras prioridades. No hay nada más importante que podamos hacer en nuestra sociedad sino lograr construir ambientes apropiados para los niños, las niñas y los adolescentes.Preguntas tan básicas como cuánto podría costarle a los gobiernos estatales mantener todos los espacios deportivos abiertos hasta las 11 ó 12 de la noche, iluminados, adecuadamente equipados y con seguridad suficiente, para que los jóvenes tengan espacios, al menos en el nivel de la infraestructura que ya existe, frente al costo de las 12 vidas que tuvo la desastrosa intervención de la policía del DF en este doloroso caso. ¿Cuánto podría costar equipar centros culturales, espacios recreativos, bibliotecas y otros espacios para la convivencia, el esparcimiento y la formación de nuestros niños y jóvenes, frente al costo de tener que enfrentar a la delincuencia, el pandillerismo, la prevención y rehabilitación de las adicciones, entre otros fenómenos de suma gravedad?El problema es que los gobiernos tienen puestas sus prioridades en otra parte. Porque para construir puentes viales sí hay presupuesto; para pagar consultas ciudadanas pueden destinarse recursos extraordinarios; para pagar plantones pueden realizarse jornadas de financiamiento y recolección de recursos; y no se diga para pagar campañas políticas, que para ello sobra el dinero.El problema, debe insistirse, está en las prioridades. Está en los valores y en las convicciones que se tienen. Por ello, el Gobierno Federal carece de autoridad moral para decirnos que no debe criminalizarse a los jóvenes, cuando no se ha actualizado siquiera el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia, y cuando el Plan Nacional de Desarrollo no fue capaz siquiera de citar correctamente a la Convención de los Derechos del Niño, en el apartado correspondiente. Por ello el Gobierno del Distrito Federal no puede llamarse “legítimamente” de izquierda, cuando sus políticas policiacas responden a tácticas y prácticas más bien propias de regímenes fascistas y totalitarios.En medio de todo este ruido político, lo que menos ha importado son los derechos de los niños, y por ello resulta patético el oportunismo político del dirigente nacional del PAN, quien arremete en contra de Marcelo Ebrard, pero cuyo partido no ha sido capaz en el Congreso de destinar los recursos para lograr que el 1.3 millones de niñas y niños que están fuera de la escuela puedan ver cumplido ese derecho, o que los 3.3 millones de niños trabajadores que hay en nuestro país dejen de ser explotados.Por todo esto es de aplaudirse doblemente la tarea de UNICEF y de su Consejo Consultivo; porque nos traen de vuelta a la discusión de fondo; y nos plantean, a través de una iniciativa realmente innovadora en este campo, la necesidad de que todas y todos nos fijemos como prioridad social número uno, la construcción de un México apropiado para los niños.sarellano@ceidas.org
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México es, de acuerdo con el Secretario General de la ONU, un país que maltrata a sus niños, y es inaceptable. México es un país en el que hay altos porcentajes de violencia contra las mujeres, y es inaceptable. México es un país que discrimina y niega el pleno cumplimiento de sus derechos a los adolescentes, y es igualmente inaceptable. Pero lo que es inaudito, es escuchar a un procurador de Justicia sostener que un mando policial asesinó (así lo dijo) con dolo, a 12 personas, entre ellas, ocho menores de edad.Este lamentable e indignante caso de la discoteca News Divine nos debe dejar lecciones que lleven, no sólo al castigo de los responsables, y en la medida de lo posible a la reparación del daño y la prestación de servicios de asistencia y apoyo a las familias de las víctimas, sino a la revisión completa de las políticas con que contamos en México para la protección de los derechos de los niños.La primera lección que deberíamos obtener al respecto, es que ninguna de las autoridades, que han opinado sobre la materia, haya planteado una posición de acuerdo con una noción que tuviera como base una plena comprensión y compromiso con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En la inmensa mayoría de los casos, se habla desde visiones policiacas, que limitan y que ocultan un conjunto de violaciones graves a los principios elementales establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley que tenemos en nuestro país para protegerlos.En primer término, se violó la Constitución en su artículo 18, en el que se establece que ningún menor de edad puede ser tratado por las autoridades judiciales como si se tratase de un adulto; en segundo lugar, se establece que ningún menor de 18 años puede ser procesado por faltas administrativas por ninguna autoridad judicial; y en tercero; se violó el principio que establece que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a estar asistidos, en todo momento, durante una detención de autoridades judiciales o policiacas. Nada de esto se cumplió en este operativo.En segundo término, la Convención de los Derechos del Niño establece que todas las niñas y niños tienen el derecho a vivir alejados de toda forma de maltrato, abuso y violencia. Principio por demás quebrantado, que no fue ni siquiera considerado, en el momento en que se diseñó el operativo a realizarse en la discoteca News Divine.La segunda lección que deberíamos aprender es, en congruencia con lo dicho, que ni la policía del Distrito Federal y, me atrevo a decir, que ningún cuerpo policial del país, está suficientemente capacitado y entrenado para comprender los alcances y la complejidad de la agenda de la niñez y en consecuencia, actuar siempre protegiéndolos y poniéndolos siempre primero, como manda la Convención. Al contrario, pudimos ver en los videos presentados en la página electrónica del periódico El Universal, cómo los policías auxiliaron primero a sus compañeros, y después muy tarde, a las y los jóvenes que resultaron heridos y lastimados en la multicitada discoteca.La tercera lección que debemos extraer de este caso es que mientras que no se sitúe la agenda de los derechos de los niños en el centro de todas las políticas públicas, continuaremos viendo cómo las y los jóvenes seguirán optando por este tipo de diversiones, ante la ausencia de una oferta pública y privada que genere alternativas dignas y dirigidas a las inquietudes y necesidades de las y los adolescentes.Mientras la educación secundaria siga teniendo una tasa de asistencia de menos del 100% en secundaria; mientras que la cobertura en bachillerato siga sin pasar del 60%; y mientras que sólo 30 de cada 100 jóvenes tienen alguna oportunidad de aspirar a la educación superior, México continuará con condiciones de extrema vulnerabilidad, para sus niñas, niños y jóvenes.Finalmente, la cuarta lección que debemos aprender es que aún nos falta mucho por conocer, estudiar y construir en materia de derechos de los niños. Y sobre todo, reconocer que México carece de una política para la infancia y la adolescencia que genere acciones integrales y que abran la posibilidad de la plena inclusión de todas las niñas y niños en el bienestar y el desarrollo.Por ello resulta sumamente alentadora la iniciativa que presentaron esta semana la Oficina de Representación de UNICEF en México, cuya representante es la doctora Susana Sottoli, en coordinación con el Consejo Consultivo de este organismo, que es presidido por el maestro Mario Luis Fuentes.La Iniciativa consiste en convocar a la entrega del Primer Premio UNICEF-México 2008, en dos vertientes: uno, para reconocer a las mejores investigaciones en materia de derechos de los niños; y la otra, para reconocer las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.El premio otorgará 100 mil pesos al primer lugar; 75 mil pesos al segundo lugar y 50 mil pesos al tercero en ambas categorías. Al respecto habría que destacar que más allá de la relevancia de los montos, se trata de la primera iniciativa de este tipo para estimular la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías y modelos de atención en la protección de los derechos de los niños, así como reconocer a quienes desde la iniciativa individual y desde las organizaciones sociales, han construido nuevas propuestas para proteger los derechos de las niñas y niños.No hay duda de que esta Iniciativa debe situarnos en la ingente necesidad de transformar nuestros patrones, nuestros valores y nuestras prioridades. No hay nada más importante que podamos hacer en nuestra sociedad sino lograr construir ambientes apropiados para los niños, las niñas y los adolescentes.Preguntas tan básicas como cuánto podría costarle a los gobiernos estatales mantener todos los espacios deportivos abiertos hasta las 11 ó 12 de la noche, iluminados, adecuadamente equipados y con seguridad suficiente, para que los jóvenes tengan espacios, al menos en el nivel de la infraestructura que ya existe, frente al costo de las 12 vidas que tuvo la desastrosa intervención de la policía del DF en este doloroso caso. ¿Cuánto podría costar equipar centros culturales, espacios recreativos, bibliotecas y otros espacios para la convivencia, el esparcimiento y la formación de nuestros niños y jóvenes, frente al costo de tener que enfrentar a la delincuencia, el pandillerismo, la prevención y rehabilitación de las adicciones, entre otros fenómenos de suma gravedad?El problema es que los gobiernos tienen puestas sus prioridades en otra parte. Porque para construir puentes viales sí hay presupuesto; para pagar consultas ciudadanas pueden destinarse recursos extraordinarios; para pagar plantones pueden realizarse jornadas de financiamiento y recolección de recursos; y no se diga para pagar campañas políticas, que para ello sobra el dinero.El problema, debe insistirse, está en las prioridades. Está en los valores y en las convicciones que se tienen. Por ello, el Gobierno Federal carece de autoridad moral para decirnos que no debe criminalizarse a los jóvenes, cuando no se ha actualizado siquiera el Programa Nacional de Acción a favor de la Infancia, y cuando el Plan Nacional de Desarrollo no fue capaz siquiera de citar correctamente a la Convención de los Derechos del Niño, en el apartado correspondiente. Por ello el Gobierno del Distrito Federal no puede llamarse “legítimamente” de izquierda, cuando sus políticas policiacas responden a tácticas y prácticas más bien propias de regímenes fascistas y totalitarios.En medio de todo este ruido político, lo que menos ha importado son los derechos de los niños, y por ello resulta patético el oportunismo político del dirigente nacional del PAN, quien arremete en contra de Marcelo Ebrard, pero cuyo partido no ha sido capaz en el Congreso de destinar los recursos para lograr que el 1.3 millones de niñas y niños que están fuera de la escuela puedan ver cumplido ese derecho, o que los 3.3 millones de niños trabajadores que hay en nuestro país dejen de ser explotados.Por todo esto es de aplaudirse doblemente la tarea de UNICEF y de su Consejo Consultivo; porque nos traen de vuelta a la discusión de fondo; y nos plantean, a través de una iniciativa realmente innovadora en este campo, la necesidad de que todas y todos nos fijemos como prioridad social número uno, la construcción de un México apropiado para los niños.
1 comentario:
HOLA SAÚL, PUES NUEVAMENTE ME DAS UNA NUEVA FORMA DE VER O INTERPRETAR LOS HECHOS...LA CUESTION ES QUE TODOS SE QUIEREN LAVAR LAS MANOS (GOBIERNO, AUTORIDADES, PARTIDOS) QUE COMO BIEN SEÑALAS SON LOS RESPONSABLES DE GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS DE DIVERSION Y CONVIVENCIA PARA LOS JOVENES Y NIÑOS, PERO QUE OBVIAMENTE NO ES UNA PRIORIDAD....
SALUDOS
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