Saúl Arellano Opinión
Jueves 17 de Sep., 2009 Hora de modificación: 00:49
Jueves 17 de Sep., 2009 Hora de modificación: 00:49
Hay países en los que, al menos en el nivel de lo local, los defensores de los derechos humanos son electos directamente por la ciudadanía. Esto garantiza no sólo que se trata de personalidades realmente cercanas a la comunidad, sino que además no van a responder sino a las exigencias y demandas de los electores.La elección directa de un ombudsman muestra además niveles de desarrollo democrático mayores. La ciudadanía está dispuesta a pagar un costo económico para organizar la elección, a cambio de saber que contará con una institución capaz de confrontar y de cuestionar decisiones del poder cuando pueden afectar sus derechos, o bien ante actos de abusos directos de la autoridad, esto sin descontar que las propias dependencias públicas, en este tipo de países, tienen mecanismos de control y sanción a sus empleados (policías sobre todo), cuando éstos actúan fuera del marco de la legalidad.En los países bananeros como el nuestro, la agenda de los derechos humanos, antes que una convicción democrática de la clase política, es vista como un estorboso costo que hay que pagar para situarse dentro de lo “políticamente correcto”, categoría que por cierto fue recientemente analizada con elegancia y maestría por Umberto Eco.De esta forma, el diseño institucional ha quedado literalmente manco al haber construido una dependencia que después fue reproducida a nivel estatal, con los mismos defectos y virtudes, eso sí, pero ante la cual no se ha llevado a cabo un proceso de revisión y de reflexión sobre qué es necesario mejorar a fin de que la garantía de los derechos humanos sea una realidad y no la excepción en nuestro país.No hay peor sociedad que aquella que no es capaz de exigir y hacer cumplir, a través de mecanismos institucionales, sus derechos. Lamentablemente México es una democracia con muy pocos demócratas, y eso nos lleva al círculo vicioso en el que hoy estamos atrapados en la defensa de los derechos humanos.Sólo por citar un ejemplo, valdría la pena reflexionar sobre la exigibilidad de los derechos que nos garantiza la Constitución. Contraponiendo los temas penales con los sociales, éstos quedan muy lejos de las capacidades de exigir, al menos formalmente, su cumplimiento. Para ilustrar esta idea, basta con pensar en que si una autoridad policiaca me detiene arbitrariamente y llega incluso a golpearme, hay una institución, que es el Ministerio Público, ante la cual puedo acudir para exigir que me sea resarcido el daño, ya sea moral o físico. La impunidad y la ineficacia institucional son cosa aparte, lo importante es aquí que hay una autoridad ante la cual puedo reclamar jurídicamente, con costos para la propia institución si no cumple, que me sea reparado el daño.Por el contrario, si no tengo acceso o la oportunidad de un trabajo digno, si mi derecho a la educación está truncado porque no hay escuelas cerca de mi localidad o la calidad de la educación que ahí se imparte es tendiente a cero, no hay ninguna institución específica que obligue a la SEP a repararme las consecuencias negativas que me generará no tener una educación de calidad.En la teoría de los derechos humanos, ninguno de ellos puede superponerse o tener mayor valor que otro. Así, la libertad, la no discriminación, la educación y la salud, entre todos los demás, son derechos que tienen el mismo valor, pues la supresión o incumplimiento, aun parcial de cualquiera de ellos, afecta el cumplimiento de todos los demás.Ante todo esto, ¿cuál es el papel de la CNDH? Me parece que esa es la pregunta clave que debe hacerse el Senado en la deliberación que está haciendo en torno a quién será designado como próximo Presidente de la Comisión Nacional.El problema no es quién puede ser más incómodo para el poder, sino quién tiene las capacidades para transformar a la CNDH en una institución estatal que logre posicionar al centro de las capacidades ciudadanas la defensa de los derechos humanos. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2005, el 15% de los mexicanos asocia la idea de los derechos humanos con la protección a criminales. Esta noción no es nada saludable para una República que aspira a ser plenamente igualitaria e incluyente.En el Senado la discusión sobre quién ocupará la presidencia de la CNDH se ha tornado ríspida, y el tono de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara ya advirtió que no avalará ni continuidad ni candidaturas que no respondan a una visión integral de los derechos humanos, lo cual hace pensar que hay un jaloneo político a fin de imponer o colocar a perfiles ajenos al mandato constitucional que tiene este organismo autónomo del Estado.Por el bien del país, es urgente que la sociedad civil, en particular la organizada, contribuya a un diálogo prudente sobre los perfiles y la estatura ética de los aspirantes a fin de garantizar que esta institución tenga la preponderancia que merece en una democracia digna de ser considerada como tal.
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