domingo, 27 de septiembre de 2009

El Yunque y la aniquilación del sexo. Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 27 de Sep., 2009 Hora de modificación: 00:13
Debe ser difícil vivir afectado por traumas y mecanismos de represión psicológica. Por ello apelo en esta ocasión a que se maticen las severas críticas que se han hecho a los funcionarios de la Secretaría de Educación de Guanajuato, por su intentona de borrar de los libros de biología del primer año de educación media-superior los temas relativos a la sexualidad de los adolescentes.Desde esta perspectiva, tienen completa razón quienes afirman que deben renunciar tanto el secretario de Educación de Guanajuato, Alberto Diosdado, como sus empleados que decidieron que los jóvenes de Guanajuato no deben conocer científicamente la anatomía y fisiología de su aparato reproductivo; sin embargo, apelando una vez más a la comprensión y solidaridad, la aceptación de su renuncia debería estar acompañada de un pase urgente para recibir atención especializada de un psiquiatra.Hay otras recomendaciones que deben hacerse al Gobierno del estado de Guanajuato, comenzando por el titular del Ejecutivo. En primer lugar, sus asesores deberían sugerirle que lea y se entere de que México es signatario de organismos internacionales mediante los cuales se ha comprometido a cumplir cabalmente con los derechos humanos.Entre estos instrumentos, algún asesor responsable, debería informarle al gobernador Oliva que hay uno que lleva por nombre Convención de los Derechos del Niño. Esta Convención tiene mecanismos de seguimiento, a través del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el cual cuenta con un Comité llamado “Comité de los Derechos del Niño”.Dicho Comité revisó el Informe que el Gobierno mexicano está obligado a hacer cada cinco años en cumplimiento del mandato de la Convención, y entregó al Estado mexicano unas Observaciones Finales en junio de 2006; empero, como el Gobierno del estado está sumamente ocupado en expropiar tierras a campesinos para hacer negocios poco claros, seguramente no han tenido tiempo de leerlas.Con el único afán de contribuir a que se equivoquen menos en el Gobierno de Guanajuato, destaco que en esas Observaciones, en su numeral 50, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos le dice al Estado mexicano lo siguiente: “Si bien observa una reducción del número de embarazos entre adolescentes, el Comité sigue preocupado por la prevalencia de los suicidios en las comunidades indígenas, el alto número de embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, y la inexistencia de programas para promover la salud sexual y reproductiva, así como la salud mental”·En función de esta preocupación, el Comité de los Derechos del Niño recomienda al Estado mexicano, que “Mejore la educación de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, con miras a reducir la incidencia de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes y proporcione a las adolescentes embarazadas la asistencia necesaria y acceso a la atención y la educación sanitarias”.Sin embargo, como para El Yunque y sus fanáticos no hay más derecho que el que se deriva de torcidas interpretaciones de lecturas religiosas, desconocen que las convenciones son, por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte de la legislación nacional, con rango de mandato constitucional.Lo interesante de este caso, una vez más, es el silencio de órganos como la Cámara de Diputados o el Senado de la República, quienes han omitido su responsabilidad de hacerle notar al Gobernador de Guanajuato, que con la distribución de los libros mediante los cuales pretende enseñársele a los jóvenes que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia, que no deben usar condón porque es pecado, y que si no llegan vírgenes al matrimonio literalmente valen menos, se están violando flagrantemente los derechos humanos, y al mismo tiempo se está atentando contra los principios establecidos en la Ley General de Salud, en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley de Asistencia Social.Se supone que al jurar el cargo, los funcionarios se comprometen a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y sus leyes, y en este caso, como se trata de “simples derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes”, en el Congreso, el tema les ha pasado de noche y se han abstenido de generar un debate, que no vaya a ser que entorpezca negociaciones y temas que sí consideran importantes.Otros silencios interesantes son los de la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos y el del Congreso local, en donde no han sido capaces de emitir posiciones relevantes al respecto; lo que hace parecer que en esas instituciones trabajan más los empleados del Gobernador, que legítimos representantes de la ciudadanía.El problema de fondo, una vez más, es el incumplimiento de los derechos humanos de los jóvenes, para quienes ni el gobierno federal ni los de los estados, cuentan con políticas ni programas diseñados para el pleno cumplimiento de las garantías que la Constitución les otorga. Unicef sostiene que la atención que ponen los gobiernos en la protección y cumplimiento de los derechos de los niños es una evidencia de sus valores y prioridades. Con esta anotación, de verdad es preocupante ver en las manos de quién estamos.

lunes, 21 de septiembre de 2009

El hambre puede causar un estallido social: Saúl Arellano, en revista Proceso

Revista Proceso domingo, septiembre 20, 2009
La inconformidad se encona
RODRIGO VERA PROCESO

Brotes de inconformidad social surgen en muchas partes del país. Algunos alcanzan tiempos o espacios en los medios de comunicación. Otros pasan inadvertidos. Pero el hecho es que el desempleo, el encarecimiento de los servicios públicos, el endeudamiento familiar, la desesperación por hambre, provocan reacciones cada vez más violentas. El hartazgo entre amplios sectores de la población, que ya asoma, puede convertirse pronto en lo que muchos advierten como posible y otros ven lejano: un estallido social. “¡Justicia!... ¡Justicia!... ¡Justicia!”, gritaban alrededor de 600 iracundos manifestantes, apostados a la entrada de la Cámara de Diputados de San Luis Potosí. El gobernador del estado, Marcelo de los Santos, se abría paso entre la multitud. Iba a la ceremonia de instalación del Congreso local, el lunes 14 de septiembre.De pronto, los inconformes –integrantes de varias organizaciones sociales del estado– lanzaron huevos al gobernador, cuya escolta formó una valla para cubrirlo de la lluvia de huevazos.El director de Seguridad Pública, Eduardo Baca, pedía urgido que le mandaran a un centenar de policías para reforzar la protección del mandatario y contener a los manifestantes, quienes protestaban por el desempleo, la carestía y las promesas incumplidas del gobierno.Claras y yemas escurrían por el traje gris, de corte fino, de Marcelo de los Santos. Así entró al recinto legislativo. Y al salir de la ceremonia, pese al cordón de seguridad, un huevazo se le estampó en la cara.Los agentes arremetieron contra los manifestantes. Detuvieron a varios y los acusaron de “sedición”, “motín” y “ultraje a la autoridad”; otros más aún están siendo perseguidos.De la crisis económica, que ha agudizado las carencias de muchos millones de mexicanos, empiezan a surgir –como en el caso de San Luis Potosí– brotes de inconformidad y de protesta que podrían derivar en un “estallido social”.Al margen de estas advertencias, el gobierno del presidente Felipe Calderón presentó su programa económico para 2010, en el que se contempla una mayor carga tributaria, con nuevos impuestos y alzas en los ya existentes.Por todas partes la población comienza a cerrar sucursales bancarias en protesta por los altos intereses de la banca, a secuestrar e incendiar autobuses públicos por el encarecimiento del pasaje, a realizar plantones por no tener acceso a la educación, a tomar instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los recortes y los altos cobros de luz, a cerrar alcaldías incapaces de suministrar servicios municipales, a tomar centros laborales en protesta por los despidos, a robar alimentos para poder comer…Ante estos brotes de hartazgo, muchos ya están alertando sobre un posible “estallido social”, entre ellos el doctor José Narro, rector de la UNAM; la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino; e incluso Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social.Acucioso analista de estos recientes “polvorines”, Saúl Arellano Almanza, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), alerta:“Por todo el país, se gesta un movimiento social de inconformidad y de protesta. Comienza a resurgir el México bronco. Por ahora, son polvorines que tienen que ver con la falta de acceso a los servicios más indispensables, como el agua, la luz, los alimentos, el transporte o la educación”.–¿De dónde provienen estos brotes?–Principalmente de la masa de 50 millones de pobres que ya no tienen nada que perder. En su desesperación, pueden provocar una revuelta social. No quiero ser catastrofista, pero a estas alturas ni el gobierno ni nadie pueden garantizarnos lo contrario. ¡Nadie!Las movilizacionesA principios de agosto, en el municipio chihuahuense de Cuauhtémoc, un grupo de colonos “tomaron” la sucursal de Scotiabank, en protesta por los altos intereses de sus créditos. El líder de los manifestantes, Arnulfo Fay Fong, quien antes encabezó el bloqueo a una sucursal de Bancomer– explicó:“Realizamos la toma porque los cobros que el banco impone están desfasados, pues cobra intereses de hasta 500 por ciento”.En respuesta, 13 sucursales bancarias de la zona fueron cerradas por los banqueros. El presidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez, dijo alarmado que los bancos no tenían “seguridad”, y se quejó de que el Centro de Inteligencia Policial (Cipol) no aplacó la protesta.El secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos, respondió a los banqueros: “Si esperan que los cipoles golpeen a alguien, no lo vamos a hacer.”Otro foco rojo se encendió el mes pasado en la ciudad de Chihuahua; varias organizaciones sociales, encabezadas por el Frente de Defensa de los Consumidores (Fedeco), empezaron a detener autobuses urbanos en protesta por el incremento al pasaje de 4.50 a 6 pesos.En un análisis elaborado por el Fedeco y otras 20 organizaciones, se detalla que, de 1998 a la fecha, las tarifas del transporte público se elevaron en 172%, mientras que el salario mínimo sólo se incrementó 62%.Los agricultores de Chihuahua también se sumaron a la rebeldía. A fines de agosto, habitantes de ocho colonias agrícolas mantuvieron “tomadas” las instalaciones de la CFE en el municipio de Aldama, en protesta por los cortes de energía eléctrica que afectan a sus actividades agrícolas. Alegan los campesinos que ellos han pagado puntualmente su recibos de luz.Sin embargo, según datos de la CFE, en la zona noroeste del estado –que incluye Aldama, Nuevo Casas Grandes, Janos y otros municipios–, unos 2 mil 200 agricultores le deben a la paraestatal más de 700 millones de pesos.La CFE ya denunció penalmente, ante el Ministerio Público federal, a 70 agricultores, a quienes acusa de estarse robando la energía eléctrica. El conflicto –agudizado a raíz de que se les quitaron los subsidios a esa zona– ya provocó la muerte del dirigente campesino Armando Villarreal Martha, asesinado a balazos el año pasado.Al árido y golpeado municipio minero de Cananea, Sonora, también se le cortó la electricidad y se quedó sin agua potable debido a sus adeudos. Enrique Carrera Vega, quien preside el Consejo Sindical Permanente de Sonora, indicó que esta desgracia se sumó al conflicto minero que devastó la economía local, por lo que hoy Cananea padece “una situación dramática en el ámbito social”.Otras empobrecidas alcaldías se enfrentan a paros de sus propios empleados, como sucedió en Chicoloapan, Estado de México, donde –a principios de agosto– sus bomberos y sus miembros de Protección Civil pararon actividades para exigir el pago de sus salarios, dejando indefensa a la población.Y es que están “en quiebra” 95% de los 2 mil 435 municipios del país, al grado de que “algunos no tienen ni para ponerle gasolina a las patrullas”, dijo Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México (AMMAC).Una de las organizaciones urbanas que ha cobrado mayor fuerza es el Movimiento Equidad Social, que aglutina a sectores marginados de la Ciudad de México y es encabezado por Janette Hernández y por la diputada perredista Karen Quiroz Anguiano. En otras ciudades, los usuarios del servicio eléctrico doméstico protestan debido a los altos cobros.En Mexicali, Baja California, el Frente Cívico Mexicalense acaba de documentar más de mil “recibos locos”, mediante los que se cobran sumas exorbitantes por la energía eléctrica. Esta organización señala que en la ciudad de Tijuana hay 50 mil familias que, indebidamente, están pagando tarifas de Alto Consumo (TAC).El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ya urgió a la Cámara de Diputados que legisle para disminuir en 15% el cobro de la tarifa eléctrica doméstica, ya que miles y miles de familias –dice– viven la disyuntiva de comer o pagar los “desmedidos” precios de la energía.Los agraviosEn cuanto a protestas, el poderoso gremio de los transportistas tampoco se queda atrás; el martes 1 de septiembre, justo cuando los legisladores recibían el tercer informe de gobierno de Felipe Calderón, un grupo de la Alianza Nacional de Transporte Multimodal incendió un microbús frente a la Cámara de Diputados.Esta organización –conformada por transportistas de 26 estados– advierte que se verá obligada a elevar en 70% sus tarifas, ya que el precio del diesel y los impuestos también han subido. Por ello, su exigencia a los legisladores es que se reduzca el precio del combustible y se derogue el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE).El desempleo y los recortes de personal levantan también brotes de protesta, como ocurrió con los 408 trabajadores despedidos en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario del PRD en la legislatura anterior. Cien de los afectados tomaron las oficinas de ese partido en San Lázaro durante cuatro días a finales de agosto. Al final, lograron su liquidación completa.Por igual, la falta de acceso a la educación superior ha provocado marchas, mítines y plantones; Los estudiantes de posgrado de la UNAM se organizan para protestar contra el recorte de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Una medida que, súbitamente, redujo el monto de los estímulos económicos que recibían los becarios en las áreas de maestría, doctorado y especialidades (Proceso 1712).Como “ejemplo extremo de esta desesperación social”, Saúl Arellano –el director del CEIDAS– pone el caso de algunos famélicos guanajuatenses del Bajío que, para poder comer, se ven obligados a robar los cargamentos de granos transportados en ferrocarril.“Todavía hace poco, en el municipio de Salvatierra, la gente se robó más de 3 mil toneladas de grano que cargaba el ferrocarril. Esta situación se agrava porque, detrás de estos hurtos, ya empieza a operar el crimen organizado, que hoy está tirando sus anclas en la pobreza”, dice.Asegura que para saquear al ferrocarril, las bandas de narcotraficantes están contratando a gente de colonias marginadas de la zona. Les ponen camionetas de 18 toneladas en las que cargan el grano robado. Luego les pagan en especie o les dan 250 pesos por participar en un saqueo. Gran parte del producto se comercializa por canales alternos, por lo que se afecta al comercio formal.Este semanario ya había dado cuenta sobre el incremento de los robos a trenes en todo el país. Las empresas Ferromex y Kansas City Southern de México son las que reportan constantes asaltos y robos, especialmente en el Bajío guanajuatense (Proceso 1687).Lo más grave es que las protestas no las realizan sólo los movimientos ciudadanos que dan la cara abiertamente, sino también grupos clandestinos que ejecutan atentados violentos.La madrugada del martes 1, tres sujetos no identificados lanzaron bombas contra una sucursal de Bancomer en la colonia Jardines del Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Fueron dos cilindros de gas butano los que arrojaron y causaron la explosión, cuyos daños materiales fueron cuantificados en 350 mil pesos.Siete días después –la madrugada del martes 8– fueron lanzadas tres bombas de fabricación casera contra una agencia de la Renault, en la Colonia Moctezuma Segunda Sección, cerca del aeropuerto capitalino. Sólo un artefacto explotó.Un grupo autodenominado Células Autónomas de Revolución Inmediata Práxedis G. Guerrero se atribuyó el último ataque, mediante un comunicado que difundió en una página electrónica. Ahí dijo que la explosión fue en protesta por la “remodelación del Reclusorio Norte”, ya que esa obra es para “albergar cada vez más presos producto de la brutal represión y la injusticia social”.Agregó el comunicado:“El gobierno del DF pretende subir el Metro, subir la luz, subir la canasta básica y aun sabiendo la situación que pasan millones de personas en México pretende gastar millones de pesos en caprichitos mismos como la nueva línea del Metro, para lo cual se despojó a familias enteras y se deforestaron hectáreas enteras de zonas verdes”.Según Miguel Ángel Mancera, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los dos atentados fueron realizados por el mismo grupo, ya que el “vaso comunicante”, dijo, fueron las bombas caseras utilizadas en ambos casos:“Son cilindros que generalmente se utilizan para la plomería. Son recubiertos con cinta adhesiva y se les coloca un cohete convencional, que no es otra cosa más que pólvora con papel, para hacerlos detonar”, dijo el procurador.Después, la madrugada del lunes 14, se lanzaron tres cilindros de gas butano contra la tienda de ropa MaxMara, ubicada en la avenida Presidente Masaryk 318, en Polanco. Sólo uno explotó, provocando daños en la fachada de la boutique. El ataque se lo atribuyó un autodenominado Frente de Liberación Animal.El jueves 17, en la ciudad de León, Guanajuato, dos hombres incendiaron dos cajeros automáticos, ubicados entre los bulevares Hidalgo y Campestre. Dejaron pintado este mensaje de protesta: “Capitalismo asesino”.Y apenas el viernes 18, en la estación del Metro Balderas, en la Ciudad de México, un sujeto llamado Felipe Hernández Castillo ingresó con un arma de fuego a un vagón del tren. Mató a un policía y a un pasajero y dejó a unas cinco personas heridas, mientras lanzaba consignas contra el gobierno. Un testigo de la balacera, Gabriel Sánchez, indicó que el homicida gritaba: “¡El gobierno te mata de hambre!”, lo cual fue confirmado por el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera.Ante tanta protesta que ya raya en la violencia, reitera Saúl Arellano a modo de resumen:“Sí, empiezan a surgir polvorines por todas partes. Y yo dudo mucho que el Estado tenga la capacidad para detectar tantos focos rojos… ¡El hambre!... ¡El hambre!... El hambre es lo que está provocando toda esta inconformidad social”.

sábado, 19 de septiembre de 2009

¿Qué había que festejar el 15 de septiembre? Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 20 de Sep., 2009 Hora de modificación: 01:19
El oprobio que implica la cifra de más de 50 millones de pobres en México obliga a preguntarse si realmente había algo que festejar el pasado 15 de septiembre, en el 199 Aniversario de nuestra Independencia Nacional.La pregunta es más pertinente aún, ante el exceso del Ejecutivo de apelar a la Patria, con el fin de aprobar un impuesto que es a todas luces regresivo y que no tiene otro propósito sino parchar a la ya de por sí mal remendada economía nacional, cuando lo que se requiere es una cirugía mayor a fin de subsanar los daños ocasionados por las recurrentes crisis económicas y el saqueo que los poderes fácticos han hecho de las arcas nacionales.Aun con lo anterior, pienso que es válido festejar, en primer lugar, precisamente que México es mucho más que sus políticos. Hay muchos que nos resistimos a aceptar que la realidad nacional se circunscribe a las diatribas y pleitos dignos de las mejores cantinas que protagonizan una semana sí y la otra también nuestros políticos.El asunto se encuentra en lograr destacar lo que tenemos de grandioso en nuestro país; lo que nos permite y debe animarnos a seguir sintiéndonos orgullosos de ser parte de nuestro México.Criticar con espíritu combativo todo lo que no se ha hecho y se ha dejado de hacer es necesario; así, no debe dejarse de lado seguir diciendo que la inversión en el rescate y protección de nuestro patrimonio histórico es raquítico. Empero, ello no obsta para seguir maravillándonos ante los sitios arqueológicos que nos muestran una buena parte de lo mejor de nuestras raíces. Encontrase en medio de Xochicalco, de Tula, de Chichén Itzá, Monte Albán, o zonas recientemente abiertas en el Bajío, como Peralta y Plazuelas, no puede sino cautivarnos y movernos a comprender mejor lo que somos, pero sobre todo lo que podemos ser.Es cierto que la política de desarrollo urbano es un desastre, y que el incipiente rescate de centros históricos en todo el país apenas ha servido para reparar parcialmente el tremendo daño y descuido en que se ha tenido al patrimonio arquitectónico de México; empero, eso no resta belleza ni majestuosidad a los palacios y monumentos del siglo XVI y XVII del Centro Histórico de la Ciudad de México; el barroco expresado en numerosos edificios de Puebla; la magnificencia de hermosos edificios que se encuentran desde Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro o incluso arquitectura del siglo XIX en el centro norte del país, como en Aguascalientes, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora.Es cierto que la política de cuidado del medio ambiente es pésima, y que la promoción del turismo se ha orientado históricamente a la depredación de las playas, lagos, ríos, bosques y selvas. Sin embargo, ello no termina por opacar la belleza de los paisajes de Hidalgo, San Luis Potosí o Guerrero; las bellísimas playas de Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Acapulco, Ixtapa, Manzanillo, Mazatlán y desde luego Los Cabos.Es cierto que la corrupción, la incompetencia y la indolencia ha caracterizado a muchos de nuestros políticos; pero tenemos ejemplos como precisamente los de nuestros héroes: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, los hermanos Galeana, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y toda la pléyade que construyó y luchó por nuestra Independencia, quienes arriesgaron y ofrecieron su vida para construir un país libre y soberano.Nuestro país está cerca de parecerse a un paisaje mitad esplendor y mitad ruinas; empero, determinar en qué lado del claroscuro nos situamos es una decisión individual que nos permite, ya bien luchar por un México mejor, o bien simplemente asumir que las cosas no pueden cambiar y convertirse en un cómplice silencioso de quienes precisamente quieren que la sociedad no piense, no se movilice y no le exija a los políticos que actúen a la altura del país que somos.Las lecciones de la historia sirven, como lo han señalado muchos, para no repetir los errores del pasado; sin embargo, también pueden enseñarnos lo que sí puede y debe hacerse, cuando de luchar por la justicia, la equidad y la dignidad se trata.Hay que decirlo una y otra vez; México es mucho más que sus políticos; México son todos los profesores comprometidos con una enseñanza de calidad; son los médicos que todos los días se empeñan por cuidar la salud de sus pacientes; son los comerciantes que se preocupan por ofrecer calidad y buen servicio a sus clientes; son los policías convencidos de la justicia; son los trabajadores de todos los sectores que luchan todos los días por mejorar su condición y las de sus familias; son los campesinos que aún en medio de la miseria y el hambre todos los días se dirigen a cultivar la tierra. Sí, sin duda hay mucho por lo que debemos festejar aún; y también mucho que enseñarles a quienes desprecian a los ciudadanos creyendo que su potestad está en el mandar, y no en el servir decididamente a quienes los eligieron para conducir a mejor puerto a nuestro México.

jueves, 17 de septiembre de 2009

La Renovación de la CNDH. Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Jueves 17 de Sep., 2009 Hora de modificación: 00:49
Hay países en los que, al menos en el nivel de lo local, los defensores de los derechos humanos son electos directamente por la ciudadanía. Esto garantiza no sólo que se trata de personalidades realmente cercanas a la comunidad, sino que además no van a responder sino a las exigencias y demandas de los electores.La elección directa de un ombudsman muestra además niveles de desarrollo democrático mayores. La ciudadanía está dispuesta a pagar un costo económico para organizar la elección, a cambio de saber que contará con una institución capaz de confrontar y de cuestionar decisiones del poder cuando pueden afectar sus derechos, o bien ante actos de abusos directos de la autoridad, esto sin descontar que las propias dependencias públicas, en este tipo de países, tienen mecanismos de control y sanción a sus empleados (policías sobre todo), cuando éstos actúan fuera del marco de la legalidad.En los países bananeros como el nuestro, la agenda de los derechos humanos, antes que una convicción democrática de la clase política, es vista como un estorboso costo que hay que pagar para situarse dentro de lo “políticamente correcto”, categoría que por cierto fue recientemente analizada con elegancia y maestría por Umberto Eco.De esta forma, el diseño institucional ha quedado literalmente manco al haber construido una dependencia que después fue reproducida a nivel estatal, con los mismos defectos y virtudes, eso sí, pero ante la cual no se ha llevado a cabo un proceso de revisión y de reflexión sobre qué es necesario mejorar a fin de que la garantía de los derechos humanos sea una realidad y no la excepción en nuestro país.No hay peor sociedad que aquella que no es capaz de exigir y hacer cumplir, a través de mecanismos institucionales, sus derechos. Lamentablemente México es una democracia con muy pocos demócratas, y eso nos lleva al círculo vicioso en el que hoy estamos atrapados en la defensa de los derechos humanos.Sólo por citar un ejemplo, valdría la pena reflexionar sobre la exigibilidad de los derechos que nos garantiza la Constitución. Contraponiendo los temas penales con los sociales, éstos quedan muy lejos de las capacidades de exigir, al menos formalmente, su cumplimiento. Para ilustrar esta idea, basta con pensar en que si una autoridad policiaca me detiene arbitrariamente y llega incluso a golpearme, hay una institución, que es el Ministerio Público, ante la cual puedo acudir para exigir que me sea resarcido el daño, ya sea moral o físico. La impunidad y la ineficacia institucional son cosa aparte, lo importante es aquí que hay una autoridad ante la cual puedo reclamar jurídicamente, con costos para la propia institución si no cumple, que me sea reparado el daño.Por el contrario, si no tengo acceso o la oportunidad de un trabajo digno, si mi derecho a la educación está truncado porque no hay escuelas cerca de mi localidad o la calidad de la educación que ahí se imparte es tendiente a cero, no hay ninguna institución específica que obligue a la SEP a repararme las consecuencias negativas que me generará no tener una educación de calidad.En la teoría de los derechos humanos, ninguno de ellos puede superponerse o tener mayor valor que otro. Así, la libertad, la no discriminación, la educación y la salud, entre todos los demás, son derechos que tienen el mismo valor, pues la supresión o incumplimiento, aun parcial de cualquiera de ellos, afecta el cumplimiento de todos los demás.Ante todo esto, ¿cuál es el papel de la CNDH? Me parece que esa es la pregunta clave que debe hacerse el Senado en la deliberación que está haciendo en torno a quién será designado como próximo Presidente de la Comisión Nacional.El problema no es quién puede ser más incómodo para el poder, sino quién tiene las capacidades para transformar a la CNDH en una institución estatal que logre posicionar al centro de las capacidades ciudadanas la defensa de los derechos humanos. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2005, el 15% de los mexicanos asocia la idea de los derechos humanos con la protección a criminales. Esta noción no es nada saludable para una República que aspira a ser plenamente igualitaria e incluyente.En el Senado la discusión sobre quién ocupará la presidencia de la CNDH se ha tornado ríspida, y el tono de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara ya advirtió que no avalará ni continuidad ni candidaturas que no respondan a una visión integral de los derechos humanos, lo cual hace pensar que hay un jaloneo político a fin de imponer o colocar a perfiles ajenos al mandato constitucional que tiene este organismo autónomo del Estado.Por el bien del país, es urgente que la sociedad civil, en particular la organizada, contribuya a un diálogo prudente sobre los perfiles y la estatura ética de los aspirantes a fin de garantizar que esta institución tenga la preponderancia que merece en una democracia digna de ser considerada como tal.

domingo, 13 de septiembre de 2009

Un PRI a la derecha. Periódico la Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 13 de Sep., 2009
Hora de creación: 00:52 Ultima modificación: 00:52
En México tenemos una frase popular que sirve para describir cuando alguien, o incluso una institución, dice defender o creer en algo, pero cuyas acciones o decisiones contradicen radicalmente sus afirmaciones. A eso se le llama “doble cara” o simplemente hipocresía, vocablo que procede del griego ὑποκρισία que no significa otra cosa sino fingir sentimientos o cualidades contrarios a los que realmente se experimentan.Esta semana, el estado de Oaxaca, entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se convirtió en el estado número 16 en reformar su Constitución Política para garantizar “el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte”, convirtiendo con ello en un delito la interrupción voluntaria del embarazo, aun en casos de violación o abuso sexual, malformación congénita o riesgos para la vida y salud de la madre.De las entidades que han realizado este tipo de reformas, sorprende que la gran mayoría son gobernadas por priistas que dicen defender las causas sociales, tener una gran sensibilidad social y ser –sostienen en sus discursos– los principales defensores de lo que llaman “las causas de las mujeres”, la equidad entre los géneros y, en general, se llenan la boca diciendo que no hay partido más solidario y comprometido con las mujeres que el suyo.Los hechos desmienten gravemente al PRI. Y es en serio que no da gusto decirlo, más aún en un país que, como el nuestro, hoy más que nunca requiere de un corrimiento hacia la izquierda y hacia posiciones progresistas que nos permitan revertir las ya monstruosas desigualdades y la ingente pobreza en las que vivimos, y en las que con sus nuevos impuestos, incluida su nueva “contribución para el combate a la pobreza”, Acción Nacional quiere hundirnos aún más.Desde la década de los 90, cuando el grupo de tecnócratas se incrustó, usando al PRI, en las estructuras del poder del Estado, el Revolucionario Institucional ha tenido como “virtud” aliarse con los peores intereses que existen en el país. Se prestó a construir el monumental fraude que seguimos pagando a través del Fobaproa. Impulsó y aprobó el “rescate carretero”, el cual nos ha costado en pago de intereses más de 100 mil millones de pesos desde 1997. En episodios recientes, vimos cómo amplios sectores del PRI salieron airosos a la defensa de la llamada “Ley Televisa”; y de no ser por la valentía de algunos legisladores, estaríamos en un país en el que las televisoras serían dueñas nada menos que del espectro electromagnético nacional.En el tricolor no se han levantado voces contundentes para defender los derechos de los periodistas asesinados, torturados o amenazados por sus propios gobiernos: desde el caso de Lydia Cacho en Puebla, pasando por los atentados a medios de comunicación en Chihuahua y Tamaulipas, o el caso de Brad Will en Oaxaca, en donde los derechos humanos y su defensa brillan por su ausencia.El escandaloso asunto de las legisladoras que solicitaron licencia para ausentarse de sus encargos es una muestra más del machismo y misoginia que impera en buena parte del priismo: es el partido que en términos porcentuales cuenta con menos legisladoras en la Cámara de Diputados (menos del 23 por ciento); tuvo que ser una legisladora del PAN quien levantó la voz e iniciar un debate para evitar que un albazo de esta naturaleza se consumara. En el Senado las cosas están en la misma tesitura: de las 32 curules ocupadas por priistas, sólo 5 son mujeres, es decir, apenas el 16 por ciento.Por supuesto que, como en todo, siempre hay excepciones: legisladores y legisladoras que por compromiso y coherencia se oponen y critican a este tipo de medidas; empero, el hecho de que tenga que hablarse de excepciones revela la profundidad de la fractura ética y el extravío ideológico del priismo. ¿Es de verdad el PRI un partido socialdemócrata? ¿Cómo puede tolerar tales extravíos ideológicos y políticos? La única explicación posible es que se ha consolidado en los últimos 15 años como un partido de intereses y apegado al peor de los pragmatismos, cuando lo que se requiere, debe insistirse, no es un partido político de “centro”, como le llaman ahora, sino un partido que tenga la capacidad y el arrojo moral de luchar verdaderamente por la justicia social, aun enfrentando o afectando intereses creados desde sus principales grupos dirigentes. Cuando las urgencias nacionales apremian, lo esperable sería contar con políticos congruentes y partidos ideológicamente sólidos, capaces de hacer frente a los embates de los grupos del poder, dirigidos a mantener privilegios y resolver los problemas a través de la sangría popular. En este contexto, ya hay legisladores priistas que han sostenido “estar considerando” votar a favor de más impuestos y de gravar al hambre y la enfermedad con su dichoso 2 por ciento. Ahora que el PRI es mayoría en el Congreso, debería entender que la gente votó contra el PAN porque lo que exige es un partido capaz de representar sus intereses. De no hacerlo, simplemente se confirmará lo que ha sido hasta ahora: un partido “doble cara”.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Vivienda, desarrollo urbano y derechos humanos. Periódico La Crónica

Saúl Arrellano Opinión
Jueves 10 de Sep., 2009 Hora de modificación: 01:29
El desarrollo urbano se ha pensado desde distintas perspectivas, generalmente orientadas desde una noción en la que la planeación está determinada fundamentalmente por criterios de organización y rentabilidad económica; en ese sentido, la planeación del desarrollo inmobiliario y de generación de infraestructura básica para el crecimiento económico ha tenido como “conceptos ancla” el plusvalor de la tierra y la generación de ventajas, ya sean competitivas o comparativas, dependiendo del ramo económico del que se trate.Por ello, es importante el Foro Internacional de Vivienda Sustentable que se estará realizando el día de hoy y mañana en la ciudad de México. El primero de sus paneles es sumamente interesante, no sólo por quienes lo integran, sino por la temática a abordar.Uno de los puntos a destacar es el mejoramiento de barrio. A ese respecto, vale la pena destacar que hay experiencias en distintos lugares del mundo, en los que el mejoramiento de la vivienda y de sus entornos se considera como el ancla del desarrollo y no sólo como elementos a considerar en la planeación del desarrollo.Un ejercicio, realizado por parte del Center for Reflective Community Practise, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue realizado en la ciudad de Boston entre 2005 y 2006. En este proyecto se mostró cómo el mejoramiento de los entornos comunitarios no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que promueve capacidades de integración y fortalece el sentido de pertenencia a una comunidad.El efecto que tiene el mejoramiento de los barrios, muestra el estudio, incrementa las capacidades de una comunidad para prevenir el crimen, generar lógicas de cooperación, e incluso generar acciones de control del gobierno que, en una sociedad desarrollada y democrática, lleva hasta a la presión pública para lograr el mantenimiento y el mejoramiento constante de los entornos, y con ello el cumplimiento de los derechos sociales.En México contamos con diversas experiencias de mejoramiento de barrios, incorporando importantes componentes de participación comunitaria. Estas experiencias van desde la construcción de bordos y vasos de captación de agua en las comunidades rurales, hasta la instalación de drenaje o proyectos de integración social en diversas ciudades y regiones del país.Sin embargo, estas experiencias no pasan de ser proyectos aislados que no han sido incorporados como criterios permanentes en la política de desarrollo social y urbano. El programa Hábitat, por ejemplo, ha sido poco vinculado con otras acciones gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales, que permitan generar sinergias de organización y participación comunitaria.Todo esto es relevante, porque el tema de fondo es que la tragedia del desarrollo urbano que estamos viviendo en el país, caracterizado por extremos que van de la sequía en una semana al padecimiento de inundaciones en la siguiente, tiene su origen en la carencia de una visión que haga del desarrollo urbano uno de los principales instrumentos del Estado para el cumplimiento de los derechos humanos en México.Asumir que en la vivienda se encuentra el principal anclaje para acercar servicios de calidad, y garantizar a las personas la posibilidad de vivir con base en la sustentabilidad ambiental, es una de las agendas de derechos humanos básicas que ha sido dejada de lado asumiéndose, desde la cantaleta neoliberal, que se trata sólo de procesos de construcción y dotación de servicios, en tanto “motores” de la economía nacional.Sin duda alguna, la industria de la construcción es clave en el desarrollo económico nacional. Sin embargo, verla sólo como eso, y no como uno de los espacios privilegiados del Estado para garantizar los derechos humanos, constituye un error mayúsculo y una imperdonable pérdida de oportunidad.Ahora que está de moda el debate sobre la renovación de la CNDH, quienes tienen la responsabilidad de decidir quién la encabezará deberán analizar, desde una perspectiva de conciencia, no quién es el personaje más popular o quién tiene más apoyos entre los grupos parlamentarios, sino quién cuenta con una visión ampliada de los derechos humanos, en la cual estén incluidos sí la denuncia de los abusos del poder, pero sobre todo la generación de recomendaciones acerca de políticas públicas que generan desde su diseño exclusión o desigualdad, o bien aquellas que no generan mayor bienestar y justicia social.La libertad, la seguridad y la igualdad nunca serán realidad en contextos en los que las el hambre y la enfermedad son una constante, acompañadas de la falta de agua potable, drenaje, y, en general, en el rezago persistente en la carencia de viviendas dignas para todos.De eso se trata, de la defensa de los derechos humanos, y en el Senado parecen estar más enfrascados en encontrar quién puede ser el personaje menos “incómodo” que en construir un proceso de deliberación que haga honor al sentido etimológico del Senatus, y que permita la designación de una persona con estatura y sentido ético, capaz de fortalecer e incluso hacer crecer en dimensión y prestigio a la CNDH.
sarellano@ceidas.org

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Primer Diagnóstico Nacional sobre la Vulnerabilidad ante la Trata de Personas, CNDH-CEIDAS

El día 07 de septiembre, CEIDAS y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron en el Senado de la República el Primer Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Vulnerablidad ante la Trata de Personas.El Diagnóstico se prersentará próximamente en su versión impresa, y puede ser consultado en el sitio electrónico de CEIDAS en el siguiente enlace:

Un misterioso informe de gobierno. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Domingo 6 de Sep., 2009
La voz griega misterion pasó casi literalmente al latín, en el vocablo mysterium. Actualmente la Real Academia de la Lengua lo define como una “cosa muy arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar”.Así puede percibirse el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, y más aún los 10 puntos que propuso a la nación, como la nueva base para las reformas y transformaciones que se requieren a fin de superar la crisis y los rezagos estructurales que padece el país.Los optimistas creen que se trata de “un punto de inflexión” en la política nacional, y que el mensaje presidencial augura “buenas señales” sobre la voluntad del Presidente de la república de reconstruir el diálogo nacional y tender puentes para la generación de acuerdos políticos de largo alcance.Hay quienes pensamos, sin embargo, que la clase política en su conjunto está desbordada por su inmoralidad y su incapacidad intelectual para comprender la complejidad por la que estamos atravesando. En ese sentido, no habría que esperar mucho a partir del mensaje presidencial, porque en primer lugar no depende sólo del Ejecutivo impulsar los acuerdos para propiciar reformas de fondo.Aún asumiendo que el Presidente dijo la verdad en su mensaje a la nación, de inmediato las cifras chocan de frente con sus intenciones. Si se revisa con cuidado el anexo estadístico del informe de gobierno, y se contrasta con los ahora famosos 10 puntos propuestos por el Ejecutivo, se puede percibir un inmenso desfase entre realidades e intenciones, y entre la magnitud de los retos y lo limitado de las propuestas.Tómese por ejemplo el tema del empleo. El Presidente cree que impulsando la reforma laboral vamos a salir de la trampa del crecimiento sin generación de puestos de trabajo dignos, en la que estamos atrapados desde hace más de 15 años.Para colmo, el Presidente no nos dijo qué reforma laboral va a promover. Si la que en su momento propuso el hoy finado Carlos Abascal, o bien una nueva iniciativa que apunte hacia una mayor “liberalización” del mercado del trabajo, lo cual significaría, en todo caso, reducción de prestaciones sociales, promoción de los llamados “contratos basura”, así como una dura andanada, aprovechando la crisis por la que atraviesa la democracia sindical, contra las organizaciones laborales.Se me podrá acusar de pesimista, agorero del desastre, “catastrofista” y lo que sea; empero, ni los actores clave que tendrán la responsabilidad de construir la propuesta de reforma laboral ni los poderes fácticos que estarían interesados en respaldarla, han sido afectados o siquiera regulados de manera adecuada en los últimos años. ¿Cómo se puede plantear una reforma laboral para propiciar el crecimiento con equidad, en medio de una realidad así? Desde mi punto de vista no hay manera.El Presidente propone crear una nueva estrategia para el combate a la pobreza. Pero el planteamiento no pasa de ser más de lo mismo: concentrar recursos en los programas que hoy tienen mayor cobertura, seguir monetarizando las relaciones sociales vía la transferencia de míseros apoyos a través del programa Oportunidades, y medianamente mejorar la infraestructura social a través del programa Hábitat, o lo que quede de él después de los recortes presupuestales que vienen.¿Y el combate a la desigualdad, cuándo? Y la redistribución del ingreso, ¿cuándo? Y la garantía de accesos a servicios sociales básicos, con estándares de calidad similares para todos los mexicanos, ¿cuándo? Y suma y sigue...Con todo respeto sea dicho, pero no hay seriedad en el planteamiento gubernamental. ¿Cómo entender el anuncio de cambios en el gabinete y la desaparición de secretarías de Estado, sin decirnos cuáles son? ¿Por qué generar más incertidumbre? ¿Por qué no ser claro en el planteamiento y hacer público de una vez por todas cuáles dependencias y por qué serán eliminadas de la estructura orgánica del gobierno?Si desaparece la Secretaría de la Función Pública, como se rumora en todos lados, ¿el Presidente estará dispuesto a asumir una reforma de fondo para construir mecanismos eficaces para el control del gobierno? ¿Asumiría la responsabilidad de transformar a la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, en una entidad autónoma del Estado que verifique no sólo la cuenta pública, sino la eficacia en el gasto y políticas del gobierno? O bien ¿asumiría darle al Coneval autonomía para la evaluación, así como capacidad de generar recomendaciones vinculantes para las dependencias del Ejecutivo?La propuesta del Presidente es una propuesta inacabada, imprecisa y por lo mismo, raya en lo irresponsable. Pareciera que en Los Pinos no comprenden que plantear reformas estructurales requiere de un intenso diálogo político, así como de la construcción de acuerdos previos que respalden las propuestas y que les den viabilidad en su instrumentación inmediata.El mayor riesgo que ahora enfrenta el Presidente consiste en continuar perdiendo credibilidad y legitimidad, si en el corto plazo sus propuestas no se traducen en iniciativas viables, y sobre todo, en un proceso de conciliación nacional para reconstruir el pacto social que nos une como mexicanos.El cómo lo van a lograr, constituye de verdad un profundo misterio.

Una epidemia de tristeza, Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Domingo 30 de Agosto, 2009
“Se va la vida, se va al agujero, como la mugre en el lavadero…”
León Chávez TeixeiroUrge construir una fenomenología de las víctimas. No hay más tiempo para la simulación ni para el ocultamiento de la lacerante realidad que hemos construido como nación en los últimos treinta años. Entre 1995 y 2009 han pasado menos de tres generaciones y ya estamos una vez más en la “peor crisis económica de la historia”. ¿Cuántas veces más vamos a vivirlo, y sobre todo a aceptarlo?Las cifras son contundentes y se estrellan en la cara cínica del gobierno, que nos dice que “creó” el programa de empleo temporal para que siga habiendo ingreso en los hogares. Mentira absoluta. El programa de empleo temporal tiene más de 20 años de existir (su reedición comenzó en 1988 con el Pronasol), y el INEGI nos arroja el dramático dato de 2.8 millones de personas desocupadas.En 2007 se cometieron en México más de 4,500 suicidios; en casi tres de cada cuatro casos el método empleado fue el ahorcamiento; y en uno de cada ocho la muerte fue provocada por envenenamiento. Aunque la estadística lastima, no sorprende: quienes mayoritariamente se suicidan son los pobres: albañiles, artesanos, jornaleros agrícolas y oficinistas del más bajo nivel; todos con ingresos de dos salarios mínimos o menos, y uno de cada cuatro estaba desempleado al momento de suicidarse. Asimismo, uno de cada tres contaba con estudios de primaria o menos; y uno de cada cuatro había concluido apenas la secundaria. Vale la pena destacar que casi 200 suicidios fueron cometidos por menores de 15 años; casi 1,400 por jóvenes entre 15 y 24 años; y cerca de 1,100 por jóvenes entre 25 y 34 años de edad. Un vez más: son los jóvenes pobres, desempleados, sin oportunidades de inclusión escolar y sin expectativas de empleo, quienes en mayor medida recurren al suicidio.La cifra negra es alarmante. Nos dicen los expertos en distintos diagnósticos sobre el tema que por cada suicidio que se consuma es probable que haya ocho intentos fallidos … pero también en todos los estudios que existen sobre el perfil del suicida nos dicen que es probable que lo vuelva a intentar, al menos una vez.El cáncer de mama o el de cérvix matan alrededor de 4,500 mujeres al año. Este nivel, que sigue siendo alto debido a la capacidad de prevención que existe, hace que se les clasifique como muertes evitables y en muchos casos, muertes evitables en exceso. Los niveles en que se mantienen las tasas de mortalidad por ambos padecimientos hacen que muchos especialistas sigan considerándolas como pandemias. Frente a tal categorización, ¿cómo puede clasificarse al suicidio? La Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior muestra que el 7.3% de las estudiantes ha sufrido abuso sexual, es decir, más de 135 mil mujeres menores de 18 años. De éstas, sólo el 9.9% lo ha denunciado a las autoridades. Más del 60% de las mujeres encuestadas afirmaron no haber podido dejar de sentirse tristes en el mes anterior al levantamiento de la encuesta, mientras que casi el 50% de los hombres manifestó lo mismo. No tenemos datos al respecto en estudiantes de secundaria, pero me atrevo a aseverar que la información no debe variar mucho. Lo peor del caso es que ante la inmensa crisis que estamos enfrentando, la desesperanza puede crecer; la frustración puede resultar inmensa y, cuidado, una revuelta podría estallar en cualquier momento. Lo hemos sostenido así muchos desde hace al menos dos años, y la semana que concluye el propio Rector de la UNAM nos advirtió de lo mismo: un estallido social está latente. No queda muy claro a qué está jugando el Presidente de la República con el país: sigue haciendo política como si nada estuviera pasando; como si las condiciones de vida fuesen las de Suecia, y como si los 2.8 millones de desempleados que hay en México se van a resignar porque encuentra muy interesante y apasionante gobernar —eso dice él— en medio de la adversidad.La inseguridad está desbordada y cada vez se vuelve mucho más cruenta y vil. La pobreza aqueja ya a la mitad de la población y el hambre hace presa de al menos 20 millones de personas, de los cuales, más de 12 millones son niñas, niños y adolescentes. Paradójicamente, Sedesol ya anunció lo que es de suyo inaceptable: recortará “programas no prioritarios”, como si en las condiciones de desigualdad y pobreza en que estamos hubiera algo más urgente que replantear el modelo de desarrollo y orientarlo hacia la generación de equidad e inclusión social; y como si de verdad en lo social hay algo que pudiera calificarse frívolamente como eso: como no prioritario.Todo de lo que aquí se habla no tiene sino un rostro: Tristeza (así, con mayúscula). Si hay quienes creen que no puede haber una epidemia más grave y lacerante que la de la influenza, se equivoca: hoy una epidemia de tristeza recorre todo el país, y para esa no hay antibióticos.