Domingo 16 de Mayo, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=506565
No hay nada peor que carecer de la capacidad de detenerse y preguntarse a sí mismo si el camino que se ha tomado es el correcto o si la manera de andarlo es la adecuada. Lo mismo aplica para las instituciones del Estado y para quienes las encabezan.
Lo anterior viene a cuento porque al parecer nadie en la actual administración se ha detenido a preguntarse con seriedad en si el eminente fracaso al que está encaminado el Gobierno de Felipe Calderón, no tiene como una de sus aristas el propio diseño institucional con base en el cual actúa el aparato gubernamental.
Sorprende así, que en medio del debate sobre la reforma del Estado, no se haya abordado el tema de la urgencia de llevar a cabo una profunda reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de transformar la estructura gubernamental.
Pensemos por ejemplo en la administración por sectores. Tomemos además por caso al llamado sector salud. Este sector es encabezado por la Secretaría de Salud e integra a organismos como el IMSS, el ISSSTE y el DIF, amén de la existencia del Consejo de Salubridad General, el cual tiene incluso fundamento directo en la Constitución.
Así las cosas, vale la pena considerar que dada su estructura y responsabilidades, el IMSS cuenta por sí mismo con mayores recursos financieros que cualquier otra dependencia, ya no del sector salud, sino incluso de otros sectores de la administración federal. Asimismo, por sus dimensiones políticas, el ISSSTE y el DIF responden más a una lógica política presidencial que a un diseño de coordinación interinstitucional estratégico.
De esto —y obviamente de muchas otras cuestiones— resulta que las y los mexicanos recibimos servicios médicos diferenciados en calidad y oportunidad. Así, no son lo mismo las capacidades que tiene el IMSS, y por lo tanto la gama y alcances de los servicios que ofrece, que a lo que se tiene acceso mediante el Seguro Popular. De igual forma, no es lo mismo tener acceso a una de las guarderías del IMSS (aún con lo ocurrido en la guardería ABC), que a las estancias infantiles de Sedesol.
Frente a este tipo de realidades, si se lleva a cabo un análisis de los mecanismos de vinculación y coordinación interinstitucional entre los distintos sectores, nos encontraremos con que es prácticamente imposible hacer algo en serio; primero por el andamiaje jurídico que les da sustento, pero sobre todo por la estructura normativa presupuestal a la que están sujetos, pues cada uno de los Ramos Generales de Gasto, responden a una normatividad específica determinada de acuerdo con el sector de que se trate.
Por si fuera poco, el galimatías se complejiza aún más cuando se piensa en las Reglas de Operación que se diseñan para normar a los programas federales de mayor monto presupuestal, las cuales además de constituir en la mayoría de los casos verdaderos catálogos de trabas burocráticas, adolecen de disposiciones que fomenten y faciliten la cooperación y acción coordinada de las instituciones.
Dicho desde la teoría de las instituciones, nuestra administración pública no cuenta con los incentivos para fomentar la coordinación; promueve la competencia por clientelas electorales, antes que la cooperación para construir sinergias de desarrollo; alienta el uso político de las dependencias a fin de posicionar figuras personales, antes que la construcción de liderazgos sociales para la protección de los derechos sociales.
Así las cosas, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón decidieron gobernar como los más priistas de los panistas, basándose en las estructuras de gobierno autoritarias y patrimonialistas heredadas del régimen anterior, sin comprender que el desarrollo democrático también debe leerse en clave de desarrollo institucional.
En ese sentido, resulta limitado pensar que la reforma del Estado se reduce a la transformación del régimen presidencialista. Lo resulta aún más el pensar que mediante la incorporación de figuras como la ratificación de funcionarios por el Congreso se incrementará automáticamente la eficacia de las instituciones, como si ésta dependiera exclusivamente de la capacidad de sus titulares.
Pensemos por un momento en que efectivamente el nombramiento de los secretarios de Estado deba pasar por la ratificación del Congreso: ¿Combatiríamos con mayor eficacia la pobreza, con la misma estructura con que cuenta actualmente Sedesol? ¿Se podría garantizar mejor el derecho a la salud con la dispersión que hoy priva en ese sector?
¿Por qué no aspirar a un sistema universal de salud que brinde servicios bajo estándares mínimos de calidad? ¿Por qué no transformar a los programas de combate a la pobreza en políticas de protección de derechos sociales? ¿Por qué no exigir un sistema asistencial en el que operen mecanismos de protección a los vulnerables como el seguro de asistencia social?
Esas y otras medidas serán imposibles de llevarse a cabo si continuamos operando con las estructuras que actualmente tenemos en la administración pública; y lo mismo puede argumentarse si se piensa en seguridad pública, en medio ambiente, trabajo etcétera.
En la reforma del Estado, tan importantes resultan las instituciones que cuentan votos como las responsables de revertir la desigualdad y la pobreza; fenómenos que vulneran a la democracia tanto como un fraude electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario