Saúl Arellano
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=80837
A pesar de las cuentas alegres del Ejecutivo Estatal en su Segundo Informe de Gobierno, los indicadores son duros y permiten, al menos, poner en cuestión la calidad y los contenidos del documento que aparece en la página electrónica del Gobierno del Estado de Guanajuato.
En efecto, el Segundo Informe está plagado de errores conceptuales; carece de una visión de mediano y largo plazo sustentada en evidencia estadística y proyecciones matemáticamente construidas, y los peor, carece de dos elementos fundamentales que caracterizan a los gobiernos democráticos avanzados: visión de derechos y cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.
En el primer caso, no hay una sola alusión en todo el texto con respecto al cumplimiento pleno de los derechos humanos y sociales; lo que muestra una incomprensión mayor de la agenda y la cuestión social del siglo XXI; por la otra se excluyen mediciones confiables que permitan, sólo por citar un caso, respaldar el compromiso hecho por el Ejecutivo Federal ante la comunidad internacional, de cumplir a cabalidad con las Metas del Milenio.
Así, el informe es omiso de oprobiosas condiciones no sólo de pobreza, sino de desigualdad; y de inequidades con respecto a grupos de población. Al respecto, vale destacar que el Informe de Gobierno presume que coordina al Comité de Indicadores de Política Social de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. El problema es que el Gobierno del Estado no construyó su Segundo Informe en la lógica de la medición que establecen los organismos que cita (como el PNUD, el Coneval o el propio INEGI), con respecto al grado de cumplimiento de los derechos humanos y sociales en la entidad.
De haberlo hecho así, el Gobierno del Estado habría presentado un cálculo matemático para evidenciar, -ya que presume que preside el mencionado Comité de Indicadores- que sus acciones evidentemente han reducido los niveles de pobreza medidos por el Coneval con datos de 2005, o bien, el mejoramiento de los indicadores del Índice de Desarrollo Humano que también presentó el PNUD recientemente, y cuya información base, lo sé de buena fuente, estuvo disponible meses antes de ser publicada para todos los gobiernos estatales, por lo que no habría argumento para decir que "no sabían" del estudio.
Uno de los indicadores que no se menciona ni por error en todo el informe es precisamente el del Índice de Desarrollo relativo al Género, que mide exactamente las mismas variables que el Índice del Desarrollo Humano, pero a las que se le agrega el componente de la desigualdad que existe entre los logros obtenidos en el cumplimiento de los derechos de los hombres y los de las mujeres.
Es difícil esperar de un gobierno que ha mostrado elementos de misoginia mayúsculos en los últimos dos años, al oponerse a la creación de la Ley para garantizar una vida sin violencia contra las mujeres, que informe sobre elementos que permitan valorar agendas que no están en su visión del desarrollo social, el cual no incluye agendas de prioridad en materia de prevención y atención de riesgos sociales.
Así, el Segundo Informe de Gobierno omite por completo replantear la política de equidad de género y garantizar la reducción de las brechas que existen entre el cumplimiento de los derechos de las mujeres y los de los hombres.
A continuación se presenta el resumen del contenido del Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género, con base, este sí, en indicadores, y no sólo registros administrativos, como está construido el documento del Ejecutivo, y lo cual impide llevar a cabo valoraciones de mayor precisión sobre la eficacia o ineficacia de su desempeño público:
1. Entre el año 2000 y el 2005 sólo 12 municipios registraron algunos avances en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún en estos municipios, su posición relativa con respecto al resto de los municipios del país está muy rezagada. Así, el que mejor desempeño tuvo en este Índice fue el municipio de Celaya, que retrocedió del lugar 97 al 107 a nivel nacional, con lo que junto con el retroceso de León, del lugar 63 al 133, Guanajuato, al igual que con el IDH, dejó de tener municipios dentro de los primeros 100 del país.
2. El resto de los municipios, 36, cayeron drásticamente en posiciones, con casos dramáticos como Comonfort y Apaseo el Alto, los cuales retrocedieron en más de 400 lugares el primero, y en más de 340 lugares el segundo.
3. En toda la entidad, sólo hay 3 municipios de los 46 que la componen, en los que la tasa de alfabetización de las mujeres fue superior a la de los hombres, en el 2005; esto sin considerar que en números absolutos, Guanajuato tiene menos hombres que mujeres, dado su bajo Índice de masculinidad.
4. Ninguno de los 46 municipios presentó en 2005 una tasa de alfabetización de mujeres igual o superior a la de los hombres. Por lo que no se trata sólo de generar mucho más infraestructura educativa sobre todo en los niveles medios superior y superior, sino garantizar además que sean incluyentes de las mujeres.
5. Uno de los elementos de desigualdad más brutales en el estado es la desigualdad que existe en el ingreso de las mujeres y de los hombres. En el municipio con "menos" desigualdad en este indicador, Celaya, la diferencia es de poco más del doble, pues en 2005 se registró que el ingreso per capita masculino ascendía a 19,558 dólares; mientras que el femenino llegó a sólo 8,125. Hay casos como el de Villagrán, en donde la diferencia de ingreso es de 4 a 1, a favor de los hombres; o el caso más extremo, en Jerécuaro, donde el ingreso obtenido por los hombres es en promedio 5 veces mayor que el de las mujeres. Debe añadirse además las diferencias intermunicipales, pues el municipio que más ingreso registro para las mujeres fue el de Celaya, con los ya mencionados 8,125 dólares por año; frente a Xichú, donde las mujeres obtuvieron, en promedio en 2005, 1,606 dólares anuales (cuatro veces menos que los hombres); y cinco veces menos que las mujeres de Celaya.
Conclusiones
1. La equidad de género ha estado presente en todos los discursos oficiales desde hace varios años; sin embargo, es políticamente inaceptable decir que se pone al "frente a las mujeres" y que se deje al presupuesto atrás.
2. Es éticamente inadmisible, que una mujer, por el hecho de nacer en Xichú, tenga una esperanza de ingreso cinco veces menor que las mujeres que nacen en Celaya; o bien 12 veces menos que los hombres que nacen en ese municipio.
3. Un estado con una alta migración, y con el menor índice de masculinidad del país, no puede ser omiso en la construcción de políticas públicas integrales para la reducción, de la pobreza sí, pero sobre todo de la desigualdad; esto implica presupuestos con criterios de género; una agenda integral para el cumplimiento de los derechos de la infancia; programas especiales para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en general de todos los jóvenes (Guanajuato era en 2005 el último lugar nacional en usuarias de estos servicios en el sector salud); potenciar acceso al crédito y asegurar sus capacidades de generar y poseer activos, entre muchos otros temas que el estado de Guanajuato dista mucho aún de tener y, desde el gobierno, siquiera de imaginar cómo hacerlo.
4. Si el gobierno exige mayor actualidad de datos, hay que confrontar este dicho con la exigencia de que los aporten. En democracia, el gobierno construye indicadores e índices de evaluación, y no sale a presumir los millones de pesos que invierte en cemento y ladrillos. La construcción de estadística social es de las instituciones públicas, por lo que el argumento de que los datos del PNUD son "buenas fotografías de películas viejas" es una pura "robinsonada" del secretario de Desarrollo Social, pues según la Ley, es su responsabilidad dar información verídica, científicamente construida y con base en indicadores verificables. Si en esta administración creen que puede funcionar como un indicador el "número de familias beneficiadas con entrega de despensas", les haría falta tomar un buen curso de estadística social.
En efecto, el Segundo Informe está plagado de errores conceptuales; carece de una visión de mediano y largo plazo sustentada en evidencia estadística y proyecciones matemáticamente construidas, y los peor, carece de dos elementos fundamentales que caracterizan a los gobiernos democráticos avanzados: visión de derechos y cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.
En el primer caso, no hay una sola alusión en todo el texto con respecto al cumplimiento pleno de los derechos humanos y sociales; lo que muestra una incomprensión mayor de la agenda y la cuestión social del siglo XXI; por la otra se excluyen mediciones confiables que permitan, sólo por citar un caso, respaldar el compromiso hecho por el Ejecutivo Federal ante la comunidad internacional, de cumplir a cabalidad con las Metas del Milenio.
Así, el informe es omiso de oprobiosas condiciones no sólo de pobreza, sino de desigualdad; y de inequidades con respecto a grupos de población. Al respecto, vale destacar que el Informe de Gobierno presume que coordina al Comité de Indicadores de Política Social de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. El problema es que el Gobierno del Estado no construyó su Segundo Informe en la lógica de la medición que establecen los organismos que cita (como el PNUD, el Coneval o el propio INEGI), con respecto al grado de cumplimiento de los derechos humanos y sociales en la entidad.
De haberlo hecho así, el Gobierno del Estado habría presentado un cálculo matemático para evidenciar, -ya que presume que preside el mencionado Comité de Indicadores- que sus acciones evidentemente han reducido los niveles de pobreza medidos por el Coneval con datos de 2005, o bien, el mejoramiento de los indicadores del Índice de Desarrollo Humano que también presentó el PNUD recientemente, y cuya información base, lo sé de buena fuente, estuvo disponible meses antes de ser publicada para todos los gobiernos estatales, por lo que no habría argumento para decir que "no sabían" del estudio.
Uno de los indicadores que no se menciona ni por error en todo el informe es precisamente el del Índice de Desarrollo relativo al Género, que mide exactamente las mismas variables que el Índice del Desarrollo Humano, pero a las que se le agrega el componente de la desigualdad que existe entre los logros obtenidos en el cumplimiento de los derechos de los hombres y los de las mujeres.
Es difícil esperar de un gobierno que ha mostrado elementos de misoginia mayúsculos en los últimos dos años, al oponerse a la creación de la Ley para garantizar una vida sin violencia contra las mujeres, que informe sobre elementos que permitan valorar agendas que no están en su visión del desarrollo social, el cual no incluye agendas de prioridad en materia de prevención y atención de riesgos sociales.
Así, el Segundo Informe de Gobierno omite por completo replantear la política de equidad de género y garantizar la reducción de las brechas que existen entre el cumplimiento de los derechos de las mujeres y los de los hombres.
A continuación se presenta el resumen del contenido del Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género, con base, este sí, en indicadores, y no sólo registros administrativos, como está construido el documento del Ejecutivo, y lo cual impide llevar a cabo valoraciones de mayor precisión sobre la eficacia o ineficacia de su desempeño público:
1. Entre el año 2000 y el 2005 sólo 12 municipios registraron algunos avances en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún en estos municipios, su posición relativa con respecto al resto de los municipios del país está muy rezagada. Así, el que mejor desempeño tuvo en este Índice fue el municipio de Celaya, que retrocedió del lugar 97 al 107 a nivel nacional, con lo que junto con el retroceso de León, del lugar 63 al 133, Guanajuato, al igual que con el IDH, dejó de tener municipios dentro de los primeros 100 del país.
2. El resto de los municipios, 36, cayeron drásticamente en posiciones, con casos dramáticos como Comonfort y Apaseo el Alto, los cuales retrocedieron en más de 400 lugares el primero, y en más de 340 lugares el segundo.
3. En toda la entidad, sólo hay 3 municipios de los 46 que la componen, en los que la tasa de alfabetización de las mujeres fue superior a la de los hombres, en el 2005; esto sin considerar que en números absolutos, Guanajuato tiene menos hombres que mujeres, dado su bajo Índice de masculinidad.
4. Ninguno de los 46 municipios presentó en 2005 una tasa de alfabetización de mujeres igual o superior a la de los hombres. Por lo que no se trata sólo de generar mucho más infraestructura educativa sobre todo en los niveles medios superior y superior, sino garantizar además que sean incluyentes de las mujeres.
5. Uno de los elementos de desigualdad más brutales en el estado es la desigualdad que existe en el ingreso de las mujeres y de los hombres. En el municipio con "menos" desigualdad en este indicador, Celaya, la diferencia es de poco más del doble, pues en 2005 se registró que el ingreso per capita masculino ascendía a 19,558 dólares; mientras que el femenino llegó a sólo 8,125. Hay casos como el de Villagrán, en donde la diferencia de ingreso es de 4 a 1, a favor de los hombres; o el caso más extremo, en Jerécuaro, donde el ingreso obtenido por los hombres es en promedio 5 veces mayor que el de las mujeres. Debe añadirse además las diferencias intermunicipales, pues el municipio que más ingreso registro para las mujeres fue el de Celaya, con los ya mencionados 8,125 dólares por año; frente a Xichú, donde las mujeres obtuvieron, en promedio en 2005, 1,606 dólares anuales (cuatro veces menos que los hombres); y cinco veces menos que las mujeres de Celaya.
Conclusiones
1. La equidad de género ha estado presente en todos los discursos oficiales desde hace varios años; sin embargo, es políticamente inaceptable decir que se pone al "frente a las mujeres" y que se deje al presupuesto atrás.
2. Es éticamente inadmisible, que una mujer, por el hecho de nacer en Xichú, tenga una esperanza de ingreso cinco veces menor que las mujeres que nacen en Celaya; o bien 12 veces menos que los hombres que nacen en ese municipio.
3. Un estado con una alta migración, y con el menor índice de masculinidad del país, no puede ser omiso en la construcción de políticas públicas integrales para la reducción, de la pobreza sí, pero sobre todo de la desigualdad; esto implica presupuestos con criterios de género; una agenda integral para el cumplimiento de los derechos de la infancia; programas especiales para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y en general de todos los jóvenes (Guanajuato era en 2005 el último lugar nacional en usuarias de estos servicios en el sector salud); potenciar acceso al crédito y asegurar sus capacidades de generar y poseer activos, entre muchos otros temas que el estado de Guanajuato dista mucho aún de tener y, desde el gobierno, siquiera de imaginar cómo hacerlo.
4. Si el gobierno exige mayor actualidad de datos, hay que confrontar este dicho con la exigencia de que los aporten. En democracia, el gobierno construye indicadores e índices de evaluación, y no sale a presumir los millones de pesos que invierte en cemento y ladrillos. La construcción de estadística social es de las instituciones públicas, por lo que el argumento de que los datos del PNUD son "buenas fotografías de películas viejas" es una pura "robinsonada" del secretario de Desarrollo Social, pues según la Ley, es su responsabilidad dar información verídica, científicamente construida y con base en indicadores verificables. Si en esta administración creen que puede funcionar como un indicador el "número de familias beneficiadas con entrega de despensas", les haría falta tomar un buen curso de estadística social.
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