Domingo 31 de Agosto de 2008 Hora de publicación: 02:25
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El próximo jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Coloquio Universitario sobre trata de Personas al cual convocan el Seminario Universitario de la Cuestión Social, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el CEIDAS. Este coloquio busca promover la discusión en torno a la vertiente de la trata de personas con fines de explotación laboral, la cual sigue siendo un fenómeno quizá menos visible que la trata de personas con fines de explotación sexual. El año pasado, las tres instituciones convocantes realizaron un coloquio similar en el que se presentaron distintas ponencias que permiten aproximarse de manera novedosa al análisis y comprensión de la trata de seres humanos en México.Una de estas ponencias fue presentada por la Dra. Rosa María Rubalcava, quien mostró una vinculación entre la vulnerabilidad que se genera para las mujeres en las comunidades de alta migración y la posibilidad de convertirse en víctimas de la trata de personas. En efecto, la Dra. Rubalcava mostró cómo el estado de Guanajuato, el cual es la entidad del país con menor índice de masculinidad en el país, vive en distintas regiones nuevas dinámicas demográficas que se salen de los patrones “normales” de comportamiento poblacional tanto en México como en el mundo.Lo que esta presentación marcó es cómo en las localidades en que hay menos hombres, las mujeres se ven obligadas a asumir la jefatura de la familia y a contribuir, si no es que hasta a asumir completamente la responsabilidad del ingreso familiar, en ámbitos en los que llegan a convivir hasta tres generaciones de mujeres solas, y para las cuales, ni el estado ni la Federación, han logrado generar los programas de protección necesarios para evitar su posible explotación o “enganche” para ser llevadas a trabajar en condiciones de alto riesgo a los propios campos agrícolas de Guanajuato, o bien a entidades vecinas como Jalisco o incluso en campos agrícolas de Sinaloa.La segunda ponencia que destacó en ese coloquio fue presentada por Rodolfo de la Torre, quien estableció igualmente vínculos entre la pérdida de la competitividad social, entendida en una de sus dimensiones también como la pérdida de las capacidades individuales para el ejercicio de las libertades, y la vulnerabilidad de las personas ante el riesgo de convertirse en posibles víctimas de la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades.Hubo sin duda otras presentaciones que aportaron muchas líneas de investigación relacionadas con la vulnerabilidad que se genera, por ejemplo, al ser adicto a sustancias tanto lícitas como ilícitas; la vulnerabilidad de vivir o trabajar en las calles; la vulnerabilidad al vivir el abuso o el maltrato en el hogar, entre otras.Sin embargo, lo que quedó sobre todo de manifiesto es que sabemos todavía muy poco sobre el crimen de la trata de personas. No contamos con registros estadísticos confiables; no tenemos un sistema judicial lo suficientemente capacitado para procesar el delito y atender a sus probables víctimas; los ministerios públicos no han recibido suficiente capacitación para integrar averiguaciones relativas a este delito, y así, un largo etcétera de carencias y lagunas para al menos, dimensionar a qué nos estamos enfrentando.Por otro lado, lo que sí es claro es que quienes se dedican a la comisión de este delito cuentan con poderosas redes de complicidad, que al parecer van desde el ámbito de altas esferas del poder económico, hasta igualmente las primeras “líneas” del poder político. El caso de Lydia Cacho o los abusos cometidos en contra de niños de una escuela en Oaxaca, son muestras de cómo la impunidad continúa campeando en nuestro país, y que obviamente, el delito de la trata de personas no constituye una excepción.De acuerdo con la ONU y algunas de sus oficinas como la OIT y la ONUDD, se estima que en todo el mundo los tratantes obtienen ganancias hasta por 32 mil millones de dólares anuales; y UNICEF calcula que más de 2 millones de personas son víctimas de este crimen infame.Para México las cifras son igualmente tétricas: hay estimaciones de que al menos 20 mil niñas, niños y mujeres son víctimas de este crimen cada año; y el Relator Especial de la ONU contra la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil, estima que en el país hay al menos 80 mil menores de edad víctimas de este delito.Como puede verse, las cifras oscilan entre márgenes muy grandes como para tener un diagnóstico claro sobre lo que hay que hacer y hacia dónde deben dirigirse de manera mucho más urgente los recursos y capacidades; realidad que vuelve aún mucho más lamentable la omisión del Ejecutivo federal en la expedición del Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México, el cual no se ha dado a conocer y tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando ya se venció el plazo legal para haberlo hecho.Derivado de ello, no se ha instalado, al menos no de manera formal, la Comisión Intersecretarial que determina la Ley que debe crearse, y mucho menos se ha llevado a cabo la construcción del Programa Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Trata de Personas, cuya elaboración también establece la Ley como una responsabilidad del Ejecutivo federal.No sorprende entonces que derivado de lo anterior, ninguna de las Dependencias Federales a las que la Ley les asigna responsabilidades, cuenten con partidas presupuestales específicas para combatir e investigar de manera adecuada este crimen, y sobre todo, para brindar una adecuada protección y atención a las víctimas.Por todo lo anterior, es deplorable que en medio del clima de violencia generalizada que se vive en el país, un crimen de tan alto impacto y crueldad, no haya sido considerado, ni siquiera por asomo, en el marco de los ya famosos 70 puntos presentados por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, omisión que es sumamente grave porque la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, puede ser tan grave y quizá mucho más que el secuestro o el tráfico de drogas.No hay ninguna justificación para que el gobierno federal y los gobiernos estatales sigan considerando que la trata de personas es un crimen menor o que precisamente por no contar con datos precisos, es un delito que no merece la misma atención o contundencia en su condena, investigación o persecución que otros crímenes como los ya mencionadosEn el 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación en el estado de Guanajuato, gracias a la cual se pudo identificar a una maquiladora en el municipio de Valle de Santiago, en la que los testimonios hablan de que había al menos 60 personas de origen asiático en condiciones literalmente de esclavitud.Este hecho debió prender los focos de alarma de todas las autoridades, porque lo que evidencia nada menos que la trata de personas ya no es sólo un crimen que se comete en las franjas fronterizas o bien en los destinos turísticos de playa más conocidos del país. Que en pleno centro del país se haya podido instalar una “empresa” que parecía cumplir con toda la reglamentación laboral vigente, y que al final, no hayan sido las autoridades judiciales las que llevaron a cabo la investigación para sancionar a los responsables de esclavizar a esas personas, sino la CNDH, habla una vez más, de que es urgente modificar la noción que hay desde las autoridades con respecto a este delito y que se lleven a cabo acciones mucho más determinantes en la materia.Enterarnos que este crimen existe puede ser un primer paso para las y los ciudadanos, y por ello es de destacar la relevancia de eventos académicos como el que tendrá lugar el próximo día jueves; el registro de asistencia es gratuito y puede hacerse en www.ceidas.org
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