Saúl Arellano
Domingo 10 de Mayo, 2009
Hora de creación: 00:45 Ultima modificación: 00:45
Que el estado de Guanajuato está gobernado por la ultraderecha no es ningún secreto. Lo que sí es de llamar la atención es que en los últimos años, la derecha se ha apoderado de espacios al interior del PRI, desde los cuales ha iniciado un feroz movimiento reaccionario para posicionar agendas que son a todas luces contrarias a los derechos humanos.Sin duda hay casos en los que los intereses económicos y peor aún, las beaterías se han convertido en los puntos de confluencia para, desde el PRI y el PAN, impulsar iniciativas vergonzosas para una sociedad abierta.Para demostrar lo anterior citaré dos casos que se han dado recientemente en el estado de Guanajuato, y en los cuales se han hecho evidentes penosas alianzas del PRI con el PAN para sacar adelante proyectos propios de cavernícolas, o bien para defender poderosos intereses relativos estrictamente al dinero de sus socios. Ejemplo 1: La penalización del aborto. En Guanajuato están pasando muchas de las peores cosas que hay en el país: narcotráfico, delincuencia callejera, pobreza, marginación, desigualdad, y ahora una reforma a la Constitución local, a fin de “garantizar el derecho a la vida desde la concepción”.Esta reforma se suma a 17 entidades más en las que el aborto se encuentra penalizado, incluso en casos de violación sexual; reformas que se han logrado con el beneplácito o el silencio cómplice tanto de gobernadores priistas como de su dirigencia nacional: Veracruz, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Colima, Durango, Quintana Roo, Nayarit y Campeche, son las entidades actualmente gobernadas por el PRI y en donde se han aprobado legislaciones que atentan contra los derechos de las mujeres.Ejemplo 2. El Caso del Puerto Interior. La derecha tiene cercado al propio Presidente de la República, lo que tampoco es un secreto. Si esto no fuera así, no se explica por qué Felipe Calderón ha permitido que el gobierno del estado de Guanajuato esté orquestando un peligroso juego que puede costarle dos secretarios de Estado.Ese juego tiene desde luego como origen la protección de intereses económicos mayúsculos, involucrados en el caso que he documentado en varios artículos en este espacio, sobre la empresa Puerto Interior, S.A. de C.V.Al respecto, hay un juicio de amparo que ya obligó al Ejecutivo Federal a emitir un decreto en el mes de marzo, por el que da marcha atrás a la expropiación de diversas parcelas del ejido Nápoles, que es parte sustantiva de la superficie del Puerto Interior que se está desarrollando en Guanajuato.Para mostrar el nivel de importancia en el que está el caso baste recordar que el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Guanajuato hizo dos apercibimientos al Presidente de la República, ordenándole acatar la sentencia de Amparo con el número de Expediente 195/2006.Por si lo anterior no fuera poco, el pasado 4 de abril, el Director General Jurídico de la Procuraduría General de la República emitió un oficio requiriéndole al Secretario de la Reforma Agraria que cumpla con la sentencia de amparo citada.Asimismo, con el Oficio 10049 del dos de marzo de 2009, el Poder Judicial notificó al Secretario de la Función Pública sobre la apertura del Incidente de Inejecución de Sentencia, oficio que según consta en los acuerdos emitidos por el Juzgado citado, el titular de esa secretaría simplemente quiso, como se dice vulgarmente, “hacerlo “perdedizo”.Para acabar de poner al rojo vivo la situación, el día 7 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Estado de Guanajuato, dio entrada formal al mencionado Incidente de Inejecución de Sentencia por el que se está tratando de dar marcha atrás a todos los actos administrativos posteriores a la creación del Puerto Interior y de un Fideicomiso al que se le había autorizado vender las tierras amparadas por la Justicia.La Ley de Amparo y la Constitución son muy claras: ante el desacato, lo que procede es la destitución del funcionario que se niega en cumplir con la sentencia de que se trate, y en este caso, es nada menos que el Presidente de la República, el cual puede ser “exclusable”, pero no los dos secretarios que se han mencionado.Huelga decir que la mayoría de las decisiones que han dado origen a este vericueto legal, han sido iniciativa del gobernador Juan Manuel Oliva, y aprobados por el Congreso local con, desde luego, la mayoría de votos del PAN, secundados por el PRI.Este tipo de situaciones se están repitiendo en todo el país. Por ello llama la atención que la dirigencia nacional del PRI no haya dicho aún “esta boca es mía” y que no haya actuado para sancionar o al menos llamar a sus dirigentes a cuentas y exigirles cumplan con sus Documentos Básicos, lo cual constituye sin duda, darle la espalda a los principios que dicen defender.
No hay comentarios:
Publicar un comentario