Saúl Arellano
Domingo 24 de Mayo, 2009
Hora de modificación: 00:02
En una democracia con un Estado constitucional sólido, los ciudadanos estamos autorizados a hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Por el contrario, las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente la ley establece como parte de sus facultades y mandatos.En materia de opinión e información pública las cuestiones deberían funcionar de manera similar. Si cualquier ciudadano expresa su opinión, ésta puede versar sobre cualquier cuestión y ser dicha en cualquier todo, siempre y cuando no viole los límites que establece la ley. Hay otros contextos en los que además de la libertad y límites establecidos por la Ley, operan otros criterios. Tal es el caso de quienes contamos espacios de opinión pública. Nuestra tarea está determinada por el interés público, lo cual exige una estricta convicción ética y un sentido mayor de la responsabilidad.En esa lógica, quienes tenemos el privilegio de ejercer el periodismo y de expresar a través de medios masivos nuestros puntos de vista, estamos sujetos a la crítica constante de nuestros lectores, o bien al rechazo de autoridades a las que les incomodan nuestras opiniones.En este marco, si nos expresamos con falsedad, parcialidad o con irresponsabilidad, es tal el nivel de información de la opinión pública, que es difícil que estas opiniones generen daños a gran escala. En todo caso, el periodista u opinador podría perder credibilidad y lectores, o el espacio con el que cuenta. De ahí que todos los medios advierten que las opiniones individuales expresadas en sus páginas, pantallas o micrófonos, no representan necesariamente la posición de la empresa.Es necesario plantear todo lo anterior, porque los parámetros de comunicación pública que aplican a las autoridades obedecen a otros criterios. Quien ocupa un cargo público, en tanto que sólo puede hacer aquello que la ley le autoriza o mandata, también debería comunicar u opinar en el sentido en el que su responsabilidad pública le obliga.Las autoridades deben actuar con base en una ética de responsabilidad pública que garantice no sólo la veracidad y la utilidad de aquello que informan a la ciudadanía, sino que permita la pluralidad y la libertad de todos los ciudadanos para expresarse sin temor a sanciones o reprimendas de ningún tipo.Esta administración está en ese sentido en deuda con la ciudadanía. Es cierto que un gobierno tiene el derecho de defender sus políticas, pero no a costa de reducir la libertad de los gobernados, y mucho menos a través de la utilización de los recursos y el poder del Estado para intimidar y tratar de acallar la crítica.Es cierto que no hay evidencia de que este gobierno tenga como política el encarcelamiento o la persecución de comunicadores por la expresión de sus ideas; pero sí ha permitido la impunidad en los crímenes contra periodistas, a tal grado que México es considerado por varios organismos internacionales como el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer esta profesión.Lo cierto es también que hay recientes eventos bochornosos para esta administración, que han evidenciado su tendencia a la intolerancia así como nula capacidad de autocrítica. Me refiero a la andanada de declaraciones que desde el Ejecutivo se dirigieron en contra de quienes fuimos calificados como “catastrofistas” cuando advertimos que la dimensión de la crisis económica era mucho más profunda de lo que el gobierno reconocía; y que la fragilidad de nuestro aparato económico era mayúscula, hecho que se comprobó con la reciente crisis generada por la epidemia de influenza humana.Por esto, hay que tener cara dura para salir a declarar que hoy lo importante no es dimensionar el tamaño del boquete fiscal que ya tenemos, sino ver cómo lo vamos a arreglar; pregunta que el gobierno debió haberse hecho hace al menos un año cuando todos los signos de alerta mundial sobre una posible recesión comenzaron a sonar, y ante los cuales la única respuesta oficial fue que no pasaríamos de un “catarrito financiero”, que teníamos súper reservas internacionales, y un súper Peso capaz de resistir cualquier turbulencia financiera.La Presidencia de la República fue tremendamente irresponsable al insistir ante la ciudadanía que no entraríamos en recesión, que no se paralizaría el aparato productivo y que no se perderían empleos. De haber dicho la verdad quizá la gente hubiese tomado previsiones de ahorro, de incremento en sus capacidades productivas y de cautela en el uso del crédito. Como nos mintieron y además intentaron aplastar –mediáticamente hablando– a los “catastrofistas”, tanto la recesión económica como la epidemia de influenza ´”agarraron mal parada” a la mayoría de la población.Hay un síntoma que recorre a todas las instituciones, que hoy se recrudece en los partidos políticos en medio de la campaña electoral. Se llama impunidad declarativa, pues los políticos salen a decir cualquier cosa, aún mentiras, y no hay ninguna sanción o costo político por la irresponsabilidad en sus dichos.Desde mi perspectiva, ante la evidencia del tamaño del error y de las mentiras que el Gobierno se ha empeñado en repetirnos desde hace más de un año, estoy convencido de que la Presidencia nos debe a todos al menos una disculpa.
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