Saúl Arellano
Revista A-Regional, mayo de 2009, número 27, Año 03
El mayor número de pobres alimentarios en México vive en localidades rurales. CONEVAL estimó que de los 14.4 millones de personas en este nivel de pobreza, 2 de cada 3, es decir, 9.4 millones vivían en localidades rurales. A pesar de lo anterior, los datos más recientes permiten prever que las condiciones no sólo no han mejorado, sino que debido a los efectos de la crisis, en el sector rural habrá, para finales de 2009, al menos un millón más de pobres alimentarios.
De acuerdo con el instrumento de cálculo de precios de la FAO, los principales granos que se consumen en México han tenido incrementos sustantivos en los últimos años: el kilo de frijol negro de Veracruz subió en términos reales de 6.9 pesos en diciembre de 2005 a 9.98 pesos en enero de 2009. El crecimiento para el maíz fue de 1.73 pesos a 2.67; y el incremento registrado para el “arroz Morelos” fue de 10.35 a 14.28 pesos; por lo que la cifra de un millón de pobres alimentarios más puede resultar incluso conservadora.
Frente a ello, de acuerdo con el Cuaderno de Información Oportuna, Abril, 2009 de INEGI, el porcentaje de la población ocupada de 14 años y más que trabaja en el sector agrícola se redujo de 13.5% en febrero de 2008, a 12.7% en febrero de 2009. Esto se confirma mediante los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2008) la cual indica que entre el primer y el cuarto trimestre de ese año, la población rural ocupada descendió de 8.46 millones de personas, a 8.39 millones.
Por otro lado, es pertinente destacar que 1 de cada cuatro unidades de producción agropecuaria en México está encabezada por una persona sin ningún grado de escolaridad; y que 2.23 millones de los 2.9 millones de unidades de producción restantes, son encabezadas por personas que apenas concluyeron los estudios de educación primaria.
Si a estas condiciones se le agregan los datos presentados por el VIII Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, el cuadro que resulta debería hacer sonar todas las señales de alarma en las instituciones públicas responsables del diseño de las políticas para el campo, en particular SAGARPA, SRA y desde luego, la SEMARNAT.
Para avanzar en la solución de los principales problemas del mundo rural, debe considerarse, de manera urgente, cuáles son los mecanismos que pueden articular de manera eficaz, a los programas de combate a la pobreza con los programas de desarrollo rural sustentable.
La tecnocracia hacendaria de este país asume que los pobres del campo deberían ser atendidos primordialmente por SEDESOL, y que SAGARPA debería dedicarse exclusivamente a la atención de los agricultores competitivos, es decir, aquellos dedicados a la agricultura de exportación. Nada más obtuso que una mirada así, porque en primer término, el desarrollo social es mucho más que la mera asistencia social a lo pobres, articulada actualmente a través del Programa Oportunidades; y en segundo lugar, porque el desarrollo agropecuario integral es la principal condición para lograr la seguridad alimentaria en México.
Estos son precisamente los retos a los que nos enfrentamos: en primer lugar, lograr una Reforma Constitucional que garantice a todos los mexicanos el derecho a la alimentación. En segundo término, construir un nuevo modelo de desarrollo agropecuario que tenga como sustento la eliminación de las brechas de desigualdad entre el sector rural y el urbano, así como la superación del hambre. En tercer lugar, vincular a las políticas agropecuarias con las medioambientales, a fin de garantizar la sustentabilidad y la protección de las áreas que aún tienen cubierta vegetal en México; recuperar las que han perdido fertilidad y se encuentran en graves procesos de erosión, y sin duda alguna, generar una nueva estrategia nacional de cuidado y aprovechamiento racional del agua.
Debemos reconocer que México no podrá ser una nación incluyente mientras persistan las condiciones descritas en el campo mexicano. Un país justo y generoso no puede darse el lujo de mantener en el hambre y en la economía de auto-subsistencia a casi el 10% de su población, y sobre todo debe reconocerse que una democracia plena no puede fructificar ni consolidarse sin condiciones mínimas de equidad y justicia social. En ello nos jugamos nuestro futuro.
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