Saúl Arellano
Jueves 7 de Mayo, 2009
Hora de creación: 04:32 Ultima modificación: 04:32
El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) estima que, entre 1993 y 2008, de 15 millones de mexicanos que se incorporaron al conjunto de la población ocupada, 10 millones lo hicieron en la economía informal. Asimismo, el investigador emérito del Sistema Nacional Fernando Cortés había estimado que con las cifras disponibles a diciembre del año pasado, era probable que la cifra de pobres se hubiese incrementado en un millón de pobres alimentarios, y tres millones de pobres de patrimonio más a los que había en 2006.Si a este cálculo se le agrega el hecho de que la canasta básica alimentaria se incrementó en al menos 12% hasta el mes de diciembre del año pasado; que los precios de los insumos agrícolas han crecido en cerca del 30% (sobre todo por el costo del diesel agropecuario); que los ingresos de las personas no han crecido más allá de un 4% promedio en términos reales; y que la economía decrecerá en –.6% del PIB, lo esperable es que el número de pobres llegue cuando menos a 53 millones al finalizar este año, y dentro de esta cifra, 16 millones se sitúen en pobreza alimentaria.Lo que estos números evidencian son dos cosas: primero, que México ya estaba paralizado económicamente debido a la fractura del “mundo del trabajo” desde antes de septiembre de 2008, cuando implosionó la crisis financiera global; y segundo, que los programas con que contamos para combatir la pobreza están desbordados y requieren ser replanteados en función de las nuevas condiciones sociales. En efecto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006, año en que se estancó en 5 millones de familias beneficiarias. Y a pesar de que hay evidencia que apunta a señalar que el programa logró incrementar la matriculación escolar y la equidad de género en materia de ingreso y permanencia en la educación básica, no hay datos que permitan sostener que el programa ha logrado abatir sustantivamente la pobreza.Para ponerlo en términos claros, nadie puede decir, con seriedad, cuántas personas han dejado de ser pobres en México gracias al Programa Oportunidades, lo cual, a más de 10 años de operación es grave.Lo que debiera seguir entonces es una profunda revisión de cuáles son las prioridades de nuestra política social. La primera de ellas es abatir la desigualdad, lo cual implica desde luego la reducción de la pobreza, pero no solamente. Es decir, se trata de modificar las estructuras económicas e institucionales que han dado origen a profundas desigualdades sobre todo en el acceso a la salud y la educación. La segunda prioridad para nuestro país es lograr la generación masiva de empleo digno; es decir, empleo que dé acceso a prestaciones económicas y sociales pues, de acuerdo con la ENOE, 2008, de los 43.25 millones de personas ocupadas al cuarto trimestre del año pasado, 23.77 millones, es decir, casi el 55% percibía ingresos entre 1y 3 salarios mínimos, mientras que 27 millones no contaban con acceso a servicios de salud por el trabajo que desempeñaban, es decir, 62% del total de la población ocupada.Los datos son contundentes y revelan que México requiere de una profunda reforma a los programas sociales, los cuales deben incluir a los del sector rural; los del medio ambiente y cuidado del agua; los dirigidos a la competitividad y productividad de pequeños negocios y productores rurales, así como los de atención a regiones prioritarias con especial énfasis en las comunidades y pueblos indígenas.Si la política social no se propone en su conjunto lograr la cobertura universal de la educación básica, incluido el bachillerato; la cobertura universal en los servicios de salud; y reducir a cero el número de personas hambrientas, seguiremos jugando en un peligroso escenario de descontento social que no sabemos cuánto tiempo más va a resistir así.
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