Saúl Arellano
Domingo 12 de Julio, 2009
Hora de modificación: 00:12
Los acontecimientos que se han sucedido desde el trágico incendio de la Guardería ABC de Sonora, hasta la publicación de las listas que contienen los nombres de los socios y representantes legales de las guarderías que subroga el Instituto, muestran la severa crisis en la que está sumido el país.El hecho de que en la información proporcionada por el IMSS haya numerosos nombres de políticos y miembros de familias encumbradas en prácticamente todas las entidades de la República, evidencia que en nuestro país basta con tener intereses en común con los poderosos para lograr montar lucrativos negocios al amparo de la impunidad y el tráfico de influencias.Que la mayoría de los involucrados hayan salidos de inmediato a aclarar que legalmente no tienen ninguna responsabilidad, termina por demostrar que efectivamente el sistema jurídico e institucional en México está montado para que, aún cuando se descubran las corruptelas y los cochupos de los poderosos, éstos saldrán impunes. No importa cuántas personas puedan salir lastimadas; no importa cuántos funcionarios de bajo rango sean destituidos, no importa que mueran 48 niños; lo relevante, desde el punto de vista de los políticos, es que el sistema siga funcionando y que los perpetradores de los crímenes puedan seguir lucrando con los recursos públicos sin consecuencia alguna.¿Qué es lo que pasó en el IMSS? Lo que ocurrió comenzó de hecho con el gobierno irresponsable de Vicente Fox. En el año 2001, el IMSS tomó la determinación de que todas las guarderías subrogadas entrarían en un solo modelo de prestación de servicios, absorbiendo y de hecho eliminando del mercado a muchas que funcionaban en otros esquemas.De este modo, guarderías que respondían al principio que le daba sentido al IMSS, a saber, la solidaridad social, fueron obligadas a asumir figuras jurídicas y modelos de operación que superpusieron el principio de la ganancia al de la solidaridad.Fox autorizó a la dirección del IMSS abrir un voraz mercado en el que se privilegiaron los intereses de los dueños y socios, antes que el cumplimiento estricto de lo que marca la Ley para proteger los derechos de las madres trabajadoras y de los niños que son atendidos en las guarderías.El esquema de operación que se creó es un desastre: como ejemplo considérese que no hay claridad de qué le corresponde hacer a qué autoridades; por ello en el caso de la guardería de Sonora, aún no queda clara la responsabilidad de los involucrados en la tragedia.Para colmo de males, esta administración creó en 2007, por Decreto, una instancia denominada Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, el cual, hasta donde se sabe, desde su creación a la fecha sólo ha sesionado en una ocasión. Además, le da un papel secundario a las principales instancias operadoras, como el IMSS y el ISSSTE, a las que considera sólo como “invitados permanentes”, y a la SEDESOL apenas la menciona como integrante del SistemaEl Decreto mencionado le da atribuciones al DIF y a la Secretaría de Salud para coordinar al Sistema, empero ninguna de estas instituciones ha sido capaz de dar una explicación clara sobre qué está pasando con las guarderías y las estancias infantiles en México. No es de sorprender, sobre todo considerando que en las últimas dos administraciones el DIF ha estado dirigido y operado desde la incompetencia y la irresponsabilidad.Lo que muestra la tragedia de Hermosillo es sobre todo la tremenda crisis moral de las instituciones y de los políticos. No importa lo que digan en torno a que generarán acuerdos; que hay “borrón y cuenta nueva”; que hay una nueva actitud de “mano abierta”. La realidad es que la mezquindad sigue a la orden del día y lo peor es que no se ven atisbos de que las cosas vayan a cambiar en el corto plazo.La muerte de las 48 niñas y niños no puede quedar impune, pero sobre todo no puede ser obviada ni soslayada en su capacidad de mostrarnos la urgencia de construir un país apropiado para la infancia.Barack Obama sostenía en su campaña que la crisis tuvo su origen en la codicia de los empresarios y banqueros. No se equivocó y de hecho se quedó corto en el diagnóstico. La crisis tiene su origen en la corrupción y en la miseria espiritual que caracteriza a nuestra sociedad a nuestros dirigentes.Renunciamos a la solidaridad y al hacerlo, nos pusimos en las manos de un mercado diseñado para la desigualdad y para empobrecer masivamente a la población.Por lo anterior, si bien es cierto que el IMSS atraviesa por una severa crisis financiera, ésta no es otra cosa sino el reflejo de la crisis del mundo del empleo y la fractura de la categoría del trabajo digno en nuestro diseño institucional. Hoy vivimos en una realidad intolerable que apunta a convertir al siglo XXI, en el siglo de la exclusión. Por ello la crisis del IMSS es mucho más que una crisis financiera o una crisis jurídica coyuntural: en el fondo no es sino el reflejo de la crisis ética del Estado.
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