El día viernes se presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012. Como en casi todos los temas sociales, el Gobierno Federal llegó una vez más no sólo tarde, sino con una propuesta que es francamente incompleta, limitada en visión y sobre todo, con enormes deficiencias metodológicas y de diseño de política pública.Para ir de lo menor a lo mayor, vale la pena señalar la primera omisión que puede considerarse menor; y es que este Gobierno presenta Programas, y curiosamente no los “sube” de inmediato a los sitios electrónicos de las dependencias responsables de operarlo o darles cumplimiento. Visité por ejemplo los sitios de la Secretaría de Salud (www.salud.gob.mx); o del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (www.conadis.salud.gob.mx), y hasta las 23:30 horas del día viernes 24 de julio, el referido Programa Nacional aún no estaba disponible en línea. Entrando en temas de fondo, hay un enorme defecto del que parte este Programa Nacional: asume un diagnóstico completamente desfasado, porque para vergüenza de este país, no contamos con información para saber cuántas personas viven con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales.Este déficit es un rezago histórico que sólo en el año 2000 fue relativamente subsanado con la inclusión, por primera vez en nuestro país, del tema de la discapacidad en el Censo General de Población y Vivienda de ese año, en el que se registró que había,1,795,300 personas con algún tipo de discapacidad.De éstas personas, quienes viven con alguna discapacidad motriz representaban a prácticamente el 50%, pues el Censo contabilizó a más de 813 mil personas en esa condición, le siguió el grupo de personas con discapacidad visual, con poco más de 467 mil personas; y en tercer lugar se ubicó el grupo de personas con discapacidad mental con 289 mil personas.Frente a esta información, el nuevo Programa Nacional establece como una de sus metas reducir la prevalencia de 10% de la discapacidad en México. ¿En qué quedamos? Ese porcentaje implicaría que 10.7 millones de mexicanos tienen alguna discapacidad; pero si el Censo del 2000, como ya se vio dice que en ese año había 1.79 millones de discapacitados, ¿por qué recurrir a la estimación del 10% que la OMS ha planteado desde la década de los 90?Lo lamentable del caso es que INEGI no consideró relevante incluir en el Conteo de Población y Vivienda, 2005, un módulo que permitiera actualizar el dato capturado por el Censo del 2000 para saber con precisión, cuántas y dónde están las personas con discapacidad. La pregunta ante este tema es por qué la Presidencia de la República no incluyó en el Programa Nacional, por ejemplo, la aplicación de una Encuesta Nacional, que permitiera en el corto plazo tener información suficiente para tomar decisiones y diseñar políticas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.Ante esta evidencia, las 28 metas planteadas en el Programa suenan a poco menos que a una vacilada. ¿En dónde y con qué criterios se van a aplicar recursos? ¿En dónde y con qué criterios territoriales se van a operar los programas? ¿Serán programas universales o focalizados? Es obvio que nada de esto está considerado en el Programa Nacional, y una vez más amontonaron sin orden lógico ni una metodología clara, una serie de metas administrativas de direcciones y oficinas de tercer nivel del gobierno federal que de algún modo tienen qué ver con el tema de la discapacidad.La otra cuestión de fondo en el PRONADIS 2009-2012, es que le da la coordinación una vez más a la Secretaría de Salud, con lo que se ratifica la corta visión que sobre el tema tiene el Gobierno Fede-ral, porque se sigue asumiendo que la vertiente más importante es la rehabilitación física, cuando de lo que se trata es de garantizar todos los derechos de este grupo de población.Lo que hoy tenemos es uno de los planteamientos más deficientes de las últimas dos décadas, en detrimento de estas personas que siguen siendo discriminadas, excluidas, rechazadas y relegadas del bienestar y el desarrollo.Así, aunque se mencionan de “pasada”, las estrategias para la plena integración a la escuela regular de los niños con discapacidad son poco claras; no hay disposiciones presupuestales específicas y para colmo, se establece que será cada dependencia, la que en el ámbito de sus atribuciones decidirá qué hacer y qué programas impulsar. Lo que a mi me parece es que se trata de un evento más para salir al paso a las críticas sobre las omisiones en el tema, mientras que la realidad en el país sigue siendo tremendamente injusta con este grupo poblacional: la carencia de servicios médicos adecuados es infinita; la infraestructura para la rehabilitación está desestructurada e insuficiente; la capacitación para el empleo es mínima; la cultura de la inclusión laboral sigue siendo incipiente y un larguísimo etcétera.Lo que es innegable es que para las personas con alguna discapacidad las barreras físicas, pero sobre todo las culturales son inmensas, y con lo que se ha planteado, no vamos a avanzar mucho.
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