Bob Marley, Luther King, Buendía… y los periodistas asesinados. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 31 de Mayo, 2009

Hora de modificación: 01:07

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Robert Nesta Marley nació en 1945; afortunada coincidencia con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Venido de la pobreza, este músico, mejor conocido como Bob Marley, es uno de los mayores exponentes de la música latinoamericana y su vinculación al pacifismo. El 3 de diciembre de 1976, Bob Marley, su esposa de nombre Rita Anderson) y su representante, fueron heridos a balazos, a sólo dos días de un concierto para promover “la paz y la reconciliación nacional en Jamaica”, en el que Marley participaría. La causa de la agresión a Marley quedó sin aclararse. Se dijo que había sido quizá, un intento de asalto; empero, es claro que el atentado tuvo como origen un intento de represalia por la aceptación de Marley a participar en el citado concierto.Esta historia, acaecida hace ya casi 33 años nos ilustra, como muchas otras, cómo los intereses políticos o económicos siempre conspiran y siempre o casi siempre, quedan en la impunidad. Seis años antes, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King había sido asesinado a tiros; y el 2 de octubre de ese mismo año México fue escenario de una terrible masacre de estudiantes marcando con ello nuestros inacabables tiempos nublados, brillantemente descritos por el poeta Octavio Paz. “Una desgracia va siempre pisando las ropas de otra: tan inmediatas caminan”, habría escrito William Shakespeare. La lucha por las libertades iniciada en la década de los 60 y continuada a marchas forzadas en las siguientes dos décadas, comenzó de pronto a tener nuevos enemigos; muchos de ellos invisibles y por lo mismo, mucho más peligrosos por su capacidad de conspirar y corromper.El 7 de febrero de 1985, el agente antinarcóticos de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado presuntamente por orden del narcotraficante Rafael Caro Quintero, con la complicidad de autoridades judiciales y militares mexicanas. La prensa de la época narra cómo los detenidos alegaron siempre ser chivos expiatorios y cómo a final de cuentas, hubo siempre dudas en torno al manejo judicial del caso.Un año antes, el 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado sobre la Avenida de los Insurgentes de cinco tiros en la espalda; la razón: aunque nunca plenamente esclarecida, apunta a un crimen de Estado por el temor a que el columnista, considerado como uno de los periodistas más influyentes en los últimos 50 años, revelara los vínculos del poder político con los del narcotráfico. Raymundo Riva Palacio narra en su columna del 30 de mayo del 2007, cómo el autor intelectual del asesinato de Buendía fue ultimado tres días después del crimen cometido contra el periodista, con más de 120 puñaladas en el cuerpo: la ocupación de esta persona: un coronel del Ejército.20 años después del asesinato de Buendía, a unas cuantas calles de la avenida de los Insurgentes, el 28 de septiembre de 1994, sería asesinado José Francisco Ruiz Massieu, en la calle de Lafragua. Paradójicos destinos marcados por la sospecha del vínculo entre el narco y la política. Uno plenamente del lado de las víctimas, el otro, víctima lamentable marcada con la sombra de haber sido cómplice de victimarios.De acuerdo con un comunicado de la Federación Internacional de Periodistas, México es por segundo año consecutivo, el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Irak, México y la India se mantienen desde hace ya cinco años como los “líderes mundiales” en la cifra relativa a periodistas muertos en el ejercicio de su profesión.El dato no es menor: no se llega a este nada prestigioso lugar sin antecedentes reiterados de impunidad, y de un morboso contubernio entre las mafias del crimen organizado y estructuras del poder político en todos sus niveles y órdenes.A la fecha no hay ningún caso completamente resuelto en materia de asesinatos contra periodistas mexicanos. La Fiscalía creada para perseguir los delitos en contra de periodistas es menos que una burla. No ha dado informes confiables; no ha generado certidumbre ni seguridad para el ejercicio profesional del periodismo y mucho menos, ha generado credibilidad para el Gobierno. Lo increíble del caso es que cada día, cuando despertamos, esa fantasmagórica fiscalía sigue ahí, en silencio y sin la capacidad de darnos un informe creíble, o al menos aceptable.El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la UNESCO y otras instancias de la ONU han hecho enérgicos llamados a que en México se termine con la impunidad relacionada con los crímenes contra periodistas. Lamentablemente el gobierno no pasa de emitir discursos huecos y acciones marcadas por la ineptitud que a estas alturas, ya parece, antes bien, complicidad.De regreso al inicio de este artículo: Bob Marley sobrevivió al atentado; dos días después subió al escenario no sólo para cantar otra vez, sino para regalarnos una de las ideas más apasionantes del pacifismo latinoamericano. Cuando alguien le preguntó por qué ir al concierto si su vida corría peligro, respondió: “La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, ¿cómo podría tomarlo yo? Ilumina la oscuridad.” Hoy no está de más repetir: “Get up, Stand up, stand up for your rights”.

Nos debe una disculpa, Presidente. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 24 de Mayo, 2009

Hora de modificación: 00:02

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=434416

En una democracia con un Estado constitucional sólido, los ciudadanos estamos autorizados a hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Por el contrario, las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente la ley establece como parte de sus facultades y mandatos.En materia de opinión e información pública las cuestiones deberían funcionar de manera similar. Si cualquier ciudadano expresa su opinión, ésta puede versar sobre cualquier cuestión y ser dicha en cualquier todo, siempre y cuando no viole los límites que establece la ley. Hay otros contextos en los que además de la libertad y límites establecidos por la Ley, operan otros criterios. Tal es el caso de quienes contamos espacios de opinión pública. Nuestra tarea está determinada por el interés público, lo cual exige una estricta convicción ética y un sentido mayor de la responsabilidad.En esa lógica, quienes tenemos el privilegio de ejercer el periodismo y de expresar a través de medios masivos nuestros puntos de vista, estamos sujetos a la crítica constante de nuestros lectores, o bien al rechazo de autoridades a las que les incomodan nuestras opiniones.En este marco, si nos expresamos con falsedad, parcialidad o con irresponsabilidad, es tal el nivel de información de la opinión pública, que es difícil que estas opiniones generen daños a gran escala. En todo caso, el periodista u opinador podría perder credibilidad y lectores, o el espacio con el que cuenta. De ahí que todos los medios advierten que las opiniones individuales expresadas en sus páginas, pantallas o micrófonos, no representan necesariamente la posición de la empresa.Es necesario plantear todo lo anterior, porque los parámetros de comunicación pública que aplican a las autoridades obedecen a otros criterios. Quien ocupa un cargo público, en tanto que sólo puede hacer aquello que la ley le autoriza o mandata, también debería comunicar u opinar en el sentido en el que su responsabilidad pública le obliga.Las autoridades deben actuar con base en una ética de responsabilidad pública que garantice no sólo la veracidad y la utilidad de aquello que informan a la ciudadanía, sino que permita la pluralidad y la libertad de todos los ciudadanos para expresarse sin temor a sanciones o reprimendas de ningún tipo.Esta administración está en ese sentido en deuda con la ciudadanía. Es cierto que un gobierno tiene el derecho de defender sus políticas, pero no a costa de reducir la libertad de los gobernados, y mucho menos a través de la utilización de los recursos y el poder del Estado para intimidar y tratar de acallar la crítica.Es cierto que no hay evidencia de que este gobierno tenga como política el encarcelamiento o la persecución de comunicadores por la expresión de sus ideas; pero sí ha permitido la impunidad en los crímenes contra periodistas, a tal grado que México es considerado por varios organismos internacionales como el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer esta profesión.Lo cierto es también que hay recientes eventos bochornosos para esta administración, que han evidenciado su tendencia a la intolerancia así como nula capacidad de autocrítica. Me refiero a la andanada de declaraciones que desde el Ejecutivo se dirigieron en contra de quienes fuimos calificados como “catastrofistas” cuando advertimos que la dimensión de la crisis económica era mucho más profunda de lo que el gobierno reconocía; y que la fragilidad de nuestro aparato económico era mayúscula, hecho que se comprobó con la reciente crisis generada por la epidemia de influenza humana.Por esto, hay que tener cara dura para salir a declarar que hoy lo importante no es dimensionar el tamaño del boquete fiscal que ya tenemos, sino ver cómo lo vamos a arreglar; pregunta que el gobierno debió haberse hecho hace al menos un año cuando todos los signos de alerta mundial sobre una posible recesión comenzaron a sonar, y ante los cuales la única respuesta oficial fue que no pasaríamos de un “catarrito financiero”, que teníamos súper reservas internacionales, y un súper Peso capaz de resistir cualquier turbulencia financiera.La Presidencia de la República fue tremendamente irresponsable al insistir ante la ciudadanía que no entraríamos en recesión, que no se paralizaría el aparato productivo y que no se perderían empleos. De haber dicho la verdad quizá la gente hubiese tomado previsiones de ahorro, de incremento en sus capacidades productivas y de cautela en el uso del crédito. Como nos mintieron y además intentaron aplastar –mediáticamente hablando– a los “catastrofistas”, tanto la recesión económica como la epidemia de influenza ´”agarraron mal parada” a la mayoría de la población.Hay un síntoma que recorre a todas las instituciones, que hoy se recrudece en los partidos políticos en medio de la campaña electoral. Se llama impunidad declarativa, pues los políticos salen a decir cualquier cosa, aún mentiras, y no hay ninguna sanción o costo político por la irresponsabilidad en sus dichos.Desde mi perspectiva, ante la evidencia del tamaño del error y de las mentiras que el Gobierno se ha empeñado en repetirnos desde hace más de un año, estoy convencido de que la Presidencia nos debe a todos al menos una disculpa.

Para eso era el CONAPRED. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 17 de Mayo, 2009

Hora de modificación: 00:27

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=432950

El 27 de marzo de 2001 se instaló en México la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Ese mismo año fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como “Año Internacional de Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia”, en el marco de los preparativos de la Conferencia Mundial del mismo nombre, la cual se llevaría a cabo en Darfur, Sudáfrica, en el año 2002.En el Número 182-183 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, publicada en 2001, Gilberto Rincón Gallardo advertía: “Las prácticas discriminatorias permean todos los ámbitos de nuestra vida social. A diferencia de otras conductas lesivas para las personas y para su dignidad, las prácticas discriminatorias son frecuentemente invisibles para nuestro orden legal y para la acción de las instituciones, pues estos agravios carecen, en general, de codificación jurídica, y por ello, de persecución legal por parte del Estado”.Derivado de estas y otras acciones, se logró que el 14 de agosto de 2001 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se agregaron un Párrafo Segundo y Tercero al Artículo Primero de nuestra Constitución Política. El Párrafo Tercero es en el que quedó plasmado el derecho de todos los mexicanos a no ser discriminados.Posteriormente, el 11 de julio de 2003 se publicó igualmente en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que fue expedida la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El Artículo 9 de esta Ley cuenta con XXIX fracciones, en las cuales se enlistan las prácticas que se consideran como discriminatorias.La ley establece que el Estado contará con un organismo denominado Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual tiene el mandato de contribuir al desarrollo económico, cultural y social del país; llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; fomentar y promover políticas en la materia y coordinar las acciones que en la materia realicen las dependencias públicas del Ejecutivo federal.Al ser instalado el Conapred, Don Gilberto Rincón Gallardo fue nombrado presidente de este Consejo, cargo que ocupó hasta su lamentable muerte. Quienes tuvimos la oportunidad —aún marginalmente— de conocer a Don Gilberto, sabemos de su estatura moral e intelectual. Su honestidad en la defensa de los derechos humanos y su compromiso con el país estuvieron, desde mi punto de vista, siempre fuera de toda duda.Por ello sorprende que luego de su lamentable fallecimiento, el Conapred haya quedado acéfalo por tanto tiempo. La continuación de un proyecto como el que encarnaba Rincón Gallardo exigía buscar un perfil que sin pretender llenar el hueco que dejó, no sólo en el cargo, sino en el espectro político e intelectual del país, pudiera honrar el compromiso del Gobierno con una de las causas más importantes que hay para la cuestión social de México.Es lamentable que ante la evidencia del enorme reto y saldos que tenemos en materia de discriminación en México, el Conapred se haya convertido en una dependencia gris, sin personalidad y sobre todo sin voz en un momento en el que la crisis económica, el desempleo masivo y ahora hasta la epidemia que estamos enfrentando, es altamente probable que se incrementen o agudicen los niveles de discriminación persistentes en el país.Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada en 2005, nos advertían de los niveles de intolerancia, racismo, discriminación y hasta xenofobia que existen en México. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 2008, ratifica que seguimos siendo una sociedad que rechaza la diferencia, que vive en medio de una cultura de intolerancia y que los más vulnerables siguen siendo discriminados. Una de las cuestiones que llaman poderosamente la atención ante todo esto es el doble discurso de la Presidencia de la República con respecto al tema. Hacia el exterior se usa incluso la Banda Presidencial a fin de exigir no discriminación a los mexicanos a causa de la influenza humana; en cambio, hacia dentro, la presidencia del Conapred no ha sido capaz de decir “esta boca es mía” ante evidentes actos discriminatorios; por el contrario, pomposamente, en su sitio electrónico sostiene: “hasta la fecha no hay denuncias ante el Conapred a consecuencia de la influenza”.Queda la duda de si ante la muerte de Don Gilberto, la decisión del Gobierno fue minimizar al Consejo, sacarlo de la discusión pública y convertirlo en una institución intrascendente.En 2008, el 82% de los mexicanos sostiene que en nuestro país se discrimina por la edad; 75% opina que discriminamos por “la clase social”; el 73% opina que se discrimina por las preferencias sexuales; y el 70% percibe que discriminamos por nuestra apariencia física. Comprender lo que esos datos implican requiere de una visión-mundo y de una visión de Estado sostenida en una ética civilizatoria de gran calado. Hoy lamentablemente, en el Conapred se carece de ello.
sarellano@ceidas.org

Crisis, pobreza y sector agropecuario en México. Revista A Rgional, mayo 2009

Saúl Arellano

Revista A-Regional, mayo de 2009, número 27, Año 03

www.aregional.com

El mayor número de pobres alimentarios en México vive en localidades rurales. CONEVAL estimó que de los 14.4 millones de personas en este nivel de pobreza, 2 de cada 3, es decir, 9.4 millones vivían en localidades rurales. A pesar de lo anterior, los datos más recientes permiten prever que las condiciones no sólo no han mejorado, sino que debido a los efectos de la crisis, en el sector rural habrá, para finales de 2009, al menos un millón más de pobres alimentarios.
De acuerdo con el instrumento de cálculo de precios de la FAO, los principales granos que se consumen en México han tenido incrementos sustantivos en los últimos años: el kilo de frijol negro de Veracruz subió en términos reales de 6.9 pesos en diciembre de 2005 a 9.98 pesos en enero de 2009. El crecimiento para el maíz fue de 1.73 pesos a 2.67; y el incremento registrado para el “arroz Morelos” fue de 10.35 a 14.28 pesos; por lo que la cifra de un millón de pobres alimentarios más puede resultar incluso conservadora.
Frente a ello, de acuerdo con el Cuaderno de Información Oportuna, Abril, 2009 de INEGI, el porcentaje de la población ocupada de 14 años y más que trabaja en el sector agrícola se redujo de 13.5% en febrero de 2008, a 12.7% en febrero de 2009. Esto se confirma mediante los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2008) la cual indica que entre el primer y el cuarto trimestre de ese año, la población rural ocupada descendió de 8.46 millones de personas, a 8.39 millones.
Por otro lado, es pertinente destacar que 1 de cada cuatro unidades de producción agropecuaria en México está encabezada por una persona sin ningún grado de escolaridad; y que 2.23 millones de los 2.9 millones de unidades de producción restantes, son encabezadas por personas que apenas concluyeron los estudios de educación primaria.
Si a estas condiciones se le agregan los datos presentados por el VIII Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal, el cuadro que resulta debería hacer sonar todas las señales de alarma en las instituciones públicas responsables del diseño de las políticas para el campo, en particular SAGARPA, SRA y desde luego, la SEMARNAT.
Para avanzar en la solución de los principales problemas del mundo rural, debe considerarse, de manera urgente, cuáles son los mecanismos que pueden articular de manera eficaz, a los programas de combate a la pobreza con los programas de desarrollo rural sustentable.
La tecnocracia hacendaria de este país asume que los pobres del campo deberían ser atendidos primordialmente por SEDESOL, y que SAGARPA debería dedicarse exclusivamente a la atención de los agricultores competitivos, es decir, aquellos dedicados a la agricultura de exportación. Nada más obtuso que una mirada así, porque en primer término, el desarrollo social es mucho más que la mera asistencia social a lo pobres, articulada actualmente a través del Programa Oportunidades; y en segundo lugar, porque el desarrollo agropecuario integral es la principal condición para lograr la seguridad alimentaria en México.
Estos son precisamente los retos a los que nos enfrentamos: en primer lugar, lograr una Reforma Constitucional que garantice a todos los mexicanos el derecho a la alimentación. En segundo término, construir un nuevo modelo de desarrollo agropecuario que tenga como sustento la eliminación de las brechas de desigualdad entre el sector rural y el urbano, así como la superación del hambre. En tercer lugar, vincular a las políticas agropecuarias con las medioambientales, a fin de garantizar la sustentabilidad y la protección de las áreas que aún tienen cubierta vegetal en México; recuperar las que han perdido fertilidad y se encuentran en graves procesos de erosión, y sin duda alguna, generar una nueva estrategia nacional de cuidado y aprovechamiento racional del agua.
Debemos reconocer que México no podrá ser una nación incluyente mientras persistan las condiciones descritas en el campo mexicano. Un país justo y generoso no puede darse el lujo de mantener en el hambre y en la economía de auto-subsistencia a casi el 10% de su población, y sobre todo debe reconocerse que una democracia plena no puede fructificar ni consolidarse sin condiciones mínimas de equidad y justicia social. En ello nos jugamos nuestro futuro.

Con la complicidad del PRI, la derecha va por todo. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 10 de Mayo, 2009

Hora de creación: 00:45 Ultima modificación: 00:45

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Que el estado de Guanajuato está gobernado por la ultraderecha no es ningún secreto. Lo que sí es de llamar la atención es que en los últimos años, la derecha se ha apoderado de espacios al interior del PRI, desde los cuales ha iniciado un feroz movimiento reaccionario para posicionar agendas que son a todas luces contrarias a los derechos humanos.Sin duda hay casos en los que los intereses económicos y peor aún, las beaterías se han convertido en los puntos de confluencia para, desde el PRI y el PAN, impulsar iniciativas vergonzosas para una sociedad abierta.Para demostrar lo anterior citaré dos casos que se han dado recientemente en el estado de Guanajuato, y en los cuales se han hecho evidentes penosas alianzas del PRI con el PAN para sacar adelante proyectos propios de cavernícolas, o bien para defender poderosos intereses relativos estrictamente al dinero de sus socios. Ejemplo 1: La penalización del aborto. En Guanajuato están pasando muchas de las peores cosas que hay en el país: narcotráfico, delincuencia callejera, pobreza, marginación, desigualdad, y ahora una reforma a la Constitución local, a fin de “garantizar el derecho a la vida desde la concepción”.Esta reforma se suma a 17 entidades más en las que el aborto se encuentra penalizado, incluso en casos de violación sexual; reformas que se han logrado con el beneplácito o el silencio cómplice tanto de gobernadores priistas como de su dirigencia nacional: Veracruz, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Colima, Durango, Quintana Roo, Nayarit y Campeche, son las entidades actualmente gobernadas por el PRI y en donde se han aprobado legislaciones que atentan contra los derechos de las mujeres.Ejemplo 2. El Caso del Puerto Interior. La derecha tiene cercado al propio Presidente de la República, lo que tampoco es un secreto. Si esto no fuera así, no se explica por qué Felipe Calderón ha permitido que el gobierno del estado de Guanajuato esté orquestando un peligroso juego que puede costarle dos secretarios de Estado.Ese juego tiene desde luego como origen la protección de intereses económicos mayúsculos, involucrados en el caso que he documentado en varios artículos en este espacio, sobre la empresa Puerto Interior, S.A. de C.V.Al respecto, hay un juicio de amparo que ya obligó al Ejecutivo Federal a emitir un decreto en el mes de marzo, por el que da marcha atrás a la expropiación de diversas parcelas del ejido Nápoles, que es parte sustantiva de la superficie del Puerto Interior que se está desarrollando en Guanajuato.Para mostrar el nivel de importancia en el que está el caso baste recordar que el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Guanajuato hizo dos apercibimientos al Presidente de la República, ordenándole acatar la sentencia de Amparo con el número de Expediente 195/2006.Por si lo anterior no fuera poco, el pasado 4 de abril, el Director General Jurídico de la Procuraduría General de la República emitió un oficio requiriéndole al Secretario de la Reforma Agraria que cumpla con la sentencia de amparo citada.Asimismo, con el Oficio 10049 del dos de marzo de 2009, el Poder Judicial notificó al Secretario de la Función Pública sobre la apertura del Incidente de Inejecución de Sentencia, oficio que según consta en los acuerdos emitidos por el Juzgado citado, el titular de esa secretaría simplemente quiso, como se dice vulgarmente, “hacerlo “perdedizo”.Para acabar de poner al rojo vivo la situación, el día 7 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Estado de Guanajuato, dio entrada formal al mencionado Incidente de Inejecución de Sentencia por el que se está tratando de dar marcha atrás a todos los actos administrativos posteriores a la creación del Puerto Interior y de un Fideicomiso al que se le había autorizado vender las tierras amparadas por la Justicia.La Ley de Amparo y la Constitución son muy claras: ante el desacato, lo que procede es la destitución del funcionario que se niega en cumplir con la sentencia de que se trate, y en este caso, es nada menos que el Presidente de la República, el cual puede ser “exclusable”, pero no los dos secretarios que se han mencionado.Huelga decir que la mayoría de las decisiones que han dado origen a este vericueto legal, han sido iniciativa del gobernador Juan Manuel Oliva, y aprobados por el Congreso local con, desde luego, la mayoría de votos del PAN, secundados por el PRI.Este tipo de situaciones se están repitiendo en todo el país. Por ello llama la atención que la dirigencia nacional del PRI no haya dicho aún “esta boca es mía” y que no haya actuado para sancionar o al menos llamar a sus dirigentes a cuentas y exigirles cumplan con sus Documentos Básicos, lo cual constituye sin duda, darle la espalda a los principios que dicen defender.

Después de la epidemia urge la reforma social. Suplemento Especial Influenza, Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Jueves 7 de Mayo, 2009

Hora de creación: 04:32 Ultima modificación: 04:32

http://www.cronica.com.mx/especial.php?id_tema=1271&id_nota=430857

El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) estima que, entre 1993 y 2008, de 15 millones de mexicanos que se incorporaron al conjunto de la población ocupada, 10 millones lo hicieron en la economía informal. Asimismo, el investigador emérito del Sistema Nacional Fernando Cortés había estimado que con las cifras disponibles a diciembre del año pasado, era probable que la cifra de pobres se hubiese incrementado en un millón de pobres alimentarios, y tres millones de pobres de patrimonio más a los que había en 2006.Si a este cálculo se le agrega el hecho de que la canasta básica alimentaria se incrementó en al menos 12% hasta el mes de diciembre del año pasado; que los precios de los insumos agrícolas han crecido en cerca del 30% (sobre todo por el costo del diesel agropecuario); que los ingresos de las personas no han crecido más allá de un 4% promedio en términos reales; y que la economía decrecerá en –.6% del PIB, lo esperable es que el número de pobres llegue cuando menos a 53 millones al finalizar este año, y dentro de esta cifra, 16 millones se sitúen en pobreza alimentaria.Lo que estos números evidencian son dos cosas: primero, que México ya estaba paralizado económicamente debido a la fractura del “mundo del trabajo” desde antes de septiembre de 2008, cuando implosionó la crisis financiera global; y segundo, que los programas con que contamos para combatir la pobreza están desbordados y requieren ser replanteados en función de las nuevas condiciones sociales. En efecto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006, año en que se estancó en 5 millones de familias beneficiarias. Y a pesar de que hay evidencia que apunta a señalar que el programa logró incrementar la matriculación escolar y la equidad de género en materia de ingreso y permanencia en la educación básica, no hay datos que permitan sostener que el programa ha logrado abatir sustantivamente la pobreza.Para ponerlo en términos claros, nadie puede decir, con seriedad, cuántas personas han dejado de ser pobres en México gracias al Programa Oportunidades, lo cual, a más de 10 años de operación es grave.Lo que debiera seguir entonces es una profunda revisión de cuáles son las prioridades de nuestra política social. La primera de ellas es abatir la desigualdad, lo cual implica desde luego la reducción de la pobreza, pero no solamente. Es decir, se trata de modificar las estructuras económicas e institucionales que han dado origen a profundas desigualdades sobre todo en el acceso a la salud y la educación. La segunda prioridad para nuestro país es lograr la generación masiva de empleo digno; es decir, empleo que dé acceso a prestaciones económicas y sociales pues, de acuerdo con la ENOE, 2008, de los 43.25 millones de personas ocupadas al cuarto trimestre del año pasado, 23.77 millones, es decir, casi el 55% percibía ingresos entre 1y 3 salarios mínimos, mientras que 27 millones no contaban con acceso a servicios de salud por el trabajo que desempeñaban, es decir, 62% del total de la población ocupada.Los datos son contundentes y revelan que México requiere de una profunda reforma a los programas sociales, los cuales deben incluir a los del sector rural; los del medio ambiente y cuidado del agua; los dirigidos a la competitividad y productividad de pequeños negocios y productores rurales, así como los de atención a regiones prioritarias con especial énfasis en las comunidades y pueblos indígenas.Si la política social no se propone en su conjunto lograr la cobertura universal de la educación básica, incluido el bachillerato; la cobertura universal en los servicios de salud; y reducir a cero el número de personas hambrientas, seguiremos jugando en un peligroso escenario de descontento social que no sabemos cuánto tiempo más va a resistir así.

La influenza y la xenofobia. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 3 de Mayo, 2009

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=429974

Hay patologías, igual de graves o más, que las producidas por los virus. Una de ellas es la xenofobia, actitud que en el fondo, conlleva también altas dosis de racismo e intolerancia.Por ello sorprende la actitud asumida por gobiernos de países como Francia, Israel, Argentina, Colombia, Cuba y una larga lista, que ante la emergencia mundial, han decidido cerrar prácticamente sus fronteras al ingreso de mexicanos, bajo el argumento del “riesgo del contagio”.En esas medidas, me atrevo a decirlo con todas sus letras, se asoma una actitud xenófoba y hasta racista. En momentos en los que se requiere la solidaridad internacional, más aún cuando ha habido un llamado honesto de nuestro país a la comunidad de naciones para enfrentar juntos esta amenaza, la respuesta ha sido solidaria de algunos, sí —como el caso ejemplar del gobierno español—, pero tremendamente excluyente de otros.Cuando la llamada “peste negra” asoló a Europa en el siglo XIV, epidemia que de acuerdo con los historiadores cobró la vida de un tercio de la población europea, se construyeron distintos mitos en torno a su surgimiento. Uno de los más penosos y absurdos fue el que derivó en la acusación y el asesinato de cientos, quizá miles de judíos, a quienes se les culpó de ser los generadores diabólicos de la peste, en una de las muestras más aberrantes de antisemitismo que se han dado a lo largo de la historia.Ese solo hecho es suficiente para volver incomprensible la posición del gobierno de Israel, el cual respaldó la iniciativa francesa de denominar a la actual epidemia de influenza provocada por el virus (A) H1N1, como “la gripe mexicana”, en una peligrosa actitud de estigmatización hacia nuestra población.Francia ha presumido ser el centro de la civilización occidental. De hecho es singular observar cómo muchos autores franceses hablan de “la modernidad” a partir de la Revolución Francesa, movimiento que en aras de la libertad, la igualdad y la fraternidad, derivó en procesos autoritarios sin precedentes a los que mentes tan lúcidas como la del Marqués de Sade, ofrecieron una resistencia ejemplar.Ante lo anterior Francia ha sido escenario de vergonzosos episodios de racismo: desde el caso del juicio al capitán Alfred Dreyfus, el cual es paradigmático del antisemitismo europeo, pasando por el colaboracionismo parisino con el régimen nazi, hasta las más recientes muestras de intolerancia ante las comunidades musulmanas radicadas en París, sin contar desde luego las terribles guerras de ocupación y expansionismo en África, y desde luego, el fallido intento de ocupación de nuestro país.Quizá algún avezado defensor de la cultura eurocentrista me acuse de resentimiento histórico; empero, nada hay más grave que pasar por alto cualquier viso de racismo o xenofobia, que por decirlo en una sola cifra, fueron en buena medida la causa de más de 45 millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial. El Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, denuncia cómo el mundo sigue siendo escenario de “brotes” de lo que denomina, literalmente, como la plaga del racismo y la discriminación.En los últimos meses América del Sur ha enfrentado un brote epidémico de dengue y que yo sepa no ha habido ninguna iniciativa francesa para denominarlo “dengue argentino” o “brasileño” o “peruano” o utilizando el gentilicio de cualesquiera de los países afectados por ese brote. Tampoco se sabe de la cancelación masiva de vuelos o cierre de fronteras o restricciones al ingreso de pasajeros de esos países.Ante estas evidencias surge la duda de si no estará operando a nivel internacional lo que René Girard llama el “sistema expiatorio”, mediante el cual una buena parte de la comunidad internacional estaría construyendo justamente con México un “chivo expiatorio” ante la incertidumbre y alerta sanitaria global generada por la aparición del nuevo virus de la influenza humana.¿Por qué si existe la duda científicamente razonada acerca de que el virus pudo haber tenido su origen en el estado de California, los gobiernos de Francia, Israel y otros que los han seguido, no han cerrado sus aeropuertos a los vuelos provenientes de Los Ángeles? La alerta de la OMS es clara: no se recomienda el cierre de aeropuertos ni cancelación de vuelos ni cierres de fronteras, porque son medidas inútiles para detener la propagación del virus. ¿Por qué entonces cancelar y estigmatizar sólo a los mexicanos? Dirán lo que sea, pero a mí me parece una actitud realmente sospechosa.El filósofo Emanuel Levinás sostenía que aquello que más nos hace comprender la igualdad inherente a toda la humanidad, es nuestra vulnerabilidad ante el hambre; yo agregaría también, nuestra vulnerabilidad ante la enfermedad. Todos somos mortales y todos respiramos el mismo aire en este frágil planeta.La Declaración de Durban en contra del racismo hace un llamado a la formación de una “familia humana”, en un siglo XXI fundado en los derechos humanos y la democracia. La discriminación y el racismo mostrado ante México en este escenario de alerta sanitaria mundial, nos enseñan que estamos muy lejos de alcanzar un ideal de estos alcances.