Machismo y discriminación en la SEP. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Opinión Domingo 31 de Enero, 2010
Hora de modificación: 02
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Es probable que el secretario Alonso Lujambio no esté enterado de las prácticas, usos y costumbres que se mantienen en la Secretaría a su cargo. Una de las más lamentables es la continuada violación de los derechos elementales de las mujeres, vía la exigencia del certificado de no embarazo para ingresar, ya sea como profesoras o como empleadas administrativas en la SEP.


Si bien es cierto que algunas dependencias de la administración pública han eliminado este requisito, lo cierto es que en la cotidianidad se mantiene la exigencia, al integrar los expedientes de quienes ingresan a la SEP, tanto del certificado mencionado como de análisis clínicos para verificar que no sean portadores de enfermedades de transmisión sexual.

Estas acciones responden al machismo y a la discriminación que permanecen como cultura en el interior de muchas dependencias del gobierno, y no tienen ninguna justificación, ni racional ni ética ni de ningún tipo.

Por ejemplo, si hay alguna profesora que es altamente eficaz y está embarazada, ¿se le negaría el ingreso a la planta docente de una escuela por esa razón? O bien, si algún profesor o profesora altamente capacitado fuera portador del VIH, ¿esto sería motivo para rechazarlo como docente?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una de nuestras garantías elementales el derecho a no ser discriminados por razones de condición económica, social, de salud, pertenencia étnica, religión, etcétera, por lo que las condiciones administrativas que se exigen para ingresar como profesor al sistema educativo nacional son contrarias al espíritu de nuestra carta magna.

Enfrentamos una verdadera tragedia educativa y, por lo que se ve, no hay las capacidades suficientes para transformar lo que está ocurriendo en materia de aprendizaje, deserción escolar y rezagos en cobertura y oferta en todos los niveles educativos del país.

¿Cómo va a ser posible generar procesos educativos ampliados en el país si desde la propia Secretaría responsable de su impartición se tienen prácticas discriminatorias y que son reflejo del machismo imperante en todo el sistema educativo nacional?

Un reto que sería interesante asumir por parte del titular de la SEP es realizar un estudio independiente sobre prácticas y valores de los profesores del sistema de educación pública en todo el país. De llevarse a cabo, lo que seguramente se obtendría es una planta docente nacional que no sólo ratificaría su baja preparación, sino además la persistencia de atavismos y rezagos culturales que impiden la generación de condiciones adecuadas para la equidad de género.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, había en 2008 la suma de 1.76 millones de maestros en el país. Lo más interesante a observar en la información que presenta el Ejecutivo en la materia es que no ofrece datos relativos a la planta docente, desagregados suficientemente por sexo y edad. Es decir, al menos en el Tercer Informe de Gobierno, así como el documento Panorama Educativo de México, 2008, no se ofrecen datos suficientes para evaluar la equidad de género en el interior de la planta docente de nuestro país, en términos de equidad en el reparto de plazas de trabajo, cargos directivos, prestaciones y salarios.

Sería interesante también que el secretario asumiera un verdadero liderazgo dentro de la SEP y encabezara un estudio de amplio espectro sobre las condiciones de inequidad, discriminación y marginación de las mujeres en los espacios educativos.

La Constitución y la Ley General de Educación establecen que la educación nacional debe promover la democracia, la equidad de género, así como los valores de tolerancia, convivencia y aceptación. Empero, ¿cómo va a ser esto posible si la propia dependencia encargada de darle cumplimiento mantiene en su interior prácticas y acciones que limitan o de plano violan los derechos de las mujeres?

Lo peor en nuestro país es que ante este tipo de críticas las autoridades responden exigiendo que “si se tienen pruebas, se muestren”. Empero, todos sabemos de los niveles de corrupción y de autoritarismo que se vive en el interior de los planteles escolares y que cualquier denuncia es perseguida y sancionada a través de prácticas caciquiles de supervisores, directores y subdirectores de escuelas.

Lo sensato sería que la SEP contara con mecanismos adecuados para garantizar plenamente los derechos de sus empleados, y en particular de las mujeres que ahí trabajan, ya sea desde las áreas administrativas, hasta en el ejercicio de la docencia.

Otro de los temas pendientes en la SEP es el de la plena integración de las personas con discapacidad. Y aun cuando hace unas semanas se presentó el programa nacional en la materia, lo cierto es que el número de empleados con discapacidad en la SEP no rebasa el uno por ciento de su planta total y que miles de niñas y niños discapacitados son rechazados o se les limita su derecho a recibir educación de calidad.

Erradicar el machismo, la inequidad de género y la discriminación contra las personas con discapacidad son una tarea mayor para el secretario Lujambio, y es de esperar que las supuestas pretensiones presidenciales que tiene no lo distraigan del cumplimiento de las responsabilidades que la Constitución le exige.