Anemia Legislativa. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Jueves 22 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=501923
 
Es ofensiva la forma en que el Congreso se gasta nuestros recursos en anuncios de radio y televisión diciéndonos que trabajan para nosotros. Lo es más si se considera su ínfima productividad aunada a su incapacidad de construir, ante la inopia del gobierno federal, un diálogo inteligente y dirigido a cohesionar a la nación.
El día lunes, José Sosa escribía aquí en La Crónica acerca de la importancia del servicio profesional de carrera en la administración pública federal, y de cómo el sistema que se había planteado originalmente está condenado al fracaso y va en ruta de colisión.
Lo mismo puede decirse del sistema que intentó implementarse en el Congreso. La mayoría de los funcionarios que trabajan en las áreas de asesoría parlamentaria siguen siendo “personal de confianza”, mientras que son muy pocos quienes realmente han entrado a procesos de formación y profesionalización de sus actividades, amén de que cuando lo han hecho las “grillas” y la propia incapacidad de los legisladores les cierran el paso en las tareas de dictamen y generación de propuestas.
Como el descrédito del Congreso frente a los ciudadanos es mayúsculo, a partir del año 2000 se puso de moda una especie de “feria de las iniciativas”, en la que se tomó como verdad incontrovertible que el mejor legislador sería aquel que más veces “subiera a tribuna”, desde luego con el único fin de evitar el escarnio de haberla usado sólo para tomarse alguna vez la foto del recuerdo con la Bandera Nacional a sus espaldas.
Así las cosas, de manera sintomática comenzó a crecer el número de “reformitas” que muchos legisladores, lenta pero inexorablemente, presentaron una tras otra, con el insano objetivo de no pasar desapercibidos, presentándose además a sí mismos como expertos en temas de los que literalmente jamás habían escuchado o de los que están enterados a través de artículos de periódicos y, en el mejor de los casos, de revistas especializadas.
Se ha llegado al absurdo, por sólo citar un ejemplo, de que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hay más de mil iniciativas en espera de ser dictaminadas y que, a juicio de los especialistas, de ser aprobadas al menos en la mitad tendríamos una catástrofe constitucional, pues es tal la cantidad de modificaciones que se han planteado que literalmente tendríamos una nueva constitución armada con base en la lógica del remiendo y el pegote.
La pregunta es: ¿qué va a hacer el Congreso para resolver este rezago? Porque en sí en la Cámara de Diputados hay 44 comisiones ordinarias, obviamente todas con facultades y responsabilidades de dictamen, y en el Senado hay otras 59 y se asume que en cada una de ellas hay al menos 50 dictámenes pendientes de ser atendidos (una cifra que realmente es conservadora), tendríamos más de cinco mil iniciativas estancadas en el Congreso.
Si nuestros órganos legislativos tuviesen cuerpos especializados de asesores, integrados de manera transparente y con base en el prestigio académico y profesional, podría plantearse una serie de medidas que evitaran esto que he denominado como “feria de las iniciativas”.
Una comisión, por ejemplo, que tuviera la responsabilidad de filtrar la calidad técnica, teórica y de pertinencia social de las iniciativas, podría evitar que las comisiones con responsabilidad de dictamen perdieran el tiempo y estuviesen ahogadas, como lo están ahora, en la revisión de muchas iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos, que son verdaderos monumentos a la estulticia.
Por todo esto, el Congreso sigue dando prioridad sólo a las iniciativas que cuentan con el respaldo de los medios de comunicación, que son de interés evidente de los grupos económicos, que han sido dictaminados por sus propios promotores y que son entregados a las presidencias o secretarías de comisiones dictaminadoras para que se las aprueben, y un largo etcétera de aberraciones que en un Congreso apegado a la legalidad y sobre todo a la ética no podrían ocurrir.
Cuando se piensa en el desarrollo institucional se alude generalmente a las estructuras del gobierno; empero, hay una insuficiente discusión en torno a cómo modernizar, profesionalizar y darle una nueva estructura orgánica, funcional y operativa a nuestro Congreso.
Un servicio profesional de carrera que permita construir equipos con sólidas formaciones tanto técnicas como conceptuales podría contribuir a que las ocurrencias de los legisladores tengan al menos algún sentido y sirvan para armonizar, mejorar y potenciar la capacidad del marco jurídico para proteger plenamente los derechos humanos en nuestro país.
Mientras tanto, las reformas relativas a la protección del interés superior de la niñez, el derecho a la alimentación y otras de un fuerte contenido social, que han estado en debate en el Congreso desde al menos hace cinco años, tendrán que seguir durmiendo el sueño de los justos, porque simplemente no hay quién elabore los dictámenes respectivos.
Desde mi humilde opinión, esta parálisis bien puede recibir el nombre de anemia legislativa y creo que es válido seguir insistiendo en que mientras el desempeño de los legisladores no mejore, seguirá siendo sumamente injusto que perciban 150 mil pesos mensuales, pagados, claro está, con el dinero de nuestros impuestos.