Una Ley contra el robo de niños. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Domingo 11 de Abril, 2010
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=499598

El caso de la niña Paulette Gebara ha abierto muchos frentes de discusión, pero en ninguno de ellos se ha abordado una de las cuestiones de fondo vinculadas no sólo a este caso, sino a las miles de desapariciones de niñas y niños que se registran año con año.

Es inaceptable que en nuestro país sea más fácil denunciar penalmente el robo de un automóvil que el de un menor de edad; esto es así porque en primer lugar no hay una ley que considere que el robo de menores de 18 años sea un delito federal perseguido de oficio por todas las autoridades.

También lo es porque los puristas del derecho han asumido que las niñas y niños, en tanto que no son mercancías, no pueden “ser robados”. Bendita definición cuando al no penalizarlo se les abren las puertas a redes delincuenciales que hacen de la vida, tanto del niño robado como de sus familiares, un verdadero infierno.

Se ha argumentado también que no es necesario tipificar un nuevo delito federal, porque en las entidades ya existen disposiciones que sancionan la “sustracción de menores” o la “desaparición de personas”, tipos penales que, debe decirse, no son considerados como graves.

Para colmo, cuando un menor de 18 años, pero mayor de 16, y en algunas entidades incluso de 14 años, las disposiciones de procedimiento indican que deben pasar entre 48 y 72 horas para iniciar una averiguación previa, norma que constituye en realidad una invitación al robo de los niños, porque en ese lapso, dada la sofisticación de las redes criminales internacionales, esa niña, niño o adolescente podría ya estar literalmente del otro lado del planeta.

Pareciera que en México lo importante para el gobierno y los legisladores en general son las cosas antes que las personas. Por ello dedican horas de discusión política en la rebatinga por los pesos y los centavos; en ver quién administra y se queda con la mayor parte de los despojos de Pemex, pero no para atender problemas sociales que han rebasado ya los contenidos de los marcos jurídicos.

Por todo esto es de celebrarse que en este periodo legislativo la diputada Yolanda de la Torre haya presentado una Iniciativa con el propósito de tipificar el delito del robo de niños, para diferenciarlo del tipo penal del secuestro o la sustracción de menores, y para darle una penalización similar a quien comete el delito de trata de personas.

Además de lo anterior, lo más importante que encuentro en esa iniciativa es que busca la creación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Robo de Niños, la cual obliga a las autoridades a actuar en un lapso máximo de dos horas a partir de la denuncia de la desaparición de una niña o niño y, lo más interesante, busca obligar a que los medios de comunicación le den difusión a todos los casos y no sólo a los que les permiten elevar el rating.

La iniciativa tiene otras bondades, como la de permitir que el afectado, cuando crea que el Ministerio Público no está atendiendo debidamente el caso, acuda a una Dirección Ejecutiva adscrita a la PGR, con facultad de actuar a nivel nacional, a fin de solicitarle que emita una declaratoria de alerta del robo de las niñas o los niños.

Este tipo de leyes ya existen en otros países. Son conocidas con el nombre de “leyes Amber”, pues retoman el nombre de la niña Amber Hagerman, quien después de haber sido robada fue posteriormente víctima de violación sexual y, al final, brutalmente asesinada en el estado de Texas, en los Estados Unidos.

La racionalidad de lo que establece la iniciativa en México es clara; aun cuando carecemos de información precisa con respecto a nuestro país, pues las instancias encargadas de generar datos sociales a veces están más ocupadas de construir cifras alegres para el lucimiento del Ejecutivo, sí sabemos lo que ocurre en otras latitudes.

Así, en los Estados Unidos de América se tiene un registro de casi 115 mil tentativas de secuestro o robo de niños cada año. De las niñas y niños que son robados y que llegan a ser asesinados, lo son en el 75 por ciento de los casos dentro de las primeras tres horas después de haber ocurrido el robo, con la circunstancia de que en lo general hay una tardanza de dos horas en reportar su desaparición.

En México, las cifras más conservadoras hablan de más de 100 desapariciones diarias, lo cual implica una cifra de más de 36 mil casos anuales, dato verdaderamente alarmante, pues la vida, seguridad y posibilidad de desarrollo futuro, tanto de los niños como de sus familias, se queda truncado.

Habrá que esperar la reacción de los medios de comunicación, en particular de los electrónicos, los cuales siempre son reacios a aceptar obligaciones que significan reducción de sus ganancias, pues, como ya se dijo, la ley considera su participación obligatoria en la emisión de alertas sobre el robo de los niños.

Quizá sea ingenuo, pero es dable pensar todavía que en nuestras sociedades no todo se trata exclusivamente de dinero.