Opinión
Jueves 15 de Julio, 2010
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No hay peor crimen social que el de la trata de personas. Aunque se ha dicho en numerosos foros, nunca estará de más recalcar que es una forma moderna de esclavitud, en la que los victimarios reducen a sus víctimas a “cosas”; les dan trato literalmente de objetos y medios para satisfacer las más oscuras perversiones y propósitos.
Un dato preocupante sobre el tema es el crimen con mayor participación femenina en su organización y ejecución. De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta circunstancia no sólo se ha mantenido constante, sino que hay signos de que pudiera estar creciendo en los últimos años.
De manera lamentable, cifras van y cifras vienen, y en México no hemos sido capaces de construir un dato confiable sobre la magnitud de este crimen; lo que es más, el Gobierno no ha podido concluir en casi tres años, la elaboración de un sistema de información al que está obligado por mandato de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Por ello es también desalentador pensar en el Programa Nacional que debe elaborar la Comisión Intersecretarial de la materia, pues la misma era presidida por el licenciado Fernando Gómez Mont. Ante esta situación, la pregunta es ¿cuánto tiempo le tomará al nuevo secretario José Francisco Blake enterarse que tiene esta responsabilidad, y sobre todo, cuánto tiempo habrá de pasar antes de que convoque a una nueva sesión de trabajo de dicha comisión y retome los trabajos, que por cierto, no han sido muchos.
La cuestión es preocupante: si el gobierno federal no tiene un buen diagnóstico (y si lo tiene no lo ha hecho público); y si no ha generado un sistema adecuado de información, ¿con base en qué datos, elementos o criterios va a construir un Programa Nacional en esta materia?
A lo anterior, debe añadirse el señalamiento de los criterios sectarios con los que el Gobierno ha decidido otorgar apoyos a las OSC que trabajan en la materia. Por un lado, INDESOL ha excluido a las asociaciones que no comparten, ya no digamos la visión general del gobierno, sino la ideología panista, llegando a contradicciones absurdas: por un lado excluyen de INDESOL a la Coalition Against Traficking of Woman (CATWLA), y por el otro la incluyen en la Comisión Intersecretarial como una de las OSC permanentes.
Debe destacarse pues que si hay un delito ante el cual las autoridades están desbordadas en su capacidad de análisis e investigación, pero sobre todo, de protección de sus víctimas, es el de la trata de personas; por lo que también es válido sostener que si hay un delito en el que se requiere la acción coordinada entre la sociedad civil, el sector privado, el sector turístico y de transportes, y desde luego, el gobierno, es precisamente de éste del que se habla.
Así, ante la ausencia de las autoridades federales en el tema, se han puesto en marcha distintas iniciativas que buscan llenar el vacío, y que pueden servir como ejercicios emblemáticos para ampliar redes sociales y alianzas contra la trata.
Un ejercicio reciente que vale la pena destacar es el Seminario Universitario para la Prevención de la Trata de Personas (UNAM), el cual se desarrolló entre los meses de mayo y julio de este año.
Este seminario tiene como peculiaridad el haber reunido en un espacio compartido de reflexión, con el patrocinio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a organizaciones de la sociedad civil, a estudiantes de carreras impartidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como a reporteros de distintos medios de comunicación, con el propósito de compartir conocimientos y experiencias, desde distintos ámbitos, en materia de prevención y lucha contra la trata de seres humanos.
Uno de los resultados a destacar es, sólo por citar un ejemplo, el Manual para Reporteros en la cobertura mediática de la trata de Personas, que está preparando Daniel Blancas, compañero de páginas aquí en La Crónica. Este manual se basa en un conjunto de entrevistas realizadas a otros compañeros reporteros de las fuentes sociales, identificando retos, limitaciones y oportunidades en la cobertura del tema.
Si la sociedad civil, de la mano con la universidad pública, es capaz de generar, más con la buena voluntad y compromisos personales que con recursos materiales y financieros, este tipo de instrumentos, la cuestión que surge es nuevamente ¿de verdad es tan difícil que el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, cumpla con su responsabilidad constitucional y legal en el combate a este delito? ¿De verdad es tan difícil hacer a un lado la mezquindad, la envidia y el afán de protagonismo, a fin de construir alianzas sociales ampliadas para la protección de los derechos humanos?
Con todo la pregunta que va a quedar en el aire, es si el adiós al ex secretario Gómez-Mont va a significar también un adiós definitivo a la ya de por sí frágil agenda de derechos humanos y combate a la trata de personas.
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