Opinión, Martes 20 de Julio, 2010
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México es uno de los países con mayor patrimonio cultural en el planeta. En efecto, tanto en su vertiente tangible como intangible, la cantidad de recursos de los que somos depositarios resultan envidiables para cualquier nación.
Por ello, es de llamar la atención el hecho de que en las últimas administraciones, los titulares de Conaculta oscilan entre malos y muy malos en su desempeño como promotores y custodios del desarrollo y conservación de nuestro patrimonio.
No es aceptable, por citar un ejemplo, que tengamos una Encuesta Nacional de Lectura y que sus resultados no hayan sido tomados como referencia para rediseñar las políticas de fomento a la lectura y a la producción editorial.
Tanto los anteriores responsables como la actual presidenta, Consuelo Sáizar, han llevado a cabo pobres acciones para implementar una verdadera reforma, que lleve a reconstruir a la industria editorial mexicana y que promueva la edificación de una nueva dinámica en el sector.
La encuesta de referencia es lapidaria: en promedio, los mexicanos leemos 2.9 libros por año, cifra irrisoria sobre todo si se consideran las diferencias que existen entre las personas, dependiendo de su nivel educativo y sociocultural.
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales también muestra cómo hay una enorme concentración de acceso a los recursos con que contamos; una vez más, este consumo está relacionado con el nivel de escolaridad, los niveles de ingreso y con la disponibilidad y posibilidades de acceso.
Para decirlo de manera resumida, las actuales políticas culturales del Estado mexicano contribuyen a incrementar la desigualdad social, porque benefician a quienes más tienen y marginan, como siempre ha ocurrido, a los más pobres, por ejemplo, las poblaciones indígenas.
Sobre este tema es fundamental comprender que el acceso a bienes y servicios culturales es uno de los principales determinantes del desempeño y rendimiento escolar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Tener la capacidad de comprender una fórmula matemática depende en buena medida de una comprensión previa de la lectura; es decir, enseñar a las niñas y a los niños a leer y comprender un poema, es tan importante como dotarlos de capacidades técnicas para la resolución de ecuaciones.
Hacer una invitación en serio a toda nuestra población, a la apreciación musical, puede contribuir profundamente a incrementar las capacidades de abstracción y resolución de problemas, desde matemáticos, hasta los más simples relacionados con la vida cotidiana.
El reto consiste en lograr que la señora Sáizar comprenda que el ser poseedores de 19 sitios catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad implica hacer mucho más de lo que ya se ha hecho. Que su trabajo consiste en lograr convencer al Congreso (difícil por la cantidad de iletrados que ahí despachan) de dedicar más recursos para la cultura en el país; que su labor consiste en tener el arrojo de impulsar la reforma que le urge al país en materia de promoción y producción editorial, y sobre todo, que una política cultural para la inclusión no puede limitarse a la organización de eventos en los que participa, en el mejor de los casos, una pequeña elite privilegiada.
Son emblemáticos los estudios presentados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en los cuales se muestra que la “gradiente cultural” es determinante en los puntajes obtenidos en las pruebas PISA y EXCALE.
Lo que se evidencia es simple: los estudiantes cuyas familias tienen mayor “patrimonio cultural familiar” son los mejores evaluados en tales pruebas; lo que repercute en que sean precisamente las entidades que dan mayor acceso a bienes y servicios culturales las que presentan mayor número de escuelas con los mejores resultados.
Ir al cine, tener acceso a libros, contar con buenas bibliotecas públicas, visitar teatros y museos, escuchar música de calidad son algunos de los elementos que componen el capital cultural familiar, y son todos éstos ámbitos de responsabilidad del Consejo que preside la señora Sáizar.
Tal vez nadie en el equipo de asesores de la presidenta de Conaculta le ha señalado que el bajo acceso a la cultura y el bajo nivel de rendimiento escolar son condicionantes directos de la pobreza. Un año adicional de educación, señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, equivale a más de 358 pesos mensuales per capita; y por cierto, hay estimaciones que indican que un promedio de 6 libros leídos al año por persona reduciría en más de la mitad el nivel de reprobación de nuestras niñas y niños.
Como puede observarse, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que a mayor educación, menos pobreza; y que el año del Bicentenario debió estar dedicado a incrementar los indicadores estructurales del rezago educativo y ,con él, impactar en la reducción de miseria y el rezago educativo que aquejan a millones de mexicanos.
Lamentablemente, el Conaculta hoy no es la entidad que el Estado requiere para diseñar una política nacional integral en la materia, y más tristemente aún, se le ha limitado a ser la “instancia de compañía” en la organización de la gran kermés a la que ha sido reducida el Bicentenario.
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