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Domingo 7 de Dic., 2008 Hora de modificación: 02:18
Pensar lo social es uno de los más formidables retos que puede asumir cualquier persona. A lo largo de los siglos, hay quienes han asumido que las sociedades pueden ser pensadas y estudiadas con el mismo método y reglas con el que se estudian las plantas, la tierra y los animales; en contraposición, hay quienes han asumido que el mundo de lo social es tan complejo, que no hay modo alguno de establecer patrones lineales ni de análisis ni de proyección. Desde esta perspectiva, a lo más que podemos aspirar es a comprender algunas características de lo que está a nuestro alrededor, y que el mundo del espíritu tiene su propia “lógica”.El debate que inició con respecto a la pena de muerte el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, secundado por el Congreso de su estado, es de la mayor seriedad, más aún cuando los argumentos que ha esgrimido este gobernador para defender su posición reflejan una enorme ignorancia y parecen ser producto sobre todo de una mentalidad autoritaria; y cuando otros dos gobernadores priistas han dicho estar de acuerdo con esta propuesta. Pero vayamos por partes.Asumiendo que, como se dijo arriba, hay en lo general dos perspectivas desde las cuales se puede abordar el conocimiento de lo social, habría que preguntarse cuáles son las consecuencias de pensar en uno u otro sentido con respecto a temas que están necesariamente vinculados a posiciones éticas.Así, desde la posición en la que se asume que hay “leyes” que rigen al comportamiento de las personas, y que es posible conocerlas y determinarlas, la propuesta de aplicar la pena de muerte a secuestradores se sostendría tanto lógica como éticamente.Lo anterior es porque en todas las teorías funcionalistas y positivistas sobre el mundo de lo social, se asume que las personas cumplimos, ya bien un “rol”; una “función”, o incluso se ha llegado a plantear desde el organicismo que las sociedades somos como grandes “organismos”, cuyos integrantes tenemos y desempeñamos un papel similar al de las células.La consecuencia lógica de lo anterior puede perfilarse de inmediato con respecto al tema de la pena de muerte: si los individuos cumplimos roles y funciones, existe la posibilidad de que en ciertas circunstancias los individuos puedan llegar a dejar de cumplir con esos roles y funciones (de ahí la noción de individuos disfuncionales); que pueden también negarse a cumplirlas (de ahí la noción de “desadaptados”), y más aún, que pueden llegar a atentar en contra del cumplimiento de las funciones y roles de los demás, trayendo consigo una “anomia” generalizada o la pérdida de la funcionalidad de la sociedad (de ahí la noción de la criminalidad).Thomas Hobbes, uno de los principales precursores de esta visión, sostenía que el hombre era el lobo del hombre; en función de esto, el primer derecho ciudadano es el de la seguridad, y por lo tanto, la primera responsabilidad del Estado es precisamente la de garantizar tal seguridad para evitar la “muerte prematura y violenta de los ciudadanos”. El hombre es tan “malo”, asumía Hobbes, que sólo el miedo podría detener sus impulsos violentos, por lo que el Estado debía tener tanta fuerza y poder para inhibir la acción criminal de los individuos, o para sancionarla cuando ésta fuera cometida. En consecuencia, el sistema penal debería ser ejemplar para que la sociedad tuviera pleno conocimiento de que al actuar con violencia en contra de lo que establece la ley, tendría costos muy altos.Esta es la base general sobre la que se sustentan los sistemas contemporáneos de procuración de justicia y persecución del delito; aunque traducido al lenguaje del gobernador Moreira la posición deja mucho que desear: “no les vamos a dar de nalgadas, hay que fusilar a estos desgraciados (a los criminales)”, declararía el flamante gobernador.En contraposición de esos argumentos, la perspectiva que asume que no hay manera de conocer la complejidad de lo social en su totalidad, y que por lo tanto ni el comportamiento, ni las reacciones ni las formas de decidir de los sujetos son predecibles, la pena de muerte es un contrasentido civilizatorio y una aberración ética.Lo es, por distintas razones. La primera es un asunto de lógica. Si el comportamiento y la toma de decisiones de los individuos no son predecibles, como lo han mostrado Freud y Lacan, entonces no hay manera de sustentar que un Estado amenazante va a inhibir el delito y la violencia. Por el contrario, quizá el establecimiento de mecanismos represivos, sobre todo frente al crimen organizado, incremente los niveles de violencia; pensando como criminal ¿qué más da?; por lo que si el costo de cometer el delito es mayor, pues el sadismo y el intento de cobro de rescates puede ser mayor. No hay nada que permita saber si dejarán de delinquir.Por esta razón, el argumento del gobernador de Coahuila y del Congreso de ese estado es a todas luces equívoco. Más aún cuando se establecen gradaciones en la penalización; es decir, si la pena de muerte se aprueba, debería aplicarse, en todo caso, a todos los que cometen un delito. Lo otro es una “robinsonada”, pues implica asumir que hay “secuestradores malos”; y otros “muy malos”, y es a éstos a los que habría que aplicarles la pena de muerte para que a los “no tan malos” no se les vaya a ocurrir mutilar o asesinar a sus víctimas.Visto incluso desde la perspectiva del cristianismo, el budismo o más aún, desde algunas tradiciones islámicas, la pena de muerte es un sinsentido. Los evangelios canónicos son tremendamente claros al respecto: “poner la otra mejilla” es una de las formas de mostrar cómo el cristianismo se basa en una filosofía del perdón, y el “nuevo mandamiento” que Jesús de Nazaret dio a sus seguidores es demoledor: “amar los unos a los otros”.En la lectura de los textos evangélicos, se encuentra la recriminación del Jesús de Nazaret a sus adversarios: “hasta los fariseos pueden amar a sus amigos”, dice el texto, el reto está en lograr amar a sus enemigos.Desde una posición radicalmente opuesta, Nietzsche profundizará una noción mucho más apegada a lo humano. Nos dice: se nos ha enseñado que debemos hacer el bien a quien nos hace el bien, y el mal a quien nos hace el mal; pero, replica el filósofo, ¿por qué precisamente a quien nos ha hecho el bien, o nos ha hecho el mal?Estos ejemplos son importantes, porque retraen la discusión del ámbito frívolo e insulso con que se ha abordado por los políticos. Por ello es importante la posición que asumió el senador Manlio Fabio Beltrones: que se debata el tema, y que sea a través de un diálogo civilizado como se llegue a una decisión que apele, no a las encuestas, sino a un proyecto nacional basado en las nociones de la justicia, la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y desde luego, la defensa de la dignidad de la vida.Y es que ahí está el quid del asunto. Tenemos a muchos gobernantes, en todos los niveles, que creen que de verdad se puede “gobernar con y para las encuestas”. Gobernantes como los de Puebla, Oaxaca, Jalisco, o en municipios como en León o Tala, y ahora desde luego el gobernador de Coahuila, se han decidió a ingresar a la lista de lo que alguna vez llamé en este mismo espacio en Crónica, los seguidores del poder infame.La pena de muerte es un contrasentido a todo principio civilizatorio. La “Ley de Talión” o el llamado “principio retributivo”, es simplemente absurdo. Los partidos políticos tienen enfrente una responsabilidad mayúscula, pues estamos ante la posibilidad de cerrarle de una vez por todas la puerta a los autoritarios y a quienes creen que asesinando, y no generando un sistema de justicia con equidad, basado en la honestidad y la capacidad sancionadora del Estado, sin violentar la dignidad humana, es como se van a abatir los índices de delincuencia en el país.
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