Saúl Arellano Opinión
Domingo 21 de Dic., 2008 Hora de modificación: 02:02
Domingo 21 de Dic., 2008 Hora de modificación: 02:02
El estudio de las estadísticas sociales tiene al menos un doble propósito: 1) conocer las dimensiones de un fenómeno y; 2) construir proyecciones sobre cómo este fenómeno podría “comportarse” dadas ciertas condiciones. Desde el punto de vista de la política pública, ambos propósitos son esenciales.El primero sirve para elaborar diagnósticos más allá de las meras percepciones de los gobernantes. Esto es fundamental, porque si algo hemos padecido en nuestro país es precisamente el “voluntarismo” de los políticos que, dicho coloquialmente tomaron, y en muchas entidades y municipios siguen tomando, decisiones “a la buena de Dios”.El segundo propósito está relacionado con las capacidades de planeación, es decir, con la posibilidad de proyectar, nuevamente con base en la evidencia que existe sobre las dimensiones de un problema, la acción pública tanto en el corto como en el mediano y largo plazos.Como suele ocurrir también en nuestro país, en la construcción de políticas gubernamentales vamos dando tumbos de un extremo al otro. Hoy lo que ocurre es que en aras de la “planeación estratégica” y una supuesta “cientificidad a prueba de todo” en el diseño de las políticas públicas, se ha olvidado que la acción del gobierno debe ser esencialmente ética, y que en esa medida, debe poner al servicio de las instituciones, instrumentos de la mayor precisión posible, pero con el objetivo último de cumplir con los mandatos que la Constitución, sus leyes, y hoy los acuerdos y tratados internacionales, les asignan.De manera lamentable, desde hace ya casi 15 años se instauró en los gobiernos de todos los colores y posiciones, una moda tendiente a llevar a las instituciones al ámbito de la gerencia; y en ese sentido, de pronto se asumió prácticamente que el fin último del gobierno era “gerenciarse a sí mismo”, dejando de lado los valores más poderosos que se han construido en la modernidad y en otras épocas para construir y garantizar la legitimidad del Estado, sobre todo cuando de lo que se trataría hoy es de avanzar hacia un modelo de acción pública cada vez más incluyente y democrático. Todo lo anterior es importante porque hay temas que han dejado de formar parte de las prioridades públicas en nuestro país, las cuales, aún con la información disponible, deberían obligar a generar más estudios para aproximarnos a la dimensión que tienen, y al mismo tiempo, para plantear metas en el mediano plazo que tengan como propósito reducir la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de las personas. Uno de los casos más preocupantes es el del trabajo infantil. Es una realidad que en medio de la pobreza en que vivimos, se ha convertido en una práctica socialmente tolerada que constituye sin duda alguna un obstáculo a la vez que una renuncia a la búsqueda de una sociedad solidaria con los más vulnerables, pero sobre todo, una sociedad que tenga como fundamento de sus acciones, poner siempre a los niños primero.El módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008, muestra una tremenda realidad que constituye de verdad un escándalo: en México hay 3.9 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, de los que cerca de 250 mil tienen menos de nueve años, y que viven una tragedia cotidiana que los aleja de ver cumplidos de manera integral sus derechos humanos.Las niñas y los niños, independientemente de las tradiciones, usos y costumbres de la sociedad o cultura de que se trate, tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación, de abuso, de maltrato o de situaciones que pongan en riesgo sus vidas, y en México éste y otros derechos son pisoteados todos los días en detrimento de la integridad y dignidad de nuestras niñas y niños, comprometiendo con ello una buena parte de nuestro futuro como sociedad nacional y también global.Los basureros de todo el país, los campos agrícolas, cantinas, bares, restaurantes y muchos otros lugares inapropiados, no sólo para el trabajo, sino para la sola presencia de las y los niños, son lamentablemente espacio para la ignominia y la explotación, ante las miradas ya no sólo ausentes, sino indolentes de autoridades de toda laya, las cuales prefieren voltear la mirada hacia otra parte y simplemente negar la brutal realidad en que viven miles de niños. Sin duda es más fácil repartir cheques y despensas, que detonar procesos de inclusión social.El actual Ejecutivo federal prometió ser el “Presidente del empleo”; y en efecto lo está siendo, pero de cada vez más niñas y niños que en lugar de estar laborando, con o sin salario, deberían encontrarse en escuelas de calidad, en espacios deportivos, recreativos o culturales; deberían estar en librerías o bibliotecas, o simplemente conviviendo en sus hogares.Por el contrario, nuestro país sigue sin ratificar acuerdos internacionales, como el Convenio 138 de la OIT, el cual insta a todos los Estados-parte a elevar la edad mínima de ingreso al trabajo a cuando menos 16 años, aunque diversos documentos señalan que la meta a la que deberíamos aspirar es a situarla en un futuro no muy lejano, en 18 años. Tampoco se han tomado todas las medidas necesarias para adecuar el marco jurídico para reglamentar al trabajo nocturno como aquel que se realiza de las 20:00 horas a las 06:00 horas del día siguiente, y no de las 22:00 a las 06:00 horas, como actualmente está reglamentado en nuestro país. Esta medida debería permitir, por ejemplo, que las niñas y los niños no estuvieran explotados en los supermercados, en trabajos que se diga lo que se diga, sí pueden atentar en contra de su integridad física y los sitúa desde luego en condiciones de riesgo a los que simplemente no deberían estar expuestos.Hay entidades de la República en las que en sus códigos penales no se han prohibido explícitamente los castigos corporales (el trabajo o algunas formas de trabajo incluidos) en contra de los niños, y tampoco se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para que explícitamente la Ley Federal del Trabajo prohíba que a las mujeres se les paguen menores salarios por trabajos similares a los desempeñados por los hombres.Estas condiciones, además de las oprobiosas circunstancias de pobreza que viven las niñas y niños indígenas, constituyen ámbitos propicios para continuar tolerando su explotación. No es casual en este contexto, que más del 60% de las niñas y niños que trabajan en los campos agrícolas del país provengan de comunidades indígenas y que más de la mitad de las niñas, los niños y los adolescentes que no van a la escuela sean también pertenecientes a pueblos indígenas.La última medición que se había hecho con respecto al trabajo infantil data de 2002, año en el que se identificó que 3.2 millones de niñas y niños trabajaban en nuestro país. La cifra se elevó trágicamente a 3.9 millones al mes de agosto del 2008, cuando todavía los efectos de la crisis no comenzaban a arrojar a la gente de sus trabajos a la calle, lo que seguramente llevará a que más niños y jóvenes tengan que incorporarse al mercado laboral para contribuir a la supervivencia de sus familias.Todo esto, debe decirse, no es sino resultado de la perversa lógica económica que hoy nos tiene entre la angustia y el susto, a pesar de los ridículos comerciales de televisión que nos llaman a no tener miedo. México requiere modificar sus patrones de crecimiento y desarrollo económico y refundar el pacto social que nos da cohesión como país.No es exagerado sostenerlo de este modo: el trabajo infantil evidencia que nuestro pacto social está fracturado; y que hay unos cuantos que se han apropiado casi de todo, dejando en el hambre, la pobreza y la enfermedad a millones de mexicanos a los que no les queda siquiera la alternativa de la migración, esa enorme fuga de humanidad que nos ha “desangrado” y que se está llevando a muchos de los mejores talentos que tenemos en México.
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