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El pasado miércoles 11 de marzo de 2009, el Ejecutivo Federal dio cumplimiento al mandato del Juzgado Tercero de Distrito sobre la sentencia de amparo que se había emitido a favor de ejidatarios cuyas tierras fueron expropiadas en diciembre de 2005, a fin de integrarlas al proyecto denominado “Puerto Interior”, en el estado de Guanajuato. Este proyecto, sobre el que he escrito en las últimas semanas aquí en Crónica, constituyó en palabras del entonces presidente Vicente Fox, el segundo proyecto más importante del sexenio anterior. En efecto, desde el inicio de sus operaciones y hasta el mes de agosto de 2008, la inversión destinada a tal proyecto había alcanzado ya 2 mil millones de pesos.Como ya lo señalé, el pasado miércoles el Ejecutivo Federal emitió un Decreto que deja sin efecto al decreto emitido por Vicente Fox el 28 de diciembre de 2005, en lo que se refiere a diversas parcelas del Ejido Nápoles, las cuales tienen una extensión de poco más de 8 hectáreas.Desde el punto de vista del administrador del Puerto Interior, es una cantidad insignificante, si se considera que el proyecto cuenta con más de mil hectáreas de extensión. Habría que preguntarle su opinión a la empresa Toyota, cuyos terrenos son colindantes con los de los ejidatarios, así como a los demás empresarios que estaban planeando comprar en la parte que es denominada como el “Parque Industrial Santa Fe”, que forma parte del complejo del Puerto Interior, y cuyas vialidades se encuentran precisamente interrumpidas por las “insignificantes 8 hectáreas”.Es de llamar la atención que existe un segundo amparo, que ya había mencionado en mi artículo de la semana pasada, con el número de expediente en el Tercer Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato,1161/2008, el cual deberá, en términos jurídicos “sobreseer”; es decir, quedará sin materia y deberá restituir otras “insignificantes 4 hectáreas de tierra”, que casualmente también interrumpirían la construcción de las vialidades que se supone deberían interconectar a las distintas zonas del Puerto Interior.Hasta ahí las cosas parecerían un enredo leguleyo sin mayor relevancia. El problema consiste en que las tierras expropiadas fueron “obsequiadas” por el gobierno del Estado de Guanajuato, con la complicidad del Congreso local, a una sociedad anónima, denominada precisamente “Guanajuato, Puerto Interior, S.A. de C.V., a la cual además el Congreso del Estado le autorizó a enajenar las tierras que le habían sido cedidas.Lo anterior por sí solo constituye un verdadero escándalo, pues con ello queda descalificado el argumento de “expropiación por causas de utilidad pública”, además de que como ya se vio, es un proyecto que involucra una inversión pública de más de 2 mil millones de pesos, que han sido obsequiados a una empresa privada.Pero el escándalo lamentablemente no para ahí. Una vez que le fueron cedidos los terrenos y que se le autorizó a enajenarlos, la empresa Guanajuato Puerto Interior quedó sujeta, mediante el Artículo Cuarto del Decreto del Congreso del Estado de Guanajuato del 9 de julio de 2007, a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público del Estado de Guanajuato. Esta Ley establece que toda enajenación de inmuebles de propiedad del estado de Guanajuato, deberán ser liquidados en su totalidad al momento de la venta. Sin embargo, sorprendentemente, el Congreso de Guanajuato, con la participación de todos los grupos parlamentarios, autorizó establecer “condiciones de excepción” para que los bienes que el Puerto Interior enajenase, los pudiera vender literalmente en abonos.Este hecho constituye una sospechosa concesión a una empresa privada formada con recursos públicos para beneficiar a no se sabe todavía cuántas empresas, pues la Unidad de Acceso a la Información del Gobierno del Estado de Guanajuato ha comenzado a clasificar como “reservada” la información relativa a todos los temas espinosos de este caso.Así consta, por ejemplo, en la respuesta dada por esa unidad a la solicitud hecha por Shayra Albañil Reyes, quien solicitó información sobre los apoyos y convenios establecidos por el gobierno del estado con la empresa Michelin, a fin de que se estableciera en el Puerto Interior. A esta consulta, la respuesta literal es: “Se clasifica como INFORMACIÓN RESERVADA la relativa a los apoyos acordados entre el Gobierno del Estado y la Empresa Michelin, para su radicación en el Puerto Interior, con fundamento en el Artículo 14, Fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato (…)”Más adelante la respuesta argumenta: “De divulgarse, en este momento, la información referente al acuerdo de los apoyos a otorgarse a la empresa Michelín, lesionaría el proceso de negociación, no únicamente del realizado entre gobierno del estado y la empresa Michelin, sino también aquellas negociaciones que se estén llevando a cabo con otras empresas”. Es decir, el gobierno del estado sí otorgó apoyos para empresas privadas, obviamente con recursos públicos, y de una vez advierte que ni le pidamos la información, porque se podrían poner “en riesgo” sus negociaciones. Pero he aquí la contradicción. Si se clasifica como reservada la información para no entorpecer negociaciones, ¿por qué reservarla ¡hasta el año 2021!?Más sobre este caso: llegó a mis manos la noticia de que existe un Fideicomiso con número de Contrato 5785-02-100, constituido el nueve de mayo de 2007, el cual consta en la escritura pública número ocho mil ochocientos sesenta y cuatro, del cuatro de julio de 2007, en la cual consta como fideicomitente GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, como fideicomisario LINTEL y como institución fiduciaria BANCO DEL BAJIO.Mediante este fideicomiso, al parecer lo que ocurriría es que Guanajuato Puerto Interior, una vez enajenados los terrenos que el Congreso de Guanajuato le autorizó a vender, los recursos serían entregados a LINTEL; es decir, se estaría consumando un traslado mínimo de más de 1,238,000.00 metros cuadrados, que a un costo promedio de 440 pesos el metro (considerando lo pagado por la Expropiación hecha por el Gobierno Federal), equivale a una suma de $544,720,000.00.Debe destacarse sin embrgo que en el Acta Constitutiva de la empresa Guanajuato Puerto Interior, S.A. de C.V., Inscrita mediante la Escritura 991 de la Notaría Pública Número 15 de León, los valores catastrales asentados por hectárea en lo referido a los terrenos que forman al Puerto Interior, es de 18 millones de pesos, de tal forma que LINTEL, según la información con la que cuento, se estaría llevando una suma de varios miles de millones de pesos, por una mínima inversión realizada. La duda que queda es ¿quiénes son los socios de LINTEL? ¿Por qué crear este fideicomiso? ¿Por qué trasladar terrenos? Mientras estos datos siguen sin investigarse, el día viernes 13 de marzo, fue detenido “casualmente”, mientras viajaba hacia el Puerto Interior con varios acompañantes, por elementos de la Policía Estatal de Guanajuato, ¿adivina quién?; no se equivocó; el titular de las tierras que tuvieron que ser devueltas mediante el Decreto emitido por el Presidente Calderón el pasado 11 de marzo. Fueron cateados sin justificación alguna; su camioneta fue golpeada con los rifles de los oficiales, fueron amedrentados y hasta amenazados. Es deseable y me atrevo a decir que hasta urgente, que el Congreso de la Unión abra una investigación sobre este caso, que a todas luces está plagado de una y mil irregularidades que involucran negocios multimillonarios que, por las apariencias, distan mucho de aparecer como plenamente legítimos.
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