El Universal Martes 11 de agosto de 2009
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En Chicoloapan, estado de México, los bomberos detienen labores para exigir pago de salarios y recursos para gasolina; en El Llano, Aguascalientes, el drenaje tendrá que esperar; en Jiutepec, Morelos, en siete colonias falta agua porque no hay dinero para pagar la electricidad con la que distribuyen el líquido. Aunque los municipios son diferentes, la situación es la misma: las autoridades resienten los estragos de la reducción de las participaciones federales. Ayer este diario publicó que 95% de los 2 mil 435 municipios del país están prácticamente sin recursos. En un análisis, el alcalde saliente de Ecatepec, estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, advierte que la cancelación del gasto público en las comunidades, las obras detenidas, el incumplimiento de compromisos con proveedores y con los propios trabajadores de los municipios, así como la suspensión de programas, pueden ser antecedentes de un estallido social. Las condiciones de quebranto financiero en los gobiernos municipales no vislumbran mejoría para 2010. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo prevén: en su anteproyecto de presupuesto para el año entrante, ha sugerido reducir hasta en 20.5% el gasto para infraestructura. La Asociación de Municipios de México plantea una posible salida al problema. Insiste en que las administraciones locales tienen que activar sus propias fuentes de ingreso. “Hacemos un llamado a los diputados federales y estatales para que aprueben leyes que permitan fortalecer los ingresos de los ayuntamientos”, dice Rubén Fernández, director ejecutivo de la organización. En el mismo sentido, Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social expresa: “La Ley de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para darle mayores atribuciones a los municipios y sobre todo, capacidad de recaudación local”. (Con información de Justino Miranda, corresponsal) El municipio de Chicoloapan, estado de México, alcanzó un punto crítico el miércoles 5 de agosto, cuando sus departamentos de Bomberos y Protección Civil pararon actividades para exigir el pago de sus salarios y gasolina para mover las unidades de rescate. No hubo respuesta. La sociedad quedó durante horas indefensa, a merced de cualquier siniestro. Gobiernos de localidades pequeñas, como ésta, resienten con mayor intensidad los estragos de la reducción de las participaciones federales. La paralización momentánea de sus cuerpos de rescate y seguridad, o la reducción de salarios y despidos de trabajadores eventuales son, sin embargo, una primera manifestación del desplome financiero. Detrás viene una guerra política, cuando entren los relevos en ayuntamientos no solamente quebrados económicamente, sino con deuda pública. De manera adicional, el crecimiento de la marginación urbana aumentará y muchos de los gobiernos municipales enfrentarán una presión mayor de la delincuencia organizada, que verá en la crisis su oportunidad de capturar ciudades enteras. Tales son los pronósticos de algunos analistas. “Lo que puede llegar a suceder es que los alcaldes se decidan por la ilegalidad de los narcotraficantes para que puedan salvar sus gobiernos”, advierte Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Y si reciben dinero no podrán salirse de esa dinámica”. Existen municipios en Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, donde la enorme penetración del narcotráfico los convierte en una fuente de recursos firme para hacer infraestructura social, dice el investigador. Y en zonas empobrecidas y condenadas a una crisis mayor como resultado del actual sistema de repartición de dinero, es difícil hallar réplica ciudadana. Gobiernos limitados “Cuando tienes aproximadamente 7 millones de analfabetas, o un país en el que más de 45% de la población mayor de 15 años no ha concluido la secundaria, resulta muy difícil que puedas tener una ciudadanía que exija el (cumplimiento del) estado de derecho en toda la amplitud del término, es decir, que no compre piratería o que no permita que el dinero del narco esté metido en las finanzas públicas”, explica Arellano. Alcaldes de municipios pequeños, casi rurales, son los que están más expuestos a tales encrucijadas. De acuerdo con el senador Ramón Galindo, estos funcionarios se encuentran en una situación de “paredón múltiple”. “Son alcaldes que enfrentan el centralismo federal, la dependencia presupuestaria, la incapacidad jurídica para atender aspectos que son de interés comunitario, imposibilidad de impulsar acciones que tienen que ver con investigación criminal o seguimiento del delito, y víctimas también de la fuerza del crimen organizado”. Por tal razón, ha dicho en el pasado que ser alcalde es un virtual suicidio: “Unos porque aceptan transar con el crimen y otros porque no aceptan”, considera el legislador Galindo. La cancelación del gasto público en las comunidades, la obra social detenida, el incumplimiento de compromisos con los proveedores y con los propios trabajadores de los municipios y la suspensión de programas sociales vienen a constituir el antecedente de un estallido social, alerta el presidente municipal saliente de Ecatepec de Morelos, José Luis Gutiérrez Coureño. Riesgos sociales En su análisis, la paralización de la economía tanto estatal como municipal va a ocasionar que se incrementen el desempleo, la deserción escolar y el quebranto de las familias, ante la falta de liquidez monetaria. Todos estos factores, advierte el presidente municipal ecatepense, empujarán a jóvenes y adultos a buscar “integrarse a las mafias delictivas o a la delincuencia común”. Las consecuencias de este estancamiento financiero, prevén alcaldes de zonas conurbadas, serán el conflicto social, la violencia, la regresión en los indicadores de desarrollo humano y de calidad de vida de los habitantes. Los municipios urbanos son focos rojos que requieren atención de parte de los gobiernos estatales y federal, señala la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC). De acuerdo con sus informes, las seis zonas metropolitanas más grandes del país: el valle de México, Monterrey, Guadalajara, La Laguna, Toluca, Cancún y Tijuana, agrupan a la mayor cantidad de pobres urbanos. Esas comunidades enfrentan las consecuencias de la crisis: carestía, desempleo, hambre, enfermedades. Gutiérrez Coureño, quien encabeza a los gobiernos municipales de izquierda, prevé que, ante la falta de dinero en los hogares, la gente recurrirá a los ayuntamientos a pedir ayuda como el órgano de contacto más cercano a la población. “Sin recursos no vamos a poder responder a las demandas ciudadanas y vamos a perder legitimidad. Esto apunta a un escenario de descomposición social peor que el que se vivió hace 100 años en vísperas de la Revolución”, lamenta. Políticamente, los presidentes municipales temen que esta debacle financiera debilite su representatividad ante las comunidades y eso interrumpa la interlocución del Estado con los grupos sociales. La desesperación por la falta de movimiento económico en la calle puede llevar al rompimiento social, dicen. Futuro poco alentador Las condiciones de quebranto financiero en los gobiernos municipales no vislumbran mejores condiciones para 2010. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo prevén: en su preproyecto de presupuesto para el año entrante, ha sugerido reducir hasta en 20.5% el gasto para infraestructura. Pero el ahorro mediante ese tipo de tácticas es insuficiente. El investigador del CEIDAS cree que el país ya no soportará más tiempo con el actual esquema federalista. “La Ley de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para darle mayores capacidades y atribuciones a los municipios y hay que darle, sobre todo, capacidad de recaudación local. Los municipios no pueden cobrar impuestos excepto aprovechamientos y derechos”, dice. En un futuro, tanto los municipios como los estados, tienen que hacer algo por sí mismos, entre otras cosas, deben establecer acuerdos con la población para la negociación de pagos de predial y agua, de otra forma van a seguir atados y dependientes a las aportaciones federales, coincide Flavia Rodríguez, directora de Finanzas Públicas de la firma consultora Aregional. La Asociación de Municipios de México AC (AMMAC) insiste en que las administraciones locales tienen que activar sus propias fuentes de ingreso. “Hacemos un llamado a los diputados federales y estatales para que aprueben leyes que permitan fortalecer los ingresos de los ayuntamientos”, considera Rubén Fernández, director ejecutivo de esa organización. Dependencia de la Federación Sin embargo, los analistas prevén que no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana. Estadísticas de 2000 a la fecha muestran una tendencia de crecimiento en recaudación de los municipios. “Pero hay un rezago de muchos años y lo que se obtiene, hasta ahora, no es suficiente para responder a contingencias como la de esta crisis financiera”, opina Fernández. Los municipios que tienen recursos propios como Naucalpan, Guadalajara, Cancún, Puebla, Ciudad Juárez, León, Tijuana, Aguascalientes, Querétaro y Zapopan, entre otros, principalmente turísticos, están más desarrollados. Su nivel de dependencia de las participaciones federales es menor. Pero 90% de los casi 2 mil 500 esperan las transferencias federales para atender la emergencia. “Algunos han tenido que cerrar el changarro para efectos prácticos, porque no tienen ni para ponerle gasolina a las patrullas de la policía”, señala el dirigente de la AMMAC. Alcaldías que generan enorme riqueza, como Monterrey, dependen en gran medida de partidas federales para la inversión en obra pública y asistencia social. Es la misma capacidad económica que el senador Ramón Galindo dice haber confirmado en al menos otros 500 municipios. La paradoja es que muchos de ellos hoy demandan dinero por estar en quiebra. “El problema es que no hay una vinculación entre la actividad económica local, la actividad tributaria producto de esa actividad económica y la integración del presupuesto. No existe un eslabón en ninguna parte de la ley, y menos de la ley de coordinación fiscal que permita que la actividad económica que genera tributo impacte en algún porcentaje de manera directa al presupuesto municipal”, señala el legislador federal. Por eso, “una reforma que solamente incremente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o disminuya en Impuesto sobre la Renta (ISR) pero que no vincule —como nunca se ha hecho— a los presupuestos municipales, será la peor estupidez del mundo, porque significará que solamente estaremos tratando de aumentar las arcas del gobierno central y nuevamente esas arcas tendrán que impactar a las arcas de los gobiernos subnacionales”, concluyó el senador.
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