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Contra la crisis, no basta reducir gastos; los alcaldes deberán articular presupuestos, no sólo administrarlos, afirma Saúl Arellano
Saúl Arellano, director de Investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), pronosticó que los siguientes ayuntamientos tendrán que impulsar "recortes y reorientaciones presupuestales" para evitar que se colapsen y terminen por suspender o demeritar la prestación de servicios públicos, y para mitigar entre la población efectos de una crisis económica que amenaza con profundizarse.
Sostuvo que se verán obligados a recortar personal en áreas no prioritarias, pero estimó que eso no será suficiente, por lo que también tendrán que hacer ajustes en todo lo que no es prioritario en materia de gasto corriente y, para ampliar márgenes de maniobra, renegociar plazos de vencimiento de deuda y pagos ya comprometidos con proveedores.
Deben establecer una calendarización distinta que les permita amortizar poco a poco deudas, y pago a proveedores, pero sin provocar que negocios truenen.
Los nuevos ayuntamientos y quienes los presidan a partir del 10 de octubre próximo tendrán además que revisar con lupa gastos de Comunicación Social y los que se realizaron indebidamente durante las campañas porque, dijo, existe la percepción de que se repartió material para construcción, máquinas de coser, licuadoras y otros enseres.
"Eso es sano para democracia y para garantizar que no se emplearon recursos públicos con fines electorales", dijo el director de Investigación del CEIDAS.
Dijo que para sortear la crisis tendrán que modificar su política de compras, hoy sujeta a disposiciones de gobierno del estado, para darle un enfoque más social y, por ejemplo, comprar a productores locales granos y otros productos de primera necesidad para programas de asistencia social, con lo que generarían dinámicas de mercado, como han hecho en estados como Zacatecas y Chiapas.
Saúl Arellano subrayó que para actuar de esa manera los ayuntamientos y alcaldes deben asumir una actitud de mucho compromiso social, porque inevitablemente se afectarían intereses de proveedores que han sido los grandes beneficiarios de los recursos públicos en la última década.
Esas acciones las tendrían que impulsar en cuanto asuman el cargo, dijo, pero puntualizó que los nuevos alcaldes no deben intentar hacer mejor lo que se venía haciendo, sino plantearse una nueva visión de lo social que articule los presupuestos y no se dediquen sólo a administrarlos.
Expuso que tienen que promover turismo, destinar más recursos al programa 3x1 con migrantes y proteger cultura y educación, porque no hay nada que afecte más a una sociedad en tiempos de crisis que recortar presupuesto a estos dos rubros, de por sí castigados a la hora de asignarles recursos.
Manifestó que también tendrán que revisar políticas salariales, y reducirse sus salarios, porque aunque los ahorros que se obtengan no sean suficientes, es un asunto ético y eso contribuiría a disminuir la desigualdad brutal que priva incluso en las administraciones públicas.
"Si reduces 30 por ciento a los altos mandos de los (46) ayuntamientos se ahorrarían casi 800 millones de pesos, y la pregunta es por qué no hacerlo si a fines de este año habrá 3 millones de pobres, un millón 200 de ellos en pobreza alimentaria", añadió Saúl Arellano, quien sostuvo que lo mismo podría hacerse en los Poderes Legislativo y Judicial, y en la administración pública estatal.
"La clase política vive muy bien y las mayorías casi con nada al día. O les subimos a los de abajo o les bajamos a los de arriba, y lo susceptible en estos momentos es lo segundo".
El director del CEIDAS consideró difícil cuánto disminuirán los presupuestos de los próximos Ayuntamientos porque, dijo, (la Secretaría de) Hacienda no es precisa en la información sobre el déficit fiscal que habrá qué enfrentar, para saber con exactitud de qué tamaño será el recorte a los estados y municipios.
"Pero será mucho más grave de lo que hoy podemos percibir", auguró sin embargo el investigador social.
Deben establecer una calendarización distinta que les permita amortizar poco a poco deudas, y pago a proveedores, pero sin provocar que negocios truenen.
Los nuevos ayuntamientos y quienes los presidan a partir del 10 de octubre próximo tendrán además que revisar con lupa gastos de Comunicación Social y los que se realizaron indebidamente durante las campañas porque, dijo, existe la percepción de que se repartió material para construcción, máquinas de coser, licuadoras y otros enseres.
"Eso es sano para democracia y para garantizar que no se emplearon recursos públicos con fines electorales", dijo el director de Investigación del CEIDAS.
Dijo que para sortear la crisis tendrán que modificar su política de compras, hoy sujeta a disposiciones de gobierno del estado, para darle un enfoque más social y, por ejemplo, comprar a productores locales granos y otros productos de primera necesidad para programas de asistencia social, con lo que generarían dinámicas de mercado, como han hecho en estados como Zacatecas y Chiapas.
Saúl Arellano subrayó que para actuar de esa manera los ayuntamientos y alcaldes deben asumir una actitud de mucho compromiso social, porque inevitablemente se afectarían intereses de proveedores que han sido los grandes beneficiarios de los recursos públicos en la última década.
Esas acciones las tendrían que impulsar en cuanto asuman el cargo, dijo, pero puntualizó que los nuevos alcaldes no deben intentar hacer mejor lo que se venía haciendo, sino plantearse una nueva visión de lo social que articule los presupuestos y no se dediquen sólo a administrarlos.
Expuso que tienen que promover turismo, destinar más recursos al programa 3x1 con migrantes y proteger cultura y educación, porque no hay nada que afecte más a una sociedad en tiempos de crisis que recortar presupuesto a estos dos rubros, de por sí castigados a la hora de asignarles recursos.
Manifestó que también tendrán que revisar políticas salariales, y reducirse sus salarios, porque aunque los ahorros que se obtengan no sean suficientes, es un asunto ético y eso contribuiría a disminuir la desigualdad brutal que priva incluso en las administraciones públicas.
"Si reduces 30 por ciento a los altos mandos de los (46) ayuntamientos se ahorrarían casi 800 millones de pesos, y la pregunta es por qué no hacerlo si a fines de este año habrá 3 millones de pobres, un millón 200 de ellos en pobreza alimentaria", añadió Saúl Arellano, quien sostuvo que lo mismo podría hacerse en los Poderes Legislativo y Judicial, y en la administración pública estatal.
"La clase política vive muy bien y las mayorías casi con nada al día. O les subimos a los de abajo o les bajamos a los de arriba, y lo susceptible en estos momentos es lo segundo".
El director del CEIDAS consideró difícil cuánto disminuirán los presupuestos de los próximos Ayuntamientos porque, dijo, (la Secretaría de) Hacienda no es precisa en la información sobre el déficit fiscal que habrá qué enfrentar, para saber con exactitud de qué tamaño será el recorte a los estados y municipios.
"Pero será mucho más grave de lo que hoy podemos percibir", auguró sin embargo el investigador social.
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