El Gobierno federal, en plena crisis, decidió incrementar el costo del peaje de las carreteras y autopistas de cuota. Como si la industria del autotransporte de carga y de pasajeros no requiriera de estímulos y apoyos, y como si el sector turístico estuviese boyante como para agregarle un cargo adicional a quienes deciden hacer de nuestro país el mejor lugar para vacacionar. Así se demuestra la voluntad de impulsar y proteger al turismo.Empero, esta historia no comenzó ahora, sino en la administración1988-1994. A fin de ampliar la red carretera del país, se decidió que el mejor modelo que podía seguirse era el de la privatización de las autopistas y carreteras del país. En esa administración, se inició con 52 autopistas que se concesionaron, con una serie de contratos sumamente desventajosos para el gobierno, pues implicaba que las concesiones durarían 50 años.En medio de la crisis financiera generada en 1995, la bomba estalló en 1997, cuando 23 de las 52 autopistas concesionadas tuvieron que ser “rescatadas”, lo cual implicó la nada despreciable suma de 57.7 mil millones de pesos, a través del conocido Programa de Rescate Carretero.Este programa significó una tremenda cantidad de recursos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998, el costo en ese año se incrementó a 58.1 mil millones de pesos; empero, con el paso de los años la suma ha crecido de manera exponencial, pues el costo calculado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, llegó en 2006 a 178.3 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 206.7% en sólo nueve años, al haberse acumulado nada menos que 98.7 mil millones de pesos de intereses en ese periodo. En síntesis, los requerimientos fiscales acumulados hasta el 2006 por FARAC, ascendieron a 160.7 mil millones de pesos, representando el 1.8% del PIB nacional.Si esta cifra es en sí misma escandalosa, no lo es menos el hecho de que el gobierno federal sigue apostando por el crecimiento concesionado de la red carretera del país, mostrando con ello la debilidad de nuestras finanzas públicas y sobre todo, su dependencia ante los intereses privados, pues se privilegia la construcción de las carreteras que son de interés para los particulares.Todo esto se opera a través de Capufe, vía el Fideicomiso de Apoyo Para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Y aunque debe reconocerse que a partir de 2006 los requerimientos fiscales del Fideicomiso han sido cubiertos mediante el cobro de las cuotas carreteras, habría que llevar a cabo una evaluación seria para determinar si el costo de casi 100 mil millones de pesos de intereses y servicios de deuda ha valido la pena para llegar a este resultado.A lo anterior debe agregarse una serie de denuncias ciudadanas que reportan anomalías en los cobros en las casetas de peaje de diversas autopistas. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2007, Capufe reportó 198 millones de pesos faltantes. Asimismo, la ASF recomendó a la SCT revisar sus mecanismos de supervisión a los concesionarios, así como mejorar los sistemas de vigilancia de aforo vehicular. El texto de la ASF dice: “No obstante, en las actividades de control se observan debilidades al no tener personal calificado para realizar las funciones de vigilancia y supervisión de las obligaciones de los concesionarios (…)”De otra parte, la ASF detectó que no hay procedimientos adecuados de verificación de las tarifas que los concesionarios reportan a Capufe. Lo que dice la ASF es: “se determinó que la entidad fiscalizada no cuenta con un procedimiento de verificación de los ingresos tarifados que son comunicados por los concesionarios, los cuales son la base del cumplimiento de la obligación del pago de la contraprestación, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Bis, fracción X, del Reglamento Interior de la SCT, el cual indica que corresponde a la DGDC supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes (…) impongan a los concesionarios o permisionarios de carreteras.”Los datos disponibles sobre estos temas muestran el conjunto de prioridades del Gobierno. Véase por ejemplo el presupuesto asignado al gasto social, el cual en 2009 llegó apenas a 70 mil millones de pesos. Confróntese esa cifra con los casi 100 mil millones invertidos en el pago de intereses de la deuda y el rescate carretero, y la conclusión es inevitable: el gobierno no entiende que hoy lo prioritario es lo social, y no la defensa de sus amigos y socios con el dinero que nos urge para combatir el hambre, la pobreza y la enfermedad. Por cierto, las prestaciones en Capufe son mucho más altas que las que reciben los trabajadores de FARAC, cuando es este Fideicomiso, y no la dependencia que lo regula, la que está dándole una relativa estabilidad financiera. Como siempre, se impone la lógica de los poderosos: en México hay trabajadores de primera y de segunda, aún cuando laboren en el mismo sector y peor aún, en la misma dependencia.
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