Por César Aguilar García
Revista Cambio
Año 8, número 382
Semana del 23 al 29 de agosto de 2009
Los municipios son los primeros damnificados del boquete en las finanzas públicas de la Federación; 90 millones de mexicanos sufren las consecuencias. Tras el desplome de la recaudación fiscal federal provocada por la más grave crisis económica de las últimas décadas y la baja en los precios internacionales del petróleo, la calidad de vida de casi 90 millones de mexicanos está seriamente comprometida debido al colapso que padecen las haciendas públicas de la mayoría de los dos mil 454 municipios del país. Con el gran boquete en las finanzas públicas de la Federación, más del 90 por ciento de los ayuntamientos del país han visto caer los ingresos en sus arcas, pues tan sólo en el primer semestre del año las transferencias de las Participaciones y Aportaciones federales cayeron en un 20 por ciento, en tanto que para el segundo trimestre disminuyeron hasta en 60 por ciento, lo que les significa “un trancazo” de 16 mil millones de pesos.La inanición fiscal por la falta de flujo de efectivo a las que están sometidas las alcaldías del país, ha obligado a que gran parte de ellas prácticamente hayan tenido que “cerrar el changarro” y dejar de prestar servicios a la ciudadanía.Con la disminución de las transferencias federales a los municipios, a lo largo y ancho del territorio nacional, ya es común que se detengan proyectos y programas en materia de obras y servicios públicos, sobre todo los relacionados con la seguridad pública, dotación de agua y el saneamiento, recolección y tratamiento de basura, alumbrado público y en materia de educación básica y salud. Y es que las finanzas del 90 por ciento de los ayuntamientos del país dependen en igual porcentaje de los recursos que les envía el Gobierno federal, por lo que especialistas estiman que en la mayor parte de los municipios del país y en la calidad de vida de millones de mexicanos “las cosas no van a mejorar el resto del año”.IMPACTO SOCIALPara hacer frente a los millonarios recortes que ha hecho el Gobierno federal a las finanzas de los estados del país, en julio pasado el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ordenó el cierre de las oficinas de Gobierno en Chilpancingo, la capital, por lo que decenas de trabajadores tomaron 15 días de “vacaciones forzosas” para enfrentar la crisis financiera y ahorrar miles de pesos en ahorro de luz, agua y otros servicios. Debido que los gobiernos de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal son un filtro para que lleguen las transferencias a los municipios, el cierre de las actividades en la capital guerrerense fue un primer indicio del colapso que se veía gestando en las haciendas públicas de los ayuntamientos del país.A la fecha, en casi todo el país ocurre la paralización de servicios fundamentales para la vida cotidiana de millones de mexicanos, como los cuerpos de seguridad pública y de emergencia por la falta de combustibles, el despido de trabajadores de confianza, la inactividad de trabajadores de limpia por no recibir su salario, así como recortes a las percepciones de los funcionarios de todos niveles y el cierre de oficinas públicas. Con el ajuste de gasto que ha hecho el Gobierno federal, que en total asciende a 85 mil millones de pesos, como resultado de la caída de la recaudación fiscal y la baja en los precios internacionales del petróleo, Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC), calcula que los municipios del país recibieron un 20 por ciento menos de recursos financieros en el primer trimestre del año.En entrevista, precisa que para el segundo semestre esta caída se elevó de entre un 40 y 60 por ciento de las Participaciones Federales —Ramo 28—, por lo que la estimación sobre esta disminución es de alrededor de 16 mil millones de pesos, lo que está afectando la ejecución de programas, obras y la prestación de servicios básicos que contribuyen a la mejora de vida de los mexicanos.A su vez, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) asegura que la disminución de las transferencias federales a los municipios, “sin duda significará el colapso de miles de proyectos y programas en materia de obras y servicios públicos que implementan los municipios”.Lo anterior significa un grave trastorno a actividades relacionadas a programas de asistencia social, apoyos a grupos marginados y vulnerables, mantenimiento de instalaciones de salud y educación, seguridad pública, alumbrado público, saneamiento y dotación de agua y recolección de basura.Por si fuera poco, los impactos sociales de los recortes a los presupuestos de las alcandías del país se potencializan, pues la CONAMM denuncia que también es especialmente grave que los recursos limitados que aún dispone el Gobierno federal, “no se estén aplicando de manera prioritaria y eficiente”.La Conferencia señala que el informe de Avance Financiero de Programas Aprobados Enero-Mayo de 2009, entregado por la SHCP al Congreso de la Unión, revela que en el primer trimestre de este año hubo subejercicios en las áreas de infraestructura, salud y desarrollo social en montos que superan el déficit que están registrando los gobiernos municipales.“El municipio, por su cercanía con la sociedad, está obligado a aplicar con gran eficacia y calidad el gasto público y no puede darse el lerdo de tener subejercicios, pues imaginemos el impacto social de no recoger la basura durante cinco días, no distribuir el agua potable durante tres días o simplemente no alumbrar la ciudad durante una noche”, indica Rubén Fernández.DELICADA DEPENDENCIA“Estamos en una situación complicada y hemos llegado a ello por la caída de las participaciones que nos ayudan a sacar el gasto corriente y pagar salarios, es el recurso que le da operatividad a cada uno de los municipios del país y nos ha generado problemas de liquidez muy graves y situaciones complicadas”, afirma por su parte Cuauhtémoc Calderón, presidente de la Asociación de Alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN).Rubén Fernández precisa que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas “participan” de un porcentaje de la recaudación fiscal federal igual al 20 por ciento, en el caso del Fondo General de Participaciones. A su vez, los gobiernos de los estados “reparten” a los municipios igual porcentaje —20 por ciento— de lo que reciben. Ante los reclamos de los alcaldes del país, la SHCP asegura que las participaciones y aportaciones federales se han entregado en tiempo y forma.Debido a que las Participaciones Federales fluctúan directamente con la recaudación fiscal, la dependencia acepta que ésta se ha visto afectada debido al entorno económico derivado de la crisis económica internacional y al episodio de influenza.No obstante, asegura que los ajustes al gasto por 85 mil millones de pesos, “no afectan las participaciones ni las aportaciones federales a entidades federativas y municipios”.La SHCP afirma que las participaciones pagadas a entidades federativas ascendieron a 193 mil 85 millones de pesos en el primer semestre del año, incluyendo la compensación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 11 mil 338 millones de pesos realizada el 17 de abril pasado, con lo que ese monto de participaciones se encuentra 15 por ciento por debajo de lo programado para el mismo periodo. Saúl Arellano, director de investigación del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), asevera que a raíz de que en 1997 el Gobierno federal creó el Ramo 33 a fin de impulsar el proceso del federalismo en el país, los municipios “entraron en una etapa de dependencia brutal de los recursos federales”.En entrevista, precisa que el Ramo 33 es el instrumento a través del cual la Federación le entrega a los municipios —vía los gobiernos estatales— las participaciones federales, a lo que se suma las llamadas aportaciones, recursos que provienen de la venta del petróleo y sus excedentes; es decir, el FEIEF.Según la SHCP, el Gobierno federal conciente de las implicaciones que la crisis internacional ha provocado en las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios, ha venido trabajando de forma conjunta con dichos órdenes de gobierno para diseñar esquemas financieros innovadores para “potenciar” los recursos del FEIEF que coadyuven a atenuar la caída observada en las participaciones federales. Con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2007, año en que hubo excedentes petroleros, se integró el Fondo de Estabilización; es decir, “unos guardaditos para casos de emergencia”.Por ello y ante la sangría de 16 mil millones de pesos a las haciendas públicas de los más de dos mil 400 ayuntamientos del país, las distintas asociaciones de municipios reclaman a la Secretaría de Hacienda “ejecute la entrega” de los recursos del Fondo de Estabilización.Según el director ejecutivo de la AMMAC, en ese fondo hay 30 mil millones de pesos a repartir entre los estados, que a su vez dan a los municipios el 20 por ciento; es decir, alrededor de seis mil millones de pesos, mismos que ha reclamado José Luis Durán Reveles, ex presidente municipal de Naucalpan y de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Para aliviar la caída en las Aportaciones federales, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se han reunido con el titular de la SHCP, Agustín Carstens, a fin de exigir la liberación de los recursos remanentes del Fondo de Estabilización en caso de que, según la dependencia, para 2009 suman 13 mil millones de pesos.Este esquema además permite, además de ser necesario, realizar una operación similar con los seis mil millones de pesos disponibles para 2010. EN LA HAMACARubén Fernández afirma que quienes se “salvan tantito” son aquellos municipios que tienen la facultad de cobrar impuestos locales para producir sus recursos, pero para desgracia de 90 millones de mexicanos, solo alrededor de 200 ayuntamientos están facultados para imponer cargas impositivas.Además, es sumamente limitado lo que pueden recaudar vía impuestos, debido a que tienen permitido cobrar impuesto predial, traslación de dominio, servicios de agua potable y otros por prestación de servicios públicos. “La gran mayoría de los municipios, podríamos hablar de dos mil de los dos mil 454, tienen una enorme dependencia de las transferencias federales, de tal forma que tienen que cerrar el changarro”, insiste el director de la AMMAC. En este sentido, el director de investigación del CEIDAS asevera que la creación del Ramo 33 “volvió flojos” a los presidentes municipales porque los privó de verse obligados a buscar más recursos vía las haciendas municipales.“Se junta el peor de los mundos: caída en los ingresos de la Federación y la enorme dependencia de los recursos federales de parte de estados y municipios, simplemente le dan al traste a las haciendas municipales”, afirma Saúl Arellano.Agrega que la inanición fiscal del Gobierno federal es producto de la “inaudita” baja recaudación fiscal que apenas llega al 11 por ciento, lo que se traduce en un sistema fiscal “que se engaña a si mismo”.Indica que “el jalón de orejas es a todas las autoridades, empezando por la Federación que no ha hecho una reforma fiscal y que es el Talón de Aquiles en nuestro país, y a los estados dado que no reclaman por la concentración de los recursos que tendría que dar la Tesorería de la Federación. No hay real federalismo”, sostiene Saúl Arellano.Afirma que en México es inexistente el proceso de descentralización, debido a que más del 70 por ciento del gasto social lo ejerce la Federación, lo que es inconcebible porque ni las entidades ni los municipios tienen capacidad de planear, programar y atender políticas dirigidas desde las necesidades y características de los ayuntamientos, y no los que imaginan los funcionarios de las dependencias federales.El investigador del CEIDAS afirma que de lo anterior “los ciudadanos somos los afectados” en una crisis que está a punto de llegar a una “pulmonía fulminante”, por lo que advierte que este boquete fiscal se traducirá en más hambre, enfermedad y desnutrición, sobre todo en el sector rural.
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