Domingo 23 de Agosto, 2009 Hora de modificación: 00:15
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El próximo mes de noviembre el Senado de la República tendrá la responsabilidad de nombrar al presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tema no es menor, sobre todo si se considera la evidencia sobre las constantes violaciones a los derechos humanos que se dan en nuestro país todos los días en diferentes esferas de la vida pública.A la fecha se han mencionado nombres de distintas personalidades que aspiran a presidir la CNDH; se habla de las relaciones de poder que tienen, así como de los grupos que pueden estar representados a través de sus “candidaturas”. Sin embargo, se han dejado de lado dos temas fundamentales respecto al perfil de quien deberá presidirla: su estatura ética y su sentido de patria.Para nadie es un secreto que este nombramiento corre el riesgo de subsumirse al debate político y a las “cuotas” que los partidos representados en el Congreso exigirán de acuerdo con sus intereses y prioridades. Ya ha sucedido que otros organismos, aún sin ser autónomos, pero que sí representan espacios de relativo control de la autoridad, han sido minimizados a través de la dirección de personalidades tendientes a la nulidad.Casos abundan, comenzando por el IFE, por ejemplo, en donde varios consejeros han sido extraídos de los partidos políticos y han actuado sin el menor recato en función de lo que les instruyen sus jefes partidistas. Lo mismo ocurre en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en donde la titánica tarea que había desarrollado Gilberto Rincón Gallardo, se está yendo al desagüe gracias a la incapacidad y supina ignorancia con la que la actual presidenta de ese Consejo actúa.Lo mismo ocurre con las Comisiones de Regulación, tales como Cofetel, Cofeco y Cofepris, las cuales se han convertido en espacios de suplantación del Estado, y cuyos titulares dejan al menos lugar a la sospecha por su perfil y antecedentes de haber trabajado para empresas que hoy tienen la responsabilidad de vigilar, acotar y hasta sancionar.Lo que tenemos como resultado es que no se sabe, por ejemplo, de ninguna acción relevante de Conapred en materia de prevención y sanción de la discriminación; la Cofepris, desde que la pseudoefedrina fue catalogada por la Ley General de Salud dentro de los precursores de drogas, se ha reducido a una mera oficina de trámites, mientras que ante problemas como el robo y falsificación de medicamentos, la autorregulación de los precios de la industria, el control de epidemias u otros riesgos sanitarios, simplemente se dice “bien gracias y hasta pronto”.Ante esta realidad, la CNDH debe ser repensada como una institución que debe fortalecerse en sus capacidades para cumplir con lo que hoy le mandan la Constitución y su ley, así como pensarse en una posible reforma para que se convierta en un instrumento eficaz para el control del gobierno, tal como se entiende este concepto en las democracias avanzadas.La figura del ombudsman debe recuperar su sentido más original: ser un defensor de los derechos del pueblo ante los posibles abusos del poder y ante el incumplimiento de las garantías tenemos como mexicanos. En esa lógica, hoy la CNDH no cuenta con las capacidades jurídicas e institucionales para incidir en la revisión de políticas que deliberadamente producen desigualdad e incumplimiento de derechos, que provocan el empobrecimiento masivo y con ello la reducción de la libertad de las personas o que generan exclusión y marginación social con criterios diseñados intencionadamente así desde los gobiernos.El riesgo ante el que hoy estamos es que los partidos políticos decidan con base en criterios políticos y no con un profundo sentido de nación. Por un lado, puede ocurrir que el PAN decida apoyar un perfil que no cuestione a la actual administración y que le permita transitar sin problemas en esta materia hasta el 2012.El PRD, por su parte, podría decirse por una figura dispuesta a servir de trinchera en la crítica constante al gobierno y a la descalificación a priori y constante de cualquier autoridad no perredista. Por último, en el PRI se percibe que pudiera asumir un doble papel: o utilizar el nombramiento de la presidencia de la CNDH como moneda de cambio por alguno de los cargos que también deberán renovarse y que pueden estar más en la línea de sus intereses (los ministros de la Corte, el gobernador del Banco de México, etcétera), o bien, respaldar una figura que, ante la expectativa de recuperar la Presidencia en 2012, se pliegue a los intereses encabezados por los principales grupos de poder en el interior de ese partido.Lo deseable es, sin duda, que el Senado actúe con sentido de responsabilidad y privilegie el nombramiento de una figura que cuente con experiencia en el sector público, que conozca el mundo de la sociedad civil, que conozca el ámbito de la academia y la investigación, pero que, sobre todo, haya acreditado una historia de vida ética que lo avale como un verdadero defensor de los derechos humanos. En esto nos va una buena parte de nuestra consolidación como un verdadero Estado social de derecho.
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