Saúl Arellano
Domingo 1 de Nov., 2009
No es exagerado sostener que son momentos decisivos para el país. México se debate entre la pedacería intelectual con la que se construyeron las propuestas de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la ingente pobreza que se vive en cada vez más zonas y regiones del país. Las estimaciones internacionales se han quedado cortas. Según la CEPAL, en su documento “Pobreza y Precariedad Urbana en América Latina y el Caribe, 2009”, con datos de 2007 proyectaba para México una población aproximada de 17 millones de personas viviendo en “tugurios urbanos”; es decir, en zonas altamente depauperadas, sin acceso a servicios sociales básicos, rodeadas de violencia. Pese a lo anterior, los efectos de la crisis económica global, la precariedad de nuestra seguridad alimentaria, nuestra fragilidad ante el cambio climático y nuestra incapacidad para cuidar el agua nos sitúan en circunstancias límite que amenazan ya no sólo a sectores clave de la economía sino a la viabilidad y sustentabilidad nacional toda. El crecimiento económico de México está basado en una pésima política energética, en una nula política de fomento industrial y en una peor política fiscal diseñada, admitido ya por el propio gobierno, para beneficiar a unas cuantas empresas que viven más de la evasión fiscal y la explotación laboral, antes que de la generación de inteligencia y valor agregado. ¿Qué papel juega en todo esto el sector agropecuario? Actualmente, representa apenas cerca de 4% del PIB nacional. Sin embargo, de acuerdo con el documento “Desarrollo con menos carbono, respuestas latinoamericanas al cambio climático”, del Banco Mundial, de continuar las tendencias la agricultura mexicana podría retroceder hasta en 85% en este siglo. ¿Hay en esto viabilidad para el país? La pobreza rural crece aceleradamente a la sombra de una crisis global de los alimentos que llegó para quedarse, la cual, de acuerdo con las proyecciones de la FAO, permanecerá cuando menos hasta 2015. Así, a los 12.2 millones de hambrientos registrados a finales de 2008 en México, habrá que agregar a las legiones de empobrecidos que se sumen gracias al incremento de más de 12% en promedio en la canasta alimentaria, que se ha registrado entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, más los que se acumulen al cierre del presente año, cuando la caída en las remesas termine de dar la puntilla a las expectativas de ingreso del sector rural. Ante este panorama, la discusión del presupuesto, y en lo particular en lo que respecta al sector agrícola, sigue dándose en los términos de siempre: beneficios para los líderes de las grandes centrales campesinas y sus secuaces, así como privilegios para los productores aliados a los “decididores” del régimen. De este modo, entre organizaciones que para lo que mejor sirven es para movilizar votos, antes que para rediseñar una política integral para el campo, y entre los intereses de los acaparadores, los beneficiarios de la tecnificación y los grandes apoyos, el campo mexicano va en picada y sin salidas que permitan aliviar, con la urgencia que se requiere, la pobreza más cruel que hemos visto en mucho tiempo. No estamos preparados suficientemente para enfrentar los efectos del cambio climático. Cada año perdemos más de 650 mil hectáreas de bosque; los suelos pierden fertilidad y se erosionan, y los ecosistemas asociados a las costas se deterioran cada vez más. Sólo por citar un ejemplo, el golfo de México, en donde se encuentran los pantanos más importantes del continente, es considerado una de las zonas más vulnerables del planeta ante los efectos del calentamiento global. El norte mexicano se encuentra en pleno proceso de desertización; se está agotando rápidamente el agua en toda esa región y en buena parte del centro del país; mientras que el sur-sureste, donde se concentra más de 80% del agua disponible para el consumo humano, la pobreza sigue creciendo como resultado de las disparidades regionales y, obviamente, el olvido ancestral de la mano con los rezagos estructurales. Todos estos temas están ajenos en la discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2010. La pobreza se usa sólo como un concepto que le permite a los seudopolíticos llenarse la boca con lo “políticamente correcto”, pero que en definitiva no se ha comprendido en su magnitud ni en su complejidad. No se trata de hacer más con lo mismo que teníamos. Ni siquiera se trata de hacer mejor lo que se venía haciendo. La cuestión es construir una nueva visión que vincule a las nociones de la equidad y la justicia social con la idea de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al término del segundo trimestre de 2009 había 1,418,856 personas dedicadas a la agricultura de subsistencia, es decir, la cuarta parte de las personas ocupadas en el sector primario quienes, ellas y sus familias, comen yerbas, nopales y chapulines como el mejor manjar disponible en época de lluvias. Sería deseable que en la discusión del Presupuesto, el gobierno y las y los legisladores responsables del tema se enterasen de este dato.
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