Urge detener el robo de niños. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Opinión Domingo 8 de Nov., 2009
Hora de modificación: 01:50
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=467608

Cada día se conocen más y más casos de niñas, niños y adolescentes que desaparecen de sus casas, de hospitales, de organizaciones de cuidado y albergue, de escuelas, de iglesias, de centros deportivos y, sin embargo, las autoridades no cuentan con un sistema confiable de registro estadístico que nos pueda dar una idea clara sobre las dimensiones de este problema en el país.

Al revisar las estadísticas de seguridad pública que reporta INEGI en sus anuarios estadísticos por entidad federativa, se encuentra que, con los datos relativos a 2006, 2007 y 2008, la sustracción de menores, la desaparición de niñas y niños, y otros delitos similares, la cifra no rebasa el número de 100.

Al respecto sólo cabe pensar dos posibilidades: o el robo de niños es una “leyenda urbana”, o las autoridades no han sido capaces de diseñar sistemas de protección, marcos jurídicos adecuados para agilizar la denuncia cuando una niña, niño o adolescente desaparece, así como mecanismos eficaces para iniciar averiguaciones y procedimientos de alerta pública, con base en la participación ciudadana, para el rescate de las niñas y niños que desaparecen. Por como están las cosas en el país, me inclino por la segunda opción.

El caso de Casitas del Sur es paradigmático en este tema. El Gobierno del Distrito Federal, que se ha autonombrado como “la ciudad de la equidad”, no sabe cuántas organizaciones de la sociedad civil albergan niños; por lo tanto, tampoco sabe cuántos niños albergados hay en este tipo de instituciones; y por lo tanto, mucho menos sabe cuántas niñas o niños podrían estar desaparecidos, pensando solamente en un ámbito relativamente institucionalizado. Amén de las niñas, niños y adolescentes que viven o pasan la mayor parte del tiempo en las calles.

En el gobierno federal las cosas no están mejor. Por si esto fuera poco, al Sistema Nacional DIF se le ocurrió la idea de cerrar la Casa Hogar para Varones, uno de los pocos centros confiables de cuidado y albergue para los niños sin hogar en la ciudad de México, y ante lo cual el DIF todavía no da una explicación sensata sobre su decisión.

Por el contrario, cada día proliferan más los hoteles en los que más niñas y niños viven de manera permanente, y en donde están expuestos, sin duda alguna, a formas siniestras de trata de personas, o bien, a ser reclutados por el narcotráfico y el crimen organizado para la distribución “al menudeo” de drogas y otros productos ilegales.

En la ciudad de México, en la zona conocida como “el primer cuadro”, pude hacer un recorrido en el que contabilicé, sólo en tres días, más de 25 hoteles en los que, a juzgar por su apariencia, hay menores de edad. ¿Quién supervisa estos hoteles? ¿Por qué el “gobierno de la equidad” no se ha atrevido a tocar estos intereses? ¿Por qué si hay numerosos reportajes, artículos periodísticos, fotografías y evidencias de todo tipo, se permite que en delegaciones que desde hace mucho gobierna el PRD sigan operando este tipo de establecimientos en donde hay niñas y niños que son explotados y que no sabemos de dónde vienen ni tampoco si sus familias los están buscando?

Es increíble que en nuestro país no exista todavía una legislación homologada en esta materia. Lo que es más, el delito de “robo de niños”, que claramente se diferencia del delito de secuestro, no está tipificado en el Código Penal, ni existe ley alguna que permita prevenirlo, sancionarlo y rehabilitar a sus víctimas cuando se logra su rescate.

En España y otros países europeos hay leyes específicas en esta materia. En Estados Unidos existen iniciativas de alerta de robo de niños que movilizan recursos, medios de comunicación y sociedad civil para frustrar el robo o secuestro de niñas y niños. En México, la farsa política es lo que se nos ofrece en el día a día, y la simulación sigue su curso mientras que, según las estimaciones independientes, las niñas y niños que han sido sustraídos de sus entornos familiares se cuentan por miles.

Se entiende que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que están facultadas por la ley; pero lo que no es aceptable es que en los datos, por ejemplo de la Procuraduría de Justicia del DF, en su informe 2008 (http://www.pgjdf.gob.mx/temas/1-3-1/fuentes/08.pdf) se contabilicen el robo de vehículos, el robo a casa habitación o el robo a negocios, y no se encuentre en el informe ninguna alusión al robo de niños, que si bien no es un delito considerado en el Código Penal, la realidad y la dimensión que tiene este fenómeno en México debería dar pie, al menos, a una mención en su sitio electrónico.

Todos los gobiernos definen valores y prioridades para su actuación. Y es la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen lo que permite a la ciudadanía valorar su veracidad y eficacia.

Por lo que respecta a la niñez, es claro que el nuestro sigue siendo un país inapropiado para su bienestar y protección personal.