lunes, 2 de noviembre de 2009

El fracaso agrícola en Guanajuato. Crisis ecológica y agrícola. Periódico Correo

Por: Saúl Arellano,
Lunes, 02 de Noviembre de 2009

Sostener que sin agua no hay posibilidades de desarrollo puede parecer un lugar común, y sin embargo no lo es. Más aún en una entidad en la que, al igual que la tendencia de todo el mundo, casi el 70% se utiliza para la producción agrícola, y todavía más cuando como se ha visto en esta serie de artículos, hace falta aún mucho por hacer en materia de cuidado y aprovechamiento del agua.
Según los datos de la Conagua, en Guanajuato, de cada 100 litros de agua que se extraen de los pozos existentes, 85 se dedican a la agricultura, de los cuales, aún cuando no hay cifras precisas, se calcula que se desperdicia entre el 45 y el 60%.
En Guanajuato, la mayor parte del agua que se utiliza proviene del subsuelo. Por ello el estudio de los acuíferos es fundamental para evitar su sobreexplotación. En la entidad hay 18 acuíferos, los cuales presentan un abatimiento promedio anual de 2.5 metros, ritmo acelerado aun considerando que ha habido en la última década dos años (2003 y 2004) con precipitaciones por arriba del promedio.
Para comprender la gravedad de lo que estos datos implican es pertinente señalar que hay estudios en los que se estima que al menos el 75% de los acuíferos señalados se encuentran sobreexplotados, y hay zonas, sobre todo en el norte de la entidad, en las que se está llegando a aguas fósiles, lo que puede provocar un ecocidio de consecuencias mayores para el equilibrio medioambiental del estado.
Debe destacarse que la principal afectación que ha acelerado el abatimiento de los acuíferos es la degradación de los suelos, la cual está relacionada con la utilización excesiva de fertilizantes químicos en la agricultura, pero sobre todo, con la deforestación y la pérdida de superficies arboladas.
Las estimaciones más recientes de Semarnat calculan que el 60% del suelo de la entidad se encuentra erosionado, por los factores mencionados, así como por la presencia de diferentes corrientes superficiales de agua y el factor del viento.
Frente a lo anterior, debe considerarse que aún cuando se han hecho esfuerzos importantes, la mayoría de ellos impulsados por organizaciones de la sociedad civil, aún es muy poca la superficie catalogada como protegida en la entidad.
Según la información oficial, sólo 26 municipios de los 46 están involucrados en las Áreas Naturales Protegidas decretadas por el Ejecutivo Estatal. Estas áreas apenas abarcan una de 263,611.64 hectáreas, las cuales, comparadas con la superficie total del estado -que es de 3.058 millones de hectáreas- representan sólo el 8.61%.
A estas zonas debe agregarse la recientemente denominada Reserva de la Biosfera, en la Sierra Gorda, que está formada por los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, que son paradójicamente de los municipios más pobres del estado, y en los que se encuentran algunos de los acuíferos con mayor sobreexplotación.
Además de la explotación irracional que se ha hecho de los acuíferos, se encuentra también la sobreexplotación y mal manejo de los 18 cuerpos de agua (ríos, presas, lagunas y arroyos de dimensión importante) que existen en la entidad.
De éstos, no hay uno solo que esté considerado como completamente libre de contaminantes y por el contrario, la cuenca del Lerma, el Río Laja, el Río Turbio y la Presa Solís, se consideran como cuerpos de agua con altos niveles de contaminación, lo mismo que la Presa El Palote y la Laguna de Yuriria, en los que factores como el lirio han afectado constantemente su equilibrio ecológico.
A pesar de esta información, en la entidad no se ha tenido la capacidad de construir una visión que vincule a las políticas agropecuarias con las ecológicas y de protección y cuidado del agua.
Hacerlo es fundamental si se quiere lograr un modelo de desarrollo que garantice los derechos sociales de la población, y que nos dé viabilidad en el futuro.
Las alternativas posibles
Los diagnósticos sobre la crisis agrícola y ecológica son lo suficientemente claros como para mostrar la urgencia de modificar los criterios de inversión y las líneas de política que se están siguiendo.
La primera ruta de salida se encuentra en un mejor sistema de aprovechamiento rural y urbano del agua de lluvia. Una buena parte del agua que cae, podría aprovecharse en las comunidades y zonas urbanas periféricas, a través de la construcción de aljibes comunitarios que son de bajo costo, tanto en su construcción como mantenimiento.
Un aljibe con la capacidad de almacenamiento de 30 mil litros de agua no rebasa los 20 mil pesos, y con ello se resolvería, de hacerlo en toda la entidad, el desabasto del agua rural al menos en las temporadas de estiaje.
Un programa así es sumamente útil, porque permite además generar empleo temporal en zonas de alta pobreza.
La segunda alternativa consiste en modificar los programas de reforestación. Éstos no funcionan por la carencia de agua, por lo que, si de la mano de una medida como la de construir aljibes, se capacita y se dota al campo guanajuatense de árboles frutales o incluso de ornato no contaminantes de las especies locales, se reduciría la erosión de los suelos, tanto la provocada por el viento como por el deslave del agua.
La opción de los frutales contribuiría a la economía de autoconsumo. Se generarían además microclimas, se lograría alargar las temporadas de lluvias, y se promovería el repoblamiento de especies que están amenazadas o en peligro de extinción.
La tercera ruta consiste en un proceso de sustitución de fertilizantes químicos por abono orgánico, el cual no sólo restituye las propiedades nutritivas de los suelos, sino que incrementa su capacidad de mantener la humedad y con ello, aumentar la productividad de la tierra.
Adicionalmente, está la consideración económica porque el abono orgánico cuesta en promedio la mitad de lo que implica fertilizar con productos químicos.
Opciones como éstas existen, y en abundancia. Lo que hace falta es la voluntad política, tanto de las autoridades como de las organizaciones campesinas, pues en ambos lados se ha carecido de la capacidad para impulsar tecnologías y procesos de apoyo a proyectos orientados desde perspectivas como las aquí señaladas.

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