miércoles, 26 de agosto de 2009

Sin Dinero. Entrevista a Saúl Arellano con el tema de la crisis de los municipios. Revista Cambio

Por César Aguilar García
Revista Cambio
Año 8, número 382
Semana del 23 al 29 de agosto de 2009
Los municipios son los primeros damnificados del boquete en las finanzas públicas de la Federación; 90 millones de mexicanos sufren las consecuencias. Tras el desplome de la recaudación fiscal federal provocada por la más grave crisis económica de las últimas décadas y la baja en los precios internacionales del petróleo, la calidad de vida de casi 90 millones de mexicanos está seriamente comprometida debido al colapso que padecen las haciendas públicas de la mayoría de los dos mil 454 municipios del país. Con el gran boquete en las finanzas públicas de la Federación, más del 90 por ciento de los ayuntamientos del país han visto caer los ingresos en sus arcas, pues tan sólo en el primer semestre del año las transferencias de las Participaciones y Aportaciones federales cayeron en un 20 por ciento, en tanto que para el segundo trimestre disminuyeron hasta en 60 por ciento, lo que les significa “un trancazo” de 16 mil millones de pesos.La inanición fiscal por la falta de flujo de efectivo a las que están sometidas las alcaldías del país, ha obligado a que gran parte de ellas prácticamente hayan tenido que “cerrar el changarro” y dejar de prestar servicios a la ciudadanía.Con la disminución de las transferencias federales a los municipios, a lo largo y ancho del territorio nacional, ya es común que se detengan proyectos y programas en materia de obras y servicios públicos, sobre todo los relacionados con la seguridad pública, dotación de agua y el saneamiento, recolección y tratamiento de basura, alumbrado público y en materia de educación básica y salud. Y es que las finanzas del 90 por ciento de los ayuntamientos del país dependen en igual porcentaje de los recursos que les envía el Gobierno federal, por lo que especialistas estiman que en la mayor parte de los municipios del país y en la calidad de vida de millones de mexicanos “las cosas no van a mejorar el resto del año”.IMPACTO SOCIALPara hacer frente a los millonarios recortes que ha hecho el Gobierno federal a las finanzas de los estados del país, en julio pasado el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, ordenó el cierre de las oficinas de Gobierno en Chilpancingo, la capital, por lo que decenas de trabajadores tomaron 15 días de “vacaciones forzosas” para enfrentar la crisis financiera y ahorrar miles de pesos en ahorro de luz, agua y otros servicios. Debido que los gobiernos de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal son un filtro para que lleguen las transferencias a los municipios, el cierre de las actividades en la capital guerrerense fue un primer indicio del colapso que se veía gestando en las haciendas públicas de los ayuntamientos del país.A la fecha, en casi todo el país ocurre la paralización de servicios fundamentales para la vida cotidiana de millones de mexicanos, como los cuerpos de seguridad pública y de emergencia por la falta de combustibles, el despido de trabajadores de confianza, la inactividad de trabajadores de limpia por no recibir su salario, así como recortes a las percepciones de los funcionarios de todos niveles y el cierre de oficinas públicas. Con el ajuste de gasto que ha hecho el Gobierno federal, que en total asciende a 85 mil millones de pesos, como resultado de la caída de la recaudación fiscal y la baja en los precios internacionales del petróleo, Rubén Fernández, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC), calcula que los municipios del país recibieron un 20 por ciento menos de recursos financieros en el primer trimestre del año.En entrevista, precisa que para el segundo semestre esta caída se elevó de entre un 40 y 60 por ciento de las Participaciones Federales —Ramo 28—, por lo que la estimación sobre esta disminución es de alrededor de 16 mil millones de pesos, lo que está afectando la ejecución de programas, obras y la prestación de servicios básicos que contribuyen a la mejora de vida de los mexicanos.A su vez, la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) asegura que la disminución de las transferencias federales a los municipios, “sin duda significará el colapso de miles de proyectos y programas en materia de obras y servicios públicos que implementan los municipios”.Lo anterior significa un grave trastorno a actividades relacionadas a programas de asistencia social, apoyos a grupos marginados y vulnerables, mantenimiento de instalaciones de salud y educación, seguridad pública, alumbrado público, saneamiento y dotación de agua y recolección de basura.Por si fuera poco, los impactos sociales de los recortes a los presupuestos de las alcandías del país se potencializan, pues la CONAMM denuncia que también es especialmente grave que los recursos limitados que aún dispone el Gobierno federal, “no se estén aplicando de manera prioritaria y eficiente”.La Conferencia señala que el informe de Avance Financiero de Programas Aprobados Enero-Mayo de 2009, entregado por la SHCP al Congreso de la Unión, revela que en el primer trimestre de este año hubo subejercicios en las áreas de infraestructura, salud y desarrollo social en montos que superan el déficit que están registrando los gobiernos municipales.“El municipio, por su cercanía con la sociedad, está obligado a aplicar con gran eficacia y calidad el gasto público y no puede darse el lerdo de tener subejercicios, pues imaginemos el impacto social de no recoger la basura durante cinco días, no distribuir el agua potable durante tres días o simplemente no alumbrar la ciudad durante una noche”, indica Rubén Fernández.DELICADA DEPENDENCIA“Estamos en una situación complicada y hemos llegado a ello por la caída de las participaciones que nos ayudan a sacar el gasto corriente y pagar salarios, es el recurso que le da operatividad a cada uno de los municipios del país y nos ha generado problemas de liquidez muy graves y situaciones complicadas”, afirma por su parte Cuauhtémoc Calderón, presidente de la Asociación de Alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN).Rubén Fernández precisa que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas “participan” de un porcentaje de la recaudación fiscal federal igual al 20 por ciento, en el caso del Fondo General de Participaciones. A su vez, los gobiernos de los estados “reparten” a los municipios igual porcentaje —20 por ciento— de lo que reciben. Ante los reclamos de los alcaldes del país, la SHCP asegura que las participaciones y aportaciones federales se han entregado en tiempo y forma.Debido a que las Participaciones Federales fluctúan directamente con la recaudación fiscal, la dependencia acepta que ésta se ha visto afectada debido al entorno económico derivado de la crisis económica internacional y al episodio de influenza.No obstante, asegura que los ajustes al gasto por 85 mil millones de pesos, “no afectan las participaciones ni las aportaciones federales a entidades federativas y municipios”.La SHCP afirma que las participaciones pagadas a entidades federativas ascendieron a 193 mil 85 millones de pesos en el primer semestre del año, incluyendo la compensación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 11 mil 338 millones de pesos realizada el 17 de abril pasado, con lo que ese monto de participaciones se encuentra 15 por ciento por debajo de lo programado para el mismo periodo. Saúl Arellano, director de investigación del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), asevera que a raíz de que en 1997 el Gobierno federal creó el Ramo 33 a fin de impulsar el proceso del federalismo en el país, los municipios “entraron en una etapa de dependencia brutal de los recursos federales”.En entrevista, precisa que el Ramo 33 es el instrumento a través del cual la Federación le entrega a los municipios —vía los gobiernos estatales— las participaciones federales, a lo que se suma las llamadas aportaciones, recursos que provienen de la venta del petróleo y sus excedentes; es decir, el FEIEF.Según la SHCP, el Gobierno federal conciente de las implicaciones que la crisis internacional ha provocado en las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios, ha venido trabajando de forma conjunta con dichos órdenes de gobierno para diseñar esquemas financieros innovadores para “potenciar” los recursos del FEIEF que coadyuven a atenuar la caída observada en las participaciones federales. Con la aprobación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2007, año en que hubo excedentes petroleros, se integró el Fondo de Estabilización; es decir, “unos guardaditos para casos de emergencia”.Por ello y ante la sangría de 16 mil millones de pesos a las haciendas públicas de los más de dos mil 400 ayuntamientos del país, las distintas asociaciones de municipios reclaman a la Secretaría de Hacienda “ejecute la entrega” de los recursos del Fondo de Estabilización.Según el director ejecutivo de la AMMAC, en ese fondo hay 30 mil millones de pesos a repartir entre los estados, que a su vez dan a los municipios el 20 por ciento; es decir, alrededor de seis mil millones de pesos, mismos que ha reclamado José Luis Durán Reveles, ex presidente municipal de Naucalpan y de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Para aliviar la caída en las Aportaciones federales, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se han reunido con el titular de la SHCP, Agustín Carstens, a fin de exigir la liberación de los recursos remanentes del Fondo de Estabilización en caso de que, según la dependencia, para 2009 suman 13 mil millones de pesos.Este esquema además permite, además de ser necesario, realizar una operación similar con los seis mil millones de pesos disponibles para 2010. EN LA HAMACARubén Fernández afirma que quienes se “salvan tantito” son aquellos municipios que tienen la facultad de cobrar impuestos locales para producir sus recursos, pero para desgracia de 90 millones de mexicanos, solo alrededor de 200 ayuntamientos están facultados para imponer cargas impositivas.Además, es sumamente limitado lo que pueden recaudar vía impuestos, debido a que tienen permitido cobrar impuesto predial, traslación de dominio, servicios de agua potable y otros por prestación de servicios públicos. “La gran mayoría de los municipios, podríamos hablar de dos mil de los dos mil 454, tienen una enorme dependencia de las transferencias federales, de tal forma que tienen que cerrar el changarro”, insiste el director de la AMMAC. En este sentido, el director de investigación del CEIDAS asevera que la creación del Ramo 33 “volvió flojos” a los presidentes municipales porque los privó de verse obligados a buscar más recursos vía las haciendas municipales.“Se junta el peor de los mundos: caída en los ingresos de la Federación y la enorme dependencia de los recursos federales de parte de estados y municipios, simplemente le dan al traste a las haciendas municipales”, afirma Saúl Arellano.Agrega que la inanición fiscal del Gobierno federal es producto de la “inaudita” baja recaudación fiscal que apenas llega al 11 por ciento, lo que se traduce en un sistema fiscal “que se engaña a si mismo”.Indica que “el jalón de orejas es a todas las autoridades, empezando por la Federación que no ha hecho una reforma fiscal y que es el Talón de Aquiles en nuestro país, y a los estados dado que no reclaman por la concentración de los recursos que tendría que dar la Tesorería de la Federación. No hay real federalismo”, sostiene Saúl Arellano.Afirma que en México es inexistente el proceso de descentralización, debido a que más del 70 por ciento del gasto social lo ejerce la Federación, lo que es inconcebible porque ni las entidades ni los municipios tienen capacidad de planear, programar y atender políticas dirigidas desde las necesidades y características de los ayuntamientos, y no los que imaginan los funcionarios de las dependencias federales.El investigador del CEIDAS afirma que de lo anterior “los ciudadanos somos los afectados” en una crisis que está a punto de llegar a una “pulmonía fulminante”, por lo que advierte que este boquete fiscal se traducirá en más hambre, enfermedad y desnutrición, sobre todo en el sector rural.

domingo, 23 de agosto de 2009

Repensar la CNDH. Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 23 de Agosto, 2009 Hora de modificación: 00:15
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=453251

El próximo mes de noviembre el Senado de la República tendrá la responsabilidad de nombrar al presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tema no es menor, sobre todo si se considera la evidencia sobre las constantes violaciones a los derechos humanos que se dan en nuestro país todos los días en diferentes esferas de la vida pública.A la fecha se han mencionado nombres de distintas personalidades que aspiran a presidir la CNDH; se habla de las relaciones de poder que tienen, así como de los grupos que pueden estar representados a través de sus “candidaturas”. Sin embargo, se han dejado de lado dos temas fundamentales respecto al perfil de quien deberá presidirla: su estatura ética y su sentido de patria.Para nadie es un secreto que este nombramiento corre el riesgo de subsumirse al debate político y a las “cuotas” que los partidos representados en el Congreso exigirán de acuerdo con sus intereses y prioridades. Ya ha sucedido que otros organismos, aún sin ser autónomos, pero que sí representan espacios de relativo control de la autoridad, han sido minimizados a través de la dirección de personalidades tendientes a la nulidad.Casos abundan, comenzando por el IFE, por ejemplo, en donde varios consejeros han sido extraídos de los partidos políticos y han actuado sin el menor recato en función de lo que les instruyen sus jefes partidistas. Lo mismo ocurre en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en donde la titánica tarea que había desarrollado Gilberto Rincón Gallardo, se está yendo al desagüe gracias a la incapacidad y supina ignorancia con la que la actual presidenta de ese Consejo actúa.Lo mismo ocurre con las Comisiones de Regulación, tales como Cofetel, Cofeco y Cofepris, las cuales se han convertido en espacios de suplantación del Estado, y cuyos titulares dejan al menos lugar a la sospecha por su perfil y antecedentes de haber trabajado para empresas que hoy tienen la responsabilidad de vigilar, acotar y hasta sancionar.Lo que tenemos como resultado es que no se sabe, por ejemplo, de ninguna acción relevante de Conapred en materia de prevención y sanción de la discriminación; la Cofepris, desde que la pseudoefedrina fue catalogada por la Ley General de Salud dentro de los precursores de drogas, se ha reducido a una mera oficina de trámites, mientras que ante problemas como el robo y falsificación de medicamentos, la autorregulación de los precios de la industria, el control de epidemias u otros riesgos sanitarios, simplemente se dice “bien gracias y hasta pronto”.Ante esta realidad, la CNDH debe ser repensada como una institución que debe fortalecerse en sus capacidades para cumplir con lo que hoy le mandan la Constitución y su ley, así como pensarse en una posible reforma para que se convierta en un instrumento eficaz para el control del gobierno, tal como se entiende este concepto en las democracias avanzadas.La figura del ombudsman debe recuperar su sentido más original: ser un defensor de los derechos del pueblo ante los posibles abusos del poder y ante el incumplimiento de las garantías tenemos como mexicanos. En esa lógica, hoy la CNDH no cuenta con las capacidades jurídicas e institucionales para incidir en la revisión de políticas que deliberadamente producen desigualdad e incumplimiento de derechos, que provocan el empobrecimiento masivo y con ello la reducción de la libertad de las personas o que generan exclusión y marginación social con criterios diseñados intencionadamente así desde los gobiernos.El riesgo ante el que hoy estamos es que los partidos políticos decidan con base en criterios políticos y no con un profundo sentido de nación. Por un lado, puede ocurrir que el PAN decida apoyar un perfil que no cuestione a la actual administración y que le permita transitar sin problemas en esta materia hasta el 2012.El PRD, por su parte, podría decirse por una figura dispuesta a servir de trinchera en la crítica constante al gobierno y a la descalificación a priori y constante de cualquier autoridad no perredista. Por último, en el PRI se percibe que pudiera asumir un doble papel: o utilizar el nombramiento de la presidencia de la CNDH como moneda de cambio por alguno de los cargos que también deberán renovarse y que pueden estar más en la línea de sus intereses (los ministros de la Corte, el gobernador del Banco de México, etcétera), o bien, respaldar una figura que, ante la expectativa de recuperar la Presidencia en 2012, se pliegue a los intereses encabezados por los principales grupos de poder en el interior de ese partido.Lo deseable es, sin duda, que el Senado actúe con sentido de responsabilidad y privilegie el nombramiento de una figura que cuente con experiencia en el sector público, que conozca el mundo de la sociedad civil, que conozca el ámbito de la academia y la investigación, pero que, sobre todo, haya acreditado una historia de vida ética que lo avale como un verdadero defensor de los derechos humanos. En esto nos va una buena parte de nuestra consolidación como un verdadero Estado social de derecho.

martes, 18 de agosto de 2009

Urge nuevo modelo en los municipios. Periódico Correo

Por: Martín Fuentes, Lunes, 17 de Agosto de 2009
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=125859

Contra la crisis, no basta reducir gastos; los alcaldes deberán articular presupuestos, no sólo administrarlos, afirma Saúl Arellano
Saúl Arellano, director de Investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), pronosticó que los siguientes ayuntamientos tendrán que impulsar "recortes y reorientaciones presupuestales" para evitar que se colapsen y terminen por suspender o demeritar la prestación de servicios públicos, y para mitigar entre la población efectos de una crisis económica que amenaza con profundizarse.
Sostuvo que se verán obligados a recortar personal en áreas no prioritarias, pero estimó que eso no será suficiente, por lo que también tendrán que hacer ajustes en todo lo que no es prioritario en materia de gasto corriente y, para ampliar márgenes de maniobra, renegociar plazos de vencimiento de deuda y pagos ya comprometidos con proveedores.
Deben establecer una calendarización distinta que les permita amortizar poco a poco deudas, y pago a proveedores, pero sin provocar que negocios truenen.
Los nuevos ayuntamientos y quienes los presidan a partir del 10 de octubre próximo tendrán además que revisar con lupa gastos de Comunicación Social y los que se realizaron indebidamente durante las campañas porque, dijo, existe la percepción de que se repartió material para construcción, máquinas de coser, licuadoras y otros enseres.
"Eso es sano para democracia y para garantizar que no se emplearon recursos públicos con fines electorales", dijo el director de Investigación del CEIDAS.
Dijo que para sortear la crisis tendrán que modificar su política de compras, hoy sujeta a disposiciones de gobierno del estado, para darle un enfoque más social y, por ejemplo, comprar a productores locales granos y otros productos de primera necesidad para programas de asistencia social, con lo que generarían dinámicas de mercado, como han hecho en estados como Zacatecas y Chiapas.
Saúl Arellano subrayó que para actuar de esa manera los ayuntamientos y alcaldes deben asumir una actitud de mucho compromiso social, porque inevitablemente se afectarían intereses de proveedores que han sido los grandes beneficiarios de los recursos públicos en la última década.
Esas acciones las tendrían que impulsar en cuanto asuman el cargo, dijo, pero puntualizó que los nuevos alcaldes no deben intentar hacer mejor lo que se venía haciendo, sino plantearse una nueva visión de lo social que articule los presupuestos y no se dediquen sólo a administrarlos.
Expuso que tienen que promover turismo, destinar más recursos al programa 3x1 con migrantes y proteger cultura y educación, porque no hay nada que afecte más a una sociedad en tiempos de crisis que recortar presupuesto a estos dos rubros, de por sí castigados a la hora de asignarles recursos.
Manifestó que también tendrán que revisar políticas salariales, y reducirse sus salarios, porque aunque los ahorros que se obtengan no sean suficientes, es un asunto ético y eso contribuiría a disminuir la desigualdad brutal que priva incluso en las administraciones públicas.
"Si reduces 30 por ciento a los altos mandos de los (46) ayuntamientos se ahorrarían casi 800 millones de pesos, y la pregunta es por qué no hacerlo si a fines de este año habrá 3 millones de pobres, un millón 200 de ellos en pobreza alimentaria", añadió Saúl Arellano, quien sostuvo que lo mismo podría hacerse en los Poderes Legislativo y Judicial, y en la administración pública estatal.
"La clase política vive muy bien y las mayorías casi con nada al día. O les subimos a los de abajo o les bajamos a los de arriba, y lo susceptible en estos momentos es lo segundo".
El director del CEIDAS consideró difícil cuánto disminuirán los presupuestos de los próximos Ayuntamientos porque, dijo, (la Secretaría de) Hacienda no es precisa en la información sobre el déficit fiscal que habrá qué enfrentar, para saber con exactitud de qué tamaño será el recorte a los estados y municipios.
"Pero será mucho más grave de lo que hoy podemos percibir", auguró sin embargo el investigador social.

lunes, 17 de agosto de 2009

Lo social está muy caliente. Periódico La Crónica

Lo social está muy caliente
Saúl Arellano Opinión
Domingo 16 de Agosto, 2009 Hora de modificación: 00:26
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=451894

Hace una semana tuve la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Xochicalco. Además de lo majestuoso del lugar, hay una lección que no podemos soslayar: la teoría más sólida en torno a las causas de la decadencia de esta Ciudad-Estado sostiene que hubo una rebelión que incendió y destruyó la ciudad. Las causas: el hambre y la sequía prolongada generaron un descontento social mayúsculo contra la clase dirigente.Después del incendio y la destrucción masiva de Xochicalco, ésta nunca pudo reconstruirse, ni físicamente ni mucho menos en sus redes sociales, de comercio y de poderío político y militar que se había consolidado a lo largo de casi 200 años de esplendor.Mirar al pasado nos ofrece la posibilidad de aprender que las sociedades pueden colapsarse cuando faltan dos factores esenciales para la vida: el agua y los alimentos. Cuando hay pobreza, hambre y enfermedad, la gente no tiene nada que perder y puede estar dispuesta a tomar medidas desesperadas, incluso violentas para intentar protestar o transformar su realidad.Las cifras que tenemos sobre la pobreza nos revelan muchas cosas; en primer lugar, que la carencia de ingresos es resultado de estructuras de desigualdad arraigadas en el aparato institucional, y que incluso se refleja en la forma en cómo se diseñan los presupuestos y las políticas públicas, de tal forma que puede asumirse que la desigualdad se ha convertido, paradójicamente, en una política del Estado.Según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México no hay un sólo municipio en que las mujeres tengan el mismo nivel en el Índice del Desarrollo Humano que sus contrapartes masculinas; y según los datos disponibles sobre ingreso per cápita, las mujeres del municipio de mayores ingresos del país (San Pedro Garza García, Nuevo León), supera abismalmente el ingreso de las mujeres de Santiago del Pinar, en Chiapas, en donde en promedio las mujeres perciben 110 dólares anuales; es decir, una diferencia de 249 veces, lo cual no puede ser calificado sino como de simplemente inmoral.Las peores condiciones de vida en el país están en el campo y en las zonas indígenas, en donde a estas alturas, debe insistirse, no hay mucho que perder; lo interesante del caso es que el Gobierno Federal, y la inmensa mayoría de los gobiernos estatales parecen no tener ni las categorías ni los instrumentos de información para saber qué se está moviendo al nivel de colonias, barrios y comunidades. No hay nada peor para el Gobierno que moverse en la incertidumbre; por ello resulta aberrante la posición de extremo optimismo público desde la cual, a pesar de la dimensión de la crisis que ya se nos estrelló en el rostro, el Gobierno Federal insiste en decirnos que lo peor ya pasó. Eso es una mentira del tamaño del boquete fiscal de más 800 mil millones de pesos que tendremos entre 2009 y 2010.Vienen en los próximos meses las revisiones salariales y contractuales de poderosos sindicatos —como el del IMSS— que pueden propiciar movilizaciones sociales de grandes dimensiones, y que sin los controles ni los puentes para la negociación y el diálogo, el Gobierno Federal se enfrentará a problemas de los que me atrevo a asegurar no tienen idea de la dimensión de lo que puede venírseles encima.A Felipe Calderón se le acabó el tiempo. Cada día que pasa sin realizar relevos en su Gabinete es un día que la sociedad mexicana pierde en términos de posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, cada día que el Gobierno Federal deja pasar sin impulsar ni empeñar sus esfuerzos para revertir las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza, es un día que la sociedad pierde en términos de equidad, justicia y dignidad.Lo social está muy caliente. Cuando hay hambre hay frustración, pero también coraje, resentimiento, deseo de revancha; y eso no se reduce con becas ni apoyitos estilo el Programa Oportunidades. Lo que debe revertirse son las estructuras de desigualdad. De otro modo, el Estado estará realizando una permanente invitación a la revuelta social, lo cual no es descabellado pensarlo sobre todo a la luz de lo que recientemente ocurrió en París y Atenas, en donde miles de jóvenes salieron a la calle a protestar y a enfrentarse con las policías para exigir mejores condiciones de inclusión y desarrollo.Los márgenes de maniobra están acotados; cientos de municipios están al borde de la quiebra; más de 2.4 millones de personas no tienen empleo; la pobreza crece y a finales de 2009 rebasará la tétrica suma de 20 millones de personas en pobreza alimentaria; y ante ello, la Secretaría de Hacienda nos informa que recetará más impuestos, profundos recortes presupuestales a lo social, y ahora hasta la peregrina idea de que los municipios “bursatilicen” los recursos provenientes de las Participaciones Federales, es decir, más dinero para sus secuaces y más riesgo financiero para los gobiernos de todos los órdenes.Ante este escenario, aunque el verano está ya muy avanzado, vale la pena citar el título de aquella película de Spike Lee: en la complejidad de lo social, apenas “comienza el calor”.

miércoles, 12 de agosto de 2009

Negro panorama en finanzas estatales. Periódico Correo

Por: Martín Fuentes, Miércoles, 12 de Agosto de 2009
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=125337

El Investigador del CEIDAS, Saúl Arellano, cree que el recorte de recursos federales para Guanajuato será de al menos 7 mil millones
GUANAJUATO
Saúl Arellano, director de Investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), pronosticó que será de al menos 7 mil millones de pesos el recorte de recursos federales, y advirtió que eso colocará al estado "al borde de un colapso social" que se podría evitar si se invierte realmente en educación, alimentación y salud.

Hasta ahora, gobierno del estado sostiene que se han dejado de recibir mil 200 millones de pesos de participaciones federales, y que podría ser de 400 millones un nuevo recorte, cifras que el investigador Saúl Arellano aceptó como "reales en términos oficiales", pero reiteró que "el recorte va a llegar a siete mil millones a finales del próximo mes".
Después de comentar que los recortes a las participaciones federales, obligados por la crisis económica global, y el dispendio de recursos públicos, generaron un boquete fiscal mayúsculo, subrayó que se atrevía a pronosticar esa cifra "porque no es posible que con la caída del precio del petróleo y la estabilización del precio del dólar, y con todo el entorno internacional, el estado vaya a resistir".
Sostuvo incluso que será la actual Legislatura federal la que tendrá que hacer el ajuste que se anunciará próximamente, y subrayó que los recortes "más importantes" serán al Programa Nacional de Infraestructura, de donde llegaban muchos recursos al estado y que, además, se seguirá acentuando la caída de los excedentes petroleros, "por lo que el boquete fiscal se ensanchará y se dejarán de recibir muchos fondos", explicó.
"Si se dice que el siguiente recorte será de sólo 400 millones de pesos, habrá que preguntar cuáles son las partidas que les van a quitar para justificar una cantidad tan pequeña en términos del boquete que ya se abrió para todo el país", sostuvo.
Bienestar social, única salida
Advirtió que "la única manera de sortear la crisis va a ser generando bienestar social", invertir en infraestructura social para el desarrollo, agua potable, alcantarillado, drenaje y empleo temporal para proteger a los más desvalidos, y no en carreteras, puentes y obras de relumbrón.
El investigador del CEIDAS subrayó que también se deben revisar la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes de Ingresos de los municipios, porque no se debe responder con parches, con medidas emergentes, sino con acciones que sienten las bases "para una reestructuración y fortalecimiento de los municipios".
impuestos no son la solución
No se trata de gravar más a la gente, sino, por ejemplo, de tener capacidades para fomentar el turismo, de invertir para rescatar el patrimonio cultural y el patrimonio ecológico, y de impulsar Planes Municipales de Desarrollo con énfasis en lo social, en las estructuras de desigualdad, dijo Arellano.
Resaltó que, hoy más que nunca, los alcaldes requieren de acompañamiento de la Federación y del estado, pero no sólo financiero, también para hacer frente a procesos tan complicados como el narcotráfico, al que consideró un riesgo para los ayuntamientos "en medio de la crisis económica y de seguridad pública" que se vive en la entidad.
Saúl Arellano manifestó además que gobierno del estado carece de inteligencia para procesar la crisis, "y el problema es que, con todo respeto, los alcaldes nuevos tampoco la van a tener", y eso es "necesario para intervenir social y financieramente, con obras de infraestructura que generan bienestar, desarrollo y capacidades", concluyó.

Municipios salientes dejarán deudas
El director de Investigación del CEIDAS, Saúl Arellano, dio por hecho que ayuntamientos salientes, sobre todo de municipios del Corredor Industrial, dejarán pendientes pagos por obras comprometidas y a proveedores por un equivalente al 20 o 25 por ciento de su presupuesto, y auguró que "ni Banobras tendrá recursos para amortiguar la caída en infraestructura", además de que "no ha radicado" el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.
Dijo que "los recortes en los Ayuntamientos van a ser inevitables" porque no habrá manera de sostener plantillas de trabajadores ni personal de honorarios que tienen contratado actualmente.
Después de pintar ese panorama, y de comentar que incluso "se podría decir que el año fiscal se acabó en este mes de agosto", manifestó que lo que ve venir "es una crisis social mayúscula" porque habría que considerar también la que acarrearán la sequía, la caída de remesas y la dificultad para que emigren a los Estados Unidos sobre todo habitantes del medio rural.

martes, 11 de agosto de 2009

Y sin embargo, seguirá habiendo pobres. Periódico La Crónica

Saúl Arellano
Opinión Domingo 9 de Agosto, 2009
Hora de modificación: 00:49
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=450457

Desde que estalló la crisis económica en septiembre de 2008, una semana sí, y la que le sigue también, el Gobierno Federal se ha llenado la boca afirmando que hoy la economía se está recuperando; que ya se tocó fondo y que se comienzan a percibir “alentadores signos” de recuperación.Pareciera que las áreas responsables de diseñar y construir el discurso del Presidente de la República asumen aquello de que una mentira, repetida mil veces, se transforma en verdad. Aquí lamentablemente la verdad es que hoy tenemos más pobres que cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia, y que según los datos disponibles, de seguir por donde vamos, al término de su mandato habrá aún más.El día 18 de junio de 2008, publiqué en La Crónica el artículo titulado “Lo que nos faltaba … hay más pobres”. En él adelanté que la cifra de pobres alimentarios crecería de 14.4 millones de personas con hambre en el 2006, a 16 millones a finales del 2008. Se me criticó diciéndome que las cifras que estaba presentando eran erróneas. Y sí lo eran, pero no por exceso, sino por defecto; lo que ocurrió fue que la crisis económica recrudeció las ya precarias condiciones de vida de los mexicanos y a finales de 2008 Coneval nos dio la cifra oficial de más de 19 millones de personas en pobreza alimentaria, 50.6 millones de pobres de patrimonio, esto sin contar los efectos de la crisis a lo largo de 2009, los que seguramente harán que la pobreza se incremente significativamente una vez más a finales de este año.Frente a esta realidad, el presidente Calderón ha mantenido una consistencia de optimismo sorprendente. El 24 de marzo, en un evento oficial, el Presidente declaró: “México está fuerte, tiene un rumbo claro, nos hemos preparado en las buenas épocas para los tiempos críticos; hoy es el momento de utilizar esas fortalezas”. Luego, el día 4 de mayo, en su mensaje a la nación con motivo de la epidemia de influenza: “Sé que una vez superada la contingencia sanitaria nuestra economía comenzará a recuperarse, también paulatinamente”.Mucho más recientemente, el día 1 de agosto sostuvo en un evento con la Armada de México: “Hoy que ustedes arriban, nuestra economía comienza lenta, incipiente, pero alentadoramente a mostrar algunos de estos signos de recuperación”.Cualquiera que sepa un poco de teoría del discurso podrá darse cuenta de que no ha habido ningún esfuerzo de revisión de la manera en cómo el Presidente habla a los mexicanos. Quizá lo peor consiste en que en este optimismo a prueba de las más tercas realidades, no hay ni el más mínimo asomo de autocrítica. Pareciera que todo está bien. Que pasando la crisis todo volverá a estar como antes; que de lo que se trata es de sortear el “vendaval” económico mundial, y resistir estoicamente el deterioro de nuestra calidad de vida. ¿Por qué el Presidente no puede reconocer que las cosas no están funcionando? ¿Por qué el Presidente no asume que está rodeado de gente que no cuenta con las capacidades para enfrentar la magnitud del reto que significa gobernar México, sobre todo considerando los desastrosos resultados sociales de su administración? ¿Por qué guarda silencio ante las proyecciones del PNUD, en las que se sostiene lo mismo que muchos hemos argumentado: el número de pobres seguirá creciendo hasta el final de su mandato?¿Debemos asumir acaso que la pobreza es un mal inevitable? ¿Debemos guardar silencio ante la negativa gubernamental a cambiar el modelo de crecimiento? ¿De verdad tenemos que asumir simplemente que no hay nada qué hacer y que con los programitas que hoy opera la Sedesol vamos a resolver la desigualdad, la pobreza, la marginación y la discriminación de la que son víctimas millones y millones de personas todos los días?El problema de diseñar gobiernos desde la óptica más simplona de los tecnócratas, es que parten siempre del supuesto de que en política las encuestas representan el termómetro diario de las decisiones públicas y que en economía “la tendencia de la curva no varía”; ya vimos que puede hacerlo dramáticamente a la baja, como en la estrepitosa caída del 10% del PIB.El Gobierno tiene la responsabilidad de asumir que aunque creciéramos a un ritmo de 5% anual de aquí al 2012, ni la pobreza ni la desigualdad se reducirían, porque no se ha llevado a cabo ninguna reforma para que las brechas de desigualdad se cierren; para crear empleos dignos; ni tampoco se ha propuesto modificar la política económica a fin de garantizar que creceremos con el objetivo de garantizar equidad.Nunca la ciencia por sí sola, ni mucho menos quienes construyen formulitas en la lógica del expendio y el abarrote le han dado claridad moral ni sentido de cohesión a las sociedades. La Presidencia nos dice que aún en medio de la crisis se generaron 25 mil empleos. La mala noticia es que requerimos un millón de puestos de trabajo digno al año. Por ello, aunque se crearan 500 mil empleos más en lo que resta del 2009, simplemente seguirá habiendo pobres.

Olla de presión, la parálisis financiera municipal. Saúl Arellano en El Universal

Ignacio Alvarado y Evangelina Hernández
El Universal Martes 11 de agosto de 2009
politica@eluniversal.com.mx
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/72807.html

En Chicoloapan, estado de México, los bomberos detienen labores para exigir pago de salarios y recursos para gasolina; en El Llano, Aguascalientes, el drenaje tendrá que esperar; en Jiutepec, Morelos, en siete colonias falta agua porque no hay dinero para pagar la electricidad con la que distribuyen el líquido. Aunque los municipios son diferentes, la situación es la misma: las autoridades resienten los estragos de la reducción de las participaciones federales. Ayer este diario publicó que 95% de los 2 mil 435 municipios del país están prácticamente sin recursos. En un análisis, el alcalde saliente de Ecatepec, estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, advierte que la cancelación del gasto público en las comunidades, las obras detenidas, el incumplimiento de compromisos con proveedores y con los propios trabajadores de los municipios, así como la suspensión de programas, pueden ser antecedentes de un estallido social. Las condiciones de quebranto financiero en los gobiernos municipales no vislumbran mejoría para 2010. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo prevén: en su anteproyecto de presupuesto para el año entrante, ha sugerido reducir hasta en 20.5% el gasto para infraestructura. La Asociación de Municipios de México plantea una posible salida al problema. Insiste en que las administraciones locales tienen que activar sus propias fuentes de ingreso. “Hacemos un llamado a los diputados federales y estatales para que aprueben leyes que permitan fortalecer los ingresos de los ayuntamientos”, dice Rubén Fernández, director ejecutivo de la organización. En el mismo sentido, Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social expresa: “La Ley de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para darle mayores atribuciones a los municipios y sobre todo, capacidad de recaudación local”. (Con información de Justino Miranda, corresponsal) El municipio de Chicoloapan, estado de México, alcanzó un punto crítico el miércoles 5 de agosto, cuando sus departamentos de Bomberos y Protección Civil pararon actividades para exigir el pago de sus salarios y gasolina para mover las unidades de rescate. No hubo respuesta. La sociedad quedó durante horas indefensa, a merced de cualquier siniestro. Gobiernos de localidades pequeñas, como ésta, resienten con mayor intensidad los estragos de la reducción de las participaciones federales. La paralización momentánea de sus cuerpos de rescate y seguridad, o la reducción de salarios y despidos de trabajadores eventuales son, sin embargo, una primera manifestación del desplome financiero. Detrás viene una guerra política, cuando entren los relevos en ayuntamientos no solamente quebrados económicamente, sino con deuda pública. De manera adicional, el crecimiento de la marginación urbana aumentará y muchos de los gobiernos municipales enfrentarán una presión mayor de la delincuencia organizada, que verá en la crisis su oportunidad de capturar ciudades enteras. Tales son los pronósticos de algunos analistas. “Lo que puede llegar a suceder es que los alcaldes se decidan por la ilegalidad de los narcotraficantes para que puedan salvar sus gobiernos”, advierte Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Y si reciben dinero no podrán salirse de esa dinámica”. Existen municipios en Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, donde la enorme penetración del narcotráfico los convierte en una fuente de recursos firme para hacer infraestructura social, dice el investigador. Y en zonas empobrecidas y condenadas a una crisis mayor como resultado del actual sistema de repartición de dinero, es difícil hallar réplica ciudadana. Gobiernos limitados “Cuando tienes aproximadamente 7 millones de analfabetas, o un país en el que más de 45% de la población mayor de 15 años no ha concluido la secundaria, resulta muy difícil que puedas tener una ciudadanía que exija el (cumplimiento del) estado de derecho en toda la amplitud del término, es decir, que no compre piratería o que no permita que el dinero del narco esté metido en las finanzas públicas”, explica Arellano. Alcaldes de municipios pequeños, casi rurales, son los que están más expuestos a tales encrucijadas. De acuerdo con el senador Ramón Galindo, estos funcionarios se encuentran en una situación de “paredón múltiple”. “Son alcaldes que enfrentan el centralismo federal, la dependencia presupuestaria, la incapacidad jurídica para atender aspectos que son de interés comunitario, imposibilidad de impulsar acciones que tienen que ver con investigación criminal o seguimiento del delito, y víctimas también de la fuerza del crimen organizado”. Por tal razón, ha dicho en el pasado que ser alcalde es un virtual suicidio: “Unos porque aceptan transar con el crimen y otros porque no aceptan”, considera el legislador Galindo. La cancelación del gasto público en las comunidades, la obra social detenida, el incumplimiento de compromisos con los proveedores y con los propios trabajadores de los municipios y la suspensión de programas sociales vienen a constituir el antecedente de un estallido social, alerta el presidente municipal saliente de Ecatepec de Morelos, José Luis Gutiérrez Coureño. Riesgos sociales En su análisis, la paralización de la economía tanto estatal como municipal va a ocasionar que se incrementen el desempleo, la deserción escolar y el quebranto de las familias, ante la falta de liquidez monetaria. Todos estos factores, advierte el presidente municipal ecatepense, empujarán a jóvenes y adultos a buscar “integrarse a las mafias delictivas o a la delincuencia común”. Las consecuencias de este estancamiento financiero, prevén alcaldes de zonas conurbadas, serán el conflicto social, la violencia, la regresión en los indicadores de desarrollo humano y de calidad de vida de los habitantes. Los municipios urbanos son focos rojos que requieren atención de parte de los gobiernos estatales y federal, señala la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC). De acuerdo con sus informes, las seis zonas metropolitanas más grandes del país: el valle de México, Monterrey, Guadalajara, La Laguna, Toluca, Cancún y Tijuana, agrupan a la mayor cantidad de pobres urbanos. Esas comunidades enfrentan las consecuencias de la crisis: carestía, desempleo, hambre, enfermedades. Gutiérrez Coureño, quien encabeza a los gobiernos municipales de izquierda, prevé que, ante la falta de dinero en los hogares, la gente recurrirá a los ayuntamientos a pedir ayuda como el órgano de contacto más cercano a la población. “Sin recursos no vamos a poder responder a las demandas ciudadanas y vamos a perder legitimidad. Esto apunta a un escenario de descomposición social peor que el que se vivió hace 100 años en vísperas de la Revolución”, lamenta. Políticamente, los presidentes municipales temen que esta debacle financiera debilite su representatividad ante las comunidades y eso interrumpa la interlocución del Estado con los grupos sociales. La desesperación por la falta de movimiento económico en la calle puede llevar al rompimiento social, dicen. Futuro poco alentador Las condiciones de quebranto financiero en los gobiernos municipales no vislumbran mejores condiciones para 2010. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo prevén: en su preproyecto de presupuesto para el año entrante, ha sugerido reducir hasta en 20.5% el gasto para infraestructura. Pero el ahorro mediante ese tipo de tácticas es insuficiente. El investigador del CEIDAS cree que el país ya no soportará más tiempo con el actual esquema federalista. “La Ley de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para darle mayores capacidades y atribuciones a los municipios y hay que darle, sobre todo, capacidad de recaudación local. Los municipios no pueden cobrar impuestos excepto aprovechamientos y derechos”, dice. En un futuro, tanto los municipios como los estados, tienen que hacer algo por sí mismos, entre otras cosas, deben establecer acuerdos con la población para la negociación de pagos de predial y agua, de otra forma van a seguir atados y dependientes a las aportaciones federales, coincide Flavia Rodríguez, directora de Finanzas Públicas de la firma consultora Aregional. La Asociación de Municipios de México AC (AMMAC) insiste en que las administraciones locales tienen que activar sus propias fuentes de ingreso. “Hacemos un llamado a los diputados federales y estatales para que aprueben leyes que permitan fortalecer los ingresos de los ayuntamientos”, considera Rubén Fernández, director ejecutivo de esa organización. Dependencia de la Federación Sin embargo, los analistas prevén que no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana. Estadísticas de 2000 a la fecha muestran una tendencia de crecimiento en recaudación de los municipios. “Pero hay un rezago de muchos años y lo que se obtiene, hasta ahora, no es suficiente para responder a contingencias como la de esta crisis financiera”, opina Fernández. Los municipios que tienen recursos propios como Naucalpan, Guadalajara, Cancún, Puebla, Ciudad Juárez, León, Tijuana, Aguascalientes, Querétaro y Zapopan, entre otros, principalmente turísticos, están más desarrollados. Su nivel de dependencia de las participaciones federales es menor. Pero 90% de los casi 2 mil 500 esperan las transferencias federales para atender la emergencia. “Algunos han tenido que cerrar el changarro para efectos prácticos, porque no tienen ni para ponerle gasolina a las patrullas de la policía”, señala el dirigente de la AMMAC. Alcaldías que generan enorme riqueza, como Monterrey, dependen en gran medida de partidas federales para la inversión en obra pública y asistencia social. Es la misma capacidad económica que el senador Ramón Galindo dice haber confirmado en al menos otros 500 municipios. La paradoja es que muchos de ellos hoy demandan dinero por estar en quiebra. “El problema es que no hay una vinculación entre la actividad económica local, la actividad tributaria producto de esa actividad económica y la integración del presupuesto. No existe un eslabón en ninguna parte de la ley, y menos de la ley de coordinación fiscal que permita que la actividad económica que genera tributo impacte en algún porcentaje de manera directa al presupuesto municipal”, señala el legislador federal. Por eso, “una reforma que solamente incremente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o disminuya en Impuesto sobre la Renta (ISR) pero que no vincule —como nunca se ha hecho— a los presupuestos municipales, será la peor estupidez del mundo, porque significará que solamente estaremos tratando de aumentar las arcas del gobierno central y nuevamente esas arcas tendrán que impactar a las arcas de los gobiernos subnacionales”, concluyó el senador.

domingo, 2 de agosto de 2009

El “carreterazo”, y otros temas de Capufe y FARAC. Periódico La Crónica

Saúl Arellano Opinión
Domingo 2 de Agosto, 2009 Hora de modificación: 00:37
El Gobierno federal, en plena crisis, decidió incrementar el costo del peaje de las carreteras y autopistas de cuota. Como si la industria del autotransporte de carga y de pasajeros no requiriera de estímulos y apoyos, y como si el sector turístico estuviese boyante como para agregarle un cargo adicional a quienes deciden hacer de nuestro país el mejor lugar para vacacionar. Así se demuestra la voluntad de impulsar y proteger al turismo.Empero, esta historia no comenzó ahora, sino en la administración1988-1994. A fin de ampliar la red carretera del país, se decidió que el mejor modelo que podía seguirse era el de la privatización de las autopistas y carreteras del país. En esa administración, se inició con 52 autopistas que se concesionaron, con una serie de contratos sumamente desventajosos para el gobierno, pues implicaba que las concesiones durarían 50 años.En medio de la crisis financiera generada en 1995, la bomba estalló en 1997, cuando 23 de las 52 autopistas concesionadas tuvieron que ser “rescatadas”, lo cual implicó la nada despreciable suma de 57.7 mil millones de pesos, a través del conocido Programa de Rescate Carretero.Este programa significó una tremenda cantidad de recursos. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998, el costo en ese año se incrementó a 58.1 mil millones de pesos; empero, con el paso de los años la suma ha crecido de manera exponencial, pues el costo calculado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, llegó en 2006 a 178.3 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 206.7% en sólo nueve años, al haberse acumulado nada menos que 98.7 mil millones de pesos de intereses en ese periodo. En síntesis, los requerimientos fiscales acumulados hasta el 2006 por FARAC, ascendieron a 160.7 mil millones de pesos, representando el 1.8% del PIB nacional.Si esta cifra es en sí misma escandalosa, no lo es menos el hecho de que el gobierno federal sigue apostando por el crecimiento concesionado de la red carretera del país, mostrando con ello la debilidad de nuestras finanzas públicas y sobre todo, su dependencia ante los intereses privados, pues se privilegia la construcción de las carreteras que son de interés para los particulares.Todo esto se opera a través de Capufe, vía el Fideicomiso de Apoyo Para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Y aunque debe reconocerse que a partir de 2006 los requerimientos fiscales del Fideicomiso han sido cubiertos mediante el cobro de las cuotas carreteras, habría que llevar a cabo una evaluación seria para determinar si el costo de casi 100 mil millones de pesos de intereses y servicios de deuda ha valido la pena para llegar a este resultado.A lo anterior debe agregarse una serie de denuncias ciudadanas que reportan anomalías en los cobros en las casetas de peaje de diversas autopistas. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2007, Capufe reportó 198 millones de pesos faltantes. Asimismo, la ASF recomendó a la SCT revisar sus mecanismos de supervisión a los concesionarios, así como mejorar los sistemas de vigilancia de aforo vehicular. El texto de la ASF dice: “No obstante, en las actividades de control se observan debilidades al no tener personal calificado para realizar las funciones de vigilancia y supervisión de las obligaciones de los concesionarios (…)”De otra parte, la ASF detectó que no hay procedimientos adecuados de verificación de las tarifas que los concesionarios reportan a Capufe. Lo que dice la ASF es: “se determinó que la entidad fiscalizada no cuenta con un procedimiento de verificación de los ingresos tarifados que son comunicados por los concesionarios, los cuales son la base del cumplimiento de la obligación del pago de la contraprestación, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 Bis, fracción X, del Reglamento Interior de la SCT, el cual indica que corresponde a la DGDC supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes (…) impongan a los concesionarios o permisionarios de carreteras.”Los datos disponibles sobre estos temas muestran el conjunto de prioridades del Gobierno. Véase por ejemplo el presupuesto asignado al gasto social, el cual en 2009 llegó apenas a 70 mil millones de pesos. Confróntese esa cifra con los casi 100 mil millones invertidos en el pago de intereses de la deuda y el rescate carretero, y la conclusión es inevitable: el gobierno no entiende que hoy lo prioritario es lo social, y no la defensa de sus amigos y socios con el dinero que nos urge para combatir el hambre, la pobreza y la enfermedad. Por cierto, las prestaciones en Capufe son mucho más altas que las que reciben los trabajadores de FARAC, cuando es este Fideicomiso, y no la dependencia que lo regula, la que está dándole una relativa estabilidad financiera. Como siempre, se impone la lógica de los poderosos: en México hay trabajadores de primera y de segunda, aún cuando laboren en el mismo sector y peor aún, en la misma dependencia.