sábado, 13 de marzo de 2010

Una deuda democrática de Gómez Mont. Periódico La Crónica

Saúl Arellano

Opinión Domingo 14 de Marzo, 2010
Hora de modificación: 23:39
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=494150
 
No conozco personalmente al secretario Fernando Gómez Mont; sin embargo lo he escuchado en tres ocasiones en las que ha improvisado y su discurso es el de un hombre que, más allá de su formación como abogado, posee una amplia cultura.


Una persona que es capaz de citar y contextualizar adecuadamente a un poeta como Octavio Paz o a una filósofa como Hanna Arendt, es alguien que tiene la capacidad de comprender las dimensiones, aun las más “relajadas”, del autoritarismo.

En ese sentido, llama la atención que una persona con las capacidades del Secretario de Gobernación, no haya reparado aún en los resabios característicos de un Estado autoritario que persisten en una de las principales áreas de su dependencia.

En efecto, la estructura y funciones de la Segob, aun sin proponérselo, atenta contra varios de los pilares de la democracia: la libertad de expresión, la prensa libre y el ejercicio pleno las libertades de creencia y pensamiento; además, por si fuera poco, del derecho a la información.

Esto se expresa fundamentalmente en la autoridad que la ley le confiere a esta Secretaría para “normar” y “regular” a los medios de comunicación. Así las cosas, en pleno siglo XXI sigue existiendo un trámite que lleva por nombre “Certificado de Licitud de Título y Contenido”, el cual tiene su fundamento en una ley anacrónica que lleva por nombre, figúrese Usted, “Ley sobre delitos de imprenta”.

Las primeras preguntas que surgen ante algo así es ¿por qué el Estado podría negar un “permiso” o más aún, por qué el Estado debería “certificar” los contenidos de cualquier medio de comunicación? ¿Puede un Estado democrático restringir o sancionar a un medio de comunicación por las ideas que difunde y defiende? ¿Puede un Estado democrático negar el derecho de cualquier persona a expresar públicamente sus ideas a través de un medio de comunicación?

¿Puede el Estado, en un país como el nuestro, que ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de periodistas en el desempeño de su trabajo, mantener cualquier viso de represión o vigilancia autoritaria sobre los medios?

¿Es sano para una República que su Presidente acuse a los medios de cobrar millones de pesos por aparecer en primeras planas? Y si es cierto, ¿no se trataría de una extorsión? ¿no debería el titular del Ejecutivo denunciarlos penalmente antes que hacer escarnio y acusaciones públicas de este calibre?

Es evidente que en una democracia, la respuesta a estas preguntas se inclina por la libertad y por la exigencia de que el Estado defienda las libertades, antes que restringirlas; que el Estado promueva la pluralidad, la diversidad y la tolerancia de distintas ideas, antes que “certificarlas” como “ilícitas o lícitas”.

El Presidente de la República ha hecho diversos llamados a denunciar públicamente trámites inútiles; en este caso, los que se han señalado no sólo lo son, sino que además restringen las garantías constitucionales.

Es cierto que desde una posición leguleya se puede defender la existencia de tales mecanismos de control que mantiene el gobierno sobre los medios. Lo que es más, se podría incluso argumentar que no debería haber queja sobre ello, porque en la práctica a casi nadie se le niega un permiso para editar lo que se le pega la gana.

El quid del asunto, sin embargo, está en ese “casi” porque mientras exista la posibilidad de que el Estado use ese tipo de instrumentos para presionar, restringir o limitar la actuación de los medios o de los ciudadanos que quieren contribuir al debate en sus sociedades, es un Estado en el que se mantiene latente la aparición de regresiones autoritarias.

La instancia responsable de todo esto lleva por título, increíble en el siglo XXI, de Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, la cual, dice en su sitio electrónico: “tiene como facultad el examen del título y contenido de las publicaciones y revistas ilustradas, a efecto de declarar su licitud o, en su defecto, ilicitud”. Esta facultad es a todas luces antidemocrática, más aún al ser otorgada a un órgano administrativo, y debería ser desaparecida a fin de garantizar la plena libertad de expresión.

La Segob es la dependencia del Ejecutivo federal que tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad democrática del país, y no es manteniendo resabios autoritarios como lo va a conseguir. Así visto, la existencia de una Subsecretaría de Normatividad de Medios es un despropósito para la democracia y su existencia, en un marco de plenas libertades, debería ser revisada a fondo.

La Ley sobre Delitos de Imprenta fue creada en 1917 y tuvo como fin evidente reprimir y controlar a los enemigos. Es obvio que un ordenamiento así no tiene cabida en un régimen diseñado para proteger la libertad.

El Ejecutivo federal tiene facultad de iniciativa, y bien podría construir una a través de la cual se abrogue la Ley sobre Delitos de Imprenta, y construir un nuevo marco jurídico que garantice certeza a los medios, pero sobre todo, que contribuya a construir una sociedad cada vez más tolerante, abierta y democrática. En este tema, el secretario Gómez Mont tiene la palabra.

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