Celaya: el rostro de la vergüenza. El Correo

Por Saúl Arellano
Miércoles, 26 de Diciembre de 2007

Cuando el "soberano" da la espalda al pueblo que gobierna, es momento de sustituirlo, nos advertía desde el siglo XII Tomás de Aquino. Thomas Hobbes, pensador del siglo XVI nos decía que la principal tarea del Estado es evitar la muerte prematura y violenta de los ciudadanos, y que cuando el Estado es incapaz de ofrecer esta garantía elemental, la tarea del pueblo consiste en exigir la remoción de las autoridades y sustituirlas por otras que sí pudieran cumplir con la seguridad y la protección de la vida de las personas. Los asesinatos de dos niños en Celaya representan el mayor llamado de atención a las autoridades, y exige del gobierno tomar decisiones con mano firme, sobre todo ante las ofensivas declaraciones de las autoridades policiales, en las que responsabilizan a los padres de familia por "no cuidar adecuadamente" a sus hijos; declaración que por el tono y contenido, resulta burda y propia de una persona fuera de todo orden institucional, además de ignorante e irresponsable. Desde hace varias semanas he sostenido en este espacio que Guanajuato es una entidad inapropiada para los niños (ver mi artículo del mismo título en la edición del Correo el 14 de noviembre); que en Guanajuato no hay un adecuado cumplimiento ni garantías suficientes para hacer valer los derechos humanos (ver mi artículo del miércoles 12 de diciembre); y que en Guanajuato hay una abandonada agenda para los jóvenes (ver mi artículo del pasado miércoles 19 de diciembre). A cada una de las críticas hechas al Gobierno del Estado por su ineficaz política social, las autoridades han sido incapaces de ofrecer respuestas con argumentos sólidos y sobre todo, con la humildad necesaria para reconocer que las administraciones del Partido Acción Nacional han dejado saldos y resultados sociales desastrosos. En cualquier país o sociedad en que los derechos de los niños son la mayor prioridad para las autoridades públicas, se hubieran tomado ya medidas drásticas: se hubiese solicitado la renuncia del Director de Seguridad Pública del Municipio, el edil ya hubiera establecido un firme compromiso de trabajo, y las autoridades del Estado hubieran iniciado desde ya una estrategia de revisión y evaluación de todo el marco de la política de atención y cuidado de la infancia. El asesinato de una niña o un niño lastima y constituye el mayor agravio posible para toda la sociedad. Las niñas y los niños son siempre los más vulnerables y siempre las personas expuestas a mayores riesgos y es por ello que ningún gobierno puede renunciar a poner a los niños y a las niñas siempre primero. En Guanajuato, hay que decirlo hasta el cansancio, no hay una Ley que proteja los derechos de los niños; En Guanajuato, el Gobierno del Estado y los diputados y diputadas de Acción Nacional han hecho hasta lo imposible por evitar la aprobación de la Ley para una vida sin violencia para las mujeres; en Guanajuato, las autoridades de Acción Nacional se han opuesto sistemáticamente a reformas jurídicas tendientes a la protección de los derechos humanos en general, y es momento de decir ¡basta!, ante esta indiferencia e irresponsabilidad pública del Partido en el poder. Es cierto que la ciudadanía debe ser mucho más solidaria y menos indiferente, como lo señaló en su homilía del día domingo el Obispo de Celaya Lázaro Pérez Jiménez; empero, también es cierto que sí es exigible al gobierno municipal que cumpla con lo que la Ley le manda que no es más, pero tampoco menos, que la plena garantía de los derechos humanos de las personas. Un gobierno omiso es un gobierno criminal. No cumplir con la Ley o con una ética pública mínima es sinónimo de corrupción, de mal gobierno y de irresponsabilidad. Es hora de que los gobiernos de todos los órdenes y niveles cumplan con su trabajo y es hora de exigir el deslinde de responsabilidades por la ineptitud gubernamental que se manifiesta a lo largo y ancho de la entidad, y que hoy ha hecho crisis en Celaya, llevando a las autoridades a la vergüenza por su ineptitud. Lo grave no sólo consiste en la brutalidad del asesinato de estos dos niños; lo más grave es que en toda la entidad no existe la seguridad suficiente que nos garantice a todos que un acto así no volverá a suceder y que en caso de que ocurriera, las autoridades cumplirían de inmediato con su deber. La marcha de más de mil personas en silencio para denunciar el asesinato de dos de sus niños, constituye un acto de valentía frente a las autoridades, pero constituye también la mayor muestra de que la indiferencia, quizá la más dañina, proviene de las autoridades, las cuales, desde la perspectiva que se vea, tienen la mayor responsabilidad en este y otros asuntos. Es todavía un buen momento para retomar el rumbo y hacer de Guanajuato un lugar apropiado para los niños; no hacerlo implica nada menos que cancelar nuestras posibilidades de un futuro con equidad, con justicia y con dignidad para todos. De eso es de lo que se trata: de tener Justicia, así, con mayúscula.