domingo, 9 de diciembre de 2007

El Día Internacional de los Derechos Humanos. La Crónica

Periódico La Crónica
Por Saúl Arellano. Domingo 09 de diciembre de 2007
El día de mañana (10 de diciembre) se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1950, con la Organización de las Naciones Unidas instó a todos sus Estados Miembros a conmemorar este día y a desarrollar actividades que permitieran, año con año, mejorar el grado de cumplimiento de los derechos en cada uno de los países.Así, el próximo 2008 se estarán celebrando 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que el Sistema de las Naciones Unidas ha hecho un nuevo llamado a todos los países a generar acciones que garanticen los valores básicos de la citada Declaración, a saber: la dignidad humana, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la universalidad los cuales deben aplicarse a todos, en todos los lugares y en todo momento. Invocar la exigencia del pleno cumplimiento de los derechos humanos requiere tomar posición, y esto puede hacerse al menos en dos sentidos: el primero, un constante diálogo y exigencia ante las autoridades para que cumplan con todo el catálogo de los derechos inherentes a las personas; y el segundo, como una actitud personal que apela a la responsabilidad, la comprensión y la solidaridad con los otros. Sin duda, ambos sentidos deben ser considerados irrenunciables.En el siglo XXI, parece que existe un consenso generalizado a escala planetaria de la necesidad de, en contextos democráticos, defender a ultranza el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que es más, distintos países en los que los derechos humanos no se cumplen a cabalidad, han sido objeto de sanciones de la comunidad internacional restringiendo su participación en foros internacionales o bien, en el acceso a mercados y dinámicas de integración económica.Aun con ello, habría que considerar distintas dimensiones pendientes en materia de cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Debe considerarse en efecto, que hay un conjunto de circunstancias que impiden la realización de los derechos más elementales de las personas. En esa lógica, todos debemos comprender que los derechos humanos no están relacionados sólo con las garantías civiles y políticas, sino con un conjunto de derechos sociales que permitirían, de cumplirse cabalmente, el acceso a oportunidades y capacidades para tener una vida digna.En nuestro país ha habido avances importantes en materia de derechos humanos. Hemos signado y ratificado distintas Convenciones, Acuerdos y Tratados, así como sus instrumentos de aplicación, en distintos temas, entre los que destacan: derechos de los niños, no discriminación, prevención y erradicación del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de into-lerancia, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los adultos mayores, protección del medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, vivienda, migración y otros no menos importantes.A pesar de ello, en México tenemos enormes saldos pendientes, particularmente en materia de cumplimiento de los derechos sociales de las personas (que en todos los casos son derechos humanos). Seguimos siendo un país con una presencia intolerable de pobreza, y en particular de una pobreza extrema que tiene características que lastiman y atentan contra la dignidad y la integridad de las personas que la padecen.La pobreza, pero sobre todo la desigualdad son siempre infamantes; esto es, sitúan a las personas, en circunstancias de alta vulnerabilidad, pero sobre todo en la posibilidad de sufrir y vivir el rechazo, la discriminación o la humillación. Carecer de lo mínimo indispensable para comer, para educarse y educar a sus hijos; para tener acceso a la salud y a medicamentos de manera oportuna y con calidad, implica una constante pérdida de autoestima, un creciente rechazo social y nuevamente, una constante humillación.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a todos derechos irrebatibles e irreductibles: libertad, no discriminación, educación, salud, vivienda digna y decorosa, un medio ambiente sano, empleo digno, libertad de ocupación y profesión, libertad de creencia, religión, asociación y tránsito, así como derecho a la propiedad, y todos los demás considerados dentro de las llamadas “garantías individuales”. Si esto es así, la pregunta que queda sin respuesta es, ¿cómo hacer valer estos derechos? ¿Ante qué tribunal o tribunales puede una persona exigir el cumplimiento de su derecho a la salud, cuando ha perdido su empleo, su acceso a la seguridad social, o bien, cuando una persona no ha visto realizado su derecho a la alimentación o a la educación por falta de recursos económicos?La pregunta tiene implicaciones mayores, porque debe decirse que si se trata de derechos reconocidos por la Constitución, que además son explicados y ampliados en sus características por leyes de observancia obligatoria en toda la República, entonces son, primero, garantías indisponibles, esto es, son garantías a las que las personas no pueden renunciar o cuyo incumplimiento no puede justificarse en ningún caso; más aún cuando se trata de niñas y niños, personas con discapacidad o adultos en edad avanzada y altos niveles de dependencia económica, social y afectiva. Y segundo y quizá más importante, porque al ser derechos plenamente reconocidos con carácter universal por la Constitución, no podrían de ningún modo estar sujetos a la disponibilidad de los recursos económicos, públicos o privados, para su cumplimiento.Lo anterior significa que los derechos humanos, su cumplimiento y garantía no pueden estar sujetos a las dinámicas de la oferta, la demanda y el libre mercado, pues es inaceptable considerar a los derechos humanos y sus garantías como bienes equiparables a mercancías, o más aún, a las baratijas de un mercado global que es cada vez más agresivo, excluyente y desigual.Por otro lado, existen agravios no resueltos que impiden hablar de un país en el que los derechos humanos tengan plena vigencia. El caso de Lydia Cacho; de los periodistas asesinados en el cumplimiento de su trabajo; los agravios no aclarados en contra de comunidades y pueblos indígenas, cometidos por supuestos grupos paramilitares; las constantes denuncias interpuestas por abuso de autoridad de múltiples corporaciones policiacas; las constantes denuncias de desapariciones forzosas de activistas políticos; los abusos cometidos por distintas autoridades como resultado de los operativos en contra del narcotráfico, son sólo algunos de los temas que deben abordarse con mucha seriedad y que exigen respuestas prontas y claras si queremos de verdad avanzar en la construcción de una sociedad en la que los derechos humanos sean una realidad palpable.México no puede esperar más a tener justicia efectiva, así como condiciones de acceso a una vida digna para todos. La pobreza, y nuevamente, la desigualdad que nos oprime y ofende a todos, aun a los más privilegiados, son condiciones humillantes que deben cesar desde ya. Un Estado que se dice fundado en la razón y el derecho, no puede aceptar como condición generalizada la inequidad; pues una sociedad en la que inmensas mayorías están expuestas a perderlo todo, y casi siempre tener la oportunidad de ganar muy poco, es una sociedad que ha extraviado su racionalidad, pero que sobre todo, está muy lejos de poder ser presentada como una sociedad éticamente cimentada. sarellano@ceidas.org

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