Guanajuato, reprobado en derechos humanos. El Correo

Por Saúl Arellano

Miércoles, 12 de Diciembre de 2007

El día lunes 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día fue establecido para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la fundación de las Naciones Unidas, y su declaración de principios, basados todos en los calores de la tolerancia, la equidad, la no discriminación, la justicia y la defensa de la dignidad humana.
Esta fecha debe ser motivo para llamar a una reflexión mayor, en todos los órdenes y niveles de gobierno, a fin de establecer con precisión cuál es el grado de cumplimiento de los derechos humanos, y cuáles son los principales ámbitos de oportunidad que se tienen para lograr que los derechos humanos sean cumplidos para todos en todo momento y en todo lugar.
En nuestro estado, lamentablemente no se ha logrado construir una tradición sólida de defensa de los derechos humanos en los últimos 30 años. Debe decirse que hay organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente para lograrlo; empero, este trabajo no ha logrado permear a las autoridades ni a las principales instituciones de la entidad.
Afirmar lo anterior es muy fuerte y deben ofrecerse argumentos para sostenerlo. Para hacerlo, ofrezco a los lectores los siguientes, en el ánimo de generar un diálogo serio en torno a este tema que involucra nada menos que las cuestiones relacionadas con la calidad de vida y la dignidad de las personas en nuestro estado. Debe señalarse pues, que el análisis del grado de cumplimiento de los derechos humanos no es un asunto de percepciones, y que hay elementos que permiten realizar un estudio responsable, entre los que destacan:
Primero: el grado de cumplimiento de los derechos humanos en una sociedad, así como los compromisos gubernamentales en la materia pueden conocerse a través del diseño de los Planes de Gobierno, así como en los contenidos específicos de los programas públicos. En el caso de Guanajuato, derivado de una lectura detallada de los últimos dos Planes Estatales de Desarrollo, se desprende que no hay un enfoque de derechos; no hay una inclusión efectiva de los principios de la no discriminación y la equidad de género; ni mucho menos hay un énfasis adecuado en materia de diversidad, libertad de creencias, libertades y derechos sexuales y reproductivos, así como derechos específicos de grupos de población vulnerable.
Segundo: los derechos humanos pueden defenderse y hacerse efectivos a través de mecanismos específicos contenidos en las leyes y en los ordenamientos jurídicos. En este ámbito, a pesar de que se ha avanzado en algunos temas (gracias sobre todo a la presión de grupos y organizaciones no gubernamentales comprometidas con los derechos humanos), hay deficiencias abismales en el marco jurídico para la protección, garantía y acceso a mecanismos suficientes para el cumplimiento de los derechos humanos y sociales.
Tercero: el análisis de los resultados de las políticas públicas permite sostener que en Guanajuato los gobiernos, tanto estatal como municipales, carecen de la inteligencia social, así como de una posición firme y comprometida con los derechos humanos y sociales de la población.
En efecto, John Rawls y Amartya Sen, por citar sólo a dos autoridades globales en temas de justicia y equidad, nos han mostrado cómo el incumplimiento de los derechos sociales reduce todas las capacidades para garantizar la libertad plena de las personas, y con ello, establecer sólidos fundamentos para la democracia.
Una sociedad con los niveles de desigualdad que existen en Guanajuato, medibles objetivamente a través del Índice de Gini, del Índice de Rezago Social del CONEVAL, de los índices de Marginación del CONAPO, del Índice del Desarrollo Humano del PNUD, o de los Índices de los Derechos de los Niños de UNICEF, es una sociedad que incumple los derechos humanos y cuyos gobiernos pueden ser señalados como irresponsables e ineficaces.
No se trata de que nos digan que se han entregado miles de despensas o apoyos y becas. Tampoco se trata de que se nos diga que se ha avanzado mucho y que se han invertido cuantiosos recursos para lo social. La política y los gobiernos se evalúan por la eficacia y los resultados de sus ofertas y acciones, y lo que hoy tenemos en Guanajuato es un fracaso monumental en términos del cumplimiento integral y universal de los derechos humanos. Lo deseable es que las autoridades tomaran nota, pero lamentablemente, lo esperable, es que sigamos viendo cómo aumentan las brechas de desigualdad, que amenazan con convertirse en abismos insalvables.