Cuando una persona acude con un médico para atender sus enfermedades, hay varios escenarios a considerar. En todos los casos, lo esperable es que el médico realice un diagnóstico y prescriba al paciente fármacos y quizá alguna dieta específica para curar sus males. Si el medicamento es adecuado, y el cuerpo del paciente receptivo a sus efectos, habrá éxito en el tratamiento; si por el contrario, el medicamento no es el apropiado, o bien el cuerpo del paciente no lo recibe adecuadamente, el padecimiento no sólo no desaparecerá, sino que puede incluso volverse crónico o bien, mucho más grave.Pese a lo anterior, hay todavía un escenario peor: Que el médico no haya realizado un buen diagnóstico o quizá ninguno, y que para prescribir un medicamento se haya basado sólo en referencias de otros médicos, y con base en ello, su indicación sea sólo continuar con el tratamiento que se había venido suministrando al paciente.Algo similar ocurre en nuestro país cuando se habla del tema de la pobreza. El actual gobierno y la administración 2000-2006, decidieron dedicarse sólo a “administrar la pobreza” y a aplicarnos las mismas “recetas” que hemos conocido en los últimos 10 años.La mayor irresponsabilidad en que puede incurrir un gobierno es en no asumir la tarea de realizar diagnósticos sociales adecuados, y con base en ello construir un conjunto de políticas que permitan resolver los problemas sociales más urgentes, y que simultáneamente abran la posibilidad de modificar los rezagos estructurales que afectan o impiden el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de la población.Si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos Estratégicos de la Política Social, así como el Programa Sectorial para el Desarrollo Social 2007-2012, lo primero que puede sostenerse es que no hay un diagnóstico ni una comprensión adecuada sobre los problemas estructurales que vive el país. Debe señalarse, por ejemplo, que aún cuando el Programa Sectorial de Desarrollo Social fue fechado como 2007, fue presentado hace no más de un mes, por lo que su aplicación real será sólo para el periodo 2008-2012, es decir, llevamos ya un año perdido en la generación de estrategias y de políticas y programas que vayan más allá de lo que se ha hecho hasta ahora en la materia.Por otro lado, si se revisan cuidadosamente sus contenidos, lo que se encuentra es que no hay una sola mención a estrategias que permitan abatir la desigualdad que se vive en nuestro país; la mención más cercana a esta idea es la reducción de las disparidades regionales en materia de provisión de servicios sociales básicos; empero, es evidente que una estrategia que continúe poniendo el énfasis en las acciones que han venido desarrollándose desde el Programa Nacional de Solidaridad, tendrá seguramente, de manera paradójica, pobres resultados en su afán de reducir la pobreza.Y es que es ahí en donde debe ponerse el énfasis. La actual administración no ha comprendido que no se trata sólo de reducir el número de pobres; que no se trata sólo de abatir la marginación; se trata de comprender que ambas son producto de un problema mucho más complejo, y que tiene sus raíces en arraigadas estructuras económicas e institucionales que han generado y profundizan cada vez más la desigualdad en nuestro país.Volviendo al ejemplo del médico, la actual administración y la anterior, han confundido el síntoma con la enfermedad, lo cual los ha llevado trágicamente al diseño de políticas no apropiadas, porque simplemente no pueden resolver el problema de fondo: una desigualdad atroz, un mercado de bienes y servicios sociales excluyente, y una distribución del ingreso que hace cada vez más ricos a unos cuantos, y más pobres a inmensas mayorías.Por ello, la estrategia gubernamental de resolver el problema de la pobreza teniendo como principal instrumento al Programa Oportunidades está destinada al fracaso. Esto es así, no sólo por los errores conceptuales y de diseño que llevan a este programa a ser excluyente de los más pobres (Oportunidades, no opera donde no hay escuelas o centros de salud), sino sobre todo, por un problema de concepción de lo social, y es ahí donde está la ceguera de los funcionarios federales.El Programa Oportunidades constituye sin duda un importante esfuerzo de asistencia social. Empero la asistencia social no basta para reducir la desigualdad ni las condiciones de exclusión en que vive cerca de la mitad de la población nacional. No se trata pues, de abandonar los programas de asistencia, como Oportunidades o los programas alimentarios del Sistema Nacional DIF; se trata sí de generar las condiciones de acceso a oportunidades, pero más aún, de acceso a garantías para hacer efectivos los derechos que la Constitución nos otorga a todas y todos.Ahí radica precisamente la diferencia en las visiones y a mi juicio, el error en la concepción social de los tecnócratas; esto es, asumen que la transferencia de recursos económicos de manera condicionada, permitirá el acceso a mayores oportunidades de salud, educación y alimentación, que son los componentes de Oportunidades; empero, el error no consiste en asumir que es con la generación de ingresos como se resuelve el problema; el error radica en asumir que la educación, la salud y la alimentación son mercancías que pueden estar sujetas a las reglas y juegos del mercado. Lo anterior implica asumir que el hambre, la enfermedad y la ignorancia, que serían los correlatos de los servicios que pretenden “otorgarse” a los más pobres, son cuestiones económicas, despojadas de toda dimensión ética y por lo tanto, relativa a los arreglos y pactos sociales que pueden darle viabilidad y sentido a una nación, en este caso, nada menos que a la nuestra.Si se asume que la salud de las personas, su educación y su alimentación son partes consustanciales del mercado, entonces sin duda que los diseñadores del Programa Oportunidades y de la estrategia de combate a la pobreza tienen razón.Empero hay quienes continuamos argumentando que la salud, la alimentación y la educación (sólo por citar los derechos involucrados en el debate con respecto a Oportunidades) constituyen elementos esenciales en la garantía del mayor bien de las personas, que es su dignidad, y con ella la posibilidad de realizar sus proyectos de vida con libertad. Al respecto vale la pena añadir, sólo por si quedan dudas, que la dignidad no puede estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, y mucho menos puede llegar a tasarse en términos monetarios o financieros.Así, mientras no haya un planteamiento serio en torno a dotar al Gabinete Social de capacidades para incidir en el diseño presupuestal; en la política económica para generar empleos dignos para todos; así como en las políticas hacendarias para lograr abatir la desigualdad, lo que estaremos haciendo nuevamente es, intentar curar el cáncer, prescribiendo “mejoralitos”. Continuar atendiendo la pobreza con programas de asistencia social; y continuar confundiendo a la desigualdad con la pobreza, constituye, parafraseando a Carlos Marx, continuar poniendo a la carreta delante de los bueyes y pretender que aún así la carreta avance; y esto es un despropósito que no podemos permitirnos más.
sarellano@ceidas.org
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