Por Saúl Arellano
Periódico El Correo (www.correo-gto.com.mx)
Miércoles, 19 de Diciembre de 2007
Cuando se piensa en políticas públicas para lo social, generalmente hay un grupo de población que no es considerado como prioritario en el diseño de las acciones y programas de gobierno: se trata de la población adolescente y joven, para quienes pocas o ninguna política se ha logrado consolidar de manera efectiva en los últimos 20 años.
Ante esta afirmación, generalmente las administraciones responden argumentando que sí hay políticas públicas y que las diseñan, operan y evalúan los llamados “Institutos de la Juventud ”, cuyas estructuras institucionales no pasan, en lo general, de ser oficinas organizadoras de eventos recreativos, en el mejor de los casos, y de concursos que distan mucho de parecerse a lo que los expertos definen como políticas de gobierno.
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país 1 de cada 4 personas es un joven entre 15 y 29 años de edad, es decir, más de 25 millones de personas en este rango. Para este grupo de población, la primera causa de muerte son los accidentes, y la segunda las lesiones, tanto accidentales como intencionadas o auto infligidas (esto es, homicidios y suicidios).
Este dato debe alertarnos sobre un asunto mayor: las y los jóvenes del país están asumiendo actitudes de riesgo que los están llevando a la generación de condiciones de violencia, de maltrato y a final de cuentas, de desgaste y erosión del tejido social, que en el futuro puede traducirse en peores condiciones laborales, pérdida del ingreso promedio y más aún, la pérdida de capacidades afectivas para la convivencia, la solidaridad y la cooperación social.
Por citar sólo un ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud , 2005, sólo el 22.4% de las mujeres entre los 12 y los 14 años, habitantes en la Región Centro-Occidente del país (de la cual nuestra entidad forma parte) que ya sostuvieron alguna relación sexual lo hicieron por voluntad propia.
Esto habla de altos niveles de violencia, y si bien habría que desagregar los datos por entidad federativa, es necesario revisar de manera urgente en Guanajuato en materia de educación sexual y reproductiva de los jóvenes, avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas educativos y de gobierno, y construir una nueva educación de respeto a la diferencia en el estado.
En Guanajuato, cuando se revisa el sitio electrónico de la Comisión Estatal del Deporte y la Atención a la Juventud , pareciera que se entra a un sitio de una empresa de promoción de actividades turísticas y recreativas, antes que a una dependencia pública responsable del diseño de políticas de atención a la población joven.
En ese sentido, una dependencia que cuenta con tres programas institucionales deja mucho qué desear, sobre todo si se considera que en Guanajuato los suicidios juveniles son un problema relevante; que no contamos con información precisa sobre consumo de drogas y sustancias adictivas y que no se cuenta con un registro estadístico confiable sobre la epidemiología de nuevos trastornos mentales como la bulimia y la anorexia, sólo por citar algunos de los problemas más severos que enfrentan nuestros jóvenes.
¿Por qué no invertir en una nueva estrategia para la atención de la salud mental de los adolescentes y los jóvenes de la entidad? ¿De verdad las autoridades y el Congreso nos pueden decir de manera seria que no hay recursos para instalar al menos líneas de atención telefónicas de atención que garanticen el anonimato y que ofrezcan la atención e intervención en situaciones de crisis o para la orientación sexual, reproductiva y en materia de adicciones para los jóvenes?
¿Nos pueden aclarar los gobiernos estatal y municipales qué es más importante que generar condiciones para el adecuado desarrollo de los jóvenes y la garantía de que en el futuro próximo podrán incorporarse a un mercado formal de empleo que les dé certeza de ingreso y prestaciones sociales?
Estas preguntas están ahí desde hace más de 15 años y en este lapso no ha habido una oferta que considere a las y los jóvenes como un grupo de población que requiere políticas específicas, y que esté diseñada para garantizar plenamente el conjunto de sus derechos.
Lo que está en juego es nada menos que nuestro futuro y es momento de que aunque no voten, las y los políticos se tomen en serio la tarea de gobernar y de comprender que, aún cuando suene trillado, del bienestar y pleno desarrollo de nuestros jóvenes, depende el pleno desarrollo de nuestra entidad.
Cuando se piensa en políticas públicas para lo social, generalmente hay un grupo de población que no es considerado como prioritario en el diseño de las acciones y programas de gobierno: se trata de la población adolescente y joven, para quienes pocas o ninguna política se ha logrado consolidar de manera efectiva en los últimos 20 años.
Ante esta afirmación, generalmente las administraciones responden argumentando que sí hay políticas públicas y que las diseñan, operan y evalúan los llamados “Institutos de la Juventud ”, cuyas estructuras institucionales no pasan, en lo general, de ser oficinas organizadoras de eventos recreativos, en el mejor de los casos, y de concursos que distan mucho de parecerse a lo que los expertos definen como políticas de gobierno.
De acuerdo con el INEGI, en nuestro país 1 de cada 4 personas es un joven entre 15 y 29 años de edad, es decir, más de 25 millones de personas en este rango. Para este grupo de población, la primera causa de muerte son los accidentes, y la segunda las lesiones, tanto accidentales como intencionadas o auto infligidas (esto es, homicidios y suicidios).
Este dato debe alertarnos sobre un asunto mayor: las y los jóvenes del país están asumiendo actitudes de riesgo que los están llevando a la generación de condiciones de violencia, de maltrato y a final de cuentas, de desgaste y erosión del tejido social, que en el futuro puede traducirse en peores condiciones laborales, pérdida del ingreso promedio y más aún, la pérdida de capacidades afectivas para la convivencia, la solidaridad y la cooperación social.
Por citar sólo un ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud , 2005, sólo el 22.4% de las mujeres entre los 12 y los 14 años, habitantes en la Región Centro-Occidente del país (de la cual nuestra entidad forma parte) que ya sostuvieron alguna relación sexual lo hicieron por voluntad propia.
Esto habla de altos niveles de violencia, y si bien habría que desagregar los datos por entidad federativa, es necesario revisar de manera urgente en Guanajuato en materia de educación sexual y reproductiva de los jóvenes, avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todos los programas educativos y de gobierno, y construir una nueva educación de respeto a la diferencia en el estado.
En Guanajuato, cuando se revisa el sitio electrónico de la Comisión Estatal del Deporte y la Atención a la Juventud , pareciera que se entra a un sitio de una empresa de promoción de actividades turísticas y recreativas, antes que a una dependencia pública responsable del diseño de políticas de atención a la población joven.
En ese sentido, una dependencia que cuenta con tres programas institucionales deja mucho qué desear, sobre todo si se considera que en Guanajuato los suicidios juveniles son un problema relevante; que no contamos con información precisa sobre consumo de drogas y sustancias adictivas y que no se cuenta con un registro estadístico confiable sobre la epidemiología de nuevos trastornos mentales como la bulimia y la anorexia, sólo por citar algunos de los problemas más severos que enfrentan nuestros jóvenes.
¿Por qué no invertir en una nueva estrategia para la atención de la salud mental de los adolescentes y los jóvenes de la entidad? ¿De verdad las autoridades y el Congreso nos pueden decir de manera seria que no hay recursos para instalar al menos líneas de atención telefónicas de atención que garanticen el anonimato y que ofrezcan la atención e intervención en situaciones de crisis o para la orientación sexual, reproductiva y en materia de adicciones para los jóvenes?
¿Nos pueden aclarar los gobiernos estatal y municipales qué es más importante que generar condiciones para el adecuado desarrollo de los jóvenes y la garantía de que en el futuro próximo podrán incorporarse a un mercado formal de empleo que les dé certeza de ingreso y prestaciones sociales?
Estas preguntas están ahí desde hace más de 15 años y en este lapso no ha habido una oferta que considere a las y los jóvenes como un grupo de población que requiere políticas específicas, y que esté diseñada para garantizar plenamente el conjunto de sus derechos.
Lo que está en juego es nada menos que nuestro futuro y es momento de que aunque no voten, las y los políticos se tomen en serio la tarea de gobernar y de comprender que, aún cuando suene trillado, del bienestar y pleno desarrollo de nuestros jóvenes, depende el pleno desarrollo de nuestra entidad.
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